Son éstas fechas en las que las vendimias acaparan toda la atención. Estimaciones más o menos solventes, pues los datos de los kilos de uva que se han vendimiado resultan bastante concretos, permitiendo realizar la planificación de una campaña, que empieza por concretar a cuánto de ese mosto se le va a paralizar su fermentación, bien para ser comercializado como tal o para ser vinificado más adelante.
Producto, el mosto, para el que el mercado presentaba grandes oportunidades y en el que nuestro país se sitúa como el primer productor mundial. Si bien, con oscilaciones importantes en función de según sea la cosecha.
No obstante, el coste que supone mantenerlo sin fermentar, el fuerte incremento de las existencias finales de campaña de este producto, 1.571.230 hl de mosto sin concentrar (+61,58%), con especial incidencia en los blancos, que aumentan un 65,26% con respecto al stock de la pasada campaña, cuando los tintos lo hacen un 49,64%. Los 100.074 hl de concentrado (-11,15%), 72.812 de rectificado (-12,33%) y 11.931 de mostos parcialmente fermentados (4,17%). Así como el descenso en las exportaciones que, a julio, últimos datos publicados, caían un 1,8% en volumen; han complicado mucho la apuesta por elaborar este producto y todo parece indicar que las cifras de este año serán notablemente inferiores a las de campañas anteriores.
Tampoco es nada desdeñable, aunque no sea este el lugar donde poder analizarlo, la campaña contra las bebidas azucaradas, muchas de ellas en las que se emplea el mosto en sus diferentes vertientes, que han emprendido las autoridades sanitarias.
Mención aparte merecen los datos que se desprenden del informe de actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del primer semestre de 2025, en el que se detalla que se impusieron 821 sanciones por incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, de las que 582 (71%) recayeron en el sector vitivinícola y de esas 579 la industria, copó 578 sanciones (la inmensa mayoría (506) por no inscribir los contratos en el registro (e-registro), y la otras se impuso al sector de la distribución mayorista por incumplimiento de los plazos de pago.
Siendo de destacar que sólo 13 lo fueron por no incorporar el precio en el contrato y 14 por incumplir los plazos. Cifras que a tener de lo que ha supuesto para un sector que no estaba acostumbrado a hacerlo y al que se le acusa de incumplir constantemente la Ley de la Cadena, no parecen muchos: por más que sería deseable que no hubiese ninguna sanción.