Han tenido que salir a la calle agricultores y ganaderos con sus tractores y pancartas reclamando un trato justo para sus productos para que el Gobierno se haya puesto manos a la obra y adoptado una serie de medidas encaminadas a evitar la venta a pérdidas y garantizar la existencia y cumplimiento de los contratos.
La tan cacareada cadena de valor, con la formación teórica de los precios, desde el origen hasta el consumidor, se sabe, desde el primer momento de su puesta en marcha, que no era más que una falacia. Una aspiración con la que los diferentes gobiernos han querido justificar su inoperancia en el camino a la ruina de nuestros agricultores y ganaderos y el consecuente vaciado de nuestra España rural.
Ahora, “aseguran” que con esta reforma no se realizará venta alguna en origen que no vaya acompañada de su correspondiente contrato en el que, figure, entre otras, el precio al que es adquirido el producto por el comprador; cosa que, por otro lado, ya era obligatorio en nuestro sector. Y que este no podrá ser inferior a los costes propios de producción. Sin concretar muy bien cuál será la fórmula para fijar esos costes, ya que todos sabemos, y aquí sí que ya me estoy refiriendo solo al sector vitivinícola, que no son los mismos, ni en todas las regiones españolas, ni para todas las variedades, ni para todos los tamaños y grado de mecanización. Establecer un mínimo puede llegar a suponer un importante agravio comparativo entre diferentes explotaciones.
Preocupado y ocupado como está el sector por este asunto, ya en los principios fundacionales de la Interprofesional figuraba la obligación de realizar un estudio independiente que aportara cifras concretas que permitieran fijar ese umbral de rentabilidad. El estudio está hecho y presentado. En él se fijan diferentes precios en función de zona, sistema de cultivo y disponibilidad de agua para riego. Confiemos en que sea un primer paso al que sumar la nueva iniciativa legislativa en este tortuoso camino de la dignificación del campo. Pero, cuidado con las expectativas que nos formemos, porque una de las interprofesionales que “mejor” ha funcionado y más años viene existiendo es la del aceite de oliva; y han sido, precisamente, los olivicultores los que han protagonizado las principales protestas que nos han traído hasta aquí.