Ni es nuevo, ni se va a solucionar en el corto plazo. Pero es cierto que, si queremos que se produzca el necesario relevo generacional y no seguir perdiendo miles de hectáreas (cientos de miles como puede llegar a ser el caso en apenas una década), habría que empezar a plantearse seriamente el nivel de precios a los que se compran las uvas (en general) en España.

Tema, vaya esto por delante, directamente relacionado con la revalorización de nuestros productos vitivinícolas, sin la cual es imposible que se produzca una mejora en las cotizaciones a nuestros viticultores.

Y es que llama sobrepoderosamente la atención el que hecho de que estemos hablando, con total seguridad, de una de las cosechas más cortas de la historia. Que se suma a otras tres que han estado luchando por disfrutar de este mal entendido protagonismo. Y que los precios de las uvas en origen, hayan sido tan bajos; hasta el punto de que no hayan llegado a cubrir los costes de producción, aunque según los contratos no haya sido así.

No recuerdo las décadas que llevo escuchando que el sector debe tener una redistribución de la riqueza, que los contratos con los viticultores debieran ser plurianuales en aras de una estabilidad en los costes de producción que garantizase al viticultor su rentabilidad y a la bodega la seguridad en sus salidas económicas. Sin que nada de todo esto se haya producido.

Y, mientras tanto, el sector deteriorándose, con numerosos viticultores abandonando sus viñedos, bodegas cerrando y nuestras exportaciones no consiguiendo mejorar su mix de producto y elevar la facturación. O nuestro consumo interno estabilizado en niveles notablemente inferiores a los del resto de países tradicionalmente vitivinícolas como es el nuestro.

Y, aunque es importante el tema y yo me declaro extremadamente preocupado, que nadie se lleve a engaño y piense que el “Paquete Vino” o el mantenimiento en la futura PAC 2028-34 de los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola van a solucionarnos este problema.

Bajo el paraguas de una falsa interpretación, siempre en mi humilde opinión, de lo que es regular el mercado o prohibición en la fijación de los precios; el sector vaga huérfano de dirección por el mercado, empobreciéndose y haciendo muy complicada su supervivencia.

Antes, esgrimíamos la falta de alternativa al cultivo de la viña como argumento de su mantenimiento. Hoy, parques fotovoltaicos, otros cultivos como pistacho o almendra, o incluso cosechas extraordinariamente inestables como consecuencia de varios años de pertinaz sequía, seguidas de lluvias abundantes, altas temperaturas durante largos periodos, o heladas más allá de las fechas que eran tradicionales, están agravando seriamente esta situación. Y seguimos sin tomárnoslo en serio.

Con una vendimia 2025 que podríamos dar por concluida y unos resultados de calidad calificados por la totalidad del sector como de extraordinarios, en gran medida debido a las altas temperaturas que han permitido mantener a raya hongos que ocasionen glucónicos indeseados. Pero también con una producción que podríamos definir como contenida y decepcionante, ante las expectativas que se tenían en la primera semana de agosto. Toda la atención se centra ahora en saber si vamos a ser capaces de trasladar esta situación al mercado y recuperar cotizaciones.

Las organizaciones agrarias y cooperativas apuestan claramente por ello justificándolas en reducciones de producción que rondan el veinte por ciento en aquellas zonas de mayor volumen: Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Así como un entorno internacional en el que la tónica general ha sido la misma que en España, mucha menor producción de la esperada.

Tampoco es desdeñable la gran calidad que presenta el fruto, que ha llegado a las bodegas con unos índices de sanidad, grado y acidez excelentes.

No se muestran tan elocuentes las bodegas que, a diferencia de otras campañas donde la especulación movía cotizaciones y animaba sus operaciones; en esta campaña se muestran contenidas ante un escenario internacional de incertidumbre y un consumo que no ha hecho sino mantener esa línea descendente iniciada hace ya varios años y a la que no parece encontrarle argumento para romper su tendencia e iniciar su recuperación.

Lo que está generando bastante cansancio y hartazgo en el sector bodeguero y, especialmente, en el viticultor.

Hablar de relevo generacional con efectos climatológicos de prolongadas olas de calor o lluvias torrenciales, que no hacen sino sumarse a las ya complicadas condiciones de cultivo que tienen nuestros viticultores. Que deben conformarse con precios que apenas cubren los costes de producción (lo contrario sería ilegal) dejando en niveles incomprensibles sus ratios de rentabilidad. Lo hacen verdaderamente complicado.

Un buen ejemplo de esta pérdida de quien esté interesado en seguir cultivando la viña, lo podemos encontrar en la evolución de la superficie de viñedo de vinificación y el potencial de producción vitícola que publica el Ministerio de Agricultura y que, en días pasado hizo con los datos de la campaña 2024/25, en los que se muestra que al final de la pasada campaña (31 de julio de 2025) la superficie bajó un 1,15% y en 10.525 ha para quedar en 903.170 hectáreas, mientras que el potencial de producción se redujo aún más, casi un 2,4% y en 22.493 hectáreas. Superficie que, en lo que llevamos de siglo, acumula un descenso de 221.263 ha.

Y, aunque es cierto que se ha producido un cambio en la composición del potencial vitícola, y la superficie de los derechos sin convertir a 31 de julio de 2025 no es un componente del potencial a tener en cuenta. Un 97,2% de todo el potencial vitícola español corresponde a superficie plantada de viñedo, con esas 903.170 hectáreas. Casi con total seguridad a final de esta campaña, el 31 de julio, tengamos que estar hablando de una superficie por debajo de las 900.000 hectáreas de viñedo en nuestro país.

Son éstas fechas en las que las vendimias acaparan toda la atención. Estimaciones más o menos solventes, pues los datos de los kilos de uva que se han vendimiado resultan bastante concretos, permitiendo realizar la planificación de una campaña, que empieza por concretar a cuánto de ese mosto se le va a paralizar su fermentación, bien para ser comercializado como tal o para ser vinificado más adelante.

Producto, el mosto, para el que el mercado presentaba grandes oportunidades y en el que nuestro país se sitúa como el primer productor mundial. Si bien, con oscilaciones importantes en función de según sea la cosecha.

No obstante, el coste que supone mantenerlo sin fermentar, el fuerte incremento de las existencias finales de campaña de este producto, 1.571.230 hl de mosto sin concentrar (+61,58%), con especial incidencia en los blancos, que aumentan un 65,26% con respecto al stock de la pasada campaña, cuando los tintos lo hacen un 49,64%. Los 100.074 hl de concentrado (-11,15%), 72.812 de rectificado (-12,33%) y 11.931 de mostos parcialmente fermentados (4,17%). Así como el descenso en las exportaciones que, a julio, últimos datos publicados, caían un 1,8% en volumen; han complicado mucho la apuesta por elaborar este producto y todo parece indicar que las cifras de este año serán notablemente inferiores a las de campañas anteriores.

Tampoco es nada desdeñable, aunque no sea este el lugar donde poder analizarlo, la campaña contra las bebidas azucaradas, muchas de ellas en las que se emplea el mosto en sus diferentes vertientes, que han emprendido las autoridades sanitarias.

Mención aparte merecen los datos que se desprenden del informe de actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del primer semestre de 2025, en el que se detalla que se impusieron 821 sanciones por incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, de las que 582 (71%) recayeron en el sector vitivinícola y de esas 579 la industria, copó 578 sanciones (la inmensa mayoría (506) por no inscribir los contratos en el registro (e-registro), y la otras se impuso al sector de la distribución mayorista por incumplimiento de los plazos de pago.

Siendo de destacar que sólo 13 lo fueron por no incorporar el precio en el contrato y 14 por incumplir los plazos. Cifras que a tener de lo que ha supuesto para un sector que no estaba acostumbrado a hacerlo y al que se le acusa de incumplir constantemente la Ley de la Cadena, no parecen muchos: por más que sería deseable que no hubiese ninguna sanción.

No es que el dato sea para lanzar cohetes, pero teniendo en cuenta lo que está cayendo, la evolución del consumo, con la subida de precios, sin olvidarnos del ambiente de pesimismo que reina en el sector, brinda algo de alegría. Mantener el consumo de vino en España en la franja comprendida entre los nueve millones novecientos mil y los nueve millones setecientos mil hectolitros podría considerarse un éxito.

Volumen insuficiente, sin ninguna duda, para un país tradicionalmente productor y el primero del mundo en superficie de cultivo, pero alentador si pensamos que llevamos situados en esos registros del consumo desde hace más de un año. Incluso mostrando una tímida tendencia alcista desde agosto del 22, cuando la economía se enfrentó a la inflación, con el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzando el 10,2% interanual y a la desaceleración del consumo de bienes debido a problemas en las cadenas de suministro globales; la invasión rusa de Ucrania y la variante Ómicron del COVID-19 que también impactaron en la economía en el primer trimestre.

Momento este de hace un año, que coincide con un cambio de tendencia en el tipo de vino consumido, con una clara recuperación de los tintos y rosados y una cierta flojedad en los blancos. Circunstancia que, si bien no se ve reflejada en las terrazas que siguen dominadas por los blancos, algunos incluso acompañados con hielo, lo que se conoce como el “Blanco París”. Ni en las cotizaciones de los vinos, que sólo en estas últimas semanas, los tintos parecen haber emprendido una senda alcista que no han sido capaces de seguir los blancos. Los datos del último Infovi así lo vienen reflejando.

Las estadísticas de evolución con tintos aumentado su consumo un 5,1% frente un descenso en blancos del 5,2%. O unas existencias de blancos que aumentan un 14,9% frente un descenso del 12,9% de los tintos, lo constatan.

A pesar de todo, la idea más generalizada sigue siendo la de un giro en el consumo hacia los vinos espumosos y blancos en detrimento de los tintos.

Otro dato que refleja bien la situación, en este caso de la viticultura, son las indemnizaciones a las que Agroseguro ha tenido que hacer frente hasta el 2 de octubre, y que ascienden a 60,8 millones de euros. Abonados en la campaña actual de uva de vino y que, según sus cálculos, representa casi el 90% de la estimación final de unos daños, que se situarán en cerca de 70 millones de euros durante 2025.

Los daños en el viñedo de Castilla-La Mancha concentraban un 42,4% de las indemnizaciones de la línea de uva de vino, con 25,8 millones de euros, seguido de La Rioja, con 12,9 millones (21,2%), Castilla y León, con 6,6 millones (10,9%), Comunidad Valenciana, con 4 millones (6,6%), Aragón, con 3,6 millones (5,9%), además de País Vasco (2,1 millones), Navarra (1,7 millones), Extremadura (1,3 millones) y otras CC.AA. (2,8 millones).

Una campaña accidentada, como así se refleja también las estimaciones de producción; que ha ocasionado una cosecha que se reitera históricamente baja y ha acabado sorprendiendo a todos por sus importantes diferencias con respecto a las estimaciones que se manejaban días antes de cortarse los primeros racimos.

Siempre es complicado hablar del sector vitivinícola y, aunque es cierto que, como todo buen sector agrícola, nos pasamos la vida lamentándonos y mirando hacia la Administración en busca de una ayuda que nos permita salir del atolladero que en cada momento nos encontremos; lo cierto es que parece que no corren buenos tiempos.

A los problemas habituales ligados al consumo, debemos añadirle el relacionado con el contenido alcohólico del vino y los efectos que está teniendo en nuestra clase política, empeñada en decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer, en lugar de abordar el tema de la educación.

Pero no son estos asuntos a los que me gustaría referirme en esta ocasión y sí al pesimismo reinante en el sector que está llevando a países como Alemania o Francia a solicitar a la Unión Europea medidas que redunden en solucionar la crisis de consumo.

Y, si bien los datos de consumo en España, estabilizados desde hace casi dos años (septiembre de 2023) en los 9,7 millones de hectolitros (20 litros per cápita). O los de exportación, donde, a pesar de la que está cayendo en el mundo con conflictos y situaciones “geopolíticas” (como les gusta referirse a nuestros gobernantes para no poner nombre y apellidos a todos los frentes bélicos abiertos); conseguimos mantenernos en la esfera de los tres mil millones de euros de facturación en vinos y tres mil quinientos en productos vitivinícolas; aunque caigamos ligeramente en volumen con algo más de diecinueve millones de hectolitros de vino y por encima de los veintisiete incluyendo el resto de productos vitivinícolas (mostos, vinos aromatizados y vinagre). Son datos que no debieran preocuparnos en exceso.

Lo cierto es que la sensación de crisis de consumo domina al sector y justifica que continuas cosechas históricamente bajas no eleven los precios de los vinos. Situación especialmente gravosa si tenemos en cuenta que han tenido que hacer frente, bodegueros y viticultores, a un aumento significativo de los costes de producción desde la pandemia.

Dándose la paradoja de que, en un escenario de cortas producciones, ya se empieza a hablar abiertamente de excesos en el potencial de producción y la necesidad de tomar medidas estructurales como pudiera ser un “plan comunitario de arranque de viñedo, similar al llevado a cabo entre 2009 y 2011” o la “adopción de medidas temporales de arranque en el sector vitivinícola, complementadas con medidas de apoyo ecológico en las zonas arrancadas”.