Consciente del delicado momento por el que está atravesando el sector vitivinícola, necesitado de apoyos que le devuelvan el ánimo; y de las oportunidades que pueden presentarse con la nueva OCM que surja del llamado “Paquete Vino” (tras su aprobación por parte del Parlamento Europeo el pasado día 10 ahora ya sólo resta la aprobación formal por parte del Consejo para la publicación de los reglamentos).
Sin tiempo que perder, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, mantenía el 29 de enero una reunión con los directores generales de las comunidades autónomas para tratar su aplicación, a fin de poder ponerlo en marcha en el más breve tiempo posible.
Entre las medidas contempladas, figura la del arranque de viñedo con fondos nacionales. Medida que la organización agraria Unión de Uniones califica de “medida social” e insiste en activar de manera urgente, a fin de poder hacer frente a la falta de relevo generacional a la que se enfrentan muchos viticultores, cuya rentabilidad está cuestionada por una crisis que califica de “estructural” en muchas zonas productoras.
Haber perdido en siete años, más de sesenta mil hectáreas de viñedo de uva de transformación, pasando de las 960.758 de 2018 a las 899.883 del 2025; así como el mantenimiento de esta tendencia para los próximos años, no parece suficiente. Y considera necesaria la dotación de esta ayuda que les permita no irse con las manos vacías. Aunque ello pudiera ocasionar un efecto llamada para algunos viticultores que dudan entre abandonar o no sus viñedos.
Y, mientras tanto, desde la misma Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) elevaban a consulta pública la propuesta de resolución por la que se fija el presupuesto de 16.535.998 euros para la puesta en marcha de la cosecha en verde para esta campaña.
Dado que esta medida no tiene asignado presupuesto anual de ejecución, su dotación sólo es posible detrayendo los fondos que se le dediquen de los 202,1 M€ que tenemos asignados para las medidas de la ISV.
Siete han sido las Comunidades Autónomas que han solicitado la vendimia en verde, cuya resolución deberá conocerse antes del 30 de abril de 2026, para ser ejecutada antes del 15 de julio de 2026.
Y es que (aunque es posible que nos suceda como el año anterior, cuando las olas de calor de finales de julio y mediados de agosto se llevaron por delante una parte importante de la cosecha) las abundantes lluvias caídas en toda la geografía española, junto con la recuperación del viñedo conseguida en las campañas anteriores, hacen vaticinar una abundante cosecha 2026 para la que, aparentemente, resultará muy difícil encontrar acomodo.
Y es que, mucho tienen que cambiar las cosas de aquí a agosto para que el consumo interno rompa la tendencia bajista iniciada el pasado año en el mes de julio. Pues, con datos del Infovi correspondientes a diciembre, se mantiene la pérdida y el consumo anual se sitúa en 9,36 Mhl, 24.236 hl (-0,26%) menos que en el dato del mes anterior (TAM noviembre) y casi cuatrocientos mil hectolitros en lo que llevamos de campaña. O que las exportaciones remonten el 3,0% que llevamos perdido entre enero y noviembre en valor y el 1,8% en volumen de vino.