Dentro de pocas semanas, tendremos en nuestras manos los nuevos Reglamentos sobre los que se desarrollará la política vitivinícola europea de los próximos quince o veinte años.
Documentos que han sido elaborados sobre la base consensuada por todos los grandes productores mundiales (que son los europeos) y que con los que la Unión Europea aspira a dotar a sus operadores de herramientas con las que poner freno a una preocupante pérdida mundial de consumo. En muchas ocasiones motivada por cambios sociales y económicos propios, como pudiera ser la traslación del vino como alimento diario a la concepción de producto reemplazable. Pero que, en otras muchas ocasiones, lo son de índole general como aquellas que pudieran derivarse de la subida de los precios (inflación), la capacidad para endeudarse (tipos de interés), la distribución del gasto y peso del consumo, tanto en bienes como servicios; o el propio peso que tenga el número y gasto de los casi cien millones de turistas que nos visitan.
En los que se intentará reforzar el papel de las medidas con las que se ha construido la vitivinicultura del siglo XXI: reestructuración y reconversión, modernización de bodegas, promoción en terceros países… y otras nuevas como el desarrollo del enoturismo o la posibilidad de primar el abandono del viñedo.
Medida que no será nueva y que, como bien recordarán los viejos del lugar ya existió. Pero que se dará en unas condiciones especialmente delicadas y que están marcadas por la falta de relevo generacional, escasez de mano de obra cualificada, insuficiente rentabilidad y despoblación de áreas rurales.
Resulta tremendamente difícil justificar que ante esta situación no se apoye al viticultor con una pequeña ayuda sobre algo que, de una forma silenciosa pero contundente, ya está sucediendo. Sólo la necesidad de que transcurra el tiempo necesario para no tener que devolver las ayudas percibidas para la reestructuración o ver la posibilidad de valorizar el viñedo con la concesión administrativa que tiene, ha evitado que las cifras de la Encuesta sobre Superficie de Cultivos (Esyrce) no sea mucho más mala de lo que lo han sido los datos de 2025 y que nos sitúan por debajo de las novecientas noventa mil hectáreas de viñedo de uva de transformación.
Pero también habrá que considerar lo que supone ese viñedo como patrimonio vitícola y la imposibilidad de volver a recuperar esa producción, de esa calidad, en muchos años. Sin mencionar el efecto sobre la posible desertificación y éxodo rural. Difícil tesitura se le plantea al Ministerio, que deberá tomar posición y confiemos que vaya más allá de la mera cesión a las demandas de las Comunidades Autónomas y tenga una visión sectorial global y estratégica.