Por una transición ordenada

Es cierto que no vivimos momentos fáciles en el sector, tampoco en la agricultura en general. Basta echar un vistazo a la calle para escuchar los gritos de protestas de unos ciudadanos que se declaran totalmente incapacitados para seguir adelante con su actividad agraria y que sólo reclaman un poco de respeto a su trabajo.

Respeto que pasa, necesariamente, por una rentabilidad que les haga posible vivir con dignidad de su trabajo, permitiéndoles defender su producción en condiciones de igualdad y competitividad.

También es verdad que, poco a poco (casos mucho más relevantes informativamente hablando, al margen), el cansancio empieza a hacer mella en sus ánimos y, cada día, son más sordas sus proclamas y menos notorias sus protestas.

Pero, lamentablemente, los problemas siguen siendo los mismos, salvo pequeños detalles que todavía tendremos que ver plasmados en un documento para saber qué hay detrás exactamente de esas promesas de reforma.

¿Conseguirán los políticos, los nuestros y los de la Unión Europea, pasar de soslayo por esta oleada de protestas y conformar un nuevo Parlamento Europeo sin haber afrontado el relevo generacional y despoblación que hay detrás de esta situación?

Confío en que no. Pero, si he de ser sincero, me temo que sí que pudiera ser. Pues, como en toda protesta, el tiempo juega en su contra y éste está siendo muy bien gestionado por quienes tienen el poder de tomar decisiones y aplicar medidas.

Si lo prefieren, podemos centrarnos en los problemas actuales del mercado: hablar del consumo interno, del volumen de nuestras existencias, la marcha de las exportaciones o el esfuerzo comercializador de nuestras bodega y cooperativas.

Pero, nada de todo esto tiene verdadera importancia si lo comparamos con las consecuencias que pudiera tener sobre el sector vitivinícola, especialmente el español (pero está en juego el propio europeo). Si no somos capaces de entender que las reglas de juego en el mercado mundial han cambiado. También lo han hecho los consumidores con sus gustos, momentos de consumo y cantidades.

Y que todo ello requiere poner la luz larga y mirar al futuro con mucha más ambición y criterio que lo que conlleva la mera toma de medidas inmediatas que solucionen un problema puntual, pero dejan sin orientar hacia dónde debe ir el sector vitivinícola.

Sostenibilidad, economía circular, cadena de valor, burocracia, libre competencia, cláusulas espejo, valorización… Son grandes conceptos que todos coincidiremos en señalar como objetivos prioritarios. Pero ninguno de todos ellos se alcanza porque sí. Todos requieren de una transición.

Que esta evolución sea de forma ordenada o salvaje. Pautada, con una hoja de ruta consensuada por todo el sector, o impuesta por el mercado. Que permita la ordenación del potencial vitícola y la producción, o conlleve el abandono de viñedo, desaparición de bodegas y cooperativas y despoblación de amplias zonas rurales; aún depende de nosotros.

No dejemos pasar un tren que tiene escasas estaciones por alcanzar hasta su fin de trayecto.

Las protestas pasarán y el sector seguirá sin solucionar el grave estructural que presenta

Si por algo se caracteriza el sector agrícola es, precisamente, por la oscilación de sus producciones. Sujetas a factores climáticos, ajenos a la intervención humana, hacen que sus curvas de precios presenten dientes de sierra de cierta profundidad. Vaivenes que, si bien son asumidos por los viticultores como naturales, presentan una preocupante tendencia negativa que cuestiona seriamente el futuro del sector tal y como lo entendemos en la actualidad.

Aplicar medidas puntuales (como destilaciones de crisis o vendimias en verde) para problemas circunstanciales resulta muy conveniente. Incluso cuando estamos hablando de situaciones tan especiales como fuera la declaración de una pandemia mundial en 2020 que supuso el confinamiento de la población por primera vez en la historia. Pero resultan totalmente inútiles ante aquellos problemas estructurales relacionados con un cambio en los hábitos de vida, consumo, alimentación y preocupación por cuestiones medioambientales o relacionadas con los efectos que sobre la salud pudiera tener la ingesta de alcohol.

Son muchos los estudios, de los que desde este medio nos hemos venido haciendo eco y difundiendo, que nos avisan de que el consumo de vino disminuirá, que ello irá acompañado de una reducción de la producción y un abandono de viñedo.

Para el supuesto de que estas proyecciones no estuviesen erradas y acabara sucediendo lo que se prevé, yo me pregunto: ¿cuál sería el país o el tipo de producto que más se vería perjudicado, ¿el de un alto valor añadido ganado a base prestigio y representatividad social, o el de bajo precio y perfectamente sustituible por otras alternativas?

Y, aunque tengo mi opinión, no creo que importe mucho. Casi mejor, sean cada uno de ustedes los que contesten a esta pregunta, Eso sí, por favor, no lo hagan sólo con un éste o aquél. Intenten ir poco más allá en sus reflexiones y busquen cuál sería la mejor forma de hacer que ese escenario no sucediese y, si fuera ineludible, cómo llegar a él de la forma más ordenada y coherente posible para que saliésemos victoriosos de esta situación.

Y, si no es abusar demasiado, si es posible, hacerlo de forma individual o, mucho mejor, colectivamente.

Las protestas que invaden nuestras ciudades y dificultan nuestra cómoda vida, que están llevando a cabo los viticultores, pasarán. La Comisión Europea, con más o menos celeridad y acierto, flexibilizará los trámites burocráticos y condiciones de aplicación de las medidas contempladas en el paquete de Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV)…

Pero nada de todo esto solucionará nuestro problema de fondo

Por la supervivencia de nuestros viticultores

Resulta muy complicado saber en qué concretamente van a acabar las protestas de los ganaderos y agricultores comunitarios. Pero, casi podríamos asegurar que tendrán consecuencias sobre la Política Agraria Común (PAC), los mercados y la competitividad de nuestros productos.

Cuándo veremos concretadas estas consecuencias y plasmadas en un reglamento, no resulta tan sencillo de discernir. Aunque, también podríamos asegurar que no será muy tarde.

Tratarse de un asunto que afecta a un sector “fundacional” de la Unión Europea. El hecho de que haya unas elecciones a la vuelta de la esquina (junio de este año). Las presiones a las que algunos de los “pesos pesados” han sometido a la Comisión, con las declaraciones realizadas por su presidenta, Úrsula von der Leyen. Y, lo que en mi opinión es todavía más importante, que las competencias en este asunto estén cedidas a la Unión Europea y estemos hablando de un mercado común, con apenas pequeños matices en los 27 países, más fruto de justificar presiones que de verdaderas diferencias. Son argumentos que juegan a favor de pensar en un el corto plazo.

Los principales cambios parece que irán por una simplificación de la burocracia; una relajación de la política medioambiental en apoyo de la económica y social con la modificación del Pacto Verde Europeo; un mayor control en la aplicación de la legislación que protege a los productores frente la comercialización; y la implantación de las “clausulas espejo” en los acuerdos comerciales con otros países, principalmente.

Y en el sector vitivinícola, ¿cuál será su efecto?

En el ámbito medioambiental, una relajación en la política de uso de determinadas materias activas o prácticas agrarias. En el burocrático, la unificación de declaraciones y una cierta relajación administrativa en la gestión de las ayudas.

Aunque, será en el ámbito económico donde más relevantes podrían acabar resultando los efectos de esta rebelión emprendida por un sector que no se está jugando una mayor o menor rentabilidad, sino su propia supervivencia.

Son muchos los casos, en prácticamente todas las regiones españolas, en los que, con los precios que se están pagando las uvas, resulta insostenible mantener la actividad. Formar correctamente la cadena de valor, naciendo del viñedo hasta llegar al consumidor, requiere de una aplicación correcta de la Ley de la Cadena Alimentaria, tanto en los plazos de pago, como en la prohibición de venta por debajo de los costes de producción.

Pero, para ello, es imprescindible que no se produzcan fraudes con falsas declaraciones, como las que denuncian a las que son sometidos por la gran distribución.

Estrechar la vigilancia de su cumplimiento muy posiblemente lleve su tiempo, pero es posible y fundamental si queremos seguir teniendo viticultores. Posiblemente, esto nos lleve a los consumidores a tener que pagar un poco más por una botella de vino. Como a mermar la competitividad de nuestros vinos en los mercados internacionales.

Pero es que la alternativa a esto es el abandono del cultivo, la desertificación y extender la España vaciada.

Si podemos soportar tensiones inflacionistas por cuestiones que nada tienen que ver con el sector, creo que podemos (pero, especialmente, debemos) hacerlo ahora por la supervivencia de nuestros viticultores.

Reivindicaciones agrarias justas para una PAC utópica

¿Es posible una transición ecológica como la planteada por la Política Agraria Común?

Muy posiblemente, ésta sea la pregunta que todos debamos hacernos en estos momentos en los que las organizaciones agrarias y pesqueras, a las que pretendían unirse, sin éxito, los transportistas; están manifestando a las claras su descontento y malestar.

La respuesta por parte de los colectivos, parece clara: Un no rotundo.

La de la Comisión Europea, como siempre, tibia. Como la del resto Administraciones españolas involucradas que responden en función de cuáles sean sus competencias. En aquellos temas que escapan directamente a su capacidad de negociación: apoyo incuestionable a las demandas de los colectivos reclamantes. En aquellas otras cuestiones en las que tienen capacidad de hacer algo: sólo buenas palabras y toda la predisposición a realizar cambios en su ámbito competencial.

La realidad, mucho más terca que las palabras, viene a poner de manifiesto que una política sostenible medioambientalmente cuesta mucho dinero. Mucho más que el que puede poner la Comisión Europea en estos momentos de graves conflictos políticos de defensa y de evidencias sobre los efectos que la política de traslación de la producción allende el territorio comunitario ha tenido sobre nuestro tejido primario.

Que las condiciones de producción de los 27 Estados Miembros difieren mucho unas de otras, con climas variopintos que modifican mucho el uso de fitosanitarios o fertilizantes, pero que condicionan claramente los costes de producción, poniendo en entredicho la famosa cadena de valor. Situándonos en una clara posición de desventaja competitiva frente otros países con los que debemos establecer convenios de colaboración en aras a intereses que van más allá de los estrictamente agrícolas, ganaderos o pesqueros. Es una certeza que no pasa desapercibida para nadie, pero que nadie, tampoco, quiere asumir.

El sector primario necesita del medioambiente para su subsistencia. Los productores agroalimentarios son, por consiguiente, los primeros interesados en cuidarlo. Pero en condiciones de competitividad que les permita la rentabilidad económica mínimamente exigible.

Apostamos por un futuro con productos más revalorizados, reparto equilibrado en toda la cadena de valor y mayor competitividad en los mercados. Y destinamos importantes recursos (aunque resulten claramente insuficientes) a ello. Pero, para alcanzar el objetivo de sostenibilidad que impera en la PAC, aumentamos los requisitos a cumplir por los agricultores para acceder a las ayudas. Sin embargo, no implantamos medidas voluntarias, asumibles económicamente y desacopladas que tengan un objetivo estrictamente medioambiental.

Mayor flexibilidad en las ayudas y medidas estructurales

Después de la confusión (o perplejidad) que pudiese haber generado la publicación del avance de producción del Ministerio de Agricultura de vino y mosto del mes de noviembre, retirada de su web pocos días después (seguramente por alguna cuestión informática). Los datos del Infovi del mes de diciembre confirman una producción de 28.271.709 hl de vino y 3.678.229 de mosto. Un total de 31.949.938 que supone un 21,2% menos que la ya paupérrima cosecha 2022 que fuera de 40.555.007 Mhl. Con especial incidencia en los vinos tintos que disminuyen un 24’8% frente el 17’7% en el que lo hacen los blancos, o 22’8% de los mostos.

También se mantiene estabilizado el consumo aparente interanual que se sitúa en los 9.637.147 hl, un 0’5% superior a los 9.590.017 del registramos hace un año, pero (ojo) 66.341 hl menos del que tuvimos en el interanual del mes de noviembre. Así como nuestras exportaciones que, en dato, también interanual, pierden apenas doscientos mil hectolitros con respecto al del año anterior y se mantienen en el entorno de los veintiún millones, con una ligera recuperación +1’4% de nuestro principal mercado, la Unión Europea; y unos terceros países (-7’3%) que no acaban de recuperar consumo.

Quizá sea esta fragilidad con la que se está comportando el consumo, en todas sus vertientes (interno, UE y terceros países), junto con los graves problemas de producción a los que nos estamos enfrentando, en algunas zonas, como consecuencia de la profunda sequía. O los bajos precios y una producción con apenas margen; vender por debajo de coste sería ilegal y, por lo tanto, no debería producirse. Aunque no faltan voces que denuncian presiones por parte de algunos bodegueros (sin citar) que les obligan a firmar unos costes inferiores a los que realmente han soportado; y que, lógicamente tendremos que poner en duda ante lo grave que sería. Pero que vendría a incidir sobre la cuestión de actualidad que se refiere a las protestas que están llevándose a cabo durante estos días y que empezaron en Francia, pero rápidamente fueron extendiéndose a toda Europa, también en España y que no sólo cuestionan la enorme burocracia a la que son sometidos los productores, sino también la incapacidad de vender sus productos a unos precios que garanticen una rentabilidad mínima de su actividad y su relevo generacional.

Luego, si quieren, entramos al detalle y analizamos si la denuncia de competencia desleal, niveles de exigencia desiguales en la Unión Europea, o los actos vandálicos de vaciado de cisternas que han acompañado las protestas son de recibo o fruto de la sobreactuación que toda manifestación de este tipo requiere.

Pero lo bien cierto es que el sector agrícola y ganadero lleva mucho tiempo denunciando que su viabilidad hace aguas por todos los lados y que la Unión Europea con su Política Agraria Común, pero también la comercial o de exteriores… les deja en una posición de futuro muy delicada.

Bajo este lúgubre panorama, agravado por una extensión de la caída del consumo a nivel mundial, no es de extrañar que la propia Confederación de Cooperativas Agro-alimentarias de España y las principales organizaciones agrarias hayan solicitado al Ministerio una mayor flexibilidad a la hora de aplicar las ayudas del ISV. E, incluso, algunas asociaciones, como las Bodegas Familiares de Rioja, hayan ido un paso más allá, proponiendo un arranque primado para el viñedo de la D.O.Ca. Rioja.

Más datos y… menos información

Cuando ya parecía una realidad incuestionable que la cosecha 2023 de vino y mosto en España iba a situarse en el entorno de treinta y dos millones de hectolitros, muy por detrás de los treinta y nueve (39’645 Mhl) inicialmente previstos por el Ministerio en su avance del mes de junio. Sensación que venía avalada por las constantes rebajas que reflejan los diferentes avances del propio Ministerio y acorde a los realizados por otras organizaciones de productores en los meses siguientes; hasta llegar a las declaraciones ampliadas del Infovi correspondientes al mes de noviembre (que concretaba la cosecha en 31’915 Mhl, de vino en 28’237 millones de hectolitros mientras que la de mosto la dejaba en 3’678). El MAPA cambia ahora la tendencia y eleva su avance de producción de 30 de noviembre hasta los 4’746 millones de kilos y una producción total de vino, mosto fresco y mosto concentrado (convertido a hl) de 35.293.458 hl.

Diferencia considerable la que se aprecia entre las declaraciones de los productores reflejadas por el Infovi y la de los servicios técnicos del Ministerio a través de su avance de producción.

En lo que no parecen existir tantas discrepancias, es en valorar la situación que atraviesa nuestra viticultura y los efectos que sobre ella está teniendo la climatología y sus perspectivas de futuro como actividad empresarial rentable.

Si en la pasada edición acudíamos a los datos provisionales del Esyrce 2023 para poner en relieve la evolución del viñedo y su distribución en secano y regadío. Ahora es el informe “Suelo Agrario en España 2023”, elaborado por el servicio de Estudios de TINSA, empresa dedicada a la tasación inmobiliaria, el que, en sus páginas revela el mantenimiento del valor de la superficie cultivada en la mitad norte peninsular y reducciones, de distinta intensidad, en la mitad sur, con Castilla-La Mancha en tendencia ligeramente decreciente; Extremadura y Comunidad Valenciana, con tendencia a la baja y Castilla y León con fuertes incrementos del 10% desde 2015.

Otro de los temas sobre los que habrá que permanecer atentos es la intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de sacar adelante una Ley sobre el consumo de alcohol por menores de edad. Una iniciativa que ya fuera anunciada hace más de veinte años, en 2001, y que los diferentes Gobiernos no han conseguido hacer. Habrá que ver adónde lleva al sector vitivinícola ese objetivo de la nueva titular del Ministerio de “contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo del consumo de alcohol por menores de edad, a fin de reducirlo”. Siempre presa fácil en este tema y tan poco tenido en cuenta para iniciativas conjuntas que ayuden a alcanzar esa meta.

El viñedo pone en evidencia una España desigual

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura a través del avance de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) 202 no hacen sino confirmar lo que todos intuimos. Y es que la superficie de viñedo de uva de transformación en nuestro país va a la baja y, en aquellas regiones en las que es posible contar con pozos, el secano cede terreno a favor del regadío.

Dos conclusiones en las que detrás se encuentra una mayor profesionalización del sector vitícola, que busca un mayor grado de estabilización en su producción. Pero, también, unas consecuencias del cambio climático, con cada vez más evidentes los efectos de una severa sequía. Así como unas perspectivas sectoriales que confirman un futuro mucho más encaminado a mejorar lo que producimos, aumentando rendimientos que proporcionen la rentabilidad mínima que exige cualquier actividad profesional y a reconvertirse hacia varietales con mayor valor; dejando a un lado aquella viticultura (del siglo pasado) basada en la producción por la producción, que tenía como único objetivo aumentar la cantidad vía incremento de rendimientos.

Dentro de las Comunidades Autónomas, vuelve a llamar la atención Castilla y León, que no sólo se sitúa como la que más ha gastado en promoción, solo superada por el País Vasco, sino que sus 70’05 €/ha que ha invertido en la reestructuración de su viñedo parece haberlo hecho en incidir sobre su patrimonio varietal y aumentar su regadío. Mostrándose como una de las zonas más atractivas para invertir en viticultura de nuestra geografía. Como así lo demuestra el hecho de que sea la región donde más ha aumentado la superficie en los últimos ocho años (12.261 ha) y cuya tendencia se sostenga con un aumento en el último año de 1.606 ha.

En el lado contrario, compuesto por aquellas CC.AA. en las que más hectáreas de viñedo de uva de transformación hemos perdido, hasta situarnos en las 928.517 que señala la Esyrce, encontraríamos a Castilla-La Mancha con 24.650 hectáreas menos en este histórico de ocho años y que confirma esta tendencia bajista en el 2022 perdiendo 4.409 ha. Aunque, especialmente preocupante resultan los casos de la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Andalucía; que han perdido el 24’36%, 18’76% y 11’36% de su viñedo respectivamente en estos años y en las que la evolución del último año no permite hacer pensar que se haya puesto freno a esta sangría.

Probablemente, razones muy diferentes sean las que justifiquen esta pérdida de superficie entre lo sucedido en Madrid, donde la presión inmobiliaria podría ser el motivo que se esconde detrás; o la de Murcia y Andalucía donde parece explicarse más por una cuestión de recursos hídricos.

Como también se evidencian, con gran contundencia, las disponibilidades hídricas de cada una de nuestras Comunidades, con enormes diferencias entre el 83’08% de regadío que tiene Baleares o el 59’81% de Navarra, incluso el 52’10% de Castilla-La Mancha. Frente el apenas 6’11% de Galicia, por cuestiones evidentes de su régimen de lluvias o el paupérrimo 6’16% de Andalucía o 16’54% de Cataluña por mencionar dos de las regiones donde sus reservas hídricas presentan niveles más preocupantes y anuncian restricciones al consumo y la agricultura.

El Infovi sitúa la cosecha 2023 como la más corta de los últimos 35 años

Aseguran algunos expertos que nos encontramos metidos de lleno en una crisis de demanda y que, por consiguiente, sólo saldremos de ella cuando la renta disponible de los consumidores aumente o, al menos, encuentre un escenario más estable, lo que es lo mismo que decir: cuando vuelva la confianza del consumidor.

Sin entrar en muchos detalles sobre si ésta es la causa principal, porque seguro que no la única, de que los mercados lleven muchos meses mostrándose pesados y sus cotizaciones establecidas en la nominalidad, ante la ausencia de operaciones capaces de marcar verdaderamente el ritmo de su actividad comercial; lo que es indiscutible es que los razonamientos básicos de la aplicación de la teoría de la oferta y la demanda no están funcionando. Y que la cosecha mundial más corta de los últimos sesenta años, con apenas 244 millones de hectolitros, de los que la Unión Europea aportará en torno a los 154 Mhl, lejos de aliviar la presión sobre los precios y agilizar las transacciones; ve cómo el comercio mundial cae, como lo hace el consumo y el valor de la producción roza mínimos históricos.

Y muy posiblemente tenga mucho que ver en lo que está sucediendo el hecho de que estemos hablando de un “bien de lujo”, o dicho de una forma mucho más entendible: que, ante dificultades económicas, el consumo de vino resulta totalmente prescindible.

Aun así, conocer con cierto grado de exactitud lo que hemos producido y cuál es la evolución de nuestras existencias es un ejercicio no sólo recomendable, sino necesario, si queremos salir de este círculo vicioso en el que nos hemos metido y que amenaza con convertirse en un problema estructural que ponga en peligro miles de hectáreas de viñedo.

Como viene siendo habitual, los datos con los que contamos difieren unos de otros de manera considerable. Pues si la estimación realizada por SeVi, allá por mediados del mes de octubre, cifraba la producción en 33’6 millones de hectolitros, Cooperativas en treinta y dos y en las organizaciones agrarias, había un poco de todo, aunque ligeramente por encima de estas cantidades; el Ministerio de Agricultura en su avance de producción de julio (vigente en esas fechas) estaba en 38’3.

Hoy, gracias al Infovi, porque la estimación última publicada por el MAPA y referida al 31 de octubre, cifraba la cosecha en 34’59 Mhl, podemos decir que las declaraciones presentadas a 30 de noviembre arrojan una producción de 4.378 millones de kilos de uva que se han transformado en 28.237.003 hl de vino y 3.678.229 de mosto. Lo que supone una cosecha total de 31.915.232 hl. Lo que la situaría como la más corta de los últimos 35 años, representando un 22’29% menos que el año anterior.

Pérdida que se deja notar en las existencias, que apenas superan los cincuenta y seis millones (56’292), siete millones menos que el mismo mes del año anterior.

El sector disminuye su inversión y pierde treinta millones de euros

Según los datos avanzados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de los 202’15 millones de euros con los que contaba España como asignación presupuestaria inicial del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) para el ejercicio financiero 2023, comprendido entre el 16 de octubre de 2022 al 15 del mismo mes del 2023, se ha ejecutado el 84’95%. Lo que supone que 30’43 millones de estos fondos no han sido utilizados, sumándose a los 15’32 que ya perdimos en el pasado ejercicio.

Y aunque algo de razón pudiesen tener las organizaciones agrarias que señalan a las administraciones (nacional y regionales) de falta de cintura en la rigidez de los mecanismos establecidos para poder acogerse a estas medidas; convendría no olvidar que se trata de ayudas europeas, y que son estas autoridades las que fijan los criterios de aplicación, dejando escaso margen a los Estados Miembros. Siendo, fundamentalmente, la incapacidad del propio sector, que tiene que cofinanciar con al menos el cincuenta por ciento del gasto la aplicación de la medida, la principal razón que explicaría esta pérdida de fondos.

De las tres principales medidas que suponen el 74’93% del gasto, la que mejor comportamiento ha tenido ha sido la de promoción, pues si bien 6’693 millones de euros no se han gastado, sus 37’345 empleados suponen un 3’52% más que lo gastado en el ejercicio anterior y volver a la cifra anterior a la pandemia del ejercicio 2019. Siendo el País Vasco con casi ocho millones, seguido de Castilla y León con seis y medio y Cataluña con casi cinco, las regiones que más han empleado en mejorar sus ventas en el exterior. Aunque, si tenemos en cuenta su reducida producción, ha sido Madrid la que más lo ha hecho con un gasto en promoción de 29’22 €/hl producido.

Mucho peor ha sido lo sucedido con la medida de inversiones. En la que sus 3’70 M€ gastados de menos sitúan su gasto de 46’49 M€ como uno de los más bajos del periodo 2016-23, sólo por delante del fatídico/pandémico 2020 y de 2018. Destacando Castilla-La Mancha, cuyas 391 bodegas han dedicado a inversiones una media de 38.535 euros, muy por encima de los 11.402 de la media nacional y muy lejos de Murcia que ocupa el segundo puesto, con 18.404 €.

Si atendemos al viñedo, nunca antes, excepción hecha del covídico 2020, se había invertido tan poco en reestructurar el viñedo. Sus 44’827 millones de euros están muy lejos de los cerca de setenta que venían empleándose. Dándose notables diferencias entre los 78’61 €/ha de Extremadura o los 70’05 de Castilla y León y los apenas 2’6 de Canarias o 3’62 de Madrid.

En cuanto a los resultados obtenidos con la aplicación de la cosecha en verde, de cuyos quince millones inicialmente presupuestados se quedaron sin utilizar algo más de una quinta parte, algo habrá tenido que ver el bajo precio fijado.

Visto lo cual, y dejando bien claro que la fiesta va por barrios, no estaría de más que nos empezáramos a plantear qué percepción del futuro, al que van dirigidas todas estas medidas, tienen nuestros viticultores y bodegueros y el potencial que le ven al sector vitivinícola español. Sobre el que pesa una amenazante espada de Damocles que se llama Cambio Climático y tiene como principal heraldo una sequía cuyos efectos ya se están dejando notar en una parte importante de nuestros viñedos.

Estar ahí para contarlo

Vayan por delante nuestros mejores deseos para el recién estrenado 2024. Todo el equipo SeVi iniciamos el año renovando nuestro compromiso con la información bajo el firme convencimiento de que sólo desde la rigurosidad y actualidad de la información es posible el consumo moderado y con criterio que requiere el Vino.

Aunque no son muy diferentes los retos a los que nos enfrentamos de los que lo eran el año pasado, o el otro (o el de hace veinte), sí es cierto que el mundo en el que nos tocará desenvolvernos presenta importantes acontecimientos que están marcando el comportamiento del consumidor y, con él, el desarrollo del negocio vitivinícola.

Ni es la primera vez, ni muy probablemente será la última, en la que nos refiramos a conflictos bélicos, la subida de tipos, la inflación… como los causantes de una disminución en la renta disponible de los consumidores que les ha obligado a mostrarse más cautelosos en sus gastos.

El auge de gobiernos populistas con políticas proteccionistas, el ataque frontal al alcohol y el señalamiento del vino como objeto de deseo en el que centrar su cruzada.

Los efectos del cambio climático y sus graves consecuencias en la producción o problemas logísticos que han ocasionado la elevación de unos costes de producción que hay que trasladar, irremediablemente, al precio de la botella ante el escaso margen para poder absorberlo.

Incluso otros más relacionados con cambios en los hábitos sociales respectivos a los momentos y formas en los que tiene lugar el consumo de Vino.

Y, aun así, podemos afirmar, con total seguridad, que saldremos adelante y que el sector vitivinícola sabrá amoldarse a todas estas nuevas circunstancias.

La duda está en saber cuán profundas serán las heridas que dejen en el consumo, el calado de las medidas que a título sectorial cada uno de los colectivos deberá adoptar y, lo más importante, cuál la capacidad que, individualmente, tenga cada uno para adaptarse.

Las estadísticas de consumo, tanto a nivel nacional como mundiales, demuestran que se está produciendo un cambio. Las de producción, lo mismo. Los políticos se enfrentan a constantes campañas electorales donde sostenibilidad (medioambiental, social y económica) y salud (consumo de alcohol) resultan temas muy horizontales y extraordinariamente atractivos con los que aspirar a granjearse la atención de determinados colectivos. El propio modelo de categorización de los vinos con las menciones tradicionales y figuras de calidad se está viendo afectado.

Todo esto provocará cambios en el cultivo del viñedo. En la elaboración de nuevos tipos de vinos. En su presentación con materiales y envases dirigidos a otros consumidores. En la propia comunicación con mensajes y medios en los que hacerlos diferentes.

Lo que obligará a todas las organizaciones a tomar medidas de manera colectiva para conseguir alcanzar esas necesarias sinergias.

Y nosotros intentaremos estar ahí para contárselo.

Feliz 2024