La indicación de calidad ¿cuestionada?

¿Cuánto hay de decisión política, cuánto de estrategia empresarial y cuánto de responsabilidad por parte del Consejo Regulador? Es la pregunta que todos en el sector vitivinícola español se hacen tras la decisión adoptada por Bodegas Artadi de abandonar la D.O.Ca. Rioja. Por más que su propietario, Juan Carlos López de Lacalle, haya intentado quitarle hierro al asunto declarando que su decisión está basada en cuestiones “estrictamente empresariales”, son muchos los rumores que la sitúan como la punta de lanza de un movimiento rupturista de un grupo de bodegas alavesas que apuestan por la creación de una denominación propia para “Rioja Alavesa”.

A lo que no está ayudando mucho el Gobierno vasco, quién en lugar de dejar en manos de las bodegas y viticultores sus propias decisiones, se ha apresurado a decir que “por responsabilidad” escuchará y atenderá las iniciativas que procedan del sector, entre las que podría encontrarse la diferenciación que acabara con la creación de una denominación propia.

Claro que el respeto institucional mostrado por el propio Consejo Regulador a la decisión empresarial, no ha hecho más que poner de manifiesto su incapacidad de darle solución a un problema que viene arrastrándose desde hace varios años y que nace de la exigencia de un grupo de bodegas por una mayor diferenciación de sus vinos, atendiendo a las zonas de producción y características de sus vinos de “terroir” o de finca.

Para algunos, este asunto, como el de otras bodegas que ni siquiera han querido integrarse nunca en una denominación de origen, son decisiones que responden a estrategias puramente empresariales. Aunque, en mi opinión, el modelo de denominaciones de origen es un gran patrimonio cultural a proteger y una excelente herramienta comercial que nos ha permitido llegar a muchos mercados, a los que, de otra manera, hubiese sido completamente imposible acceder. Pero, de igual manera que han cambiado los hábitos de consumo, evolucionado los tipos de vinos, trasladada la carga de compra de unos canales a otros, o transformadas las mismas cualidades hacia las aspiraciones de los consumidores; no parece descabellado pensar que el mismo modelo de las indicaciones geográficas protegidas requiere una revisión profunda, que lo adapte mejor a los actuales tiempos. Hacerlo de una forma inteligente y dialogada parece lo más indicado para un sector que se caracteriza por su inmovilismo y su escasa capacidad de adaptarse a los cambios.

A mi juicio, olvidamos con demasiada frecuencia la gran diferencia existente entre la realidad del sector y la percepción (y conocimiento) que del mismo tienen los consumidores; tendiendo a confundirlo con frecuencia, sin considerar que, en muchas ocasiones, su respuesta es la indiferencia o la elección de otro producto “más sencillo”. Está claro que cada denominación, bodega y marca tiene su propio consumidor más o menos avezado en la cultura vitivinícola, pero ni para los más adelantados resultan positivas este tipo de noticias que no hacen sino generar desconfianza y confusión.

El nuevo aplazamiento hasta el 31 de enero de la presentación telemática de las declaraciones de producción y existencias, tampoco es que venga a ayudar mucho a la imagen del vino español. Un vino que aspira a elevar el valor añadido de su producción con la potenciación del envasado y que se está viendo incapaz de poner en marcha mecanismos técnicos con los que ofrecer una información fiable y actualizada.

Para vender más, pero, sobre todo, mejor, es necesario mucho trabajo, una gran perseverancia y una calidad acorde al precio. Pero por encima de todas estas cualidades está la seriedad que proporciona un Estado, una denominación o una bodega.