Consciente del delicado momento por el que está atravesando el sector vitivinícola, necesitado de apoyos que le devuelvan el ánimo; y de las oportunidades que pueden presentarse con la nueva OCM que surja del llamado “Paquete Vino” (tras su aprobación por parte del Parlamento Europeo el pasado día 10 ahora ya sólo resta la aprobación formal por parte del Consejo para la publicación de los reglamentos).

Sin tiempo que perder, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, mantenía el 29 de enero una reunión con los directores generales de las comunidades autónomas para tratar su aplicación, a fin de poder ponerlo en marcha en el más breve tiempo posible.

Entre las medidas contempladas, figura la del arranque de viñedo con fondos nacionales. Medida que la organización agraria Unión de Uniones califica de “medida social” e insiste en activar de manera urgente, a fin de poder hacer frente a la falta de relevo generacional a la que se enfrentan muchos viticultores, cuya rentabilidad está cuestionada por una crisis que califica de “estructural” en muchas zonas productoras.

Haber perdido en siete años, más de sesenta mil hectáreas de viñedo de uva de transformación, pasando de las 960.758 de 2018 a las 899.883 del 2025; así como el mantenimiento de esta tendencia para los próximos años, no parece suficiente. Y considera necesaria la dotación de esta ayuda que les permita no irse con las manos vacías. Aunque ello pudiera ocasionar un efecto llamada para algunos viticultores que dudan entre abandonar o no sus viñedos.

Y, mientras tanto, desde la misma Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) elevaban a consulta pública la propuesta de resolución por la que se fija el presupuesto de 16.535.998 euros para la puesta en marcha de la cosecha en verde para esta campaña.

Dado que esta medida no tiene asignado presupuesto anual de ejecución, su dotación sólo es posible detrayendo los fondos que se le dediquen de los 202,1 M€ que tenemos asignados para las medidas de la ISV.

Siete han sido las Comunidades Autónomas que han solicitado la vendimia en verde, cuya resolución deberá conocerse antes del 30 de abril de 2026, para ser ejecutada antes del 15 de julio de 2026.

Y es que (aunque es posible que nos suceda como el año anterior, cuando las olas de calor de finales de julio y mediados de agosto se llevaron por delante una parte importante de la cosecha) las abundantes lluvias caídas en toda la geografía española, junto con la recuperación del viñedo conseguida en las campañas anteriores, hacen vaticinar una abundante cosecha 2026 para la que, aparentemente, resultará muy difícil encontrar acomodo.

Y es que, mucho tienen que cambiar las cosas de aquí a agosto para que el consumo interno rompa la tendencia bajista iniciada el pasado año en el mes de julio. Pues, con datos del Infovi correspondientes a diciembre, se mantiene la pérdida y el consumo anual se sitúa en 9,36 Mhl, 24.236 hl (-0,26%) menos que en el dato del mes anterior (TAM noviembre) y casi cuatrocientos mil hectolitros en lo que llevamos de campaña. O que las exportaciones remonten el 3,0% que llevamos perdido entre enero y noviembre en valor y el 1,8% en volumen de vino.

Dentro de la cotidianidad con la que el sector está afrontando la situación delicada que se vive a nivel mundial, el primer paso para poner soluciones (y que, por desgracia, no siempre se ha dado) es la asunción de la situación y la voluntad de solventarla. Haciéndose más necesaria que nunca la alineación de las políticas públicas con las acciones de todos los integrantes del sector privado: organizaciones agrarias, bodegas y cooperativas, denominaciones de origen… y, claro está, la Interprofesional del Sector, que representa a todos.

En esta línea de actuaciones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno lanzará una campaña, junto al ICEX, en el marco de “Spain Nation Food”, para impulsar las ventas del vino español en los mercados con los que la Unión Europea ha cerrado acuerdos comerciales recientemente: India, Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) e Indonesia. Y que bien podrían extender a los cinco países de Asia central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), así como a Malasia, Tailandia, Singapur, Filipinas, Australia y la Unión de Emiratos Árabes. Un total de 16 países con los que la Unión Europea está negociando acuerdos de libre comercio.

Un área comercial con una relevancia, excepción hecha de Brasil y cuyo acuerdo con el Mercosur se encuentra temporalmente suspendido, es relativamente pequeña, pero que supone una gran oportunidad considerando la evolución que presenta en los últimos diez años.

El desarrollo de los acontecimientos ha puesto en cuestión alianzas hasta ahora inquebrantables, obligando a los países productores a buscar mercados alternativos.

El problema es que en esta búsqueda estamos todos y, al menos hasta ahora, los vinos españoles no se han caracterizado por ser los más avispados.

Tradicionalmente hemos llegado a los mercados cuando ya estaban saturados y sólo era posible introducir nuestros vinos a costa de desplazar a otros. En la mayoría de las ocasiones, a costa de bajos precios que repercutían en una reducida rentabilidad.

Ahora, las necesidades nos llevan a una situación que bien podría sernos más favorable y no debemos dejarla pasar.

El Ministerio de Agricultura ha sentado a los consejeros de Agricultura para explicarles las medidas que en marzo pudieran derivarse del denominado “Paquete Vino”.

Confiemos en que las explicaciones den paso a las acciones y ese apoyo nacional que plantean las ayudas no se quede sólo en Francia o Italia…

Valorar los datos de consumo aparente que arroja el Infovi de noviembre, la evolución de las exportaciones o la distribución aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura sobre el reparto autonómico de los las ayudas a los programas de promoción del vino en mercados de terceros países para 2027 (sin tener en cuenta el ambiente de paralización y desánimo que estamos viviendo a nivel mundial, y del que no ha sido ajeno el sector vitivinícola), podría llevarnos a conclusiones que nos hicieran tomar decisiones equivocadas y hundirnos en un pozo de pesimismo que nos dificultara sobreponernos y aprovechar las oportunidades. Que las hay.

Es cierto que todos los datos son negativos y suponen un jarro de agua fría sobre un sector que ya se encontraba desincentivado y con el problema del relevo generacional como una pesada espada de Damocles sobre su cabeza. Pero, no es menos cierto que nuestro país presenta unas condiciones de cultivo de la vid y una competitividad en sus vinos que nos permiten afrontar el futuro con algo más de esperanza que los demás.

Por supuesto que esta situación nos va a traer malas noticias, en forma de hectáreas abandonadas, cierre de bodegas o reducción de cifras de consumo. La clave está en que sean las menos de las posibles y, sobre todo, salir fortalecidos de ellas.

La bajada del consumo aparente de en España hasta los 9,38 millones de hectolitros. Suponiendo un descenso de 395.296 hl (-4%) respecto al interanual a noviembre de 2024, es una realidad negativa en sí misma. Lo es más aún si tenemos en cuenta que esta situación, el de perder consumo, se viene repitiendo durante los tres últimos meses. Pero lo es menos si consideramos que algo parecido está sucediendo en el resto de países tradicionalmente productores.

El desglose por colores muestra un comportamiento, para el caso de los vinos tintos y rosados, de una caída del 2%, hasta situarse en 5,54 millones de hectolitros. En tanto que para los blancos la caída fue del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, quedando en 3,84 Mhl.

Tampoco las exportaciones nos han aportado buenas noticias en este mes de noviembre, ya que hemos perdido un 1,9% en volumen, bajando de los veinticinco millones de hectolitros, para situarnos en 24,79. Y el 2,0% en valor con una facturación de 3.179,1 millones de euros.

Aunque, quizás, lo más preocupante sea que son todas las categorías, salvo los vinos de licor, las que presentaron datos negativos en comparación con el interanual del año pasado. Con especial incidencia en los vinos tranquilos que caen un 6,2% y 5,5% en volumen y valor respectivamente. Mientras que los espumosos reducen esos porcentajes hasta el 5,7% y 3,4% respectivamente.

Bajo este panorama, nada sorprendente, no es de extrañar que se hayan presentado programadas de promoción en terceros países por valor de 46,6 millones de euros, cuando se disponía de un presupuesto de 55,6 M€. Nueve millones que, aún cumpliéndose todos los programas aprobados (ahora está por ver que las bodegas puedan hacer frente a ese otro 50% que deben ejecutar con fondos propios), se han perdido.

No corren buenos tiempos para el sector vitivinícola.

Lo cierto es que para ninguno.

La llegada al poder del país más poderoso del mundo del presidente Trump ha hecho saltar por los aires el orden mundial que hemos venido construyendo, cuando menos, desde la Segunda Guerra Mundial. Principios tan básicos como la legalidad y el respeto a los acuerdos firmados han sido dinamitados, los contrapoderes definidos para que esto no sucediese aniquilados y, a modo de matón de colegio, las amenazas de invasión y las venganzas y represalias en forma de aranceles se imponen. Poniendo en peligro el equilibrio mundial de fuerzas bajo el que se aseguraba el respeto de las naciones.

Situación que se asemeja bastante a las vividas en otras épocas de nuestra historia de ingrato recuerdo y que ha tenido importantes precursores en algunas de las acciones que últimamente han venido emprendiendo otros líderes de las otras más importantes potencias mundiales. Los que parecen haber llegado al acuerdo de “repartirse el mundo”. Como si hablásemos de un tablero de “Risk”. Partida a la que, bajo el eufemismo de “situaciones geopolíticas”, asistimos el resto de países con la esperanza de no situarnos en su punto de mira.

Y claro que el sector vitivinícola se está viendo afectado, especialmente en el consumo. Cómo no lo va a estar, cuando la seguridad sobre la que se basa el desarrollo y su consiguiente gasto está en cuestión.

Y si es cierto que la situación excede con mucho la capacidad de acción del sector y de sus operadores. Sólo bajo la fortaleza de la unión será posible sobreponernos a estos tiempos tan difíciles que, esperemos en no mucho tiempo, sean sólo una pesadilla que no debiéramos olvidar en muchos años.

Es posible que aquellos que defienden que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud desde el primer gramo, tengan razón. Yo prefiero ponerme del lado de aquellos que siguen creyendo en la famosa curva en “J”.

O que la Cultura del Vino y la Dieta Mediterránea no sean más que excusas para justificar el consumo de vino. Aunque tampoco en esto esté de acuerdo.

Pero es que, ahora mismo, lo que cada uno de nosotros pensemos carece de importancia frente a los problemas a los que nos enfrentamos. Y apoyar a los viticultores y bodegueros que hacen posible el mantenimiento de la población en las zonas rurales, la generación de riqueza mediante la economía circular y la minimización de los efectos que sobre nuestra geografía están teniendo los episodios de largas sequías o torrenciales lluvias son objetivos mayores.

Si algo parece estar bastante claro en este recién estrenado 2026 es que el sector vitivinícola deberá tomar medidas de forma urgente y contundente.

Urgente porque el desgaste que está sufriendo va mucho más allá de campañas y modas. Así como sus consecuencias, que empiezan a afectar a la propia estructura productiva; desde la superficie de viñedo de uva de trasformación, al número de bodegas, valor de la producción…, con claras afecciones en el consumo interno y las exportaciones.

Contundente y preocupante porque no es un tema que afecte solamente a nuestro país o se limite a la Unión Europea. Se trata de un problema mundial sobre el que influyen cuestiones de índole geopolítica o social de compleja solución y que escapan a las propias posibilidades estrictamente sectoriales.

Y, aunque la Unión Europea, en su trílogo: Comisión, Parlamento y Consejo, con la aprobación de su “Paquete Vino”, ha demostrado estar dispuesta a tomar medidas de manera apremiante; caben serias dudas sobre la eficacia que estas pudieran tener en el mercado y, muchas más sobre la inmediatez con la que empiecen a obtenerse los resultados o la contundencia de estos.

Tampoco es que ayude mucho la nacionalización en la aplicación de las medidas o el copago de algunas de ellas. Pues es sabido que nuestro Ministerio se viene mostrando bastante reacio a destinar fondos nacionales al sector vitivinícola. Ya sea porque no los tiene (argumento repetido hasta la saciedad) o porque los que tiene los prefiere destinar a otro producto que no contenga alcohol.

Sea como sea, se hace más necesaria que nunca la unidad del sector y la elaboración y propagación de un mensaje que ayude a recuperar la esperanza entre los operadores y que evite que se deteriore más la imagen sectorial que estamos trasladando al consumidor.

Nosotros mismos, con continuos mensajes negativos sobre la falta de futuro, el abandono del campo, el empobrecimiento de los operadores, la caída del consumo… estamos consiguiendo forjar una imagen ruinosa, carente de futuro y destinada a soportar una reconversión profunda y traumática que vaya mucho más allá de medidas de reestructuración o reconversión del viñedo, inversiones en bodega o medidas de promoción. Propiciando la búsqueda de cultivos alternativos al viñedo allá donde hasta hace apenas unas décadas no existían; y expulsando a nuestros jóvenes, impidiendo el necesario relevo generacional.

Posiblemente, dentro de unos años, estemos vendiendo nuestros productos a un precio más alto del que lo hacemos actualmente. Pero, muy posiblemente también, lo haremos en una cuantía menor. Evitar que esta pérdida de tejido se convierta en una sangría es nuestra obligación. Más allá de siglas políticas, indicaciones de calidad, diferencias regionales o engañosos bandos enfrentados que no hacen sino empobrecernos.

La crispación y la polarización parecen haberse adueñado de nuestra sociedad y los grises haber dado paso a los blancos o negros. Necesitamos imperiosamente comportarnos como un solo sector, abordar el asunto con generosidad y realismo. Pero, por encima de todo, tomar medidas.

No se puede decir que 2026 haya empezado muy bien.

A la preocupante acción emprendida por Estados Unidos en Venezuela (y que provoca el enésimo “escenario geopolítico complejo”, como ahora se denominan a los conflictos internacionales; cuyas consecuencias, seguro negativas para el comercio mundial del que tanto depende nuestro sector vitivinícola, están por ver). Se unen informes de la categoría del presentado recientemente por la Comisión Europea sobre la actualización anual de las “Perspectivas de las producciones agrícolas 2025-2035”, que va un paso más allá en la calificación del descenso del consumo en la UE y lo sitúa como “estructural”, previendo que seguirá su senda bajista en los próximos años a razón de un 0,9% anual hasta situarse en los 19,3 litros por persona y año en 2035 frente los 21,2 actuales.

Las razones que justificarían esta pérdida, las de siempre: cambios en los hábitos (preocupación por la salud, políticas nacionales antialcohol, creciente competencia de otras bebidas…) y preferencias de los consumidores (predilección por vinos más caros que disminuyen la frecuencia; blancos y espumosos -más frescos, ligeros y fáciles- frente tintos y fortificados…).

En el lado positivo, si es que puede considerarse así, que la pérdida será proporcional al volumen de consumo. Por lo tanto, un país como España, donde el consumo es el más bajo de todos los países productores, perderá menos que Italia, Francia o Alemania.

En el negativo: que esto acarreará una disminución de la producción, a razón de un 0,5% anual y una pérdida de superficie del 0,6% anual. Lo que haría prácticamente irreversible la situación a medio plazo, dadas las condiciones de cultivo que tiene la viña.

Un marco vitivinícola que podríamos calificar de gran pesimismo y que, sin embargo, puede suponer una gran oportunidad para nuestro sector.

Los bajos precios a los que operamos y el gran sacrificio, en forma de baja rentabilidad; “ruinosa” como la califican las organizaciones agrarias, de nuestras producciones vitícolas. Así como los estrechos márgenes bajo los que operan nuestras bodegas (en las que están incluidas las cooperativas), nos sitúan en una posición de competitividad privilegiada.

Y, si bien, hay que reconocer que los miles de millones de euros procedentes de los fondos PASVE (hoy ISV) que hemos dedicado en estos últimos años a mejorarla, no han tenido los resultados esperados. Habrá que confiar en que esto cambie algún día y el recién aprobado “Paquete Vino” acabe siendo el revulsivo que nuestro sector necesita.

De todo el paquete de medidas aprobado por el trílogo y que supondrá la base sobre la que aprobar los Planes Estratégicos donde está contemplada la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), es más que probable sea la de Promoción en Terceros Países, la medida que más interés haya despertado entre los operadores.

No ya por su cuantía, pues los 33,36 millones de euros pagados durante 2025, se encuentran muy lejos de los 66,67 destinados a la reestructuración y reconversión del viñedo, o los 56 que fueron destinados a subvencionar inversiones. Y sí por lo que supone de acción real frente la caída de consumo y la necesidad de buscar nuevos consumidores, incluso mejorar los resultados conseguidos, al ampliarse el plazo de ejecución de cinco a nueve años.

Todos coinciden en señalar que estamos frente una fuerte crisis de consumo a la que hay que hacer frente de manera urgente y eficaz.

La tendencia mundial de consumo está claramente orientada a la baja. Sus efectos están dejándose notar en todos los países del mundo y todas las zonas de producción, incluso las que habían permanecido relativamente ajenas a crisis anteriores. Y abordar el asunto de cómo llegar a los nuevos consumidores e incrementar la frecuencia de consumo en los ya existentes se ha convertido en asunto vital para muchos viticultores y bodegueros.

Aun así, llama poderosamente la atención el hecho de la fuerte inversión que sigue acaparando la medida de reestructuración. Manteniendo la cara, en unos niveles medios de más de sesenta y dos millones en los últimos nueve años, con pandemia y crisis económica por el medio.

Tampoco es baladí el tema de su distribución regional, con Castilla-La Mancha acaparando el 35,57% del total del pago de la ISV 2025, con 69.623.019,99 €; mientras que Castilla y León, ocupa el segundo lugar con 28.071.904,17 €, un 14,34% del total. En el extremo opuesto está, de entre las CC.AA. que han recibido pagos, Canarias, con sólo el 0,38% del total (Asturias y Cantabria no han recibido ni un solo euro). Aunque son Navarra (459 €/ha), Murcia (395 €/ha) y Baleares (384 €/ha) las que más ayuda han recibido por hectárea de superficie plantada. Y La Rioja (20 €/ha) y Canarias (87 €), las que menos.

También resulta bastante revelador las medidas en las que cada una de estas regiones han gastado su presupuesto. Ya que, de las cinco en las que pudieron hacerlo hay dos: promoción en terceros países e inversiones que tienen un espíritu más comercial; mientras que las otras tres: reconversión y reestructuración, destilación de subproductos y cosecha en verde, podríamos decir que se encuentran más enfocadas a orientar la producción y hacer frente a excedentes coyunturales.

Mientras Castilla-La Mancha (77,86%), Extremadura (70,16%) y Andalucía (59,71%) deben destinar a reconfigurar su estructura productiva la mayor parte de sus fondos; el resto opta por aquellas otras medias que miran más al mercado.

¿Hacia dónde van dirigidos esos planes de reestructuración y reconversión? Podría ser una pertinente pregunta. Pues, dependiendo de si lo están haciendo hacia la adaptación a variedades más adecuadas a los mercados, es una cosa. Pero si lo están haciendo, hacia el aumento de rendimientos, otra muy distinta. Y el histórico apunta hacia lo peor.

Posiblemente, de todo lo acontecido en la última semana, sea el acuerdo alcanzado por el trílogo (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo) sobre el texto final del conocido como “Paquete Vino” (por lo que ya únicamente queda su adopción formal por parte del Parlamento y del Consejo y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, algo que se espera que pueda tener lugar entre enero y febrero del año próximo) lo más transcendental para el futuro inmediato del sector vitivinícola europeo.

Ya que, en él, bajo la premisa de ofrecer al sector herramientas acordes a las diferentes necesidades que tienen cada uno de los Estados Miembros, se configuran una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad y la valorización de la producción vitivinícola europea. Llegando a ofrecer alguna posibilidad de un abandono digno (subvencionado) para aquellos que, bien por falta de relevo generacional, rentabilidad o, sencillamente, porque apuestan por otros cultivos, decidan abandonar el viñedo. Mejorar la coherencia entre las diferentes medidas existentes, así como la cofinanciación, y presentar los productos vitivinícolas de una forma más clara al consumidor son otros de sus fines.

Aun así, lo que está sucediendo con el consumo, en España (que podríamos hacer extensible a prácticamente todo el mundo, desde luego a todos los importantes) resulta mucho más preocupante y está generado cierta alarma sectorial, que hace que la opción del abandono del viñedo o el cierre de bodegas se hayan convertido en posibilidades a tener en cuenta.

Hasta ahora el suelo del consumo nacional parecíamos tenerlo estable en el entorno de los nueve millones ochocientos mil hectolitros. Lamentablemente septiembre supuso un fuerte mazazo a esta estabilidad y cayó hasta los 9,53 Mhl interanuales, tendencia que se ha confirmado con los últimos datos del Infovi de octubre, donde, aunque con mucha menos fuerza (-0,54% respecto al mes precedente) hemos vuelto a caer hasta situarnos en los 9,48 Mhl.

Por colores los tintos pierden en ese mes un 1,29% con respecto a septiembre, mientras los blancos recuperan un 0,58% de su consumo. Confirmándose el punto de inflexión que ambas categorías iniciaron en el pasado mes de junio.

Tema, el del dónde se podría situar el nuevo suelo del consumo nacional, transcendental y sobre el que habrá que estar muy pendiente. Pues si con la crisis económica iniciada en 2022, en apenas diez meses nos dejamos un millón de hectolitros (-9,33%), habrá que estar muy atentos a las cifras que nos quedan por conocer de estos dos últimos meses (clave) del año y confiar en que, los trescientos dieciocho mil hectolitros que llevamos perdidos, no vayan a más en noviembre o diciembre, o al menos lo hagan de una forma mucho más suavizada.

Los hábitos de consumo de los españoles han cambiado en los últimos años. También la presión económica que está generando sobre la renta disponible el empobrecimiento provocado por un crecimiento desigual de los salarios frente al aumento del coste de la vida ocasionado por las elevadas y sostenidas tasas de inflación.

Escenario que hace especialmente necesario atender a aquellas circunstancias que pudieran sernos favorables, como pudiera ser el precio; y a aquellas otras sobre las que seguir trabajando intensamente, como la imagen.

Con resultados bastante poco alentadores, el sector lleva años persiguiendo una mejora del valor de sus vinos. Unas veces directamente mediante la elevación de los precios en aquellas categorías más consumidas; otras mediante la modificación del mix de productos comercializados que nos arrojen mejores precios medios. Y, en otras ocasiones (y no menos importante), intentado mejorar la imagen de calidad de nuestros vinos. Sin que ninguna de todas haya tenido unos efectos que pudiéramos valorar como satisfactorios.

Según un estudio elaborado por Gelt, compañía española especializada en “cashback”, la combinación de presión económica y cambio estructural en el gran consumo ha hecho que el valor de la marca gane peso en la decisión de compra. Con cuotas que sitúan a la marca como decisiva, pues cerca de la mitad del valor que el consumidor considera que tiene un producto. Cuando hace sólo unos años era poco más del 40%.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo del consumidor le ha vuelto mucho más “infiel”, mostrándose dispuesto a cambiar de marca. Uno de cada tres compradores. Declarándose muy abierto a probar alternativas en su próxima compra. Y, entre los jóvenes, de 18 a 24 años, esa apertura es todavía mayor.

Convirtiendo el precio y la búsqueda de opciones más económicas como el principal elemento diferenciador, con cerca de seis de cada diez consumidores señalando el coste como la razón decisiva para dejar una marca y probar otra. Consolidando la cultura del ahorro y tratando de aprovechar al máximo cada oportunidad.

Preocupación por el ahorro que convive con la creciente por la salud y la calidad. La cual se refleja con especial fuerza en las mujeres, mientras que, muchos hombres, se muestran más reticentes a cambiar determinados hábitos.

El consumidor medio estaría dispuesto a pagar entre un 5% y un 10% más por productos mejores, más frescos y saludables cuando percibe un beneficio claro. Los “boomers”, incluso llegarían a un incremento de hasta un 20%. Considerando el sabor como un elemento clave para muchos de los consumidores.

Combinar estos elementos con un consumidor más exigente, más informado y estratégico, que ya no se conforma con elegir sólo por precio o por costumbre, obligará a ofrecer calidad tangible, experiencias de compra más sencillas y promociones que merezcan la pena.

Los clientes omnicanal tienden a gastar más, muestran mayor lealtad a largo plazo y pueden aportar incrementos de hasta un 15% en ingresos cuando las estrategias están bien ejecutadas.

¿Estamos preparados para afrontar este presente?.

Con la certeza de que los hábitos de consumo han cambiado en los últimos años y el comercio internacional se ha visto fuertemente afectado; el sector se enfrenta a una situación inédita de apatía y temor, que muchas bodegas y viticultores proyectan sobre su futuro más inmediato.

Panorama bajo el que el relevo generacional adquiere especial protagonismo y sobre el que habrá que trabajar intensamente y, si fuera posible, conjunta y ordenadamente, con una amplia visión sectorial.

Conocer los costes de elaboración y disponer de una Ley de la cadena de valor que impida la venta a pérdidas, son un primer paso. Pero, claramente es insuficiente para abordar un problema en el que nos jugamos miles de hectáreas de viñedo, puestos de trabajo, despoblación de áreas rurales…

Se echa de menos una política vitivinícola ordenada y coordinada que marque su adaptación a las nuevas circunstancias y mejore la rentabilidad de nuestras producciones. El primer paso hacia la reversión de un abandono que nos amenaza profundamente bajo la necesidad de adaptar la producción a las nuevas demandas.

Recuperar consumo debiera estar en el objetivo de todos, pero pretender hacerlo en el corto plazo, llapso en el que muchos de nuestros viticultores pudieran tomar la decisión de abandonar su cultivo, se antoja imposible.

Y, aunque es lícito pretender que a tan sacrificada actitud mantenida por nuestros viticultores se les compense con una ayuda a su abandono, ésta podría ser la espoleta que le faltase a nuestro sector para acelerarlo.

En los próximos días, inicialmente previstas para el 4 de diciembre, acabarán las negociaciones con la reunión política, sobre la reforma de los reglamentos europeos de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) vitivinícola y Planes Estratégicos (ISV), más comúnmente conocida como el “Paquete Vino”. Con la que se pretende dotar al sector de medidas de apoyo flexibles que cada Estado miembro pueda adoptar, en función de sus circunstancias específicas y bajo las premisas de mayor flexibilidad, simplificación, control y coherencia.

Y, aunque amenazada, como denunció la Asamblea Europea de Regiones Vitivinícolas (AREV), por las necesidades que la nueva realidad geopolítica de la Unión pudiera tener un profundo impacto en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) dejando de ser obligatoria en el futuro reglamento de las OCM de la PAC 2028-2034 y pasar a ser de aplicación voluntaria para los Estados; la impresión generalizada es que el apoyo de las instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) hacia el sector ha sido claro, ante la creencia de que nos enfrentamos a una situación inédita que requiere tomar medidas urgentes.