De todo el paquete de medidas aprobado por el trílogo y que supondrá la base sobre la que aprobar los Planes Estratégicos donde está contemplada la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), es más que probable sea la de Promoción en Terceros Países, la medida que más interés haya despertado entre los operadores.

No ya por su cuantía, pues los 33,36 millones de euros pagados durante 2025, se encuentran muy lejos de los 66,67 destinados a la reestructuración y reconversión del viñedo, o los 56 que fueron destinados a subvencionar inversiones. Y sí por lo que supone de acción real frente la caída de consumo y la necesidad de buscar nuevos consumidores, incluso mejorar los resultados conseguidos, al ampliarse el plazo de ejecución de cinco a nueve años.

Todos coinciden en señalar que estamos frente una fuerte crisis de consumo a la que hay que hacer frente de manera urgente y eficaz.

La tendencia mundial de consumo está claramente orientada a la baja. Sus efectos están dejándose notar en todos los países del mundo y todas las zonas de producción, incluso las que habían permanecido relativamente ajenas a crisis anteriores. Y abordar el asunto de cómo llegar a los nuevos consumidores e incrementar la frecuencia de consumo en los ya existentes se ha convertido en asunto vital para muchos viticultores y bodegueros.

Aun así, llama poderosamente la atención el hecho de la fuerte inversión que sigue acaparando la medida de reestructuración. Manteniendo la cara, en unos niveles medios de más de sesenta y dos millones en los últimos nueve años, con pandemia y crisis económica por el medio.

Tampoco es baladí el tema de su distribución regional, con Castilla-La Mancha acaparando el 35,57% del total del pago de la ISV 2025, con 69.623.019,99 €; mientras que Castilla y León, ocupa el segundo lugar con 28.071.904,17 €, un 14,34% del total. En el extremo opuesto está, de entre las CC.AA. que han recibido pagos, Canarias, con sólo el 0,38% del total (Asturias y Cantabria no han recibido ni un solo euro). Aunque son Navarra (459 €/ha), Murcia (395 €/ha) y Baleares (384 €/ha) las que más ayuda han recibido por hectárea de superficie plantada. Y La Rioja (20 €/ha) y Canarias (87 €), las que menos.

También resulta bastante revelador las medidas en las que cada una de estas regiones han gastado su presupuesto. Ya que, de las cinco en las que pudieron hacerlo hay dos: promoción en terceros países e inversiones que tienen un espíritu más comercial; mientras que las otras tres: reconversión y reestructuración, destilación de subproductos y cosecha en verde, podríamos decir que se encuentran más enfocadas a orientar la producción y hacer frente a excedentes coyunturales.

Mientras Castilla-La Mancha (77,86%), Extremadura (70,16%) y Andalucía (59,71%) deben destinar a reconfigurar su estructura productiva la mayor parte de sus fondos; el resto opta por aquellas otras medias que miran más al mercado.

¿Hacia dónde van dirigidos esos planes de reestructuración y reconversión? Podría ser una pertinente pregunta. Pues, dependiendo de si lo están haciendo hacia la adaptación a variedades más adecuadas a los mercados, es una cosa. Pero si lo están haciendo, hacia el aumento de rendimientos, otra muy distinta. Y el histórico apunta hacia lo peor.

Posiblemente, de todo lo acontecido en la última semana, sea el acuerdo alcanzado por el trílogo (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo) sobre el texto final del conocido como “Paquete Vino” (por lo que ya únicamente queda su adopción formal por parte del Parlamento y del Consejo y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, algo que se espera que pueda tener lugar entre enero y febrero del año próximo) lo más transcendental para el futuro inmediato del sector vitivinícola europeo.

Ya que, en él, bajo la premisa de ofrecer al sector herramientas acordes a las diferentes necesidades que tienen cada uno de los Estados Miembros, se configuran una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad y la valorización de la producción vitivinícola europea. Llegando a ofrecer alguna posibilidad de un abandono digno (subvencionado) para aquellos que, bien por falta de relevo generacional, rentabilidad o, sencillamente, porque apuestan por otros cultivos, decidan abandonar el viñedo. Mejorar la coherencia entre las diferentes medidas existentes, así como la cofinanciación, y presentar los productos vitivinícolas de una forma más clara al consumidor son otros de sus fines.

Aun así, lo que está sucediendo con el consumo, en España (que podríamos hacer extensible a prácticamente todo el mundo, desde luego a todos los importantes) resulta mucho más preocupante y está generado cierta alarma sectorial, que hace que la opción del abandono del viñedo o el cierre de bodegas se hayan convertido en posibilidades a tener en cuenta.

Hasta ahora el suelo del consumo nacional parecíamos tenerlo estable en el entorno de los nueve millones ochocientos mil hectolitros. Lamentablemente septiembre supuso un fuerte mazazo a esta estabilidad y cayó hasta los 9,53 Mhl interanuales, tendencia que se ha confirmado con los últimos datos del Infovi de octubre, donde, aunque con mucha menos fuerza (-0,54% respecto al mes precedente) hemos vuelto a caer hasta situarnos en los 9,48 Mhl.

Por colores los tintos pierden en ese mes un 1,29% con respecto a septiembre, mientras los blancos recuperan un 0,58% de su consumo. Confirmándose el punto de inflexión que ambas categorías iniciaron en el pasado mes de junio.

Tema, el del dónde se podría situar el nuevo suelo del consumo nacional, transcendental y sobre el que habrá que estar muy pendiente. Pues si con la crisis económica iniciada en 2022, en apenas diez meses nos dejamos un millón de hectolitros (-9,33%), habrá que estar muy atentos a las cifras que nos quedan por conocer de estos dos últimos meses (clave) del año y confiar en que, los trescientos dieciocho mil hectolitros que llevamos perdidos, no vayan a más en noviembre o diciembre, o al menos lo hagan de una forma mucho más suavizada.

Los hábitos de consumo de los españoles han cambiado en los últimos años. También la presión económica que está generando sobre la renta disponible el empobrecimiento provocado por un crecimiento desigual de los salarios frente al aumento del coste de la vida ocasionado por las elevadas y sostenidas tasas de inflación.

Escenario que hace especialmente necesario atender a aquellas circunstancias que pudieran sernos favorables, como pudiera ser el precio; y a aquellas otras sobre las que seguir trabajando intensamente, como la imagen.

Con resultados bastante poco alentadores, el sector lleva años persiguiendo una mejora del valor de sus vinos. Unas veces directamente mediante la elevación de los precios en aquellas categorías más consumidas; otras mediante la modificación del mix de productos comercializados que nos arrojen mejores precios medios. Y, en otras ocasiones (y no menos importante), intentado mejorar la imagen de calidad de nuestros vinos. Sin que ninguna de todas haya tenido unos efectos que pudiéramos valorar como satisfactorios.

Según un estudio elaborado por Gelt, compañía española especializada en “cashback”, la combinación de presión económica y cambio estructural en el gran consumo ha hecho que el valor de la marca gane peso en la decisión de compra. Con cuotas que sitúan a la marca como decisiva, pues cerca de la mitad del valor que el consumidor considera que tiene un producto. Cuando hace sólo unos años era poco más del 40%.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo del consumidor le ha vuelto mucho más “infiel”, mostrándose dispuesto a cambiar de marca. Uno de cada tres compradores. Declarándose muy abierto a probar alternativas en su próxima compra. Y, entre los jóvenes, de 18 a 24 años, esa apertura es todavía mayor.

Convirtiendo el precio y la búsqueda de opciones más económicas como el principal elemento diferenciador, con cerca de seis de cada diez consumidores señalando el coste como la razón decisiva para dejar una marca y probar otra. Consolidando la cultura del ahorro y tratando de aprovechar al máximo cada oportunidad.

Preocupación por el ahorro que convive con la creciente por la salud y la calidad. La cual se refleja con especial fuerza en las mujeres, mientras que, muchos hombres, se muestran más reticentes a cambiar determinados hábitos.

El consumidor medio estaría dispuesto a pagar entre un 5% y un 10% más por productos mejores, más frescos y saludables cuando percibe un beneficio claro. Los “boomers”, incluso llegarían a un incremento de hasta un 20%. Considerando el sabor como un elemento clave para muchos de los consumidores.

Combinar estos elementos con un consumidor más exigente, más informado y estratégico, que ya no se conforma con elegir sólo por precio o por costumbre, obligará a ofrecer calidad tangible, experiencias de compra más sencillas y promociones que merezcan la pena.

Los clientes omnicanal tienden a gastar más, muestran mayor lealtad a largo plazo y pueden aportar incrementos de hasta un 15% en ingresos cuando las estrategias están bien ejecutadas.

¿Estamos preparados para afrontar este presente?.