Es posible que, dentro de unos meses (¡ojalá sea así!), estemos hablando en pasado del Covid-19 y la vacuna de Pfizer, o de cualquier otro laboratorio, sea una realidad. Pero, mientras esto llega, el sector debe ir haciendo frente a un crudo día a día, marcado por una fuerte disminución del consumo, motivado por el cierre de la hostelería que afecta a la gran mayoría de los países consumidores del mundo. Las existencias se acumulan en las bodegas y, la llegada de una nueva cosecha no ha hecho sino incrementar los peores temores ante una campaña navideña que restricciones y confinamientos están poniendo en peligro.
Que el sector vitivinícola necesita de medidas extraordinarias con las que hacer frente a una situación excepcional es algo que pocos cuestionan y que todos los operadores que conforman su cadena de valor coinciden en que deben adoptarse inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde para algunos pequeños operadores, cuya capacidad de resistencia se encuentra al límite.
Sobre si las medidas tienen que ser unas u otras y su financiación provenir de unos fondos u otros, la coincidencia ya no es tanta, y lo que para unos resulta insuficiente y debería aprovecharse la medida al máximo posible, para otros es innecesaria y consideran que sus efectos sobre el mercado serán contraproducentes, al beneficiar a un colectivo muy específico al que se le permite abastecerse de producto a un precio por debajo del de mercado.
Ni destilaciones, inmovilizaciones, vendimia en verde o limitación de rendimientos han evitado que los precios hayan sido de los más bajos de la historia y, aunque es indiscutible que de no haberse tomado medidas la situación sería peor que la actual, no faltan quienes consideran que igual hubiese sido más conveniente dejar que el mercado cayese y aplicar, o no (porque también aquí los hay que no coinciden) estos fondos en medidas de mercado que acelerasen su recuperación.
Sea como fuere, el caso es que nos encontramos donde nos encontramos. El mercado mundial está operando bajo ralentí y las bodegas no saben muy bien si la llegada de una vacuna, o lo que tenga que llegar para recuperar la normalidad y el consumo, se producirá antes de que sea demasiado tarde para salvar una campaña que, con un volumen no muy importante, 160 millones de hectolitros estimados por el Copa-Cogeca en los principales Estados productores de la UE, puede acabar requiriendo de medidas traumáticas cuyas consecuencias tardemos varios años en superar.
Plantearse un paréntesis y asumir que debemos dar por perdida esta campaña es posible desde un punto de vista teórico, pero totalmente inasumible desde el práctico. Por lo que si, llegado el momento de levantar los contratos de inmovilización, la situación no ha cambiado radicalmente y el horizonte es esperanzador gracias a hechos concretos, como pudiera ser la aplicación inmediata de una vacuna, o disponer de un horizonte muy cercano en el que contar con ella; podemos enfrentarnos a la necesidad de aplicar medidas mucho más radicales, como la eliminación definitiva a un coste cero o muy próximo.
Por el contrario, si tal y como nos prometen, a primeros del próximo año contamos con esos primeros millones de dosis con los que empezar a generar esa inmunidad de rebaño que nos permita recuperar la normalidad; la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos reactiva las negociaciones para el levantamiento del arancel adicional del 25% “ad valorem” impuesto por la administración Trump y se obliga al premier británico Johnson a llegar a un acuerdo con la UE en su Brexit; el escenario en el que debamos tomar esas medidas será mucho más halagüeño.