Una apuesta por su futuro

Aunque no disponemos, todavía, de datos concretos sobre cuál ha sido el volumen exportado, o al menos comprometido en estos dos primeros meses del año; todo parece indicar que ha sido bastante. Tanto como para hacer reaccionar a unas cotizaciones que se mantenían anodinas ante el paso del tiempo y la publicación de informaciones que hacían referencia a existencias y producciones. El aumento de las cotizaciones y las diversas declaraciones procedentes de la producción anunciando un ajetreado comercio y unas disponibilidades bastante mermadas son dos buenos argumentos para creer el mensaje.

La duda viene ahora sobre si la reacción de los precios ha acabado, o por el contrario, seguirá su senda alcista en los próximos meses, confirmando la fortaleza de la propiedad. Cuestión que, en mi opinión, dependerá más de la evolución del viñedo de cara a la nueva cosecha, que de lo obtenido en la pasada vendimia. Salvo, claro está, que por alguna extraña razón el mercado exterior comenzara a tirar con gran fuerza de nuestras disponibilidades, dejados llevar por las estimaciones de producción en el Hemisferio Sur. Lo que, de momento, resulta poco probable, pero que visto lo visto, es mejor no descartar nunca, ya que este sector es de todo, menos previsible.

No obstante, deberíamos seguir insistiendo en la necesidad de reflexionar sobre lo que queremos para nuestro sector en un horizonte a medio plazo. Mantener el potencial de producción en las 958.697 hectáreas en la campaña 2014/15 con apenas ochenta y una menos que en la anterior, es un excelente dato si tenemos en cuenta que a nivel europeo se han perdido 23.338 hectáreas con respecto a la 2013/14. Lo que nos sitúa entre Francia, país en el que el potencial de superficie ha aumentado en 1.484 hectáreas, y lo que registran Portugal o Italia, donde 20.003 y 4.109, respectivamente, son las hectáreas de viñedo que cada uno de estos dos países han perdido.

Sacar la conclusión de que el sector vitivinícola español es un sector con una proyección de futuro positiva y con un tejido empresarial que sigue apostando por él, podría ser un tanto atrevido. Ya que también cabría la posibilidad de considerar que esta estabilidad tiene su origen más en la estructura familiar y tradicional de nuestros viticultores y mucho menos en la visión empresarial, donde más del sesenta y cinco por ciento de la producción se encuentra en manos de cooperativistas con una débil concepción empresarial.

Cuáles serán las consecuencias que esta estabilidad en la superficie tenga sobre la producción es otra de las cuestiones a analizar. Ya que, si bien lo deseable sería pensar que los viticultores lo que buscan es mantener los bajos rendimientos que históricamente nos han venido caracterizando (y en los que han encontrado justificación las calidades esgrimidas por muchas bodegas en sus vinos); también caben serías posibilidades de plantearse que lo sucedido en estos últimos diez años, en los que hemos perdido un cuarto de la superficie y aumentado un cuarto la producción, seguirá produciéndose en los próximos. Especialmente en aquellas hectáreas sujetas a planes de reconversión y reestructuración y que amenazan con entrar en producción en cinco o seis años llevando al potencial de producción por encima de los cincuenta o, incluso, cincuenta y cuatro millones de hectolitros.

Afortunadamente, lo que sí parece asegurado es que dispondremos de un volumen suficiente para garantizarnos la competitividad en todos los productos, desde los vinos de gran calidad, hasta aquellos destinados a mostos o la destilación para la obtención de alcoholes de uso de boca. Lo que nos lleva a dos cuestiones básicas sobre las que deberían trabajar nuestras administraciones: la exigencia legal de que sean estos productos los que se utilicen en la elaboración vitivinícola, y la conveniencia de encontrar el modo de disponer de una mínima planificación de la producción que garantice la rentabilidad.

Tres caminos irrenunciables

Al leer que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha puesto en marcha una campaña que bajo el nombre “Movimiento Vino D.O.” pretende revitalizar el consumo de vino entre los jóvenes; o que el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez-Arroyo, apostará por el fomento de la cultura del vino, reconociéndola como prioritaria para poder valorizarlo; confieso que me invade una extraña sensación.

Por un lado, me satisface, enormemente, ver cómo desde organizaciones que, a mi juicio, son altamente representativas del sector vitivinícola español, coinciden con mi empecinamiento en la defensa de la cultura vinícola como vía irrenunciable para poder dar valor a nuestros vinos y salir de esta especie de maligna espiral en la que nos hemos involucrado. Convirtiéndonos en los suministradores de producto bueno y barato en los mercados internacionales.

Al mismo tiempo que renunciábamos a un mercado interior, ante los grandes esfuerzos que exigía nuestra adaptación a los nuevos hábitos de consumo y la superación de las numerosas muestras de desprecio que desde la producción se habían cometido con distribución y consumidores.

Claro que también los hay que, sin negar la importancia que el mercado interior debería tener en las campañas de comunicación y marketing de nuestras bodegas y organizaciones, lo consideran completamente insuficiente para para equilibrar una producción que solo en la exportación ha encontrado la colocación del producto en volumen suficiente.

No hay duda de que uno de los objetivos de nuestro sector para los próximos años debe ser el de proporcionar unos precios rentables a todos los componentes de la cadena de valor. O que esto no puede venir solo del mercado exterior o interior; y que solamente desde el análisis de la situación y toma de decisiones de manera conjunta será posible conseguirlo.

Recuperar siete millones de hectolitros en el mercado interior puede calificarse de utópico, irrealista si además pretendemos hacerlo mediante un consumo diario/cotidiano de vino. Pero soñar con que esos mismos siete millones de hectolitros, de los once y medio que exportamos a granel, sin indicación de origen o variedad y a un precio medio de 0,33 €/litro los vamos a convertir en vinos envasados o, aún sin serlo, elevar su precio hasta el euro por litro, no es menos ensoñación.

Está bien claro que la solución no pasa por uno u otro mercado, más bien por los tres, ya que a estos hay que añadir uno que cada día va adquiriendo más peso y está llamado a seguir haciéndolo. Me refiero al canal de venta directa, bien en bodega o vía internet. Y aunque cada vez las iniciativas que adoptan las bodegas de manera individual tienen más peso, las campañas colectivas siguen siendo imprescindibles y tanto la armonización de la recaudación de los fondos con los que llevarlas a cabo, como su realización, son más necesarios que nunca

Dos buenos ejemplos

Mientras las Denominaciones de Origen, a través de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), toma la iniciativa y aborda el grave problema del consumo de vino en España, poniendo el dinero necesario para realizar una nueva campaña, esta vez bajo el título: “Movimiento Vino D.O.”, con la que revitalizar el consumo de vino entre los jóvenes;   la puesta en marcha de una Organización Interprofesional del Sector Vitivinícola (OIVE) hace agua por todos los sitios y desinfla una aspiración histórica del sector con la que disponer de una mayor, mejor y más actualizada información. Así como una herramienta con la que ser capaz de realizar acciones conjuntas a favor del sector en su conjunto y que, básicamente, repercutan sobre la rentabilidad, transparencia y recuperación del consumo de vino en España.

Parecía que la firma del documento de constitución de la OIVE era un principio lo suficientemente sólido como para creernos que podía ser verdad. Que el sector vitivinícola español, por fin, tendría una Interprofesional que defendiera los intereses colectivos y dispusiera de recursos con los que ejecutar medidas encaminadas a su desarrollo. Es más, incluso el acuerdo alcanzado en la redacción de la extensión de norma, por la que se establecía el importe que cada uno de los operadores tendría que aportar, permitía pensar que se habían superado los recelos de épocas anteriores y la profesionalización del sector se había impuesto a posiciones dominantes de unos pocos.

Con lo que no contábamos era con que el organismo que menos tenía que decir en todo esto, el que se había hartado de animar al sector a que la sacara adelante, el que en todas las ocasiones que tenía aprovechaba para advertir que haría lo que el sector le pidiese que hiciera… Ese mismo organismo público, el Ministerio de Agricultura, sería el que acabara torpedeando su puesta en marcha.

Que haya empresas cuyos intereses se vean amenazados e intenten boicotear el proyecto es, hasta cierto punto, entendible. Que estos intereses se lleven hasta organizaciones empresariales dominadas por este tipo de empresas, también. Incluso, si me apuran, que algunas administraciones lo quieran utilizar para reivindicar aspiraciones políticas era previsible y sus técnicos demostraron suficiente cintura y habilidad para armar un mecanismo por el que minimizar sus consecuencias.

Pero que sea el propio Magrama el que, por inacción esté torpeando su puesta en marcha, permitiendo que aquellos que están obligados a cumplir con las obligaciones que emanan de nuestro ordenamiento jurídico no lo hagan, eso es, sencillamente, inadmisible. No es de recibo que el mismo organismo que se ha vanagloriado de amenazar públicamente a las bodegas en la pasada vendimia de hacer un seguimiento inquisitorial a quienes no cumplieran con la Ley de la Cadena de Valor, realice semejante dejación de funciones a la hora hacer cumplir la Ley y perseguir a quienes no se inscriban en el REOVI y realicen las declaraciones en el INFOVI.

En mi opinión, nos estamos jugando algo más que unas declaraciones, una información, un mejorar el valor de nuestras producciones o una Interprofesional con la que recuperar algo de nuestro consumo. Nos estamos jugando la misma esencia de un estado de derecho basado en la estabilidad jurídica.

Entre tanto, los Consejos Reguladores haciendo gala del buen hacer y el oficio de sus integrantes, y con mucho menos ruido, ponen el dinero, idean, desarrollan y ponen en marcha una campaña para abordar el mismo problema que la Interprofesional se plantea combatir entre sus objetivos prioritarios.

Dos buenos ejemplos de la voluntad de cada uno.

Falta sensibilidad

De una forma o de otra, parece que todo el mundo se ha vuelto contra el modelo de indicaciones de calidad. Un modelo que ha hecho posible llevar a los vinos europeos al top de los vinos en el mundo, que ha facilitado el acceso de los consumidores a un producto complicado en su elección y que, especialmente, ha significado una garantía de origen de máximo nivel, cuando los organismos certificadores estaban en otros productos muy alejados de los alimenticios.

¿Tenemos que hablar en pasado? Eso me pregunto yo cada día, ya que en estos últimos meses no hay día que no amanezcamos con algunas noticias que de una forma u otra cuestionan la continuidad del modelo o ponen de relieve algunas de sus más destacables carencias.

No hay ninguna duda de que el papel que han jugado en estos últimos cincuenta años en el mundo del vino ha sido fundamental, como tampoco que al modelo le pueden quedar muchos años de vida. Eso sí, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, sistemas de control, consumidores, medios de comunicación, etc., etc.

Y aunque la Comisión Europea esté acostumbrándonos a un ir y venir en sus pretensiones, con documentos de trabajo iniciales que deben ser retirados y vueltos a plantear con políticas y visiones completamente diferentes. Eso debería, al menos a los del sector del vino, preocuparnos y alertarnos; ya que es un síntoma evidente de que la sensibilidad que antaño demostraba la Comunidad Económica Europea ha dado paso a un frío grupo de burócratas para los que las cuestiones de índole comercial y económica parecen haberse impuesto en la Unión Europea.

Hasta el momento, el sector puede presumir de ser el primero en haber echado atrás una propuesta de reforma de su Organización Común de Mercado, de haber conseguido levantar el veto impuesto por la todopoderosa China, o de obligar a la Comisión Europea a retirar el documento de trabajo inicial sobre las nuevas normas de comercialización de vino, que es lo último que ha sucedido la semana pasada.

¿Pero hasta cuándo seremos capaces de ir frenando estas iniciativas?

El sector se enfrenta a un consumidor con una visión del vino completamente diferente a la de sus padres y abuelos. Y debe luchar por conseguir llegar a él recuperando una parte del consumo perdido. Pero parece que también tiene un frente abierto en el ámbito político de la Comisión, y eso no es tan notorio.