Poner en valor la diferenciación

Desde el sector vitivinícola español sabemos muy bien que nuestro principal problema pasa por la valorización del producto. Que contamos con condiciones naturales idílicas para su cultivo y que nuestra tecnología y personal se encuentran al máximo nivel mundial. Somos conscientes de que el cambio climático es una amenaza que acabará trastocando nuestro sector, desplazando el viñedo hacia zonas más altas y dando entrada a sistemas de cultivo, variedades y prácticas enológicas hasta ahora testimoniales.

Y, aunque parece que contamos con un sentimiento de colectividad mayor, incluso cierto orgullo de pertenencia, somos perfectamente conscientes de la asignatura pendiente que tenemos en la parte comercial.

Es evidente que no todos podemos ser líderes, y que, para que una organización funcione, tan necesarios son los directivos que marcan los objetivos y estrategias a seguir, como los equipos intermedios que las desarrollan y las bases que las ejecutan. Tener una carrera profesional en esa estructura es fundamental y contar con los incentivos y medios necesarios para desarrollarla uno de los principales objetivos que cualquier buen gerente debe asegurar.

Aspirar en el sector vitivinícola español a desarrollar esas aptitudes, mejorando nuestro posicionamiento en la estructura que es el comercio mundial del vino no sólo no es nada reprochable, sino que debiera ser algo aspiracional para cualquiera que estuviera relacionado con él.

Sólo de esta manera será posible desarrollar valores tan intrínsecos al sector como la fijación de población, respecto al medioambiente, economía circular, sostenibilidad, equidad y un largo etcétera que lo hacen único.

La escasez de algunos recursos como el agua, el exceso de otros como el sol, lejos de ser un problema son un extraordinario aliciente sobre el que desarrollar la investigación y la resiliencia.

Ponerlos en valor debe ser nuestro principal objetivo y para ello resulta vital darlos a conocer. Hay una máxima en marketing que dice que lo que no se comunica no existe. Quizá haya llegado el momento de centrarnos más en poner en valor estas diferencias que en aspirar a mejorar unos céntimos en el precio de unos vinos cuya calidad cada día es más homogénea a nivel mundial.

Entender que la calidad se ha convertido en un requisito y no en un valor nos ayudaría a afrontarlo mejor.

Un agravio comparativo

Si les dijera que el Covid provocó que comenzásemos la campaña 2022/23 con un volumen de existencias alto (36’04 Mhl). Que la cosecha 22/23, sin ser nada desorbitado, podríamos situarla en unos niveles aceptables de producción (40’5 Mhl); y cuya calidad podríamos decir que “va por barrios”, ya que no todo maduró hasta los niveles que debiera y los vinos obtenidos, digamos que, en general, no todos cuentan con los atributos requeridos para someterlos a un proceso de crianza. Que la crisis logística ha supuesto un fuerte incrementos en los costes de las materias secas o embalaje. Y que la inflación disparada elevó a niveles históricos, prácticamente los costes de todos los insumos, provocando una rápida disminución del consumo interno y una fuerte caída en los principales mercados de exportación…

Coincidirán conmigo en que esto sólo puede provocar una cosa y es desequilibrio en el mercado, aumento de los excedentes y contracción de los precios en origen. Con especial incidencia, por la tipología de las razones que lo han provocado, en los vinos de guarda, es decir, mayoritariamente tintos. Entre otras cosas porque, precisamente su guarda es lo que permitió que durante todo este calvario de pandemia y crisis siguiesen al cobijo de la bodega esperando mejor ocasión. Cuando las ocasiones han ido de mal en peor.

Situación que, salvadas las honrosas diferencias, no puede decirse que haya sido propia de una región u otra. Sino más bien bastante generalizada, comenzando a hacer mella en unos operadores desanimados y temerosos de lo que les pudiera deparar el futuro más inmediato.

Lo que vendría a explicar muy bien el que, lejos de ser aplaudida, elogiada y apoyada por el sector, en general, la destilación de crisis anunciada por el Ministerio para Extremadura y Cataluña, o las de los gobiernos regionales para País Vasco y La Rioja; hayan sido consideradas un agravio comparativo.

Tener las competencias transferidas a las comunidades autónomas tiene estas cosas, y es que cada comunidad, con sus fondos, es muy libre de establecer medidas extraordinarias con las que solventar una situación excepcional. Lo que nos llevaría a la resolución del problema por elevación. O, dicho de otra manera, que fuera el Ministerio el que pusiera en marcha esa medida extraordinaria de la destilación de crisis para “todos”, como hizo para hacer frente a los excedentes ocasionados por el Covid y sus confinamientos y restricciones sociales. Medida que, por cierto, y vistas las demandas actuales, no debió acabar resultando muy eficaz cuando, para justificar la puesta en marcha de la actual, los argumentos que se están esgrimiendo son muy parecidos a los de entonces.

Pero, para poder haber hecho eso, hubiese tenido que poner fondos nacionales, no con los comunitarios provenientes de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para el 23, o de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), como pasan a denominarse, en el 2024.

Como eso no ha sido así. Como el Ministerio no ha querido poner un euro en aplicar esta medida, han tenido que ser los gobiernos regionales los que la pongan en marcha, cada uno a su manera; unos con fondos propios, otros con los comunitarios y otros a verlas venir sin haber sido capaces de saber lo que necesitaba su sector vitivinícola.

Propuesta una destilación de crisis

Será porque el sector productor de las diferentes zonas afectadas ha hecho bien su trabajo. Será porque se aproxima un periodo electoral de gran relevancia, con especial atención a los resultados obtenidos en las anteriores. Será porque los procedimientos burocráticos que exige la aplicación de estas medidas por la Unión Europea son lentos y, al fin, han obtenido su beneplácito. Porque las últimas lluvias han supuesto un alivio considerable sobre las previsiones de cosecha que hasta hace un mes se manejaban… O, sencillamente, por un poco de todas estas razones, y alguna otra que ahora mismo se nos escapa. El caso es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hasta ahora dirige Luis Planas, ha presentado una propuesta de destilación de crisis.

Según la propuesta, expuesta por el Ministerio, la medida se activaría en las CC.AA. de Extremadura y Cataluña; aunque el sector confía en que su alcance se extienda a La Rioja.

Una medida que, recordemos, ha pasado por todas las opciones posibles, que han ido desde la máxima disponibilidad a hacerlo mostrándose dispuesto a apoyar la solicitud que presentase algún Estado Miembro (se hablaba de que fuese Francia quien lo hiciese) en la Comisión Europea, para adherirse a ella posteriormente. Negarse a aplicarla, ante las malas expectativas de cosecha que se manejaban. Trasladar a los gobiernos regionales de responsabilidad de que “con sus fondos” hicieran lo que considerasen mejor para sus operadores…

Eso sí, dejando bien claro, desde el principio, que nunca se haría con fondos nacionales. A diferencia de las propuestas publicadas por Francia, donde se planteaba una cofinanciación con el 15% máximo de los Fondos de los Planes Nacionales que pueden destinarse a medidas extraordinarias, como sería esta, y una aportación nacional del otro cincuenta por ciento.

La resolución presentada está abierta a consultas una semana (hasta 22 de junio) y en ella se determina que los fondos procederán del PASVE 23 para Cataluña y del ISV 24 para Extremadura.

Según la propuesta ministerial, la dotación financiera máxima será de 1.000.000 euros para Cataluña y de 1.299.990 euros para la región de Extremadura.

El volumen fijado es de 43.333 hectolitros de vino a destilar en Extremadura y 16.666,67 hl para Cataluña. Volúmenes a los que, de concretarse también la medida en La Rioja, habría que añadir otros 62.050 hl.

Cifras que se aproximan mucho a lo que venía demandándose por el sector de estas CC.AA. desde el primer momento. Lo que resultan importes muy diferentes por Comunidades, pero es que la ayuda no podrá ser superior al 80% del pecio medio mensual más bajo registrado en la campaña 2022/23 para los vinos tintos y rosados a los que irá destinada la medida.

 

¿Para cuándo medidas estructurales?

Entre tormentas, granizos, inundaciones, gotas frías fuera de la época del año en la que eran habituales… y un sinfín de efectos meteorológicos que están haciendo complicado (y mucho), poder definir en estos tiempos lo que es “normal” y lo que no; el sector vitivinícola anda perdido entre noticias de cierto calado que corren el riesgo de acabar pasando desapercibidas.

Escuchar que, en la zona productora más relevante de España, se solicite una medida de intervención, como es la destilación para 60 millones de litros, con la que deshacerse de los excedentes que la pandemia generó y que el mercado no ha sido capaz de absorber; desató cierto revuelo, al que le dio alas el hecho de que se tratara de una propuesta más preventiva que quirúrgica, que no se explicó lo suficiente.

Aunque no fuera esta región la única que solicitaba la puesta en marcha de la medida, el hecho de ser “Rioja”, por lo que de valor y prestigio lleva detrás el nombre, hizo que la misma propuesta reclamada por regiones como Extremadura o incluso la propia Galicia, pasara casi desaperciba. A lo que contribuyó, de manera relevante, la celebración de unas elecciones municipales y regionales, en las que los partidos se dedicaron a lanzar proclamas a favor de llevarlas a cabo, sin más convencimiento que granjearse la confianza de unos viticultores y bodegueros a cambio de sus votos. Y que el presidente del Gobierno fagocitó por completo con la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio y la disolución de las Cámaras.

Solicitudes que parecen una trivialidad ante el reciente acuerdo alcanzado por el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos (CIVB) y el Ministerio de Agricultura francés, junto con el gobierno de la región de Nouvelle-Aquitaine, por el que han decidido destinar entre 59 y 67 millones de euros para arrancar entre nueve mil quinientas y diez mil hectáreas de viñedo en Burdeos.

La razón oficial esgrimida para hacerlo: evitar la propagación de la flavescencia dorada en la vid en la Región de Gironda. Una plaga sencilla de controlar en un viñedo activo, pero que se vuelve extraordinariamente peligrosa cuando el viñedo se encuentra abandonado. Situación en la que podría verse abocado casi un diez por ciento del total de la superficie en la región, como consecuencia de la baja actividad comercial y los volúmenes que han alcanzado los excedentes de vino en la zona.

Hablar de Burdeos no es hacerlo sólo de los Premier Cru, detrás de estos grandes châteaux hay mucho más. Como cuando lo hacemos de Rioja hay muchas más bodegas que las que acaparan los grandes reconocimientos internacionales; o de Galicia de la situación de exposición desmesurada que está viviendo Rías Baixas. Detrás de todas estas grandes bodegas hay pequeños y grandes productores que no consiguen vender sus vinos y para los que una intervención del mercado está resultando vital.

Hasta ahora, en España, no se ha escuchado ninguna voz pidiendo el arranque del viñedo. El patrimonio vitícola parece estar a salvo de las tensiones de precios. Pero no perdamos de vista lo que podrían estar evidenciando todas estas situaciones. Un descenso del consumo mundial y un desequilibrio estructural. Si esto fuera así, tendríamos un problema mucho mayor del que ahora estamos imaginando.

 

Un hematocrito bajo

Si contemplamos los datos del consumo en España, nos encontramos en niveles apenas setecientos mil hectolitros menores a los de los peores tiempos de la reciente pandemia. Cuando, recordemos, el canal hostelería, tan importante para este sector, se encontraba cerrado y nosotros confinados.

Sin duda, un mal dato, al que algunos consiguen verle el lado bueno en el hecho de que, en los últimos cinco meses (desde noviembre de 2022), éste se ha estabilizado en el entorno de los 9’6 millones de hectolitros. Lo que parece estar siendo el “suelo del consumo de vino” en nuestro país.

Recientemente la Interprofesional del Vino ha recuperado parte de esa actividad que tan vivamente desarrolló hasta la pandemia y que parecía ir dando sus primeros resultados, con la recuperación de alrededor de un millón de hectolitros en el año 2019. Pero sus efectos no están siendo muy visibles y lo único que parecemos estar consiguiendo es contener la hemorragia, pero seguimos presentando un hematocrito bajo.

Si el dato es malo, porque no tenemos un suficiente número de glóbulos rojos, lo que en este símil nos llevaría a seguir destinando una cantidad importante de los fondos que se recaudan para llegar al consumidor y que se inicie o aumente el consumo de vino. O si, por el contrario, lo que nos está mostrando es la presencia de un trastorno mucho más grave y serio (que sería tanto como asumir que el consumo de vino está herido de muerte y su recuperación va a resultar larga, costosa y con un índice de éxito bajo). Depende de quién exprese su opinión.

Yo prefiero pensar que estamos hablando de una “anemia” que tiene su origen en numerosas circunstancias extraordinarias que pasarán en un corto plazo de tiempo. La normalidad no tardaría mucho en recuperarse y todas las medidas que desde el sector deban ser aplicadas lo sean de carácter temporal, como cosechas en verde o destilaciones.

Pero hay que entender que los haya que ya empiecen a plantearse la necesidad de ir barajando escenarios menos optimistas, en los que tengan que tomarse medidas mucho más traumáticas y relacionadas con aspectos estructurales como el propio potencial de producción que representa la superficie vitícola.