Como una moto

Así de contundentemente podría definirse la evolución de nuestras exportaciones en los cuatro primeros meses de 2015, en los que el volumen ha crecido un 16,2% si consideramos mostos, vinagres y vinos aromatizados, pero cuyo porcentaje alcanza el 25,7 si nos vamos a los datos interanuales. Lástima que el valor no nos acompañe, quedándose su tasa de crecimiento en el 4,2% para los primeros cuatro meses de 2015 y en el 1,5% en la cifra interanual.

Con estos datos no es muy difícil imaginar lo que ha sucedido con los precios medios ¿verdad? Pues eso, que se han derrumbado hasta el 10,3% en tasa anual y el 19,2% en interanual, quedando fijado en un euro y uno euro con cuatro céntimos euros el litro, respectivamente

Información importante, sin duda la facilitada por el OEMV en su análisis mensual del mercado exterior que nos debería hacer reflexionar sobre el papel que estamos jugando en el mercado mundial de vino y el valor que nuestros elaborados tienen. Pero que no dista nada de lo que viene sucediendo mes tras mes y que es perfectamente conocido por todos: operadores, productores, importadores,… incluso la Administración. Pero a lo que nadie es capaz de ponerle solución, más allá de declaraciones de intenciones y aspiraciones que apenas resisten un somero análisis.

Que resulta inadmisible que el vino blanco a granel y sin indicación de origen lo vendamos a 0,33 euros el litro (tomando los datos interanuales, que si nos vamos a los anuales debemos hablar de 0,30), pues claro que lo es. Que el precio medio de 0,38 €/litro de los vinos a granel, un 28,7% más bajo, nos debería hacer reflexionar tanto como que mientras los vinos envasados crecen a un ritmo del 9,1%, los graneles lo hacen al 37%; pues también. ¿Pero tenemos solución para esto?

Según el informe elaborado por Ciatti Global Wine & Grappe Brokers de junio 2015 en su análisis de los precios en origen, somos el país que más barato vende sus vinos del mundo, haciéndolo en la horquilla 0,28-0,36 $/litro en blancos comunes, 0,34-0,39 en rosados y 0,36-0,41 en tintos. A años luz de Francia, con unos precios en origen de entre 1,07-1,13; 0,96-1,01 y 0,90-0,96 dólares respectivamente. Prácticamente el triple que nosotros.

Pero nada de todo esto nos puede sorprender. Lo sabemos. Todos somos conscientes de cuál es el primer criterio de compra de nuestros vinos, de lo que sucede cuando subimos los precios, o de cuáles son los tipos de vinos que son más estables y cuáles los que soportan los vaivenes de los mercados.

Ahora solo falta que lo asumamos, diseñemos una estrategia y un horizonte en el que darle la vuelta a esta situación y nos pongamos a trabajar.

Transformarnos en vendedores

Tal y como a sucediera en la pasada campaña, las bodegas buscan los resquicios que pueda haber dejado la Ley por donde eludir (más bien demorar) el pago de la uva. El establecimiento de 30 días pone en serias dificultades a muchas bodegas pues, además de la discriminación que consideran se les somete frente a las cooperativas (exentas de la aplicación estos plazos al considerarse que los mismos viticultores son los elaboradores), la aplicación de la Ley12/2013 de medidas para la mejora de la cadena alimentaria supondrá un importante aumento en el valor de sus elaborados, dado el coste financiero que les obligará a asumir semejante plazo.

El Magrama aclara que la uva de transformación es un producto fresco y que, en aplicación de la Ley, el plazo de pago será de 30 días a contar desde la entrada en bodega del último remolque. Ahora bien, dado que esta uva puede estar acogida a una norma de calidad específica como una I.G.P., una D.O. o la de un producto ecológico; que requieren la certificación del organismo competente; se ha optado por obligar a establecer dos precios en los contratos. Uno que correspondería al precio de la uva de transformación destinada a la elaboración de vinos sin norma de calidad, y otro adicional aplicable a estas figuras de calidad que deberán estar recogidas en la normativa sobre el procedimiento del amparo de la uva. Cuyo plazo seguirá siendo los 30 días, pero que no comenzará a contar hasta el momento en el que el organismo certificador comunique su validez para destinarse a la elaboración de los vinos amparados por su sello de calidad.

Cuestión, la de la comunicación de la aptitud cualitativa de la uva que provocará fuertes tensiones en los órganos rectores, ya que esta puede demorarse en el tiempo, temiéndose las organizaciones agrarias que sea utilizado por las bodegas, por lo que exigen que se fije el 10 de diciembre, fecha límite obligatoria para la realización de la declaración de producción como momento máximo

No debemos olvidarnos que este asunto, junto con la extensión de norma con la que dotar de recursos financieros a la Interprofesional (OIVE), o la obligatoriedad de realizar las declaraciones mensuales de vino y mosto; afecta a todas las bodegas con independencia de su tamaño, y que España cuenta con más de cuatro mil bodegas, muchas de ellas cuyo tamaño tan pequeño les impide disponer de medios físicos, estructurales y financieros con los que hacer frente a estas obligaciones. Razón por la cual el Magrama está estudiando la posibilidad de eximir de la obligación de realizar las declaraciones mensuales a aquellas cuya producción sea inferior a los cien mil litros, para los que las declaraciones obligatorias seguirían siendo las exigidas por la reglamentación comunitaria: cosecha, producción y existencias

El caso es que el sector deberá hacer frente en los próximos meses a cambios que, sin ser de gran transcendencia, obligarán a modificar la forma de trabajar y la misma concepción sectorial. Disponer de más y mejor información sobre disponibilidades debería ayudar a comercializar mejor la cosecha. Realizar campañas con las que informar y formar al consumidor sobre el vino, su cultura e importancia económica y medioambiental debería ayudar en la recuperación del consumo y cambiar la percepción que el consumidor tiene del sector. Conocer y disponer de contratos en los que además de las características del producto se fijen los plazos de pago, mejorar las condiciones de los viticultores. Y confiemos en que todas ellas ayuden al sector a tomar conciencia de la necesidad de acudir a los mercados de una forma mucho más eficiente.

Vender más caro está muy bien. Señalar a los graneles como causantes de nuestros males puede ser una forma de eludir nuestra responsabilidad. Pero nos guste o no, en los próximos años España deberá modificar sustancialmente la forma en la que vende su producción, que pasará por adoptar medidas proactivas para convertirnos en vendedores en lugar de simples tenderos.

Potencial de producción

Visto el borrador de proyecto de RD sobre el potencial de producción vitícola, y considerando los recelos que el tema de las nuevas plantaciones ha suscitado en algunas zonas; será interesante ir viendo cómo van comportándose los diferentes órganos de gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que, junto con las organizaciones interprofesionales, tendrán la posibilidad de establecer recomendaciones sobre limitaciones y restricciones, nunca prohibición, de plantación de viñedo.

Asumido que será el Magrama el único organismo competente en la materia a fin de garantizar la uniformidad del nuevo régimen en toda España, las CCAA serán las responsables de elaborar una lista única de variedades, así como las encargadas de recopilar, gestionar y autorizar las solicitudes presentadas, atendiendo a los criterios de admisibilidad establecidos para su aprobación por el Ministerio.

Entre los criterios de prioridad que se aplicarán en aquellos casos en los que las solicitudes de nuevas autorizaciones excedan la disponibilidad de superficie aprobada por el Magrama antes del 1 de marzo y que deberá ser mayor del 0% y como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior; son de destacar aquellos referidos a que el solicitante tenga menos de 40 años y el de que sea nuevo viticultor. Autorizaciones que tendrán un período de validez de tres años desde la fecha de la notificación de la resolución.

Para el caso de las replantaciones, la solicitud deberá ser presentada antes del final de la segunda campaña en que se haya notificado la resolución de arranque.

Sobre la conversión de los derechos en autorizaciones, los titulares deberán presentar la solicitud entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, que serán resueltas en un plazo no superior a tres meses; podrán ser modificadas a instancia del solicitante siempre y cuando no altere la dimensión y la superficie esté localizada en una zona en la que no se hubiesen superado las limitaciones establecidas y correspondieran a otra zona.

El consumo interior, un problema asumido

Publicados los datos de consumo en el hogar en 2014 por parte del Ministerio, ya podemos asegurar con total certeza que el vino en España no consigue levantar cabeza. Ya que para encontrarnos con el único dato positivo, deberíamos irnos al del precio medio por litro de vino que pasa de 2,31 a 2,35 euros, lo que representa un aumento del 1,73%. En un año en el que la tasa de inflación en España cerró, por primera vez en su historia, en un menos uno por ciento. Situándose el consumo en los hogares durante 2014 en 9,85 litros por persona.

Datos que no hacen sino confirmar el grave problema al que viene enfrentándose el sector desde hace lustros y que no acaba de encontrar la forma de abordar y comenzar a recuperar una pequeña parte de los muchos millones de litros que se ha ido dejando en esa especie de mentira sobre la que nos gusta analizar el problema. Y que no es otra que engañarnos diciendo que consumimos menos, pero mejor. Justificándolo con la traslación que se ha producido en el consumo de vinos de baja calidad y poco precio, hacia otros de mayor valor añadido y más alta calidad.

Y aunque sería interesante poder saber cuál ha sido la cantidad de ese vino que hemos dejado de consumir en los hogares y lo hemos hecho en la restauración, la falta de estadísticas oficiales nos impide poder hacerlo y debemos conformarnos con estimaciones basadas en los datos procedentes de los balances vitivinícolas. Total para acabar concluyendo que seguimos perdiendo consumo y que las muestras de recuperación de la actividad en el canal Horeca apenas resultan significativas en el vino.

Todo esto tiene algo de positivo y es que el sector, en su conjunto, parece haber asumido la existencia de un problema con el consumo de vino, en el perfil de su cliente y en la forma de poder atraer su atención para una posible recuperación. De momento, no es que es que sea suficiente para que las bodegas puedan dejar de centrar sus esfuerzos en el mercado exterior como única tabla de salvación de sus negocios. O que las bodegas hayan tomado conciencia de la necesidad de cambiar algunas cosas tan importantes como las características de sus elaborados, su presentación, envases o tamaños con los que ofertan sus vinos a un consumidor que ha evolucionado en los últimos años sustancialmente. Pero se van dando pequeños pasos en esta dirección, lo que es mucho más de lo que hacíamos apenas unos años atrás, cuando ni tan siquiera muchas bodegas asumían la necesidad de cambiar algo su forma de trabajar.

La Organización Interprofesional dio un paso al frente cuando entre sus principales objetivos (y el más urgente) señalaba la recuperación del mercado interior. Su concreción y puesta en marcha sigue sin traspasar la barrera de un conjunto de buenas intenciones para concretarse en medidas y un calendario. Pero se trabaja en ello y se van adoptando compromisos encaminados a conseguir los fondos con los que poder poner en marcha esta necesaria campaña.

Obviando cuestiones tan importantes como pudiera ser por qué no se van desarrollando planes que permitieran poder ir avanzando en la discusión de las medidas de información y promoción a adoptar con los fondos procedentes de la extensión de norma que pretende tener consensuada antes de agosto con el fin de poder aplicarla en la próxima campaña; asumir la necesidad y urgencia en este asunto, ya es un paso muy importante.

Pero no el único, ya que otro de los objetivos planteados por la OIVE es el de poder contar para la próxima vendimia con un contrato-tipo homologado, de adscripción voluntaria, que permita clarificar y dar transparencia a las relaciones contractuales entre las partes.