Es más que probable que, con el escenario bélico que vivimos, cualquier información vitivinícola pueda parecer irrelevante. Incluso aquella relacionada con las posibles consecuencias que este conflicto pudiera tener sobre el negocio vitivinícola que mantenemos con los países afectados.
Y digo países afectados, ya que son mucho más que los directamente implicados: Rusia y Ucrania. Colindantes como Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia; o de la órbita de las antiguas Repúblicas Soviéticas como son los países bálticos: Letonia, Estonia y Lituania. Los que se están viendo damnificados de facto por la situación, en la que la Unión Europea y Estados Unidos, principalmente, intentan hacer frente a carros de combate y fusiles, con sanciones económicas y el estrangulamiento de la economía rusa. Consecuencias comerciales que serán mucho mayores conforme vaya dilatándose la escalada bélica.
Salvadas las oportunas obviedades de nuestro ferviente deseo de que esta situación acabe rápidamente y se respete la libertad del pueblo ucraniano; las posibilidades de que el comercio internacional vitivinícola acabe viéndose afectado por las sanciones impuestas son muchas y de gran importancia.
Nuestra fuerte dependencia del mercado exterior, las implicaciones que está situación está teniendo en las subidas de coste de las materias primas y energéticas, y las pronunciadas escaladas de los precios que están poniendo en serio peligro la estabilidad necesaria para el desarrollo de la economía; hacen necesaria la reasignación de recursos y anotar en probables la pérdida de importantes cantidades que, inicialmente, iban asignadas a la recuperación de los efectos de la pandemia, de la que ya apenas nos acordamos, pero cuyos efectos han sido de tal magnitud que ha obligado a la Unión Europea a emitir deuda pública mancomunada por primera vez en su historia.
Claro que, para cambios los que se han producido en la diplomacia, donde, por primera vez se ha escuchado a la Unión Europea con una voz única.
Pero volviendo al tema que nos debería ocupar en una revista sectorial como esta, las consecuencias a las que deberemos enfrentarnos van mucho más allá de los 24’2 millones de euros que le facturamos a Rusia el pasado año y los 16’2 a Ucrania. Los 7’7 M€ de Bielorrusia, incluso los 26’5 de Letonia y 16’4 de Lituania, según el OEMV, que también podrían verse fuertemente afectados.
Todos mercados con fuertes vasos comunicantes en los que las bodegas españolas han realizados importantes esfuerzos en la última década por hacerse un hueco, que ahora están en peligro. Un buen ejemplo, podrían ser los referidos a Ucrania, que ha pasado de 6’788 millones de litros de vino español en el 2012 por un valor de 4’364 millones de euros, a los 13’66 Mltr y los 16’172 M€ en 2021.
Y, aunque no sea comparable, no debiéramos perder de vista la iniciativa adoptada por la Interprofesional Vitícola de Francia de cara a reducir sus fluctuaciones de cosecha, con las que “corren el riesgo de no tener suficiente oferta para atender la demanda de los mercados” que, apoyada por el Consejo Vitivinícola de FranceAgriMer, han llamado “reserva climática” y que no sería más que una actualización de los contratos de almacenamiento privado y supondría una amenaza a ese volumen de vino español que cubre estas eventualidades.
