No es lo mismo predicar que dar trigo

Ya sabemos que no es lo mismo predicar que dar trigo. Que este sector es muy proclive a alzar la voz cuando tiene un problema, pero muy poco dispuesto a alcanzar acuerdos sectoriales que permitan una planificación. Incluso que los políticos son como veletas que están sometidos a vientos de direcciones muy distintas y que tienen la meritoria habilidad de encontrar razones para desdecirse con la misma facilidad que las encontraron para defender su argumento inicial.

Dejando a un lado la imagen que podamos dar en el exterior (que no es una cuestión baladí, pero ahora mismo hay cuestiones que me parecen más importantes), el sector vuelve a dar muestras de una completa desorientación y roza el cachondeo.

Sabemos que la celeridad con la que son conocidas y publicadas (vamos a pensar que no son retenidas) las estadísticas del Magrama no es precisamente una cuestión de la que poder sentirse orgullosos. Por lo que una vez presentado el borrador de Real Decreto que incluía la destilación obligatoria y que debía ser aprobado inmediatamente, esgrimir como todo argumento para justificar su retraso que la medida no será aplicable al menos hasta septiembre “cuando se conozcan los datos exactos del vino que hay realmente almacenado” parece una excusa bastante peregrina que servirá para dejar morir en el olvido la medida.

Y dejando a un lado opiniones sobre si esta media era adecuada, si afectaba a quienes realmente debía dirigirse; si debía haberse adoptado antes de que hubieran caído los precios hasta los niveles que lo ha hecho. Incluso si su anuncio para lo único que ha servido ha sido para que las cotizaciones bajen todavía más ante la urgencia de las bodegas de dar salida a un vino cuya contabilidad en sus instalaciones supondría un importante coste añadido. Lo único realmente incuestionable es que el Magrama ha vuelto a poner en evidencia la debilidad política en la que se encuentra como consecuencia del marco territorial de nuestro país.

Bueno, de eso, y de una inocencia no sé si admisible. Ya que no creerán que una medida que iba dirigida “exclusivamente” a una región: Castilla-La Mancha y especialmente a un colectivo: las cooperativas, aunque también a importantes bodegas con un notable peso; iba a pasar inadvertida y asumida sin más razonamiento que la asunción de una situación de la que no se sienten ellos solos responsables.

Claro que visto lo visto no sé qué es peor, si la sensación de ninguneo al que se ha visto expuesto el Magrama. O la posibilidad de que en el “otro gran asunto” que afecta al sector: la interprofesional, cuya constitución también ¿era, es? inmediata, se produzca algo parecido cuando llegue el momento de concretar el reparto de los asientos y la contribución de cada uno.

Otra vez no, por favor

Hace apenas una semana nos felicitábamos por la gran madurez que estaba mostrando el sector en dos asuntos de vital transcendencia para su futuro a corto y medio plazo y que, al fin y al cabo, debían suponer dos herramientas básicas con las que ir posicionándolo en el camino de la competitividad en la que la nueva reglamentación comunitaria lo ha situado.

La eliminación de cualquier medida de intervención y la adecuación de las empresas que conforman el sector a un mercado altamente competitivo, y en el que la calidad ha pasado de ser una cualidad, a convertirse en un requisito mínimo con el que poder acceder a vender tus elaborados con el suficiente valor añadido para hacer rentable el negocio; nos ha llevado, no sin reiteradas llamadas de atención por parte de los organismos comunitarios, a darnos cuenta de que ya no contamos con puertas a las que llamar para que nos resuelvan nuestros problemas. Y que solo nosotros deberemos implantarnos aquellas organizaciones y medidas con las que organizar un sector claramente distanciado de un mercado y unos consumidores que han evolucionado y con los que no hemos sabido ir al unísono.

Esta histórica campaña de producción alarmante y en la que se han vinificado partidas que no deberían haber entrado a bodega (ahora ya lo podemos decir porque ha sido el propio sector productor quien así lo ha reconocido) parecía que podía suponer el punto y final a un periodo de comodidad e inmovilismo por parte de un sector que ha demostrado ser incapaz de entenderse, amén de tener muy pocas ganas de intentarlo. La creación de una interprofesional que, aprendiendo del pasado, se constituyese con la intención de suponer un primer paso para comenzar a trabajar. O la misma disposición del sector productor a asumir la retirada de esa producción que no debía haberse obtenido, a través de una destilación obligatoria, haciéndose incluso cargo de su coste. Hacían pensar en un sector maduro, responsable y dispuesto a mirar al futuro, consciente de una realidad legislativa y económica que se impone a marchas forzadas.

La responsabilidad de sus dirigentes y la realidad que han impuesto los mercados nos permiten pensar que entre todos, sea posible encontrar la forma de superar las últimas declaraciones rechazando la destilación obligatoria a la que se habían comprometido las cooperativas; o el rechazo a la constitución de la interprofesional por parte de algún colectivo que se ha considerado menospreciado, como los Consejos Reguladores.

Primero porque es necesario que estas medidas se adopten bajo el firme convencimiento de que el sector debe afrontar su futuro unido y con la suficiente inteligencia para saber que entre todos debe buscarse la forma de darle colocación a una producción, que hoy resulta poco acomodada al mercado. Y segundo, y más importante, porque mientras nosotros sigamos sin contar con un sector planificado en el que consigamos hacer rentable esa hectárea para mosto, alcohol o vinagre, con aquella otra destinada a embotellar vinos de cuarenta o cincuenta euros; estaremos perdiendo oportunidades de negocio y facilitándole la tarea a nuestros competidores.

Al final, el mercado con sus consumidores va a acabar imponiéndose y marcará las reglas del juego. Nosotros, ante esta situación, podemos permanecer de brazos cruzados lamentándonos de que los precios se derrumban o que nuestros vinos no son lo suficientemente valorados. O podemos ponernos a trabajar, primero reconociendo una realidad, segundo estudiando los medios con los que disponemos para atajar las debilidades y asentar las fortalezas, y tercero llevándolo a cabo con la mirada en el medio y largo plazo, pero con objetivos a corto fácilmente identificables y de sencilla valoración que vayan aportándonos confianza y permitiendo creernos que somos capaces de estar juntos más allá de momentos puntuales.

Elegir el camino

Superada la primera embestida de la destilación, cuyas reacciones todavía se siguen sucediendo, y todo apunta que así seguirá siendo conforme se vayan conociendo los términos concretos bajo los que se vaya a desarrollar, es interesante centrar la mirada en aquellos otros puntos del acuerdo alcanzado que, sin concretar mucho tampoco, suponen un verdadero paso adelante del sector hacia la unidad y la posibilidad (todavía muy lejana) de contar con un Plan de Desarrollo que ponga cierta cordura a situaciones de precios y producción que no tienen sentido.

Sabemos que la cosecha 2013/14 ha sido históricamente alta, la más voluminosa nunca antes alcanzada en nuestro país. También sabemos que esta situación de volúmenes elevados tiene su origen, en buena medida, en la reestructuración a la que se ha sometido nuestro viñedo, con el arranque de hectáreas poco productivas y la sustitución por plantaciones de altísimos rendimientos. Y aunque en la concreción de cuánto de esta producción está en el viñedo y cuánto en la climatología puede haber discrepancias, todos coinciden en que cosechas de cuarenta y cinco millones de hectolitros están garantizadas, y picos por encima de los cincuenta y cinco también.

Y ahora, sabiendo todo esto, y considerando que el mercado es rápido en sus reacciones a los precios, pero extremadamente laborioso en su conquista, convendría preguntarse qué es lo que vamos a hacer en sucesivas campañas, cuando los excedentes vuelvan a agobiar nuestra capacidad de elaboración y almacenamiento.

Como decíamos, la medida de destilación nace con la intención de quedarse, de convertirse en una herramienta con la que regular los mercados y suavizar los profundos dientes de sierra de sus cotizaciones. Pero ni esto sería suficiente para solventar el grave problema que tienen nuestras bodegas con los precios a los que venden sus elaborados, especialmente fuera de nuestras fronteras. Ni, y también hay que decirlo, sería justo. Ya que vale que en esta campaña se hayan cometido errores de bulto, tales como vinificar uvas que no cumplían con los requisitos mínimos para poder hacerlo. Vale que vengamos de una campaña en la que la escasez de producción llevó los precios muy por encima de su verdadero valor. O que nuestros operadores no tengan visión de futuro y prefieran la especulación a la estabilidad y fidelización. Pero algo hay que hacer.

Entre otras muchas cosas porque no se puede estar regulando constantemente el mercado, porque los precios no pueden sostenerse artificialmente, porque la producción de cincuenta y cinco millones de hectolitros seguiría siendo una producción baja para las cerca de millón de hectáreas con las que contamos. Y porque el sector tiene que empezar a definirse y elegir el camino que quiere tomar. Y para eso es necesaria la estabilidad, pero también la seguridad jurídica que me garantice que mi negocio es viable.

Vamos a suponer que mi negocio está en la elaboración de mosto, o de vinagre, o incluso de vino para destilar. La calidad no es el primer parámetro que debe cumplir mi producción, y su producción es perfectamente compatible con altísimos rendimientos. Mi producción no va al mercado vinícola, ¿por qué tengo que ser yo, precisamente, el que más perjudicado se vea por destilaciones obligatorias que persiguen retirar del mercado producciones que son competitivas y no tienen problemas de precios o saturaciones?

Un sector maduro y responsable

Conocidos los términos en los que se ha aprobado la destilación con fines industriales (bioetanol), mediante la cual serán retirados del mercado un volumen de hectólitros suficiente (máximo 4 millones) para mejorar y estabilizar su funcionamiento, solo cabe felicitarnos y confiar en que la medida, y su calendario de aplicación, den los resultados esperados.

De las características de la medida, su puesta en funcionamiento y aquellas otras actuaciones que contempla el acuerdo que ha alcanzado el sector y el Ministerio, y de la que encontrarán bastante detalle en nuestro medio, lo primero que se puede decir es que se trata de una retirada del mercado de una producción que nunca debería haber llegado a él. No por una cuestión de que la producción esté muy por encima de nuestras actuales posibilidades de colocación, que también, sino porque, claramente, su calidad no resulta aceptable.

El estado en el que llegaron las uvas a las tolvas y su vinificación debería servirnos para aprender y tomar buena nota de que: ni todo vale, ni se puede trabajar sin tomar decisiones, por dolorosas que resulten para algunos. Entre otras cosas, porque ahora pagarán justos por pecadores, y viticultores que llevaron uvas sanas a las cooperativas se verán perjudicados por aquellos a los que no deberían haberles dejado descargar.

Cuatro millones de hectolitros no se pueden considerar ni una cantidad que vaya a permitir al mercado recuperar cotizaciones, sobre una cosecha de casi cincuenta y cuatro. Ni sabemos si al final llegará a esa cantidad, ya que su cifra final dependerá de dos parámetros cuantitativos: rendimiento y existencias, pero ninguno cualitativo y que es donde reside una parte muy importante del problema.

Esos vinos y mostos que nunca debieron elaborarse en Castilla-La Mancha, muy posiblemente la única región que se verá afectada, son los que están empujando con fuerza las cotizaciones a la baja, los que están perjudicando la calidad de nuestros elaborados (vinos y mostos) y los que han conseguido que bodegas y cooperativas estén dispuestos a correr con el coste de desprenderse de una cantidad de producción por la que no solo no van a percibir nada, sino que, además, les va a costar pagar la diferencia que haya entre el precio al que esté el bioetanol en su momento y el coste que tenga la destilación.

Pero su instrumentación puede tener algunas otras repercusiones, tales como la venta a cualquier precio (más bajos todavía de los existentes) con tal de que las declaraciones de producción se sitúen por debajo de los márgenes fijados. O que los depósitos sigan sin poder usarse para dar cabida a la nueva cosecha, porque todavía no hayan sido entregados para su quema cuando comience la vendimia. O incluso que productores que de manera individual han contribuido claramente a esta situación, se vean excluidos por razón de la región en la que se encuentran.

Aún con todo, hay que reconocer que se ha adoptado un acuerdo que dice mucho de la corresponsabilidad del sector, que supone un paso adelante muy grande en la consecución de acuerdos que doten de un verdadero sector vitivinícola a nuestro país que permita recuperar el consumo interno, ganar cuota de mercado en el exterior, y elevar el precio de nuestros elaborados.

En busca de mayor corresponsabilidad

Tal y como era de prever, teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra con el que cuenta el Magrama, la propuesta lanzada el pasado viernes por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, de inmovilizar entre tres millones y medio y cuatro millones de hectolitros de vino blanco sin indicación geográfica en aquellas regiones donde su producción hubiese sido muy elevada, y que debería afectar a aquellos productores con rendimientos muy altos, se ha topado con el problema presupuestario que ha resuelto con el establecimiento de una norma que no llevará pareja ninguna remuneración.

Esta norma afectaría a todos los vinos blancos que no estuvieran amparados por alguna indicación geográfica protegida y cuya producción regional hubiese sido superior al 50% de la media de las últimas (no concreta) campañas, viéndose obligados todos aquellos productores cuyo porcentaje (tampoco concretado) superase la producción media. El periodo sería de seis meses y, dadas las fechas en las que nos encontramos, superaría ampliamente el 30 de septiembre. Correspondiendo a las comunidades autónomas el control de esa inmovilización de vino.

Aunque, teniendo en cuenta cuál ha sido la reacción del sector productor, tampoco sería de extrañar que todos los problemas de caída de precios y calidades cuestionables, desaparecieran y optasen por asumir esos volúmenes, hasta ahora, incapaces de digerir, y optasen por solicitar del Ministerio que olvidase una medida por la que no recibirían ninguna compensación económica y que tendría como contraprestación la indisponibilidad de unos depósitos que en muchos casos se han visto obligados a ampliar ante la experiencia de la pasada vendimia y la vuelta al mercado de unos vinos, allá por el mes de enero (seis meses desde que se publique el Real Decreto), que vendrían a sumarse a una cosecha sobre la que no consiguen ponerse de acuerdo a la hora de cuantificar cuál pudiera ser su volumen.

La teoría de la excepcionalidad es la más extendida, pero también los hay que consideran que las poco menos de trescientas mil hectáreas reestructuras en España y la profesionalización de muchas de estas infraestructuras han provocado un aumento considerable sobre los rendimientos tradicionalmente obtenidos en estas regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura y C. Valenciana, incluso Murcia). Cuestión para nada baladí, ya que si estuviéramos hablando de un problema estructural y, por suponer algo, en octubre nos enfrentáramos a una cosecha de 48 millones de hectolitros, esta medida, lejos de solucionar el problema, lo extendería a la próxima campaña.

Por otra parte da la sensación, o al menos así me lo parece, que desde el Ministerio se tiene la intención de aprovechar la situación en aras de conseguir una mayor concienciación en el sector sobre la necesidad de crear una interprofesional que fuera capaz de manejar estas situaciones. Y bajo el argumento de que “debe ser el sector el que solucione sus propios problemas” o de que “la administración no cuenta con recursos para hacer frente a costosas medidas como destilaciones extraordinarias”, a las que, dicho sea de paso, se oponen aquellas CC.AA. que no se han visto afectadas por esta sobreproducción, quiere forzar la situación y dar una especie de “escarmiento” (quizá el término resulte un poco exagerado) con el que conseguir que, de una vez por todas, se organice y reestructure su producción con planes concretos de cuál es el sector que quieren tener en el horizonte del medio y largo plazo, y comiencen a tomar medidas.