Cuando nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, allá por el 1986, los países tradicionalmente productores de vino, con Francia e Italia a la cabeza, pensaban que podríamos desestabilizar el mercado con nuestros bajos precios y alto volumen de producción. Nos señalaban como una potencial amenaza a su dominio de los mercados y consiguieron establecer un “duro” periodo transitorio.
La llegada de los fondos europeos y la adaptación de nuestros productores (bodegueros y viticultores) a estas nuevas reglas de juego, con la claridad que proporciona la historia, podríamos decir que resultó beneficiosa para todos y que España, lejos de convertirse en una amenaza, se configuró como un “depósito pulmón” con el que regular disponibilidades. Permitiendo a Francia mantener su dominio y a Italia cambiar su mix de producto hacia otro de mayor valor. Y, aunque nosotros sigamos ocupando el furgón de cola en valor y comercialización, tampoco podemos olvidar lo que supuso de cara a la reestructuración y reconversión del viñedo o la modernización de nuestras bodegas.
Pensar que todas estas medidas pueden verse fuertemente afectadas por un cambio de modelo y una disminución drástica de los fondos es entendible que ocupe y preocupe al sector. Máxime cuando, la férrea intervención a la que ha estado sometido hace imposible imaginar un escenario diferente.
Haciendo que la situación geopolítica actual, la grave incidencia sobre las cosechas que está teniendo el cambio climático, el incremento de los costes de producción, la competencia de otras bebidas o las trabas arancelarias hagan saltar todas las alarmas ante anuncios de una reducción del 22% en los fondos destinados a la PAC 2028-34, que pudiera tener como consecuencia que las ayudas al sector, la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dejaran de ser obligatorias, sufrieran una disminución drástica de sus fondos y pasasen a ser voluntarias para los Estados Miembros. Aspecto este último que no preocupa de igual forma a todas las organizaciones, pues las hay que consideran que puede ser una forma válida para profundizar en la idea ya planteada en las anteriores reformas de la OCM vitivinícola, sobre la mejor utilización de los fondos en función de las necesidades de cada uno de los Estados Miembros. Pero que otros ven como una discriminación que no hará sino profundizar en la desigualdad entre Estados.
En este camino, fue elaborado por los Estados Miembros un documento conocido como “Paquete Vino” en el que el Grupo de Alto Nivel para la Política Vitivinícola planteaba una serie de medidas de apoyo al sector. Posteriormente adoptado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y que, muy probablemente, sea adoptado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en los próximos días puesto que las enmiendas de compromiso se encuentran negociadas por los diferentes grupos. Lo que supondrá su incorporación al informe del Parlamento Europeo.
Con ello, las tres instituciones: Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea, tendrían fijadas sus posiciones y permitirían que los próximos 18 y 21 de noviembre se llegara a un consenso en las reuniones técnicas programadas de las que saliera un documento de acuerdo definitivo a aprobar en la reunión del 4 de diciembre.
Un paso importante, aunque no suficiente, para garantizar que esas ayudas vayan a seguir existiendo.