Llevamos demasiados meses y disponemos de suficiente información para poder asegurar que el sector vitivinícola se enfrenta a un problema que va mucho más allá de cosechas o descensos de los intercambios provocados por circunstancias excepcionales; por más importantes que estas pudieran ser, como conflictos bélicos o la vuelta a políticas proteccionistas. Y, aun asumiendo que nos enfrentamos a cambios de gran calado que requerirían acciones contundentes, seguimos sin tomar medidas.

Asumimos que este ajuste supondrá la salida de muchos viticultores que, ante la imposibilidad de desarrollar una actividad con una rentabilidad mínima que asegure su supervivencia, o desalentados por la falta de relevo ante semejantes perspectivas de futuro, decidan abandonar su cultivo.

Según la Esyrce, la media de superficie de viñedo en la década 2015-2025 fue 953.863 hectáreas; el año 2024 se contabilizaban 927.115 ha y en 2025, con cifras provisionales, 905.099 hectáreas de viñedo total. Es decir, con respecto al pasado año, el área de cultivo descendió casi un 2,4% y en 21.914 hectáreas, mientras que la correspondiente a superficie de uva de transformación bajó en un 2,36% y en 21.502 ha, situándose en 889.470, confirmando la ruptura del suelo de las 900.000 hectáreas después de varios años.

Y, aun así, no sabemos muy bien si por la imposibilidad de contar con recursos económicos con los que llevarla a cabo, por falta de voluntad ante el miedo que el efecto llamada pudiera tener sobre aquellos viticultores que dudan entre seguir o abandonar definitivamente… El caso es que pasan los meses sin que el Ministerio utilice la herramienta que ha puesto a su disposición el “Paquete Vino” y termine por dotar el abandono definitivo de un viñedo que, con ayudas o sin ellas, va a ser (es) una realidad.

Las cifras de las exportaciones españolas de vino durante el primer cuatrimestre de 2026, con caídas del 18,1% en volumen y del 8,3% en valor, confirman que el sector atraviesa un periodo de ajuste, marcado por la debilidad de la demanda internacional y, especialmente, por el desplome de las ventas de vino a granel.

Pero es que los datos interanuales, aun siendo algo menos malos, siguen siendo muy preocupantes. Facturar 2.823,2 millones de euros (-4,6%) y exportar 1.786,6 millones de litros (-6,5%); supone una reducción en 135,6 millones de euros y 124,4 millones de litros respecto al interanual anterior y rompe la barrera de los 1.800 millones de litros.

Siendo el vino a granel el que registra un comportamiento más negativo del conjunto exportador durante el primer cuatrimestre, con una caída del -18% en valor y un -25,8% en volumen, hasta 168,1 millones de euros y 304,9 millones de litros. El vino sin indicación, el de mayor peso, desciende un -30% en volumen y un -20,7% en valor.

No menos preocupante resulta lo que sucede con los vinos con D.O.P. envasados, que presentan el mayor peso específico y registran caídas del -7,8% en valor y del -11,1% en volumen, hasta 353 millones de euros y 65,8 millones de litros.

Sin embargo, entre los datos también emerge un mensaje esperanzador: el precio medio de exportación ha aumentado un 12%, alcanzando los 1,57 euros por litro.

Mientras España profundiza en el conocimiento de sus costes de producción y constata la enorme diversidad de su viñedo, Francia recurre nuevamente a medidas extraordinarias para retirar excedentes del mercado y reducir su potencial productivo. Dos caras de una misma realidad: la necesidad de adaptarse a un contexto de menor consumo y creciente incertidumbre.

El reciente estudio impulsado por la Organización Interprofesional del Vino de España confirma algo que el sector conoce desde hace años: no existe un único modelo de viticultura. Los costes de producción varían en función del territorio, las condiciones climáticas, los sistemas de cultivo, la mecanización y los rendimientos obtenidos. Heterogeneidad que constituye una de las grandes fortalezas de la viticultura española, pero obliga a evitar simplificaciones o recetas universales.

Sin embargo, conocer mejor la realidad productiva no resolverá por sí solo los desafíos estructurales que afronta el sector. Francia ofrece una señal inequívoca de la magnitud del problema. La reapertura de las ayudas para la destilación de crisis y la puesta en marcha de un programa de arranque de casi 28.000 hectáreas de viñedo reflejan que el descenso del consumo y el exceso de oferta ya no son fenómenos coyunturales, sino tendencias de fondo que exigen respuestas estratégicas.

El sector y, especialmente la viticultura, necesita datos, transparencia y herramientas de gestión, pero también decisiones políticas valientes. La adaptación al mercado no puede basarse únicamente en medidas de emergencia ni en ajustes temporales. Debe apoyarse en una visión a largo plazo que combine competitividad, sostenibilidad y valorización del origen.

La diversidad sigue siendo una fortaleza. Pero para que continúe siéndolo, el sector deberá transformar esa riqueza en una estrategia capaz de responder a una demanda que ya no es la de hace una década.

En este ámbito juega un papel fundamental la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027, especialmente lo que pudiera suceder con los fondos destinados a la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).

Perder de vista que el vino no es únicamente un producto agrícola, sino un activo económico, territorial y cultural de primer orden para la Unión Europea. Con un peso especialmente relevante en zonas rurales donde constituye una actividad esencial para la cohesión social y económica. Sería un error garrafal que la Comisión no debería cometer.

La futura PAC avanza hacia una mayor flexibilidad nacional y una reducción de recursos comunitarios, lo que podría fragmentar el mercado único y crear desigualdades entre productores de distintos Estados miembros. Resultando vital el mantenimiento de su dotación presupuestaria obligatoria y específica para el vino, blindada frente a posibles reasignaciones hacia otros sectores agrícolas.

Las recientemente aprobadas medidas del “Paquete Vino” no han tenido tiempo de aplicarse (menos de demostrar su eficacia) y el sector necesita estabilidad regulatoria para planificar inversiones a largo plazo.

La PAC debiera combinar simplificación administrativa con una sólida dimensión europea, garantizando recursos estables, reglas homogéneas y apoyo específico para asegurar el futuro del vino europeo en un contexto de creciente competencia global y desafíos climáticos.

Crisis, ajuste, reestructuración, deterioro del mercado… Diferentes formas de definir la situación y, especialmente, la preocupación que inunda a un sector que reclama medidas urgentes al Ministerio, que van mucho más allá de vendimias en verde o ajustes en la cosecha.

La adaptación ya no es una opción, sino una necesidad. Quienes sepan innovar, diversificar mercados y apostar por la calidad estarán mejor preparados para afrontar un futuro que, aunque incierto, también ofrece grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Sería un error contemplar este escenario únicamente desde una perspectiva pesimista. Las dificultades actuales también representan una oportunidad para modernizar el sector. Muchas bodegas están apostando por el enoturismo, la digitalización, los vinos ecológicos, parcialmente desalcoholizados, combinados con vino… y la comercialización de productos de mayor valor añadido. Estas estrategias pueden ayudar a diferenciar la oferta española en un mercado global cada vez más competitivo.

Conviene valorar como positivo el compromiso del Ministerio de Agricultura de garantizar la continuidad de las ayudas de la Intervención Sectorial Vitivinícola más allá de 2027. En un momento de incertidumbre para el sector, ofrecer seguridad jurídica a viticultores y bodegas resulta imprescindible para planificar inversiones y afrontar los retos que se presentan en los próximos años.

Sin embargo, debemos analizar esta decisión con cierta cautela. El Gobierno garantiza que las ayudas seguirán existiendo después de 2028, pero todavía no puede asegurar que mantengan la misma dotación económica. Este aspecto es fundamental. La continuidad de una herramienta de apoyo pierde parte de su valor si no se conoce con qué recursos contará para responder a las necesidades reales del sector.

Tampoco habla de su compromiso económico de cara a medidas como el plan de arranque voluntario, fuertemente demandado por las organizaciones agrarias, que ya alertan sobre los síntomas de agotamiento que ha mostrado en estos últimos años, vaticinando un escenario de pérdidas para los viticultores y precios por los suelos.

Las medidas incluidas en el denominado “Paquete Vino” de la Unión Europea representan una oportunidad. La flexibilización de determinadas normas, el apoyo a la promoción exterior y las ayudas destinadas a la adaptación al cambio climático pueden contribuir a mejorar la competitividad del sector. No obstante, su éxito dependerá de una aplicación eficaz y de una financiación suficiente.

El futuro del vino español exige compromisos concretos, recursos adecuados y una estrategia a largo plazo. Las promesas son importantes, pero los resultados lo son mucho más.

Aunque resulta difícil prever con exactitud el alcance de sus consecuencias, existe un amplio consenso en torno a una realidad: la superficie dedicada al viñedo se reducirá de forma significativa en numerosos territorios y miles de hectáreas podrían desaparecer en los próximos años.

El objetivo principal será adaptar la oferta a una demanda cada vez más limitada y diversificada. Sin embargo, la gran incógnita reside en determinar qué países y regiones sufrirán con mayor intensidad este proceso de ajuste.

Factores como las variedades cultivadas, las características analíticas de los vinos elaborados, las condiciones climáticas, el arraigo histórico de las bodegas o la importancia económica de la actividad vitivinícola en cada territorio serán determinantes para definir su capacidad de resistencia. En aquellas regiones donde el viñedo constituye una parte esencial del tejido económico y social, el abandono de explotaciones podría traducirse en una pérdida significativa de riqueza, empleo y población.

Áreas donde tradicionalmente el cultivo de la vid era inviable comienzan a incorporarse al mapa vitivinícola mundial. Este fenómeno está ampliando las fronteras de producción y favoreciendo la aparición de nuevas zonas elaboradoras con creciente protagonismo.

De igual manera, algunas variedades históricas, consideradas durante décadas referencias internacionales, podrían perder parte de su protagonismo frente a otras menos conocidas, pero mejor adaptadas a las nuevas condiciones ambientales. Esta evolución supondrá una diversificación varietal que podría enriquecer la oferta y abrir nuevas oportunidades para productores y consumidores.

Los avances en viticultura y enología están proporcionando herramientas cada vez más eficaces para optimizar el cultivo, mejorar la sostenibilidad y responder a los desafíos derivados del clima y del mercado. Muchas de las soluciones que hoy comienzan a desarrollarse podrían convertirse en elementos fundamentales de la producción del futuro.

El tamaño de las explotaciones, el número de bodegas y los modelos de gestión deberán adaptarse a un entorno más competitivo y exigente. Además, junto a los vinos tradicionales surgirán nuevos productos con características menos convencionales, orientados a consumidores que buscan experiencias diferentes y que no forman parte del perfil clásico del consumidor de vino.

Todo ello tendrá lugar en un contexto en el que las ayudas públicas podrían verse limitadas por restricciones presupuestarias ajenas al propio sector. A esta circunstancia se suman debates cada vez más intensos sobre el contenido alcohólico de las bebidas y su impacto en las políticas de salud pública.

Pese a la magnitud de los desafíos, el sector vitivinícola ha demostrado durante más de tres mil años una extraordinaria capacidad de adaptación. La principal diferencia respecto a etapas anteriores es la velocidad con la que se producen los cambios. El éxito dependerá de la capacidad de reacción de viticultores, bodegas e instituciones. La respuesta individual de cada actor será importante, pero el resultado final será consecuencia del esfuerzo colectivo de todo el sector.

El sector vitivinícola español ha demostrado una notable capacidad de resiliencia durante los últimos años, enfrentándose a desafíos tan diversos como el cambio climático, la inflación de costes, la reducción del consumo en algunos mercados tradicionales y las incertidumbres económicas internacionales. A pesar de estas dificultades, España mantiene su posición como uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo, gracias a la diversidad de sus regiones productoras, la calidad creciente de sus elaboraciones y la capacidad de adaptación de bodegas y viticultores.

Uno de los principales factores que explican esta resiliencia es la modernización del sector. La incorporación de nuevas tecnologías en el viñedo y en las bodegas ha permitido optimizar recursos, mejorar la eficiencia hídrica y aumentar la calidad de las producciones. Asimismo, la apuesta por la sostenibilidad, la agricultura ecológica y la digitalización está generando nuevas oportunidades comerciales, especialmente en mercados internacionales donde los consumidores valoran cada vez más los criterios ambientales y la trazabilidad de los productos. Sin olvidarnos de la gran apuesta por la diferenciación basada en un peso, cada vez mayor, de las variedades autóctonas.

Entre las oportunidades más relevantes destaca el crecimiento de la demanda de vinos de mayor valor añadido. Los consumidores buscan experiencias diferenciadas, vinos vinculados al territorio y productos con identidad propia. Esta tendencia favorece a muchas denominaciones de origen españolas, que cuentan con una amplia diversidad de variedades autóctonas y estilos de elaboración capaces de competir en segmentos premium.

Sin embargo, la evolución del mercado también tiene consecuencias sobre el precio de la uva. En aquellas zonas donde las cosechas se han visto reducidas por fenómenos climáticos extremos, como sequías o episodios de calor intenso, la menor disponibilidad de materia prima ha contribuido a sostener o incrementar los precios de la uva de calidad. Por el contrario, en regiones con excedentes productivos o menor demanda, las cotizaciones pueden experimentar presiones a la baja, afectando a la rentabilidad de los viticultores. Cuestión que ya comienza a ocupar un protagonismo poco deseado.

En cuanto al precio del vino, la situación es igualmente heterogénea. La fuerte competencia internacional y la sensibilidad del consumidor al precio limitan la capacidad de trasladar todos estos incrementos al mercado. Como resultado, los vinos de mayor calidad y diferenciación presentan mejores perspectivas de valorización, mientras que los productos más orientados al volumen continúan enfrentando una elevada presión competitiva. Con algo más de presión sobre los blancos, a diferencia de lo que venía sucediendo.

Ante la transformación que atraviesa el sector vitivinícola resulta fundamental buscar hechos diferenciadores que le otorguen valor a nuestras producciones. El futuro del vino pasa por la identidad territorial, las variedades autóctonas y la generación de valor, más que por el aumento del volumen de producción.

El tradicional lugar que el vino ocupaba en la cultura y la alimentación de países mediterráneos como España en las últimas décadas no volverá. Y este descenso de consumo explicado por cambios sociales, nuevos hábitos de vida, una mayor preocupación por la salud y la competencia de otras bebidas, no debiera entenderse únicamente como una amenaza, sino como una oportunidad para redefinir el modelo productivo y comercial del sector.

Frente a un mercado donde el consumidor bebe menos, pero exige más calidad, autenticidad y conexión emocional con el producto, el sector debe apostar por vinos diferenciados y con mayor valor añadido. En este contexto, las denominaciones de origen adquieren un papel fundamental, ya que representan no sólo una garantía de calidad, sino también la historia, la cultura y el conocimiento acumulado de cada territorio. Una denominación fuerte puede incrementar el prestigio de una región, elevar el precio medio de los vinos y mejorar la rentabilidad de toda la cadena productiva, especialmente de los viticultores.

Condiciones de mercado muy diferentes a las actuales incentivaron que muchas variedades autóctonas fueran sustituidas por otras de carácter internacional. Más productivas y comercialmente reconocidas, lo que provocó una homogeneización de la oferta mundial. Actualmente, numerosas bodegas están recuperando variedades tradicionales adaptadas a las condiciones de cada territorio. Estas cepas aportan singularidad, autenticidad y una mejor adaptación climática, algo especialmente relevante ante los efectos del cambio climático.

Las denominaciones de origen son un ejemplo de esta riqueza varietal, gracias a cepas autóctonas, con las que es posible elaborar vinos únicos, difíciles de reproducir en otras regiones y alineados con la creciente demanda de productos auténticos y ligados al origen.

El vino no sólo tiene una dimensión económica, sino especialmente social y cultural. El viñedo ayuda a conservar paisajes, mantener tradiciones, fijar población rural y fomentar actividades como el enoturismo. Cada vez más consumidores buscan experiencias relacionadas con el vino, la gastronomía y el patrimonio cultural, lo que amplía las posibilidades de desarrollo del sector.

Resulta fundamental abandonar el modelo basado en precios bajos y grandes volúmenes, cada vez menos viable. Apostando por productos de mayor valor añadido, al tiempo que avanzamos en la comunicación, digitalización y fortalecemos la presencia internacional de los vinos españoles.

España cuenta con todos los recursos necesarios para liderar este cambio gracias a su diversidad climática, riqueza varietal y tradición vitivinícola. El objetivo debe ser construir un sector más prestigioso y rentable, basado en la autenticidad, el territorio y el valor cultural del vino.

Los últimos datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino muestran un escenario marcado por la reducción continuada de la superficie de viñedo, una producción claramente inferior a la media histórica y un desplome progresivo del consumo mundial, que en 2025 cayó hasta los 208 millones de hectolitros, el nivel más bajo desde 1957.

El retroceso del viñedo mundial refleja un ajuste estructural del sector. La superficie global cultivada descendió por sexto año consecutivo hasta situarse en torno a los siete millones de hectáreas. Países históricamente productores, como Francia, Estados Unidos o Australia, han acelerado programas de arranque de viñas para adaptar la oferta a una demanda cada vez más débil. Esta contracción no responde únicamente a razones económicas; también influyen los efectos del cambio climático, con sequías prolongadas, olas de calor, heladas tardías y fenómenos meteorológicos extremos que han reducido la rentabilidad y dificultado la estabilidad productiva.

La producción mundial de vino permanece igualmente en niveles anormalmente bajos. En 2025 se situó en torno a los 227 millones de hectolitros, apenas por encima del mínimo histórico registrado en 2024 y claramente por debajo de la media de los últimos años. La combinación entre menores rendimientos agrícolas y ajuste deliberado de la oferta ha provocado tres campañas consecutivas de cosechas reducidas. Europa, principal región vitivinícola del planeta, ha sido especialmente golpeada por episodios climáticos adversos, mientras que en otros mercados productores la incertidumbre comercial y el exceso de existencias han frenado nuevas inversiones.

Sin embargo, el principal desafío del sector se encuentra hoy en el consumo. El vino pierde peso dentro de los hábitos sociales y alimentarios, especialmente entre las generaciones jóvenes. El consumidor actual bebe menos alcohol, prioriza estilos de vida más saludables y muestra una preferencia creciente por bebidas alternativas como cerveza premium, combinados, bebidas funcionales o productos sin alcohol. A ello se suma la inflación acumulada de los últimos años y la pérdida de poder adquisitivo en numerosos países, factores que han reducido el gasto en productos considerados no esenciales.

El comercio internacional también refleja esta desaceleración global. En 2025 las exportaciones mundiales de vino descendieron un 4,7% en volumen y un 6,7% en valor, hasta los 94,8 millones de hectolitros y 33.800 millones de euros respectivamente. Las tensiones comerciales, los nuevos aranceles impulsados por Estados Unidos y la debilidad de la demanda en mercados maduros han deteriorado los intercambios internacionales. Aunque el valor medio del vino exportado sigue siendo elevado respecto a la etapa prepandemia, el dinamismo del comercio mundial se ha debilitado de forma evidente.

El sector vitivinícola afronta así un cambio de ciclo. La industria ya no se enfrenta únicamente a fluctuaciones coyunturales, sino a una transformación estructural del consumo y de los modelos de producción. Adaptación climática, sostenibilidad, innovación y diversificación serán claves para determinar qué regiones y empresas logran mantenerse competitivas en un mercado mundial cada vez más reducido y exigente. Para los que no sé si estamos debidamente preparados.

El sector vitivinícola está viviendo una transformación profunda, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo, especialmente entre las nuevas generaciones. Hoy el consumidor busca experiencias más flexibles, informales y adaptadas a nuevos estilos de vida. En este contexto, surgen nuevos momentos de consumo donde el vino necesita evolucionar para seguir siendo relevante.

La clave ya no es únicamente la comida o la celebración formal. El consumidor actual busca bebidas más ligeras, refrescantes y versátiles para compartir en terrazas, encuentros informales, eventos al aire libre o momentos de ocio vinculados al aperitivo y al tardeo. Precisamente ahí es donde formatos como los “spritz” y los vinos parcialmente desalcoholizados están adquiriendo un protagonismo creciente.

Los “spritz” representan una nueva forma de acercar el vino a consumidores que valoran frescura, menor graduación alcohólica y perfiles aromáticos más accesibles. Su éxito no responde únicamente a una moda pasajera, sino a un cambio estructural en la manera de consumir bebidas. Son productos asociados a experiencias sociales, desenfadadas y mediterráneas, capaces de conectar especialmente con públicos jóvenes que buscan alternativas más ligeras y fáciles de consumir.

Lejos de representar una amenaza para el vino tradicional, los “spritz” podrían convertirse en una puerta de entrada hacia la cultura vitivinícola. Permiten acercar el vino a consumidores que quizá no se sienten identificados con códigos demasiado técnicos o clásicos. Además, ofrecen una enorme capacidad de innovación para las bodegas y denominaciones de origen, permitiendo desarrollar propuestas adaptadas a nuevos contextos de consumo sin perder la conexión con el territorio y la calidad.

En paralelo, el crecimiento de los vinos parcialmente desalcoholizados refleja otra gran tendencia internacional: el interés por un consumo más moderado y equilibrado. Cada vez más consumidores quieren disfrutar del vino manteniendo hábitos de vida saludables y compatibles con actividades profesionales, deportivas o sociales. Esto no significa renunciar al placer, sino adaptar el producto a nuevas demandas.

La innovación tecnológica está permitiendo elaborar vinos parcialmente desalcoholizados con perfiles aromáticos y cualitativos cada vez más atractivos. Este segmento abre oportunidades importantes para ampliar ocasiones de consumo y llegar a públicos que hasta ahora estaban alejados del vino tradicional. Las denominaciones de origen y las bodegas tienen ante sí el reto de integrar estas nuevas categorías sin perder autenticidad ni identidad. El objetivo no debe ser sustituir el vino clásico, sino ampliar el universo del vino y adaptarlo a una sociedad que consume de forma diferente.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura (MAPA) sobre la Encuesta de Cánones de Arrendamiento Rústico referidos al año 2024 (base 2020), el precio del arrendamiento de viñedo de vinificación en secano bajó un 3,5% respecto al año anterior. Siendo la Comunidad Valenciana (-45,7%) la que peor comportamiento presentó, seguida de Cataluña (-6,9%) y Castilla-La Mancha (-2,3%). En el lado positivo destaca la subida de Castilla y León (+21,3%), Comunidad de Madrid (+16,5%) y más moderadas en Galicia (+7,4%), Canarias (+4,1%), País Vasco (+3,4%) y Aragón (+1,5%).

Si hablamos de viñedo en regadío, por encima del arrendamiento medio (734,7 €/ha) la que más destaca es Castilla y León, con una media de 1.305 €/ha; seguida de la Región de Murcia, con 1.300 €/ha (dato que podría estar distorsionado por la uva de mesa) y Castilla-La Mancha, con 748,9 €/ha de media. Y, por debajo de la media, volvemos a encontrar a la C. Valenciana (579,5 €/ha); Navarra (482,2 €/ha); Extremadura (397 €/ha) y La Rioja (356,7 €/ha).

Cifras que, junto con la de superficie de uva de vinificación con la que se obtuvo efectivamente la cosecha del 2025 (798.700 hectáreas) o la de superficie vitícola plantada de la campaña 2024/25 (903.170 ha), no dejan ninguna duda sobre el problema de abandono de superficie al que nos enfrentamos y las graves amenazas que supone para algunas zonas de nuestra geografía.

Tampoco las conclusiones extraídas del informe “Análisis de las exportaciones agroalimentarias 2025”, elaborado recientemente por Cajamar, en el que se constata un nuevo retroceso de las ventas exteriores en valor del 2,5%, frente al crecimiento del 2% registrado el año anterior, en un contexto de desaceleración global del consumo y del comercio del vino. En el que sitúa nuevamente al vino entre los segmentos más rezagados dentro del conjunto agroalimentario español, cuyas exportaciones crecieron un 4% en el mismo ejercicio. Evolución que confirma una tendencia de fondo caracterizada por un crecimiento limitado y una pérdida progresiva de peso relativo dentro del comercio exterior.

Nos lo pone mucho mejor.

Porque del consumo, ¿para qué seguir hablando?

Con caídas, según los datos de Nielsen IQ a TAM Enero’26, en la Hostelería del -0,1% en valor y -0,4% en volumen, mientras que la Alimentación pierde un -0,9% en valor y -3,8% en volumen. Manteniendo esta un mayor peso, el 56,3% del valor y el 64,1% del volumen total. Y un retroceso (-13,1%) del “tercer canal” que representa 3,06 Mhl, que añade presión al conjunto del mercado. Configurando un escenario en el que la evolución del consumo interno responde tanto a factores coyunturales (inflación, conflictos geopolíticos, barreras al comercio…) como a cambios estructurales en los hábitos de consumo y en la elección de canales.

Podemos seguir confiando en que la solución vendrá desde las medidas contempladas en el “Paquete Vino”, o que el paso del tiempo acabará por solucionarlo todo. Pero a lo único a lo que con total certeza nos conducirá, será a un empobrecimiento del sector y a un agravamiento de las consecuencias que sobre la estructura vitivinícola española debamos soportar.

La calidad y el potencial de nuestro sector está fuera de toda duda. La capacidad de nuestros operadores en ordenar esos cambios es, cuando menos, cuestionable.

Una vez hemos asumido que nos enfrentamos a cambios profundos en el consumo de vino, que tendrán consecuencias en su estructura productiva; queda por determinar cuáles serán las medidas que se adopten, el calado de las mismas y si tendrán lugar de una forma ordenada o (como ha sido habitual) de forma discrecional.

De momento, nada parece indicar que las cosas vayan a ser diferentes a los ajustes de otros momentos y nadie parece abanderar esta iniciativa de ordenación que los mercados reclaman con insistencia. Por más que todos coincidan en que resulta ineludible y las consecuencias de no llevarla a cabo pudieran resultar traumáticas para algunas zonas y tipologías de producción.

Nunca antes el sector ha dispuesto de tantos estudios, análisis e información sectorial como en la actualidad para tomar medidas y actuar de forma consecuente. Y, aun así, nada de todo esto parece ser suficiente para que las diferentes organizaciones que representan a los colectivos implicados se pongan manos a la obra y consigan estructurar un plan estratégico que vaya más allá de medidas enfocadas a la recuperación del consumo. Pero que se olvidan de la otra parte de la ecuación, tan importante o más que la primera, como es la ordenación de la producción.

Según el propio avance de producción publicado por el Ministerio de Agricultura correspondiente al mes de enero, la estimación final de la producción vitivinícola 2025/26 ha sido de 32,58 Mhl, lo que representa un 11,5% menos que una campaña antes. Consecuencia (esto no lo dice el avance) de las tres intensas olas de calor de los meses de julio y agosto. Nada que objetar. Pues estamos hablando de una producción agrícola y, como tal, está expuesta a estos avatares.

La alarma no surge por la pérdida de producción, que dicho sea de paso dada la situación de comercialización hasta incluso pudiera considerarse una buena noticia. El problema lo tenemos en su estructura: su viñedo. Ya que, la superficie de la que se han obtenido los 4,48 millones de toneladas de uva (-10’7%) se ha situado, por primera vez, por debajo de las ochocientas mil hectáreas, 798.700 ha. Cuando los datos de superficie de viñedo de uva de vinificación, eran, según el mismo Ministerio, de 903.170 ha. O, dicho de otra manera, por una razón (helada, pedrisco, enfermedades, cosecha en verde…) más de cien mil hectáreas de las que disponíamos para la elaboración de vinos y mostos resultaron improductivas.

Un preludio que nos anuncia lo que sucederá con nuestro potencial vitícola. Abocado a perder ¿cien, doscientas mil hectáreas? Y cuya velocidad y, también cuantía, estará directamente relacionada con la implantación, o no, de la ayuda al abandono que permite el “Paquete Vino”.