Son éstas fechas en las que las vendimias acaparan toda la atención. Estimaciones más o menos solventes, pues los datos de los kilos de uva que se han vendimiado resultan bastante concretos, permitiendo realizar la planificación de una campaña, que empieza por concretar a cuánto de ese mosto se le va a paralizar su fermentación, bien para ser comercializado como tal o para ser vinificado más adelante.

Producto, el mosto, para el que el mercado presentaba grandes oportunidades y en el que nuestro país se sitúa como el primer productor mundial. Si bien, con oscilaciones importantes en función de según sea la cosecha.

No obstante, el coste que supone mantenerlo sin fermentar, el fuerte incremento de las existencias finales de campaña de este producto, 1.571.230 hl de mosto sin concentrar (+61,58%), con especial incidencia en los blancos, que aumentan un 65,26% con respecto al stock de la pasada campaña, cuando los tintos lo hacen un 49,64%. Los 100.074 hl de concentrado (-11,15%), 72.812 de rectificado (-12,33%) y 11.931 de mostos parcialmente fermentados (4,17%). Así como el descenso en las exportaciones que, a julio, últimos datos publicados, caían un 1,8% en volumen; han complicado mucho la apuesta por elaborar este producto y todo parece indicar que las cifras de este año serán notablemente inferiores a las de campañas anteriores.

Tampoco es nada desdeñable, aunque no sea este el lugar donde poder analizarlo, la campaña contra las bebidas azucaradas, muchas de ellas en las que se emplea el mosto en sus diferentes vertientes, que han emprendido las autoridades sanitarias.

Mención aparte merecen los datos que se desprenden del informe de actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del primer semestre de 2025, en el que se detalla que se impusieron 821 sanciones por incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, de las que 582 (71%) recayeron en el sector vitivinícola y de esas 579 la industria, copó 578 sanciones (la inmensa mayoría (506) por no inscribir los contratos en el registro (e-registro), y la otras se impuso al sector de la distribución mayorista por incumplimiento de los plazos de pago.

Siendo de destacar que sólo 13 lo fueron por no incorporar el precio en el contrato y 14 por incumplir los plazos. Cifras que a tener de lo que ha supuesto para un sector que no estaba acostumbrado a hacerlo y al que se le acusa de incumplir constantemente la Ley de la Cadena, no parecen muchos: por más que sería deseable que no hubiese ninguna sanción.

No es que el dato sea para lanzar cohetes, pero teniendo en cuenta lo que está cayendo, la evolución del consumo, con la subida de precios, sin olvidarnos del ambiente de pesimismo que reina en el sector, brinda algo de alegría. Mantener el consumo de vino en España en la franja comprendida entre los nueve millones novecientos mil y los nueve millones setecientos mil hectolitros podría considerarse un éxito.

Volumen insuficiente, sin ninguna duda, para un país tradicionalmente productor y el primero del mundo en superficie de cultivo, pero alentador si pensamos que llevamos situados en esos registros del consumo desde hace más de un año. Incluso mostrando una tímida tendencia alcista desde agosto del 22, cuando la economía se enfrentó a la inflación, con el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzando el 10,2% interanual y a la desaceleración del consumo de bienes debido a problemas en las cadenas de suministro globales; la invasión rusa de Ucrania y la variante Ómicron del COVID-19 que también impactaron en la economía en el primer trimestre.

Momento este de hace un año, que coincide con un cambio de tendencia en el tipo de vino consumido, con una clara recuperación de los tintos y rosados y una cierta flojedad en los blancos. Circunstancia que, si bien no se ve reflejada en las terrazas que siguen dominadas por los blancos, algunos incluso acompañados con hielo, lo que se conoce como el “Blanco París”. Ni en las cotizaciones de los vinos, que sólo en estas últimas semanas, los tintos parecen haber emprendido una senda alcista que no han sido capaces de seguir los blancos. Los datos del último Infovi así lo vienen reflejando.

Las estadísticas de evolución con tintos aumentado su consumo un 5,1% frente un descenso en blancos del 5,2%. O unas existencias de blancos que aumentan un 14,9% frente un descenso del 12,9% de los tintos, lo constatan.

A pesar de todo, la idea más generalizada sigue siendo la de un giro en el consumo hacia los vinos espumosos y blancos en detrimento de los tintos.

Otro dato que refleja bien la situación, en este caso de la viticultura, son las indemnizaciones a las que Agroseguro ha tenido que hacer frente hasta el 2 de octubre, y que ascienden a 60,8 millones de euros. Abonados en la campaña actual de uva de vino y que, según sus cálculos, representa casi el 90% de la estimación final de unos daños, que se situarán en cerca de 70 millones de euros durante 2025.

Los daños en el viñedo de Castilla-La Mancha concentraban un 42,4% de las indemnizaciones de la línea de uva de vino, con 25,8 millones de euros, seguido de La Rioja, con 12,9 millones (21,2%), Castilla y León, con 6,6 millones (10,9%), Comunidad Valenciana, con 4 millones (6,6%), Aragón, con 3,6 millones (5,9%), además de País Vasco (2,1 millones), Navarra (1,7 millones), Extremadura (1,3 millones) y otras CC.AA. (2,8 millones).

Una campaña accidentada, como así se refleja también las estimaciones de producción; que ha ocasionado una cosecha que se reitera históricamente baja y ha acabado sorprendiendo a todos por sus importantes diferencias con respecto a las estimaciones que se manejaban días antes de cortarse los primeros racimos.

Siempre es complicado hablar del sector vitivinícola y, aunque es cierto que, como todo buen sector agrícola, nos pasamos la vida lamentándonos y mirando hacia la Administración en busca de una ayuda que nos permita salir del atolladero que en cada momento nos encontremos; lo cierto es que parece que no corren buenos tiempos.

A los problemas habituales ligados al consumo, debemos añadirle el relacionado con el contenido alcohólico del vino y los efectos que está teniendo en nuestra clase política, empeñada en decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer, en lugar de abordar el tema de la educación.

Pero no son estos asuntos a los que me gustaría referirme en esta ocasión y sí al pesimismo reinante en el sector que está llevando a países como Alemania o Francia a solicitar a la Unión Europea medidas que redunden en solucionar la crisis de consumo.

Y, si bien los datos de consumo en España, estabilizados desde hace casi dos años (septiembre de 2023) en los 9,7 millones de hectolitros (20 litros per cápita). O los de exportación, donde, a pesar de la que está cayendo en el mundo con conflictos y situaciones “geopolíticas” (como les gusta referirse a nuestros gobernantes para no poner nombre y apellidos a todos los frentes bélicos abiertos); conseguimos mantenernos en la esfera de los tres mil millones de euros de facturación en vinos y tres mil quinientos en productos vitivinícolas; aunque caigamos ligeramente en volumen con algo más de diecinueve millones de hectolitros de vino y por encima de los veintisiete incluyendo el resto de productos vitivinícolas (mostos, vinos aromatizados y vinagre). Son datos que no debieran preocuparnos en exceso.

Lo cierto es que la sensación de crisis de consumo domina al sector y justifica que continuas cosechas históricamente bajas no eleven los precios de los vinos. Situación especialmente gravosa si tenemos en cuenta que han tenido que hacer frente, bodegueros y viticultores, a un aumento significativo de los costes de producción desde la pandemia.

Dándose la paradoja de que, en un escenario de cortas producciones, ya se empieza a hablar abiertamente de excesos en el potencial de producción y la necesidad de tomar medidas estructurales como pudiera ser un “plan comunitario de arranque de viñedo, similar al llevado a cabo entre 2009 y 2011” o la “adopción de medidas temporales de arranque en el sector vitivinícola, complementadas con medidas de apoyo ecológico en las zonas arrancadas”.

Dejando a un lado cuál vaya a ser la afección que sobre la cosecha acabe teniendo, sin duda importante, pero todavía por determinar y, sobre la que encontrarán una información mucho más amplia en la sección de Vendimias, el hecho es que el resultado no está siendo el que todos esperábamos (al menos al inicio de la recogida).

Sus cifras van a acabar estando muy lejos de las primeras previsiones y los efectos de esta reducción de producción en el reflejo que se supondría debería haber tenido en las cotizaciones, también.

Y aunque es entendible que todo esto esté generando cierto desánimo en el sector y un innegable sentimiento de “tristeza y desasosiego” que lo está impregnando todo; no deberíamos dejarnos llevar por el desánimo, cuando tenemos grandes oportunidades.

Sin duda, posibilidades que pasan directamente por mejorar nuestro mix de producto y dotar a nuestra producción de un mayor valor que poder redistribuir en toda la cadena, especialmente en nuestros viticultores. Que, como parte más débil, acaban siendo la cola de un látigo que los está expulsando y cuyas consecuencias, cuando queramos darnos cuenta, serán irreversibles.

Aunque tampoco nos podemos olvidar de los propios efectos que el cambio climático está teniendo en las cosechas. Que se están viendo mermadas año tras año. Cuando no es por una causa (sequía especialmente), lo es por otra, (mildiu y otras enfermedades criptogámicas, o plagas como la del mosquito verde). Por no hablar de ese extraño brote de filoxera, totalmente impensable y que está teniendo un comportamiento un tanto insólito al reflejarse en la hoja y no en la raíz.

Situaciones que acaban desesperándonos y obligándonos a tomar decisiones no siempre lo suficientemente meditadas y que acaban afectando constantemente al precio.

Vender más barato es posible que pueda servirnos para sacarnos de una situación puntual. Para hacer líquidas unas existencias que se nos han enquistado y conseguir una tesorería que las entidades financieras nos escatiman. Pero nunca nos ayudará a salir del atolladero y mirar hacia el futuro con la esperanza de salir fortalecidos.

Nos enfrentamos a un momento delicado para el sector. Se nos cuestiona por nuestro contenido alcohólico. Por las ayudas que recibimos de la Unión Europea. Por nuestra forma de comunicar y la falta de empatía con los nuevos consumidores. Por la fuerte rigidez que hemos demostrado en nuestra adaptación a los cambios sociales. Hasta incluso se nos cuestiona la capacidad de control y vigilancia que llevan cabo los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen en aras de una mayor competencia.

Pero se ignora que esta bebida, el Vino, viene acompañando a nuestra civilización desde hace más de ocho mil años y que lo va a seguir haciendo, sin ninguna duda. Aunque, es cierto que deberemos adaptarnos y tomar medidas.

Quizás, la primera de todas, tomar conciencia de colectividad y de que los problemas a los que nos enfrentamos exceden el de la competitividad de cada una de nuestras bodegas, o incluso países productores. Son cuestiones que exceden el ámbito de lo particular y que sólo pueden solucionarse con un enfoque global.

La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ceder parte de nuestros intereses por ese bien común?

A pesar de que para las organizaciones agrarias no siempre los precios de las uvas y mostos reflejan la situación real del sector y la evolución de los mercados se ve fuertemente condicionada por los desequilibrios que provoca un poder desigual entre sus operadores. Lo cierto es que esta impresión podríamos hacerla extensiva a cualquier mercado y producto. Una situación que podríamos calificar de histórica y que ni leyes, ni organizaciones, han conseguido evitar. Aunque sí (pero esto es una opinión muy personal) limar y permitir generar una conciencia colectiva que debiera servir de base para hacerlo posible.

Dicho esto, el hecho es que los precios de las uvas, mostos y vinos, no siempre consiguen ser espejo del equilibrio entre la oferta y la demanda.

O sí. Y aquí es donde deberíamos comenzar a plantearnos qué cuestiones, no siempre refrendadas por datos estadísticos concretos, juegan un papel transcendental.

Por ejemplo, los datos de producción, consumo y existencias no explican, en sí mismos, la idea generalizada de que el consumo de vino, en el mundo, y España no es una excepción, se haya desplazado masivamente de los tintos hacia los blancos. Pero aún así la sensación de que esto ha sucedido es un dogma de fe en el sector.

Según los datos del último Infovi de julio, con el que se pone fin a la campaña 2024/25; la producción de uva blanca creció un 19%, mientras que la tinta apenas lo hacía un 5,7%. Lo que podría ser consecuencia de haber habido una peor cosecha en variedades tintas que blancas. Pero resulta que la transformación en vino supuso un aumento de los blancos del 20% frente un descenso en los tintos del 1,6%. Lo que no deja ninguna duda: el “blanc de noirs” fue más habitual de lo que lo había venido siendo en nuestro país.

Los precios de los vinos reflejaron algo parecido, ya que, en las últimas cinco campañas, mientras el precio del vino blanco crecía un 37,16%, el tinto apenas lo hacía un 15,01%. Situación que se mantiene en esta campaña, puesto que los precios medios del blanco, alcanza una media de 50,94 €/hl, con un incremento interanual del 5,42% y un alza del 40,56% frente a la media quinquenal. Mientras que el tinto se sitúa en 45,28 €/hl, con un aumento del 3,37% respecto al mismo periodo del año anterior y del 13,81% en comparación con el promedio de cinco campañas.

Por el contrario, con datos del mismo Infovi, el consumo aparente de blanco disminuyó durante la pasada campaña un 7,8% frente el 6,0% que aumentó el de tintos y rosados.

Pero es que, si atendemos a las existencias, las de los tintos a granel, por aquello de obviar los vinos que se encuentran en periodos de crianza, caen un 14,8% y las de los blancos aumentan un 25,4%.

¿Responde esto a un cambio en el tipo de vino consumido?

Es algo sobre lo que tendremos que estar muy atentos, especialmente a la hora de planificar nuestras elaboraciones.

Es mucho lo que en estos momentos nos jugamos (nada menos que la producción con la que deberemos trabajar toda la campaña), como para no detenernos en la información de vendimia y analizar lo que está sucediendo con los precios a los que se están cerrando los primeros contratos y las estimaciones de producción que se están barajando.

Dicho lo cual, insistimos en la necesidad de poner en valor la provisionalidad de la información con la que estamos trabajando. Si siempre resulta importante resaltarlo ya que hablamos en potencial y no se puede concretar hasta que es pesado el remolque en la bodega y descargada en la tolva sus uvas. En esta ocasión, los efectos que la climatología ha tenido sobre la producción han ido, o eso parece, mucho más allá de lo que cualquiera pudiera haberse imaginado en el peor de los casos. Y la pérdida puede ser de tal magnitud como para hacer girar la cosecha, de una valoración positiva y optimista, tendente a recuperar la normalidad, tras la pérdida como consecuencia de la pertinaz sequía de los años anteriores; a sumarse a ese lamentable elenco de campañas de producción históricamente cortas.

Una intensa ola de calor que ha afectado a toda España, sin excepción, prolongándose durante 16 días (entre el 3 y el 18 de agosto) y calificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la más intensa registrada de la historia. Agravada por la quema en incendios de más de cuatrocientas mil hectáreas, más de dos mil cien de viñedo, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Y unos efectos sobre la producción que deberíamos calificar de históricos y que no hacían sino sumarse a los provocados por los granizos o los de una enfermedad criptogámica, perfectamente conocida y controlable, como es el mildiu. Pero que, en esta ocasión su estado larvado ha complicado mucho su tratamiento y acentuado, de manera muy significativa, los efectos sobre el estado de los racimos.

Aunque, quizás lo más preocupante lo podamos encontrar en las cotizaciones a las que están siendo comprometidas las uvas. Con incrementos exiguos, en aquellos casos en los que resulta vergonzosa su propia mención, dado lo bajos que son. O con reducciones que superan los dos dígitos de variación porcentual sobre los de la campaña pasada, en aquellos lugares y variedades para los que se contaba con cotizaciones interesantes.

Tampoco los datos de existencias, en niveles históricamente bajos, es que expliquen una situación que parece marcada por un pesimismo arraigado sobre el consumo y la incapacidad del sector para hacerle frente. Al menos en el corto plazo.

De momento, la herramienta con la que disponemos para hacerle frente a tendencias de mercado cambiantes, realidades geopolíticas que dificultan el acceso a mercados terceros y el cambio climático que genera incertidumbre en las cosechas; es el paquete de medidas, conocidas como “Paquete Vino”.

Que, presentadas por la Comisión Europea a finales de marzo y tras contar, en el mes de junio, con el acuerdo del Consejo de Europa. Sólo resta el acuerdo del Parlamento Europeo, donde se están discutiendo las enmiendas y estima pueda dar su aprobación antes de que acabe el año, para que puedan ser aplicables en la próxima campaña.

Esta situación va mucho más allá de producciones y efectos climáticos, antojándose necesarias medidas estructurales.

En un contexto de emergencia climática y calentamiento global, en el que el comportamiento de los incendios forestales ha evolucionado hacia una nueva tipología más agresiva, resulta prioritario la creación de sinergias con el sector agrario.

Así lo ha entendido la Comisión, quien señala que “con una gestión responsable, los viñedos pueden ayudar a reducir la propagación de incendios forestales y proteger los paisajes, las comunidades y el patrimonio de Europa”. Gracias a que actúan como cortafuegos siempre que el espacio entre hileras no esté cubierto de vegetación inflamable.

Un buen ejemplo, lamentablemente, lo podemos encontrar en nuestro país, en el que durante el mes de agosto se han quemado, según datos del sistema de información europeo de incendios forestales dependiente de Copernicus, 353.130 hectáreas de las que 2.198, según el balance provisional realizado por el Ministerio de Agricultura, lo ha sido de viñedo, especialmente en la zona de Monterrei y Valdeorras.

Efectivamente, no es la de actuar de cortafuegos la misión de un viñedo, como tampoco la de prevenir enfermedades, actuar de agente de fijación de población y redistribuidor de riqueza; ser atractivo turístico, fuente de energía o creador de masa vegetal con la que luchar contra la erosión. Pero estas y, otras muchas más, son algunas de las funciones que juega en nuestro ecosistema y a las que deberíamos darle el valor que tienen. Empezando por el propio sector que, en más ocasiones de las que serían deseables, las menosprecia centrándose sólo en su aspecto productivo.

Sin duda, reconocérselo es el primer paso y en este sentido debiéramos enmarcar el sello distintivo “Fire Wine” creado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con el que se certifica bodegas y productores comprometidos con la gestión de sus fincas para que actúen como “cortafuegos productivos” para que su esfuerzo y compromiso sea visible e identificable para el consumidor final.

En las próximas semanas vamos a tener la ocasión de conocer numerosas estimaciones de producción y precios a los que se van comprometiendo uvas y mostos de 2025/26. Comprobaremos con datos precisos como los efectos del calentamiento global, especialmente aquellos relacionados con la sequía, episodios de lluvias torrenciales, altos índices de humedad bajo los que desarrollarse enfermedades criptogámicas y olas de calor de 16 días, desde el 3 al 18 de agosto, la más intensa desde 1950; han afectado profundamente a la cosecha en su vertiente cuantitativa. Y cómo los precios obligan a radicalizar las estructuras productivas bien hacia aquellas con una alta diferenciación o aquellas otras de alta productividad.

Pero no perdamos la esperanza de que algún día sea posible reconocer, dentro de las ayudas sectoriales, esa labor medioambiental que juega el viñedo.

Sin la más mínima seguridad exigible al comercio internacional y todas las reglas que, hasta ahora, lo han regulado, la primera fase de la batalla arancelaria abierta con Estados Unidos parece haberse cerrado. Aunque la sensación más generalizada sea de haberlo hecho en falso y sobre la siempre peligrosa amenaza de un presidente Trump dispuesto a alterar los acuerdos según sus conveniencias de cada momento.

Lo que desde la Unión Europea se ve como una oportunidad de acabar consiguiendo, en futuras conversaciones, que el vino y las bebidas espirituosas europeas queden fuera del arancel máximo del 15% impuesto por parte de Estados Unidos.

Las reacciones sectoriales, como es de imaginar, han sido de decepción, ya que se confiaba, en que las declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre posibles acuerdos arancelarios de “cero por cero” para ciertos productos agrícolas excluyesen finalmente a las bebidas espirituosas y al vino. Cosa que no ha sucedido.

Calificándose las negociaciones de “fracaso” por parte de la asociación Espirituosos España y lamentándolo por parte de la Organización Interprofesional del Vino de España, que ha pedido a las autoridades comunitarias y al Gobierno de España que “prioricen” la defensa del vino español.

Tampoco se han mostrado muy satisfechas las denominaciones de origen, que, a través de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha tildado la negociación de “débil” y “poco ambiciosa” al conformarse con un “mal menor”.

Un acuerdo que tendrá efectos muy desiguales entre nuestras bodegas, cuya exposición al mercado norteamericano difiere mucho unas de otras. Ahora se abre las negociones con importadores y distribuidores americanos sobre la parte que cada uno deberá asumir y cuál repercutir sobre un consumidor que da muestras de estar atravesando momentos económicos muy delicados y que van mucho más allá del arancel que le puedan imponer a un producto de consumo limitado y prescindible como es el vino.

Lo que nos lleva de lleno al tema más importante al que el sector se enfrenta en estos momentos y que no es otro que el de las vendimias y los precios a los que van a cerrarse los contratos con los viticultores.

Las previsiones de cosecha podríamos decir que, con las naturales diferencias según su fuente y las muchas salvedades a hacer relacionadas con el tiempo que todavía resta hasta que se descarguen los racimos en las tolvas; son claramente superiores a las de las pasadas campañas, caracterizadas por producciones históricamente bajas y cotizaciones sostenidas que no conseguían remontar.

La generalización de este problema a la práctica totalidad de los países productores hace que la preocupación roce la alarma. Con fundadas razones para pensar en cotizaciones de la uva y mosto contenidas y operaciones limitadas a producciones muy concretas de características especiales. Dejando en anecdóticas las variaciones de una cosecha que se muestra muy dispar entre aquellas zonas afectadas por el mildiu y aquellas que han conseguido contenerlo.

Entre pactos políticos arancelarios, estimaciones de cosecha, evolución de las exportaciones, propuestas reglamentarias de la Comisión Europea sobre la PAC 2028-2034 y un buen número de noticias más que han trascendido esta semana…, podemos decir que las vacaciones se nos van a hacer muy largas.

Pues, si algo tienen en común todas ellas es la falta de concreción que las caracteriza y lo muy diferentes que pueden acabar siendo las consecuencias que estas puedan tener sobre el sector. Un sector que, dicho sea de paso, sigue mostrándose altamente preocupado por el futuro, sobre el que reina un profundo pesimismo. Quizá más teórico que real, pero que está haciendo seria mella en la moral de sus operadores. Circunstancia que acabará teniendo sus consecuencias en los mercados y, como primer hito, en los precios de las uvas de la próxima campaña 2025/26.

Hasta el momento, los anuncios que algunas bodegas han hecho públicos van más encaminados a garantizarse aquellas partidas de calidad especial a las que no quieren renunciar, que a fijar una tendencia. Confiemos en que no volvamos a enfrentarnos a una vendimia con precios ruinosos que pongan en peligro la propia supervivencia del viñedo y, con él, el de muchos de nuestros pueblos.

El Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha hecho pública su primera estimación de cosecha. Si bien todavía es pronto para poder darle la suficiente precisión y tino, nos ayuda trazar esa línea gruesa en los treinta y ocho millones de hectolitros, desde la que comenzar a elaborar las necesarias correcciones que nos lleven a las cifras definitivas.

Lo que supondría un aumento sobre la 24/25 entre el 2% y el 3%. Y una Castilla-La Mancha que alcanzaría los 24 Mhl, superando ampliamente ese teórico cincuenta por ciento de la cosecha nacional que lleva varios años fulminando.

Producción a la que, sea cual acabe siendo, y ante la imposibilidad de hacerlo en el mercado interior, habrá que encontrarle acomodo allende nuestras fronteras, donde las bajas tasas de crecimiento que presentan las principales economías no dejan mucha renta disponible para muchos caprichos (el vino entre ellos). Y que el Sr. Trump se ha empeñado en empeorar más, rompiendo todos los acuerdos económicos de los últimos decenios y que, probablemente, acabará repercutiendo en un descenso de muchos más mercados, y muy próximos, que el estadounidense.

Y, cuando más necesaria resulta una política expansionista basada en la apertura de nuevos mercados (nunca sustitutivos del americano), aparece la Unión Europea con la intención de nacionalizar las ayudas sectoriales, poniendo en peligro las actuales de promoción en terceros países o la misma inversión en bodega o reestructuración; obligando a una cofinanciación que, más allá de las ya actuales provenientes del propio sector, incluya la del Ministerio o las de las Comunidades Autónomas.

Muchos temas, de gran calado todos ellos, sobre los que deberemos estar pendientes los próximos meses y que, confiemos, acaben valorizando un sector clave en la economía nacional y que juega un papel fundamental en la fijación de población en el medio rural.

Al ritmo al que van sucediéndose los acontecimientos y lo expuesto que el sector vitivinícola se va viendo sometido, es posible que, como diría un conocido vicepresidente que tuvimos, “a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”.

Aún así, lo bien cierto es que, entre leyes anti alcohol, de menores, trabas comerciales que van más allá de las meramente arancelarias, medidas proteccionistas, estrangulamiento de mercados, cambios sociales que llevan parejas profundas modificaciones en los hábitos de consumo y tipos de vinos, cambio climático que afecta a las condiciones de cultivo, pero también a las preferencias de los consumidores… Con ser de una extrema gravedad (y de consecuencias imprevisibles para nuestro sector, dada la actitud que tradicionalmente ha venido manteniendo nuestro Ministerio de Agricultura, con independencia de quién fuera su titular); las intenciones expuestas en su propuesta de presupuestos para el periodo 2028-34 por la presidenta de la Comisión Europea Úrsula con der Leyen, no dejan de ser extraordinariamente preocupantes.

Ya vaticinábamos, en estas mismas páginas, que los cambios en el orden mundial que estaban produciéndose, actualmente con el presupuesto en armamento, pero antes lo fue con nuestra exposición y dependencia de la fabricación de microchips y componentes, o la gestión de las mascarillas y vacunas cuando el Covid; podría traer consecuencias serias en un sector fuertemente intervenido, expuesto y dependiente de las ayudas.

Ya en el actual presupuesto vimos reducirse nuestra ficha financiera de la Intervención Sector Vitivinícola (ISV) a 202,15 M€, por lo que no debería sorprendernos que esta senda fuera por la que sigan los nuevos presupuestos. El problema está en que la concepción filosófica de cuál debiera ser el papel que jugara la Comisión Europea en el desarrollo del sector vitivinícola, un sector que produce una bebida de contenido alcohólico, pudiera verse afectada de lleno por todo este marco geopolítico cambiante.

Dados los antecedentes con los que contamos en medidas concretas para hacer frente a la eliminación de los excedentes generados por la pandemia, como pudieran ser la destilación o la aplicación de la cosecha en verde. Medidas que tuvieron que contar con fondos nacionales o regionales. O la propia propuesta de modificación de OCM vitivinícola presentada por el Comisario, Christophe Hansen, en la que se plantea la posibilidad de aplicar el abandono definitivo del viñedo con fondos nacionales…

Podríamos decir que irnos hacia una renacionalización de las ayudas no sólo no debería descartarse, sino que haríamos bien si comenzamos a trabajar, desde el sector y de la mano del Ministerio, con este horizonte en mente. Especialmente ante las profundas diferencias que esta situación podría llegar a generar entre los diversos Estados miembros, e incluso, entre regiones de un mismo país.

Y a todo esto habría que añadirle los fondos a reservar para hacer frente a acontecimientos extraordinarios, cada vez más frecuentes y de consecuencias mayores, para los que la Comisión debería dotarse económicamente.

Ahora, más que nunca es necesario que sector y Ministerio trabajen de la mano.