Con la certeza de que los hábitos de consumo han cambiado en los últimos años y el comercio internacional se ha visto fuertemente afectado; el sector se enfrenta a una situación inédita de apatía y temor, que muchas bodegas y viticultores proyectan sobre su futuro más inmediato.
Panorama bajo el que el relevo generacional adquiere especial protagonismo y sobre el que habrá que trabajar intensamente y, si fuera posible, conjunta y ordenadamente, con una amplia visión sectorial.
Conocer los costes de elaboración y disponer de una Ley de la cadena de valor que impida la venta a pérdidas, son un primer paso. Pero, claramente es insuficiente para abordar un problema en el que nos jugamos miles de hectáreas de viñedo, puestos de trabajo, despoblación de áreas rurales…
Se echa de menos una política vitivinícola ordenada y coordinada que marque su adaptación a las nuevas circunstancias y mejore la rentabilidad de nuestras producciones. El primer paso hacia la reversión de un abandono que nos amenaza profundamente bajo la necesidad de adaptar la producción a las nuevas demandas.
Recuperar consumo debiera estar en el objetivo de todos, pero pretender hacerlo en el corto plazo, llapso en el que muchos de nuestros viticultores pudieran tomar la decisión de abandonar su cultivo, se antoja imposible.
Y, aunque es lícito pretender que a tan sacrificada actitud mantenida por nuestros viticultores se les compense con una ayuda a su abandono, ésta podría ser la espoleta que le faltase a nuestro sector para acelerarlo.
En los próximos días, inicialmente previstas para el 4 de diciembre, acabarán las negociaciones con la reunión política, sobre la reforma de los reglamentos europeos de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) vitivinícola y Planes Estratégicos (ISV), más comúnmente conocida como el “Paquete Vino”. Con la que se pretende dotar al sector de medidas de apoyo flexibles que cada Estado miembro pueda adoptar, en función de sus circunstancias específicas y bajo las premisas de mayor flexibilidad, simplificación, control y coherencia.
Y, aunque amenazada, como denunció la Asamblea Europea de Regiones Vitivinícolas (AREV), por las necesidades que la nueva realidad geopolítica de la Unión pudiera tener un profundo impacto en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) dejando de ser obligatoria en el futuro reglamento de las OCM de la PAC 2028-2034 y pasar a ser de aplicación voluntaria para los Estados; la impresión generalizada es que el apoyo de las instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) hacia el sector ha sido claro, ante la creencia de que nos enfrentamos a una situación inédita que requiere tomar medidas urgentes.