Es mucho lo que en estos momentos nos jugamos (nada menos que la producción con la que deberemos trabajar toda la campaña), como para no detenernos en la información de vendimia y analizar lo que está sucediendo con los precios a los que se están cerrando los primeros contratos y las estimaciones de producción que se están barajando.

Dicho lo cual, insistimos en la necesidad de poner en valor la provisionalidad de la información con la que estamos trabajando. Si siempre resulta importante resaltarlo ya que hablamos en potencial y no se puede concretar hasta que es pesado el remolque en la bodega y descargada en la tolva sus uvas. En esta ocasión, los efectos que la climatología ha tenido sobre la producción han ido, o eso parece, mucho más allá de lo que cualquiera pudiera haberse imaginado en el peor de los casos. Y la pérdida puede ser de tal magnitud como para hacer girar la cosecha, de una valoración positiva y optimista, tendente a recuperar la normalidad, tras la pérdida como consecuencia de la pertinaz sequía de los años anteriores; a sumarse a ese lamentable elenco de campañas de producción históricamente cortas.

Una intensa ola de calor que ha afectado a toda España, sin excepción, prolongándose durante 16 días (entre el 3 y el 18 de agosto) y calificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la más intensa registrada de la historia. Agravada por la quema en incendios de más de cuatrocientas mil hectáreas, más de dos mil cien de viñedo, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Y unos efectos sobre la producción que deberíamos calificar de históricos y que no hacían sino sumarse a los provocados por los granizos o los de una enfermedad criptogámica, perfectamente conocida y controlable, como es el mildiu. Pero que, en esta ocasión su estado larvado ha complicado mucho su tratamiento y acentuado, de manera muy significativa, los efectos sobre el estado de los racimos.

Aunque, quizás lo más preocupante lo podamos encontrar en las cotizaciones a las que están siendo comprometidas las uvas. Con incrementos exiguos, en aquellos casos en los que resulta vergonzosa su propia mención, dado lo bajos que son. O con reducciones que superan los dos dígitos de variación porcentual sobre los de la campaña pasada, en aquellos lugares y variedades para los que se contaba con cotizaciones interesantes.

Tampoco los datos de existencias, en niveles históricamente bajos, es que expliquen una situación que parece marcada por un pesimismo arraigado sobre el consumo y la incapacidad del sector para hacerle frente. Al menos en el corto plazo.

De momento, la herramienta con la que disponemos para hacerle frente a tendencias de mercado cambiantes, realidades geopolíticas que dificultan el acceso a mercados terceros y el cambio climático que genera incertidumbre en las cosechas; es el paquete de medidas, conocidas como “Paquete Vino”.

Que, presentadas por la Comisión Europea a finales de marzo y tras contar, en el mes de junio, con el acuerdo del Consejo de Europa. Sólo resta el acuerdo del Parlamento Europeo, donde se están discutiendo las enmiendas y estima pueda dar su aprobación antes de que acabe el año, para que puedan ser aplicables en la próxima campaña.

Esta situación va mucho más allá de producciones y efectos climáticos, antojándose necesarias medidas estructurales.

En un contexto de emergencia climática y calentamiento global, en el que el comportamiento de los incendios forestales ha evolucionado hacia una nueva tipología más agresiva, resulta prioritario la creación de sinergias con el sector agrario.

Así lo ha entendido la Comisión, quien señala que “con una gestión responsable, los viñedos pueden ayudar a reducir la propagación de incendios forestales y proteger los paisajes, las comunidades y el patrimonio de Europa”. Gracias a que actúan como cortafuegos siempre que el espacio entre hileras no esté cubierto de vegetación inflamable.

Un buen ejemplo, lamentablemente, lo podemos encontrar en nuestro país, en el que durante el mes de agosto se han quemado, según datos del sistema de información europeo de incendios forestales dependiente de Copernicus, 353.130 hectáreas de las que 2.198, según el balance provisional realizado por el Ministerio de Agricultura, lo ha sido de viñedo, especialmente en la zona de Monterrei y Valdeorras.

Efectivamente, no es la de actuar de cortafuegos la misión de un viñedo, como tampoco la de prevenir enfermedades, actuar de agente de fijación de población y redistribuidor de riqueza; ser atractivo turístico, fuente de energía o creador de masa vegetal con la que luchar contra la erosión. Pero estas y, otras muchas más, son algunas de las funciones que juega en nuestro ecosistema y a las que deberíamos darle el valor que tienen. Empezando por el propio sector que, en más ocasiones de las que serían deseables, las menosprecia centrándose sólo en su aspecto productivo.

Sin duda, reconocérselo es el primer paso y en este sentido debiéramos enmarcar el sello distintivo “Fire Wine” creado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con el que se certifica bodegas y productores comprometidos con la gestión de sus fincas para que actúen como “cortafuegos productivos” para que su esfuerzo y compromiso sea visible e identificable para el consumidor final.

En las próximas semanas vamos a tener la ocasión de conocer numerosas estimaciones de producción y precios a los que se van comprometiendo uvas y mostos de 2025/26. Comprobaremos con datos precisos como los efectos del calentamiento global, especialmente aquellos relacionados con la sequía, episodios de lluvias torrenciales, altos índices de humedad bajo los que desarrollarse enfermedades criptogámicas y olas de calor de 16 días, desde el 3 al 18 de agosto, la más intensa desde 1950; han afectado profundamente a la cosecha en su vertiente cuantitativa. Y cómo los precios obligan a radicalizar las estructuras productivas bien hacia aquellas con una alta diferenciación o aquellas otras de alta productividad.

Pero no perdamos la esperanza de que algún día sea posible reconocer, dentro de las ayudas sectoriales, esa labor medioambiental que juega el viñedo.

Sin la más mínima seguridad exigible al comercio internacional y todas las reglas que, hasta ahora, lo han regulado, la primera fase de la batalla arancelaria abierta con Estados Unidos parece haberse cerrado. Aunque la sensación más generalizada sea de haberlo hecho en falso y sobre la siempre peligrosa amenaza de un presidente Trump dispuesto a alterar los acuerdos según sus conveniencias de cada momento.

Lo que desde la Unión Europea se ve como una oportunidad de acabar consiguiendo, en futuras conversaciones, que el vino y las bebidas espirituosas europeas queden fuera del arancel máximo del 15% impuesto por parte de Estados Unidos.

Las reacciones sectoriales, como es de imaginar, han sido de decepción, ya que se confiaba, en que las declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre posibles acuerdos arancelarios de “cero por cero” para ciertos productos agrícolas excluyesen finalmente a las bebidas espirituosas y al vino. Cosa que no ha sucedido.

Calificándose las negociaciones de “fracaso” por parte de la asociación Espirituosos España y lamentándolo por parte de la Organización Interprofesional del Vino de España, que ha pedido a las autoridades comunitarias y al Gobierno de España que “prioricen” la defensa del vino español.

Tampoco se han mostrado muy satisfechas las denominaciones de origen, que, a través de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha tildado la negociación de “débil” y “poco ambiciosa” al conformarse con un “mal menor”.

Un acuerdo que tendrá efectos muy desiguales entre nuestras bodegas, cuya exposición al mercado norteamericano difiere mucho unas de otras. Ahora se abre las negociones con importadores y distribuidores americanos sobre la parte que cada uno deberá asumir y cuál repercutir sobre un consumidor que da muestras de estar atravesando momentos económicos muy delicados y que van mucho más allá del arancel que le puedan imponer a un producto de consumo limitado y prescindible como es el vino.

Lo que nos lleva de lleno al tema más importante al que el sector se enfrenta en estos momentos y que no es otro que el de las vendimias y los precios a los que van a cerrarse los contratos con los viticultores.

Las previsiones de cosecha podríamos decir que, con las naturales diferencias según su fuente y las muchas salvedades a hacer relacionadas con el tiempo que todavía resta hasta que se descarguen los racimos en las tolvas; son claramente superiores a las de las pasadas campañas, caracterizadas por producciones históricamente bajas y cotizaciones sostenidas que no conseguían remontar.

La generalización de este problema a la práctica totalidad de los países productores hace que la preocupación roce la alarma. Con fundadas razones para pensar en cotizaciones de la uva y mosto contenidas y operaciones limitadas a producciones muy concretas de características especiales. Dejando en anecdóticas las variaciones de una cosecha que se muestra muy dispar entre aquellas zonas afectadas por el mildiu y aquellas que han conseguido contenerlo.

Entre pactos políticos arancelarios, estimaciones de cosecha, evolución de las exportaciones, propuestas reglamentarias de la Comisión Europea sobre la PAC 2028-2034 y un buen número de noticias más que han trascendido esta semana…, podemos decir que las vacaciones se nos van a hacer muy largas.

Pues, si algo tienen en común todas ellas es la falta de concreción que las caracteriza y lo muy diferentes que pueden acabar siendo las consecuencias que estas puedan tener sobre el sector. Un sector que, dicho sea de paso, sigue mostrándose altamente preocupado por el futuro, sobre el que reina un profundo pesimismo. Quizá más teórico que real, pero que está haciendo seria mella en la moral de sus operadores. Circunstancia que acabará teniendo sus consecuencias en los mercados y, como primer hito, en los precios de las uvas de la próxima campaña 2025/26.

Hasta el momento, los anuncios que algunas bodegas han hecho públicos van más encaminados a garantizarse aquellas partidas de calidad especial a las que no quieren renunciar, que a fijar una tendencia. Confiemos en que no volvamos a enfrentarnos a una vendimia con precios ruinosos que pongan en peligro la propia supervivencia del viñedo y, con él, el de muchos de nuestros pueblos.

El Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha hecho pública su primera estimación de cosecha. Si bien todavía es pronto para poder darle la suficiente precisión y tino, nos ayuda trazar esa línea gruesa en los treinta y ocho millones de hectolitros, desde la que comenzar a elaborar las necesarias correcciones que nos lleven a las cifras definitivas.

Lo que supondría un aumento sobre la 24/25 entre el 2% y el 3%. Y una Castilla-La Mancha que alcanzaría los 24 Mhl, superando ampliamente ese teórico cincuenta por ciento de la cosecha nacional que lleva varios años fulminando.

Producción a la que, sea cual acabe siendo, y ante la imposibilidad de hacerlo en el mercado interior, habrá que encontrarle acomodo allende nuestras fronteras, donde las bajas tasas de crecimiento que presentan las principales economías no dejan mucha renta disponible para muchos caprichos (el vino entre ellos). Y que el Sr. Trump se ha empeñado en empeorar más, rompiendo todos los acuerdos económicos de los últimos decenios y que, probablemente, acabará repercutiendo en un descenso de muchos más mercados, y muy próximos, que el estadounidense.

Y, cuando más necesaria resulta una política expansionista basada en la apertura de nuevos mercados (nunca sustitutivos del americano), aparece la Unión Europea con la intención de nacionalizar las ayudas sectoriales, poniendo en peligro las actuales de promoción en terceros países o la misma inversión en bodega o reestructuración; obligando a una cofinanciación que, más allá de las ya actuales provenientes del propio sector, incluya la del Ministerio o las de las Comunidades Autónomas.

Muchos temas, de gran calado todos ellos, sobre los que deberemos estar pendientes los próximos meses y que, confiemos, acaben valorizando un sector clave en la economía nacional y que juega un papel fundamental en la fijación de población en el medio rural.

Al ritmo al que van sucediéndose los acontecimientos y lo expuesto que el sector vitivinícola se va viendo sometido, es posible que, como diría un conocido vicepresidente que tuvimos, “a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”.

Aún así, lo bien cierto es que, entre leyes anti alcohol, de menores, trabas comerciales que van más allá de las meramente arancelarias, medidas proteccionistas, estrangulamiento de mercados, cambios sociales que llevan parejas profundas modificaciones en los hábitos de consumo y tipos de vinos, cambio climático que afecta a las condiciones de cultivo, pero también a las preferencias de los consumidores… Con ser de una extrema gravedad (y de consecuencias imprevisibles para nuestro sector, dada la actitud que tradicionalmente ha venido manteniendo nuestro Ministerio de Agricultura, con independencia de quién fuera su titular); las intenciones expuestas en su propuesta de presupuestos para el periodo 2028-34 por la presidenta de la Comisión Europea Úrsula con der Leyen, no dejan de ser extraordinariamente preocupantes.

Ya vaticinábamos, en estas mismas páginas, que los cambios en el orden mundial que estaban produciéndose, actualmente con el presupuesto en armamento, pero antes lo fue con nuestra exposición y dependencia de la fabricación de microchips y componentes, o la gestión de las mascarillas y vacunas cuando el Covid; podría traer consecuencias serias en un sector fuertemente intervenido, expuesto y dependiente de las ayudas.

Ya en el actual presupuesto vimos reducirse nuestra ficha financiera de la Intervención Sector Vitivinícola (ISV) a 202,15 M€, por lo que no debería sorprendernos que esta senda fuera por la que sigan los nuevos presupuestos. El problema está en que la concepción filosófica de cuál debiera ser el papel que jugara la Comisión Europea en el desarrollo del sector vitivinícola, un sector que produce una bebida de contenido alcohólico, pudiera verse afectada de lleno por todo este marco geopolítico cambiante.

Dados los antecedentes con los que contamos en medidas concretas para hacer frente a la eliminación de los excedentes generados por la pandemia, como pudieran ser la destilación o la aplicación de la cosecha en verde. Medidas que tuvieron que contar con fondos nacionales o regionales. O la propia propuesta de modificación de OCM vitivinícola presentada por el Comisario, Christophe Hansen, en la que se plantea la posibilidad de aplicar el abandono definitivo del viñedo con fondos nacionales…

Podríamos decir que irnos hacia una renacionalización de las ayudas no sólo no debería descartarse, sino que haríamos bien si comenzamos a trabajar, desde el sector y de la mano del Ministerio, con este horizonte en mente. Especialmente ante las profundas diferencias que esta situación podría llegar a generar entre los diversos Estados miembros, e incluso, entre regiones de un mismo país.

Y a todo esto habría que añadirle los fondos a reservar para hacer frente a acontecimientos extraordinarios, cada vez más frecuentes y de consecuencias mayores, para los que la Comisión debería dotarse económicamente.

Ahora, más que nunca es necesario que sector y Ministerio trabajen de la mano.

Insistir sobre lo imprevisible que desde enero se ha convertido el mercado norteamericano con la llegada de la segunda Administración Trump es reiterarnos en la imposibilidad de saber, con la certeza mínima requerida, lo que va a pasar el próximo 1 de agosto. Fecha en la que ha anunciado un aumento de los aranceles actuales del 10% hasta el 30%.

Tras varios amagos de imponer tarifas aduaneras desorbitadas a la Unión Europea, todas las amenazas hasta ahora había sido aplazadas. Y, aunque en alguna de estas llegará el lobo y acabarán convirtiéndose en realidad. Han sido tantas las ocasiones en las que han sido vacuos ultimátums del peor de los tahúres que, cuando vaya a ser verdad, nos pillará por sorpresa. Tanto que ya será imposible discernir entre los efectos generados en nuestras exportaciones por los aranceles y aquellos que encuentran su explicación en una sociedad norteamericana empobrecida y que debe disminuir el consumo de cualquier producto que considere superfluo.

Sea como fuere, el caso es que esta situación está resultando lamentable para nuestro sector. Un mercado al que se le han dedicado tantos esfuerzos, de todo tipo; económicos, pero también humanos con la apertura de delegaciones propias. Un país que estaba llamado a convertirse en el primer país del mundo en volumen de vino consumido. No es de recibo que todo el trabajo se tire por la borda por la llegada de un personaje que tiene como lema no respetar ninguno de los acuerdos a los que las anteriores administraciones se habían comprometido.

Los datos de mayo correspondientes a las exportaciones de vino a este mercado, ponen de manifiesto que el efecto acopio del que hemos disfrutado en los meses anteriores parece haberse acabado.

No obstante, convendría no perder de vista lo sucedido en enero de 2023, cuando el volumen de sus importaciones comenzó una peligrosa senda bajista que duró todo el año, afectando especialmente a los vinos tintos. ¿Coincidencia con un cambio en los hábitos de consumo o un empobrecimiento de los americanos que buscaron en vinos más baratos una forma de hacer frente a la situación?

Resulta difícil, al menos en tan corto plazo, una respuesta.

Sea como sea, el caso es que se presentan tiempos difíciles para los vinos en el mercado norteamericano y aunque lo de buscar mercados alternativos, como se empeñan en repetir nuestros políticos, está muy bien. Convendría recordarles que, ni un mercado se crea tan fácilmente, ni las condiciones sociales, políticas, culturales… de este mercado son fácilmente replicables en otros países.  

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordaba recientemente el reparto territorial de los 212,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar las medidas de apoyo al sector vitivinícola y medidas de sanidad animal y vegetal.

De este montante, 195’177 M€, corresponden a actuaciones de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) distribuidas en reestructuración y reconversión de viñedos: 105’929 M€ y 89’249 M€ en inversiones en instalaciones de transformación, infraestructuras e instrumentos de comercialización.

Reunión en la que el ministro Luis Planas manifestó a los consejeros autonómicos su preocupación por la falta de relevo generacional. Un desafío complejo y urgente que necesita del compromiso conjunto de todas las administraciones y del sector; y un trabajo en colaboración para ofrecer respuestas reales y eficaces. Explicando que asegurar la rentabilidad de las explotaciones para que la actividad resulte atractiva a los jóvenes es la forma más efectiva de afrontarlo.

Todo ello queda reflejado en el documento que ha elaborado el Ministerio, que incluye propuestas en distintos ámbitos como: la mejora de acceso a la tierra y al crédito a los jóvenes, formación para reforzar las capacidades, flexibilización y optimización de las ayudas públicas específicas, el impulso de la digitalización, fomentar el prestigio social de la profesión agraria y otras actuaciones transversales que hagan más atractivo el ejercicio de la actividad y la vida en las zonas rurales.

En otro orden de cosas, cabe destacar la proliferación de las estimaciones de producción, todas ellas con cierto grado de condicionalidad por la organización que la confecciona.

Lo que sí parece incuestionable, es que la vendimia de 2025 en España será superior a los 35’58 millones de hectolitros del año pasado. A los 39’126 Mhl de lo que sería la cosecha media de los últimos cinco años, marcados por la sequía; e incluso a los 40’66 de los últimos diez ejercicios. Volúmenes que podríamos definir como “normales”, aunque estén muy alejados de los 50’355 producidos en la campaña 2018/19.

Las lluvias de esta primavera, más abundantes de lo habitual, han favorecido una buena brotación y un desarrollo vegetativo óptimo del viñedo. Pero, ese exceso de humedad, unido a temperaturas suaves, ha propiciado la aparición del mildiu y el oídio, que están provocando daños en numerosos viñedos. Tampoco las temperaturas extremas, especialmente las nocturnas, son una buena noticia para obtener una buena producción.

En palabras del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen: “en un mundo marcado por la inestabilidad geopolítica y las presiones comerciales, una política sólida de I.G.s es más esencial que nunca para garantizar la resiliencia y la autonomía del modelo agroalimentario de la UE”.

Esperanzadoras declaraciones para un sector amenazado por la caída mundial del consumo y legislaciones antialcohol que pueden suponer un fuerte freno a la difusión de la Cultura del Vino y a las recomendaciones del propio sector sobre un consumo moderado y responsable.

Que sean las figuras de calidad, con un mayor apoyo a las campañas de promoción específicas, es un buen punto de partida en el reconocimiento de que las I.G.s, no sólo contribuyen a los ingresos de los agricultores y productores, sino que también crean puestos de trabajo, promueven la gestión sostenible de los recursos y contribuyen al crecimiento económico en las zonas rurales. Siendo un símbolo de la calidad y la tradición europeas.

Por otro lado, la copresidenta del Intergrupo Vino del Parlamento Europeo, Esther Herranz, presentaba hace unos días ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (Comagri) una serie de medidas para que, puedan ser negociadas y acordadas en el trílogo con la Comisión Europea y el Consejo

Del informe, cabe destacar la posibilidad de usar los fondos europeos sectoriales para financiar medidas de crisis como cosecha en verde, destilación y arranque. Así como permitir la transferencia de fondos sectoriales no utilizados al año siguiente para destinarlos a medidas de gestión de crisis.

Aumentar la cofinanciación al 80% en medidas de promoción exterior y adaptación al cambio climático, y permitir la prórroga de las campañas de promoción por cinco años extra en caso de que sea necesario para la consolidación de los mercados.

Prorrogar un año en caso de fuerza mayor la utilización de las autorizaciones de plantación. Garantizar la coherencia al evitar que los beneficiarios de medidas de arranque accedan a nuevas autorizaciones de plantación durante los cinco años siguientes. Simplificar las normas de etiquetado para vino destinado a la exportación a terceros países. E incluir la lucha contra enfermedades como la flavescencia dorada en los planes sectoriales.

Mientras todo esto tiene que ir evolucionando, las exportaciones españolas, entre mayo de 2024 y abril de 2025, según el informe elaborado por la Interprofesional (OIVE), presentaron una evolución negativa en volumen -8’6% y 179’8 millones de litros. Más contenida en valor que cayó apenas -1,4%, 41,5 millones de euros menos.

Los vinos a granel fueron el grupo más castigado, con una caída del 3% en valor (527,5 millones €) y del 9,9% en volumen (1.064,9 millones de litros). Mientras que, en los envasados, los I.G.P. fueron los que más cayeron -10,8% en valor y un 23,1% en volumen. Los varietales lo hicieron un -2,2% en valor y un -7,3% en volumen. Y los vinos sin ninguna indicación cerraron el periodo en positivo con un crecimiento del 3,5% en valor y +0,5% en volumen.

Los espumosos acusaron un descenso del 1,8% en valor y del 10,8% en volumen, marcado principalmente por la pérdida del cava (-8,7% en valor y -22,1% en volumen.

Resulta muy complicado mirar al futuro en un ambiente tan enrarecido como el que pesa sobre el sector. Máxime cuando desde todas las organizaciones se trasladan continuos mensajes de pesimismo sobre su futuro y se destacan los graves problemas que lo acechan.

Y, aunque es cierto que, bajo este panorama, se hace muy difícil encontrar un halo de optimismo bajo el que desarrollar nuevos proyectos, si algo caracteriza al sector vitivinícola es su resiliencia.

No obstante, convendría recordar, ahora más que nunca, que de la misma forma que la percepción que tenía el consumidor en los primeros años de este siglo: cuando las bodegas florecían ante la llegada de poderosos empresarios que habían hecho fortuna con otras actividades de negocio y aspiraban a hacer lo propio en el vino, se inundaban las vinotecas de nuevas referencias y los lineales aumentaban sus precios… Poco o nada tenía que ver con la realidad de un sector que tenía sumido su consumo en una profunda crisis, el abandono del viñedo resultaba alarmante y los jóvenes no se planteaban seguir los pasos de sus ancestros.

Tampoco ahora, cuando todo parece negativo y el futuro de la vitivinicultura parece estar seriamente cuestionado, la realidad resulta tan perversa.

Claro que tenemos problemas con el consumo, las producciones, la rentabilidad, el relevo generacional, la despoblación del ámbito rural, los momentos de consumo, cambio climático… y así podríamos elaborar una lista, tan larga como interminable. Pero ninguno al que el sector no esté capacitado para hacerle frente.

La ventaja que ahora tenemos respecto a lo que sucedía hace un cuarto de siglo es que la información es más precisa, la transmisión del conocimiento más universal y rápida y la profesionalización de sus operadores mucho más especializada.

A pesar de ello, es verdad. No son problemas fáciles de solucionar. Como tampoco hay una solución universal que aplicar a todo el sector. Cada caso requiere su propio análisis y su estrategia. Pero hay grandes oportunidades.

Y así lo deben pensar los viticultores, o eso al menos se podría desprender de los últimos datos de la Esyrce y que corresponden a la superficie de viñedo de uva de transformación al 1 de agosto de 2024.

Según estos datos la superficie total de viñedo de uva de transformación en España era de 910.971 has, lo que supone un 3,63% menos que el año anterior cuando, sorpresivamente aumentó hasta los 945.315, alejando de los novecientos once mil de media de los años veinte, veintiuno y veintidós.

Y, aunque los motivos pueden ser miles, mirando el detalle de regadío y secano junto con lo sucedido en las diferentes comunidades autónomas. Todo parece indicar que los motivos de esta disminución están más ligados a problemas climáticos, especialmente los relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos, que a una verdadera huida del sector.

Así nos encontramos con que la superficie de secano desciende el 1,22%, mientras que la de regadío lo hace un 6,94%, siendo las regiones del Levante español (C. Valenciana, Murcia y Andalucía) las que concentran las mayores pérdidas de superficie.

Con el permiso de impresionantes (y repetidas) granizadas que han afectado severamente a viñedos distribuidos por toda España, el mildiu sigue siendo la mayor preocupación del sector productor. La virulencia con la que se ha manifestado el hongo, con efectos que podríamos asegurar de gran importancia en la cosecha venidera, junto con su generalización geográfica, sin que haya región que se libre de sus consecuencias (con muy diferentes rangos de afectación, eso sí), está marcando una campaña que estaba llamada a ser la de la “normalidad” y que, al paso que vamos, puede pasar a ser de esas históricas, que quedan en nuestra memoria.

Según los últimos datos ofrecidos por Agroseguro, la superficie declarada y asegurada de viñedo de uva de vinificación con daños, principalmente por pedrisco, en las parcelas hasta el pasado 31 de mayo se elevó a 38.924 hectáreas… Sin contabilizar, por tanto, los siniestros acaecidos en junio.

La previsión de indemnizaciones se situó hasta esa fecha en 20,87 millones de euros, de los cuales, casi un 41,7% y 8,70 millones corresponden a viñedos damnificados en Castilla-La Mancha; otro 24% y 5 millones a La Rioja; un 11,5% y 2,40 millones a la Comunidad Valenciana; un 10,5% y 2,2 millones a Castilla y León; un 5,3% y 1,1 millones a la Región de Murcia, y otros 1,47 millones de euros a viñedos del resto de regiones.

La sensación de que el mercado se encuentra sumido en la paralización, con un consumo a la baja y un cambio en las preferencias desde los tintos a blancos y espumosos, hace más llevadera una situación en el viñedo que, en otras condiciones, hubiese generado un importante alarmismo ante los elevados costes que esta afectación criptogámica está generando y los efectos de reducción de vendimias que pudiera acabar teniendo.

Con el objetivo de paliar esta situación, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE podría alcanzar en estos días un primer acuerdo político sobre el paquete de medidas de flexibilización y simplificación en apoyo del sector vitivinícola comunitario “Paquete Vino”.

En términos generales, las medidas planteadas para la promoción en terceros países, el apoyo las medidas destinadas a la prevención de la flavescencia dorada u otro tipo de plagas que afectan al cultivo del viñedo. La posibilidad de eximir a los vinos destinados a la exportación de la obligación de tener que indicar la lista de ingredientes y la declaración nutricional en la etiqueta. Que la terminología que se vaya a utilizar para los vinos de baja graduación alcohólica sea mucho más precisa, con el fin de evitar fraude o confusión a los consumidores.