Cuando nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, allá por el 1986, los países tradicionalmente productores de vino, con Francia e Italia a la cabeza, pensaban que podríamos desestabilizar el mercado con nuestros bajos precios y alto volumen de producción. Nos señalaban como una potencial amenaza a su dominio de los mercados y consiguieron establecer un “duro” periodo transitorio. La llegada de los fondos europeos y la adaptación de nuestros productores (bodegueros y viticultores) a estas nuevas reglas de juego, con la claridad que proporciona la historia, podríamos decir que resultó beneficiosa para todos y que España, lejos de convertirse