Siempre es complicado hablar del sector vitivinícola y, aunque es cierto que, como todo buen sector agrícola, nos pasamos la vida lamentándonos y mirando hacia la Administración en busca de una ayuda que nos permita salir del atolladero que en cada momento nos encontremos; lo cierto es que parece que no corren buenos tiempos.
A los problemas habituales ligados al consumo, debemos añadirle el relacionado con el contenido alcohólico del vino y los efectos que está teniendo en nuestra clase política, empeñada en decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer, en lugar de abordar el tema de la educación.
Pero no son estos asuntos a los que me gustaría referirme en esta ocasión y sí al pesimismo reinante en el sector que está llevando a países como Alemania o Francia a solicitar a la Unión Europea medidas que redunden en solucionar la crisis de consumo.
Y, si bien los datos de consumo en España, estabilizados desde hace casi dos años (septiembre de 2023) en los 9,7 millones de hectolitros (20 litros per cápita). O los de exportación, donde, a pesar de la que está cayendo en el mundo con conflictos y situaciones “geopolíticas” (como les gusta referirse a nuestros gobernantes para no poner nombre y apellidos a todos los frentes bélicos abiertos); conseguimos mantenernos en la esfera de los tres mil millones de euros de facturación en vinos y tres mil quinientos en productos vitivinícolas; aunque caigamos ligeramente en volumen con algo más de diecinueve millones de hectolitros de vino y por encima de los veintisiete incluyendo el resto de productos vitivinícolas (mostos, vinos aromatizados y vinagre). Son datos que no debieran preocuparnos en exceso.
Lo cierto es que la sensación de crisis de consumo domina al sector y justifica que continuas cosechas históricamente bajas no eleven los precios de los vinos. Situación especialmente gravosa si tenemos en cuenta que han tenido que hacer frente, bodegueros y viticultores, a un aumento significativo de los costes de producción desde la pandemia.
Dándose la paradoja de que, en un escenario de cortas producciones, ya se empieza a hablar abiertamente de excesos en el potencial de producción y la necesidad de tomar medidas estructurales como pudiera ser un “plan comunitario de arranque de viñedo, similar al llevado a cabo entre 2009 y 2011” o la “adopción de medidas temporales de arranque en el sector vitivinícola, complementadas con medidas de apoyo ecológico en las zonas arrancadas”.