Con la certeza de que los hábitos de consumo han cambiado en los últimos años y el comercio internacional se ha visto fuertemente afectado; el sector se enfrenta a una situación inédita de apatía y temor, que muchas bodegas y viticultores proyectan sobre su futuro más inmediato.

Panorama bajo el que el relevo generacional adquiere especial protagonismo y sobre el que habrá que trabajar intensamente y, si fuera posible, conjunta y ordenadamente, con una amplia visión sectorial.

Conocer los costes de elaboración y disponer de una Ley de la cadena de valor que impida la venta a pérdidas, son un primer paso. Pero, claramente es insuficiente para abordar un problema en el que nos jugamos miles de hectáreas de viñedo, puestos de trabajo, despoblación de áreas rurales…

Se echa de menos una política vitivinícola ordenada y coordinada que marque su adaptación a las nuevas circunstancias y mejore la rentabilidad de nuestras producciones. El primer paso hacia la reversión de un abandono que nos amenaza profundamente bajo la necesidad de adaptar la producción a las nuevas demandas.

Recuperar consumo debiera estar en el objetivo de todos, pero pretender hacerlo en el corto plazo, llapso en el que muchos de nuestros viticultores pudieran tomar la decisión de abandonar su cultivo, se antoja imposible.

Y, aunque es lícito pretender que a tan sacrificada actitud mantenida por nuestros viticultores se les compense con una ayuda a su abandono, ésta podría ser la espoleta que le faltase a nuestro sector para acelerarlo.

En los próximos días, inicialmente previstas para el 4 de diciembre, acabarán las negociaciones con la reunión política, sobre la reforma de los reglamentos europeos de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) vitivinícola y Planes Estratégicos (ISV), más comúnmente conocida como el “Paquete Vino”. Con la que se pretende dotar al sector de medidas de apoyo flexibles que cada Estado miembro pueda adoptar, en función de sus circunstancias específicas y bajo las premisas de mayor flexibilidad, simplificación, control y coherencia.

Y, aunque amenazada, como denunció la Asamblea Europea de Regiones Vitivinícolas (AREV), por las necesidades que la nueva realidad geopolítica de la Unión pudiera tener un profundo impacto en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) dejando de ser obligatoria en el futuro reglamento de las OCM de la PAC 2028-2034 y pasar a ser de aplicación voluntaria para los Estados; la impresión generalizada es que el apoyo de las instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) hacia el sector ha sido claro, ante la creencia de que nos enfrentamos a una situación inédita que requiere tomar medidas urgentes.

Es cierto que el sector vitivinícola mundial no parece estar viviendo su mejor momento. A las tradicionales amenazas que periódicamente surgen desde las instituciones, bajo la excusa de su contenido alcohólico, y que amenazan su consumo. Le llegan ahora otras de índole económica como las derivadas de conflictos bélicos. Barreras proteccionistas impuestas por la primera economía del mundo y que amenaza con generar una peligrosa vuelta a políticas proteccionistas. O aquellas que, sencillamente, se derivan de elevadas tasas de inflación crónica y que se reflejan en un claro empobrecimiento de la población que está afectando gravemente a la clase media. Baluarte del desarrollo y piedra sobre la que se configura el consumo de cualquier producto de lujo, entendiendo éste como aquel que no es necesario para subsistir. Categoría en la que, claramente, se encuentra el vino.

Pero es verdad que, a diferencia de otros momentos, la tradicional lamentación que siempre nos ha acompañado, ha generado un cierto contagio en el consumidor. Y, de la misma forma que cuando gentes llegadas de otros sectores, apostaban por el vino y creaban majestuosas bodegas y ponían en el mercado vinos de precios estratosféricos, para los que se habían visto hasta entonces. Transmitiendo un estado de bonanza, riqueza y hasta opulencia; que no se correspondía con la generalidad del sector. En estos momentos podríamos decir que nos encontramos inmersos en la corriente contraria; marcada por el negativismo que inunda de pesimismo el consumo y nos está afectando fuertemente.

Hasta ahora el consumo, superada la catástrofe que supuso la pandemia y que truncó de forma abrupta la recuperación que habíamos conseguido, llegando a superar la barrera de los once millones de hectolitros (febrero 2020) de consumo interno; y que nos llevara hasta cifras históricamente bajas de 8’8 Mhls en febrero del 2021. De las que supimos rebotar hasta los 10’63 Mhls. (feb’22) hasta que, de nuevo una crisis económica, con tasas de inflación que no se recordaban desde la anterior crisis financiera que vivimos en los 2008, con ¿se acuerdan? primas de riesgo desbocadas y amenazas de intervención por parte que la UE. Que nos llevó a perder un millón de hectolitros hasta situarnos en los 9’64 Mhls en noviembre de 2022. El consumo se había mostrado bastante estabilizado, con una ligerísima tendencia alcista que nos permitía mirar al futuro con cierto optimismo y la esperanza de volver a alcanzar la mítica barrera de los diez millones de hectolitros.

Es pronto para pensar si el dato de un solo mes, septiembre’26, supone un punto de inflexión que transforme el optimismo de una estabilidad en una sensación de pesimismo y pérdida de consumo hasta situarnos en cifras por debajo de los nueve millones. El descenso del 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior, en términos absolutos, casi 175.000 hectolitros menos que en el interanual a septiembre de 2024; no es un buen dato.

Situando el consumo aparente en 606.711 hectolitros en ese mes, lo que representa una caída 200.552 hls (- 24,8%) respecto al mismo mes del año pasado. Cifra que en una pésima proyección estadística nos situaría el consumo interanual por debajo de los 7,5 millones de hectolitros, niveles nunca vistos.

En el camino hacia la modificación de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) recogida en el documento “Paquete Vino”, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (Comagri) del Parlamento Europeo aprobaba, sin sorpresas, el pasado día 5, el informe de Posición del Parlamento. Texto que será sometido a la sesión plenaria de estos 12 y 13 de noviembre, y que, igualmente, está prevista salga adelante sin problemas y permita poder afrontar la última fase de este intrincado procedimiento de modificación y que supondrá, una vez definidas la posición de cada una de las partes (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo), entablar la última fase: las negociaciones tripartitas que permitan disponer, previsiblemente antes de fin de año, de un texto legislativo definitivo.

Entre las principales medidas que incluye el texto adoptado por la Comagri del PE, destacan las siguientes:

La posibilidad de utilizar fondos europeos para medidas de gestión de crisis, como el arranque de viñedo y la destilación alcohólica que, hasta ahora, solo podían financiarse con fondos nacionales. Especialmente en nuestro país dado que, a diferencia de lo sucedido en Francia, nuestro Ministerio siempre se ha mostrado contrario a destinar fondos nacionales. Diferente es el planteamiento sobre si incentivar el arranque del viñedo con ayudas es una buena opción, pero eso pertenece a otro debate.

Pasar el límite máximo de las ayudas nacionales para la destilación de crisis y la vendimia en verde, actualmente del 20%, al 30%.

Dotar a la Comisión de herramientas para ajustar o suspender las importaciones o introducir un régimen temporal de reducción voluntaria de la producción, en el caso de perturbaciones producirse una subidas o bajadas significativas de precios.

La opción de transferir los fondos europeos del sector que no se hayan agotado en el ejercicio de un año al siguiente.

La ampliación de un año desde que los viticultores reciben la autorización de plantación o replantación en aquellos casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, como desastres naturales o brotes de enfermedades de las plantas.

Además, el informe contempla que las actuaciones para prevenir y luchar contra plagas muy contagiosas, como la flavescencia dorada puedan afrontarse al 100% con cargo a fondos comunitarios.

La posibilidad de prorrogar las campañas de promoción en terceros países cada cinco años.

Así como la introducción de disposiciones sobre el etiquetado electrónico (QR). La utilización del término ‘sin alcohol’ acompañado de la expresión 0,0% para aquellos cuya graduación alcohólica del producto no supera el 0,05% en volumen. Y vinos con “alcohol reducido” para los que cuenten con una graduación igual o superior al 0,5% de alcohol y al menos un 30% inferior a la graduación alcohólica de su categoría deberían.

Cuando nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, allá por el 1986, los países tradicionalmente productores de vino, con Francia e Italia a la cabeza, pensaban que podríamos desestabilizar el mercado con nuestros bajos precios y alto volumen de producción. Nos señalaban como una potencial amenaza a su dominio de los mercados y consiguieron establecer un “duro” periodo transitorio.

La llegada de los fondos europeos y la adaptación de nuestros productores (bodegueros y viticultores) a estas nuevas reglas de juego, con la claridad que proporciona la historia, podríamos decir que resultó beneficiosa para todos y que España, lejos de convertirse en una amenaza, se configuró como un “depósito pulmón” con el que regular disponibilidades. Permitiendo a Francia mantener su dominio y a Italia cambiar su mix de producto hacia otro de mayor valor. Y, aunque nosotros sigamos ocupando el furgón de cola en valor y comercialización, tampoco podemos olvidar lo que supuso de cara a la reestructuración y reconversión del viñedo o la modernización de nuestras bodegas.

Pensar que todas estas medidas pueden verse fuertemente afectadas por un cambio de modelo y una disminución drástica de los fondos es entendible que ocupe y preocupe al sector. Máxime cuando, la férrea intervención a la que ha estado sometido hace imposible imaginar un escenario diferente.

Haciendo que la situación geopolítica actual, la grave incidencia sobre las cosechas que está teniendo el cambio climático, el incremento de los costes de producción, la competencia de otras bebidas o las trabas arancelarias hagan saltar todas las alarmas ante anuncios de una reducción del 22% en los fondos destinados a la PAC 2028-34, que pudiera tener como consecuencia que las ayudas al sector, la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dejaran de ser obligatorias, sufrieran una disminución drástica de sus fondos y pasasen a ser voluntarias para los Estados Miembros. Aspecto este último que no preocupa de igual forma a todas las organizaciones, pues las hay que consideran que puede ser una forma válida para profundizar en la idea ya planteada en las anteriores reformas de la OCM vitivinícola, sobre la mejor utilización de los fondos en función de las necesidades de cada uno de los Estados Miembros. Pero que otros ven como una discriminación que no hará sino profundizar en la desigualdad entre Estados.

En este camino, fue elaborado por los Estados Miembros un documento conocido como “Paquete Vino” en el que el Grupo de Alto Nivel para la Política Vitivinícola planteaba una serie de medidas de apoyo al sector. Posteriormente adoptado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y que, muy probablemente, sea adoptado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en los próximos días puesto que las enmiendas de compromiso se encuentran negociadas por los diferentes grupos. Lo que supondrá su incorporación al informe del Parlamento Europeo.

Con ello, las tres instituciones: Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea, tendrían fijadas sus posiciones y permitirían que los próximos 18 y 21 de noviembre se llegara a un consenso en las reuniones técnicas programadas de las que saliera un documento de acuerdo definitivo a aprobar en la reunión del 4 de diciembre.

Un paso importante, aunque no suficiente, para garantizar que esas ayudas vayan a seguir existiendo.