Nos acercamos a toda prisa a una nueva campaña, de hecho, cuando estén leyendo estas líneas ya estaremos inmersos en ella y, como viene sucediendo, el sector la afronta con poca o nula información sobre cuál pudiera ser el umbral sobre el que se situará la producción. Los constantes llamamientos hechos por los operadores, lejos de ser suficientes para hacer actuar al Ministerio y las diferentes Administraciones regionales (que para eso tienen transferidas las competencias) sólo han servido para empeorar la, ya de por sí, deficiente información publicada.

Bajo el pretexto de contar con la proporcionada por el Sistema de Información (Infovi) y la elaborada por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), la publicación de las estadísticas del Ministerio se demora más allá de lo que lo hacía y la calidad de los avances de producción sigue siendo fácilmente mejorable.

Insistir en la importancia que tiene esta información para planificar la campaña sería reiterarnos sobre lo repetido en los últimos años y, considerando el éxito conseguido, será mejor que nos centremos en lo publicado por la Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, única organización, al cierre de este número, en haber confeccionado una estimación sobre el nivel de su cosecha y que la ha situado en 23-24 Mhl de vino y mosto. Cantidad que resultaría cerca de un tercio superior a la del pasado año y elevaría la nacional hasta la horquilla de 38-40 millones. Volumen con el que nos encontramos bastante cómodos, ya que nuestras primeras impresiones la situarían también en el entorno de los cuarenta millones.

Sea como fuere y atendiendo a lo que vaya sucediendo en este mes que resta para que podamos hablar del inicio de la vendimia, lo bien cierto es que el problema, lejos de estar en la producción, seguimos teniéndolo en la comercialización. Unas ventas que no consiguen recuperarse y que, cada vez, van dando más señales de agotamiento en zonas de producción donde, hasta ahora, resultaba impensable imaginar que sucediera. Si primero fue Burdeos quien alarmó al sector con la solicitud de arranque o Rioja con la apertura de destilaciones y cosecha en verde, ahora se ha sumado Champagne con la solicitud de reducir la cosecha tras el aumento de existencias consecuencia de la caída en un 15% de las ventas durante el primer semestre del año.

Tampoco las organizaciones sectoriales se muestran más optimistas sobre el futuro más próximo del sector y algunas de ellas, pertenecientes al comité mixto de vino hispano-francés-italiano han traslado a la Unión Europea sus preocupaciones y solicitado un Plan de choque que les permita garantizar, nada menos, que la sostenibilidad y futuro del sector vitivinícola europeo.

Para ello, reclaman ayudas encaminadas a hacer frente a la reducción del consumo a nivel mundial, la influencia de los movimientos antialcohol en las políticas públicas, el impacto del cambio climático o la sucesión de crisis económicas y sanitarias.

Las herramientas con las que esperan conseguirlo sus metas se basan en mayor dotación y flexibilidad en aquellas medidas destinadas a apoyar la competitividad, gestionar la inestabilidad de los mercados y apoyo en la promoción y recuperación de los consumidores.

Más de lo mismo para una campaña que, más que probablemente, recuperará producción en un entorno incierto.

Ser el país de la Unión Europea con el mayor índice de paro entre los jóvenes no nos exime de los graves problemas a los que, desde el sector vitivinícola, nos enfrentamos de falta de mano de obra. Una de las cuestiones que mejor define la falta de relevo generacional en sus dos vertientes. La de no encontrar trabajadores dispuestos a desempeñar los trabajos que realizaban sus padres o abuelos en el campo. Y aquella otra que desanima a los propietarios de viñedos a continuar con la labor agraria y empresarial de sus antepasados.

Jóvenes que buscan trabajos menos exigentes físicamente a como pueda ser la poda o la vendimia, menor temporalidad, horarios más flexibles y, por qué no decirlo, mayor retribución. Con la gran dificultad que representa la despoblación de nuestros pueblos y que limita considerablemente la oferta de gente susceptible de trabajar en el campo.

Situación que se vuelve más acuciante en momentos como en el que nos encontramos, con una vendimia en las puertas y un volumen que, aunque no marcará un récord histórico, requerirá de un importante número de cuadrillas, que cada año resulta más complicado encontrar.

Todo para un sector en el que el consumo nacional va creciendo muy lentamente desde octubre del año pasado en el que los 9’534 Mhl consumidos parecen haberse convertido en el suelo de nuestro consumo interno. Ya que, desde entonces, mantenemos un crecimiento constante que nos ha llevado a situarnos, según los propios datos sobre el consumo aparente del Infovi del mes de mayo, en 9’829 Mhl. Lo que, considerado lo perdido desde que se declarara la pandemia en marzo del 2020, con cifra récord de 11’088 en febrero de ese mismo año, podría parecer muy poco para una producción que este año bien podría superar, con cierta consistencia, la barrera de los cuarenta millones. Y que, aún así nos situaría muy lejos de los cuarenta y seis y medio de la campaña 2020/21, los 50’335 de la 18/19 o la récord de 13/14 en la que se elaboraron 53’55 millones de hectolitros. Cifras que, si bien en estos momentos resulta totalmente inimaginables alcanzar, sí nos ofrecen una idea bastante precisa de cuál es nuestro potencial de producción y las graves consecuencias que una recuperación de la producción hacia volúmenes más “normales” podría tener sobre un mercado paralizado.

Aunque no vayamos a ser nosotros, los que conformamos el sector vitivinícola, quienes pongamos ni un solo “pero” a la actitud de la Comisión Europea. No deja de ser sorprendente esta especie de juego del palo y la zanahoria al que nos tienen acostumbrados.

Por un lado, nos apoyan y dotan de fichas financieras con las que apuntalar al sector y mejorar su comercialización. Y, por otro, nos amenazan con etiquetados “warning” (advertencias sanitarias), señalando lo perjudicial que resulta el consumo de vino o la posibilidad de aumentar el tipo del impuesto al que está sujeto el vino…

Esta semana ha tocado la zanahoria. Así la Comisión Europea acaba de anunciar que, durante el próximo mes de septiembre, reunirá a los representantes de los Estados Miembros, junto con aquellas organizaciones que estuviesen interesadas, a fin de analizar la situación y las perspectivas del sector vitivinícola de la UE.

Este Grupo de Alto nivel sobre Política Vitivinícola, que fuera creado el 27 de mayo, como respuesta a las protestas de los viticultores europeos, tiene el objetivo de convertirse en un foro en el que abordar los desafíos a los que se enfrenta el sector (y posibles soluciones) y del que obtener conclusiones y recomendaciones bajo las que desarrollar las futuras políticas vitivinícolas.

Con él se reconoce al sector como uno de los pilares de su patrimonio cultural, así como la importancia que tiene su contribución económica para la sociedad en muchas zonas rurales.

Los cambios sociales y demográficos están afectando a la cantidad, encontrándonos en su nivel más bajo de las últimas tres décadas; así como a los tipos de vino consumidos. Viéndose reemplazados los vinos tintos por otros más frescos y ligeros, o incluso por otras bebidas que se adaptan más fácilmente a los nuevos gustos.

Los mercados de exportación tradicionales de los vinos de la UE se ven también afectados por una combinación de factores geopolíticos y de menor consumo, lo que da lugar a patrones de importación más erráticos por parte de terceros países.

Además, la CE considera que la producción vitivinícola se está volviendo “impredecible”, dada la extrema vulnerabilidad de este sector frente al cambio climático y, en este sentido, está trabajando con los Estados Miembros para ayudar al sector vitivinícola a adaptarse a estas nuevas y complejas realidades.

En un momento en el que las estimaciones de producción sobre la próxima campaña comienzan a circular entre el sector, sin mucho más aval que el de una somera previsión basada en la opinión personal de “no se sabe muy bien quién”. Adquiere mayor protagonismo la información (dato estadístico) que nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo en el mercado y cuáles las posibles consecuencias que estas estimaciones de cosecha pudieran tener sobre los precios a los que acaben cerrándose las operaciones por las uvas y mostos de la próxima campaña 2024/25.

Los últimos en conocerse han sido los datos avanzados por la Comisión Europea con respecto al valor de las exportaciones, de vino y productos derivados del vino, a terceros países, durante el primer trimestre del año. Confirman la pérdida de un 3% y 135 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. Comportamiento sensiblemente peor del registrado por el total de los productos agroalimentarios que pierden un 1% (320 millones). Y, especialmente, acusado por el mal comportamiento del mes de marzo, en el que se truncó la tendencia alcista que presentaban los dos primeros meses de 2024.

También hemos tenido la ocasión de conocer los elaborados por la CE, a partir de cifras del DataComex, correspondientes a los primeros tres trimestres de campaña (agosto’23-abril’24), que tampoco son muy buenos. Ya que se confirma una bajada en el volumen de las exportaciones a terceros países por parte de la UE del 7,42% y del 6’5% si nos referimos al valor.

Es la categoría vino con D.O.P. la que peor comportamiento presenta con una pérdida de volumen del 7,3%, idéntico porcentaje que el que soporta la categoría de “Otros vinos”. Por orden descendente le siguen los vinos con I.G.P. (-3,1%), cerrando la tabla los Varietales que sólo lo hacen un -2,86%. Mientras que los mostos/zumos de uva pierden nada menos que un 13,2%. Siempre con respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Si a estas malas cifras de comercialización exterior, le sumamos que de las ayudas con las que cuenta el sector para mejorarla en países terceros; según datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), 14,4 millones de euros, de los 51.717.674 € inicialmente aprobados, no se pudieron ejecutar, principalmente por la rigidez de los programas y la complejidad en su justificación. O que han sido País Vasco, junto Castilla y León, las regiones que más fondos han gastado en esta promoción en terceros países. Podríamos llegar a pensar que el dinamismo y valorización de los vinos que están teniendo en los mercados los elaborados en estas dos regiones es fruto de algo más que de la casualidad.

Y, mientras esto sucede, el Ministerio de Agricultura tiene previsto autorizar, de forma excepcional, por los efectos de la sequía persistente que sufre la zona amparada por la D.O.P. Cava. Como ya hiciera el Consejo Regulador con el tope del 15% de la producción de cada bodega, la posibilidad de que puedan utilizarse uvas producidas en superficies de su ámbito geográfico, pero no inscritas en la D.O.P.

Panorama extraño donde los haya, que, sin duda, tendrá su justificación ante lo desigual de los efectos de la sequía pertinaz que sufren las diferentes regiones españolas. Pero que enfrenta estimaciones muy por encima de las de los últimos años, ralentización del comercio y estancamiento de los precios o ayudas a la cosecha en verde.

De todas las posibles cuestiones planteables por el sector al ministro de Agricultura, como interlocutor ante la Unión Europea, la primera y principal, en la que coinciden todos los agentes, sería el mantenimiento de los fondos sectoriales. Y, dentro de esto, que parece garantizado para los próximos cuatro años, la medida destinada a la promoción en terceros países. Y es que todos coinciden en que, si queremos tener un futuro en este sector, éste pasa, de manera irremediable, por mejorar el valor de nuestra producción.

Hacer frente a un relevo generacional como el que afecta al vino, con rentabilidades que rozan el nivel de supervivencia, se hace tremendamente complicado para unos jóvenes que, lejos de sostener planteamientos sentimentales, imponen criterios económicos que les permitan dedicarse de manera profesional a la viticultura.

Las palabras parecen acompañar a las demandas y ser compartidas por el ministro y la CE, al menos la que hasta ahora existe. De hecho, tanto en el acto celebrado con motivo del 10º aniversario de la OIVE, como en la reunión mantenida por la nueva directiva de la Federación Española del Vino con el ministro Planas, éste sostenía que la promoción es clave para su departamento, añadiendo que “es un orgullo predicar que en España tenemos un producto de calidad, el vino, que es parte de la Dieta Mediterránea.”

Dicho esto, que sin duda es un paso de gigante para el desarrollo del sector, seguimos teniendo el problema de la disminución del consumo como mayor amenaza. Mantener una tasa de reposición positiva en los consumidores se presenta como una ardua tarea que los datos estadísticos disponibles demuestran que no estamos consiguiendo.

Que los jóvenes se incorporan tarde al consumo de vino y lo hacen en volúmenes muy por debajo de los que lo abandonan es una realidad incuestionable. Así lo indican las cifras, como es el caso del reciente “Informe del consumo alimentario en España 2023”, según el cual, el grupo de consumidores de menos de 35 años de edad tan sólo representó el 3% del total del vino consumido en el canal hogar en España durante el pasado ejercicio 2023. Manteniéndose sobre los datos del 2022, pero representando un retroceso frente a otros años recientes como 2021 en el ese grupo de consumidores alcanzaban un peso del 3,8% en el volumen total, el 4,4% de 2020º el 4,12% del 2019. De hecho, este grupo de edad presenta una tasa de consumo per cápita (en el ámbito doméstico) de 2 litros de vino al año (el equivalente a 2,67 botellas estándar al año).

Por su parte, el grupo de edad de 35 a 49 años (que son el grupo poblacional más numeroso porcentualmente, con el 31,2% de la población, según el informe), asume el 17,6% del volumen consumido y su consumo per cápita queda en 3,2 litros/2023 (lejos de la media de 6,9 litros).

Siendo los mayores de 50 años quienes conforman el perfil del consumidor intensivo de vino en España, especialmente en el caso de mayores de 65, siendo estos últimos quienes realizan el mayor consumo per cápita de la categoría con un consumo medio de 14,27 litros/persona/año y el 43,6% del volumen total consumido. El grupo de 50 a 64 años asume el 35,8% del total y cierra 2023 con 8,1 litros de vino per cápita.

A pesar de que los últimos datos del Sistema de Información del Mercado del Vino (Infovi), correspondientes a datos cerrados del mes de abril, situaban los stocks de vino y mosto un 16’4% y 7’82 millones de hectolitros por debajo de la media de los últimos cinco años. El mercado no acaba de reaccionar y la alegría en los operadores brilla por su ausencia.

Cuánto de esta apatía está basado en las disponibilidades, y cuánto en la caída del consumo y un posible cambio en los hábitos de consumo resulta bastante complicado, al menos para nosotros, de concretar.

Aunque, vista la evolución de las últimas campañas, igual hasta es una buena noticia. Pues, si unas disponibilidades tan bajas como las que hemos tenido no parecen haber ejercido un gran efecto en los mercados. Por qué no pensar que una cosecha “normal” tampoco acabara teniéndola y los precios, de uva primero, pero también de mostos, derivados y vinos, no sufrieran tanto como pudiésemos temer.

Cada vez parece más indiscutible que nuestros problemas no están en la oferta, sino en la demanda y que, no siendo impermeables, las cotizaciones no responden tanto a la ley de la oferta y la demanda, como a las perspectivas de comercialización. Habiéndose alcanzado ese famoso suelo en unos precios que carecen de la rentabilidad mínima exigible para garantizar la continuidad de la actividad y que debiera fijar el punto de partida de la formación de una cadena de valor, cada vez más cuestionada y sobre la que se sustenta el futuro de un buen número de nuestras explotaciones.

Buscar argumentos con los que dar un giro a esta situación es mucho más que hablar de consumo o momentos; estamos hablando de poner en peligro muchas miles de hectáreas de un cultivo que juega un papel fundamental y, difícilmente reemplazable, en un número suficiente de municipios y provincias; como para no prestarle la atención necesaria. El futuro de nuestro sector pasa, irremediablemente, por mejorar nuestra comercialización, especialmente en el aspecto económico. Pero, posiblemente, mientras esto sucede, porque sucederá, o eso quiero pensar; habrá que tomar medidas encaminadas a que el daño ecológico no sea irreparable.

Si la miopía que caracteriza a los responsables de nuestras administraciones no les permite verlo, tenemos un problema. Pero si, desde el propio sector, no somos capaces de explicárselo y hacérselo entender no tenemos futuro

Las Indicaciones de Calidad: Denominaciones de Origen (D.O.) e Indicaciones Geográficas (I.G.P.), como se conocen en España, son un patrimonio a proteger, cuidar, mimar y potenciar. O eso al menos me parece a mí.

De todas las posibles figuras que existen en este sector, son sus vinos amparados los que mayor valor aportan al sector, los que mejor representan una zona de producción, los que garantizan que la creación de riqueza se queda en el territorio, los que más población fijan y los que llevan hasta sus términos más extremos la política verde, apoyada en la sostenibilidad. Pero una sostenibilidad real, sustentada en sus tres patas: medioambiental, social y económica… Y así podríamos seguir con un largo etcétera, prácticamente interminable.

Como si todo esto no fuera suficiente motivo para protegerlas y mimarlas. Agrupan productores de todo tipo y tamaño, permiten a microbodegas compartir escenario y valores con grandes empresas, promueven el turismo de sus zonas con unos visitantes cada vez más interesado en la gastronomía, de la que forma una parte indispensable el vino.

Vistas desde el punto de vista del consumidor, tampoco resulta un tema baladí. Garantizan una trazabilidad avalada por la certificación de sus contraetiquetas, potencian la diferenciación como generadora de valor y elemento potenciador de la calidad. Generan una clasificación que es utilizada como segunda escala de elección, sólo después de la variedad, en los niveles más básicos de la cultura vitivinícola. Definen sus paisajes y favorecen la conservación y promoción (en muchos casos también la recuperación) de los mismos.

Aun así, o quizás precisamente por ello, son atacadas, utilizadas de manera fraudulenta por algunos países que no las reconocen, pero las emplean en sus propias elaboraciones, confundiendo al consumidor que cada vez debe desenvolverse en un entorno más internacional en el que resulta muy complicado andar explicándole las cosas.

El vino es un producto agrícola, sus bodegas, a pesar de su estructura industrial, tienen un ADN ligado a la tierra. Son gestionadas con criterios de sector primario y altamente sociales. Como así lo evidencia la alta concentración de la producción en cooperativas.

El vitivinícola es el único sector intervenido de la Unión Europea y de los pocos, por no decir el único en muchos casos, viable en muchas zonas de nuestro país. Un cultivo cada vez más expuesto a largos periodos de sequía, lluvias torrenciales y tormentas de granizo más frecuentes, heladas tardías u olas de calor más largas y habituales.

Es por ello, y por todas las amenazas que se ciernen sobre él y que están ligadas a dos aspectos fundamentales, uno relacionado con su propia definición como bebida fermentada y que es su contenido alcohólico, y otro a la fuerte vinculación que su consumo tiene con los cambios sociales (directamente relacionados con los momentos y frecuencias de consumo); que hemos de presentar batalla.

Un entorno en el que cuestiones que parecían dogmas de fe han sido cuestionadas, como pudiera ser la propia libertad de movimientos, una pandemia mundial, la alta dependencia de otros países, situaciones geopolíticamente muy preocupantes…

Todo esto nos obliga a ser mucho más beligerantes en la defensa de este sector y las Indicaciones de Calidad destinadas a jugar un papel catalizador en esta tarea.

De las muchas tareas que tenemos pendientes en este sector, mejorar la comercialización en cuanto al valor es, sin ningún género de dudas, la que más ocupa y preocupa.

Vender muchos litros y situarnos como el primer país del mundo en volumen exportado de vino está muy bien. Pero tiene detrás un grave problema de rentabilidad que cuestiona el relevo generacional de nuestras explotaciones. Las notables evidencias que encontramos en las condiciones extremas en las que se desarrolla de cultivo del viñedo no ponen las cosas fáciles de cara a mantener este modelo productivo basado en volúmenes.

Virar hacia un modelo de mayor valorización de nuestros productos no es una posibilidad. Sencillamente, una necesidad que, cuanto más tardemos en alcanzar, más cadáveres, en forma de hectáreas abandonadas, pérdida de paisaje, despoblación y desertificación; dejaremos en el camino.

Resulta tan evidente, que casi es insultante decirlo. Pero, no es fácil. Se trata de una tarea extremadamente complicada.

Primero, porque estamos hablando de un mercado maduro en el que sólo es posible crecer a costa de otro competidor. Segundo, porque para ello se requiere de fuertes inversiones en comercialización, donde la comunicación y el marketing juegan un papel fundamental; algo en lo que las bodegas españolas (en general) no han dado señales de resultar muy eficientes. Y, tercero, porque carecemos de una política vitivinícola armonizada que sea capaz de generar sinergias.

Afortunadamente, sí contamos con lo fundamental: calidad enológica y recursos naturales con los que poder hacerlo. Sin ellos sería completamente imposible.

Lamentablemente, carecemos de un organismo nacional que lo defina, coordine y controle su ejecución.

Sea como fuere, el caso es que la mayoría de expertos coinciden en señalar que este crecimiento debe basarse en la calidad y diferenciación, Dos de las características que mejor definen una Denominación de Origen.

Apoyar el modelo de Indicaciones de Calidad parece una vía inexcusable, pero no suficiente. Necesitamos de un organismo con fuerza ejecutiva que no tenemos. Y, sin él, se presenta una tarea inalcanzable.

Sabemos, porque así lo dicen todos los indicadores, que en el sector vitivinícola tenemos que tomar medidas que vayan encaminadas a hacer frente a un descenso generalizado del consumo, agravado por un relevo generacional que no llega y una lucha encarnizada emprendida por una, cada vez una  mayor, clase política que ha encontrado en el alcohol un filón en su carrera por generarse la atención de unos consumidores a los que cada vez más les preocupan todos los temas relacionados con el medioambiente y la salud. Y en el que, nos guste o no, el contenido alcohólico del vino juega en nuestra contra.

Tenemos más o menos asumido que se trata de una situación estructural y que, consecuentemente, en los próximos meses no van a cambiar mucho las cosas; por más que dentro de unos días estemos convocados a las urnas para elegir al nuevo Parlamento, del que tendrá que salir una nueva Comisión Europea, que tenga en sus manos cambiar la política agraria y la visión que, hasta ahora, ha tenido la DG Sante.

También tenemos la certeza de que, en poco menos de tres meses, entrarán los primeros racimos de una cosecha 2024 que, incidentes climatológicos aparte, tiene muy elevadas las probabilidades de situarse por encima (bastante por encima), de la del año pasado.

Que el bajo nivel de nuestras existencias, la evolución de las exportaciones y los datos de consumo interno extrapolados del Infovi nos permitan albergar la esperanza de que los mercados pudieran mostrar signos de recuperación en los próximos meses, y los precios de las uvas y mostos resarcirse; no quiere decir que no haya también quien considere que la llegada de una nueva vendimia no vaya sino a acrecentar los problemas de comercialización a los que actualmente nos enfrentamos, derivados de una bajada del consumo mundial y un cambio en los hábitos del consumidor sobre los que nuestras bodegas no se atreven a aseverar que se trate de un problema motivado por las circunstancias del momento; o sea algo mucho más profundo y haya venido para quedarse, al menos en el medio plazo.

La buena marcha del turismo, batiendo récords de visitantes y gasto per cápita, está ayudando mucho a recuperar el consumo interno, dando la sensación de que los malos datos de inflación, pérdida de renta disponible o rebaja en la tasa de ahorro son mucho menos importantes que el crecimiento del PIB.

Sea cual sea la realidad, el sector tiene por delante un reto de cierto calado, una definición de estrategia de producción que va mucho más allá de la cosecha y que afecta a variedades, localizaciones, definición de productos y estrategias de comunicación y marketing.

Decisiones para las que no encuentra más orientación y apoyo que el de unas medidas de Intervención Sectorial Vitivinícola, planteadas en condiciones muy diferentes. Decisivas y vitales, que han ayudado en la transformación del sector en las últimas décadas del pasado siglo y primeras de éste, pero que no parecen estar siendo muy eficientes para las que nos vendrán.

Y, aunque todo es susceptible de cambiar, y no sabemos cuáles serán los retos y las condiciones bajo las que trabajará la Comisión que salga de estas elecciones europeas. Vista la situación, los nuevos retos que tenemos por delante y el calado de éstos, casi mejor trabajemos por alcanzar el statu quo del sector vitivinícola europeo.

Si bien es pronto para poder sacar cualquier conclusión sobre los efectos que en la próxima cosecha pudieran tener las heladas sufridas en la parte norte de España durante la segunda quincena de abril, o las granizadas que se han sucedido en esta semana, conviene saber que la superficie afectada por los hielos, según nota publicada por Agroseguro, ha sido de 56.525 hectáreas aseguradas. Importante coletilla, pues las hay que, al no estar aseguradas, no se han peritado y, en consecuencia, tenidas en consideración.

De la mitad norte de España, no hay comunidad autónoma que no haya visto alguna o varias de sus provincias afectadas. Siendo Castilla y León (23.798 ha) la que mayor superficie declara. Concentrando casi el cuarenta por ciento de esas hectáreas afectadas. Seguida de Castilla-La Mancha (17.533) y Rioja (5.479), tanto en su vertiente riojana como alavesa.

Por provincias es Valladolid (11.889) la que encabeza el listado, seguida de Cuenca (11.023) y Burgos (8.929). Con una comarca, La Manchuela, especialmente afectada en toda su extensión, así en su vertiente conquense como albaceteña, donde se han siniestrado 4.250 ha.

El volumen en el que acabará afectando estos siniestros en la cosecha de 2024 es un misterio. Son muchos aún los meses que nos separan de las vendimias y en este tiempo puede pasar de todo. No obstante, según los viticultores consultados, no parece que, en ninguno de los casos, la cifra nacional se vaya a ver muy trastocada.

Si, como es de esperar, las temperaturas se contienen y las lluvias no se vuelven torrenciales; la cosecha pinta extraordinariamente bien, con contadas excepciones como las concernientes a las regiones de C. Valenciana y Murcia. Donde las lluvias caídas hasta la fecha apenas darían para un riego de auxilio y en las que la propia supervivencia de la planta está en peligro.

Zonas en las que esta situación parece estar siendo ignorada por algunas de las organizaciones agrarias que, mientras se lamentan de falta de lluvias y el peligro que ello representa para la vid, exigen medidas extraordinarias de cosecha en verde y destilaciones.

Sea como fuere. El caso es que el comportamiento climático no está siendo el que era y sus efectos se están viendo reflejados en cosechas muy desiguales y difícilmente previsibles.