Los datos indican que ni con calidad, ni sin ella, nuestros vinos son valorados por los mercados exteriores. Que solo el precio parece ser un factor determinante a la hora de adquirirlos. Aseveración que podría llevarnos a considerar que todo vale, pues no hay quién esté dispuesto a pagar esa diferenciación. Apreciación alejada completamente de la realidad y que podría ocasionarnos importantes problemas si caemos en la tentación de creérnoslo.

Los datos de nuestras exportaciones son el único mercado en los que conocemos volúmenes y valores, ya que las estadísticas del consumo interno además de ser malas (por incompletas) resultan en algunas ocasiones inconexas e imposibles de contrastar. Un buen ejemplo lo tenemos en esta misma edición con los datos publicados por Nielsen en su informe mensual Market Trends España, cuya información referida al vino está muy lejos de los datos publicados mensualmente por el Magrama en su panel de consumo alimentario.

Pues a pesar de estos datos, sabemos que no es verdad. Puesto que la realidad es que la calidad ya hace mucho tiempo que en exportación y en mercado interior, ha dejado de ser un factor diferenciador para pasar a convertirse en un requisito de mínimos.

Y eso, en momentos como este en los que afrontamos una cosecha inferior a la del pasado año y a unos precios también más bajos, convendría tenerlo muy presente y no caer en la tentación de pensar que todo vale.

Las campañas empiezan y acaban, pero los mercados permanecen. Labrarse una imagen y valorizar los vinos no es cuestión de una campaña sino de muchas cosechas en las que ofrecer una calidad constante que nos permita granjearnos la confianza del consumidor.

Cualquier medida que vaya encaminada a mejorar el conocimiento y consumo de nuestros vinos es siempre bien recibida. Aunque esa ayuda solo pueda ir destinada a hacerlo en terceros países y no dentro de la Unión Europea; como es el caso de los programas de apoyo al sector en las inversiones de los programas de información y promoción. Si estas medidas se vuelven un poco más flexibles en su ejecución, reduciendo del 75% al 50% el grado mínimo de cumplimiento para no ejecutar el aval, pues mejor que mejor. Especialmente dado el alto número de planes que, ante la incapacidad de generar los recursos necesarios por parte de las bodegas con los que llevarlos a cabo en su integridad, han visto esfumarse los avales o garantías depositados.

Aunque son muchos ya los pueblos españoles que han comenzado las tareas de vendimia, hablar de generalización quizá sea un tanto exagerado. No obstante, ya es posible comenzar a sacar algunas conclusiones sobre lo que puede acabar siendo la vendimia 2014/15, marcada por la vuelta a la normalidad de la cantidad y la calidad.

Todo eso suponiendo que alguien pueda definir “normalidad” con algún criterio objetivo y exento de la natural intencionalidad de la defensa de los intereses de quien formule esa definición. Sobre todo considerando el profundo cambio que ha experimentado (que está todavía hoy viviendo) el viñedo en nuestro país, y el sorprendente aumento de la productividad a la que parece nos abocará.

Pero si difícil resulta concretar el término en cuestiones cuantitativas, no les voy a contar lo que puede acabar siendo en las referidas a aspectos cualitativos, mucho más subjetivos y que abarcan un abanico inmenso de posibilidades.

Porque esas posibilidades, esos productos que es posible elaborar partiendo de la uva y que van mucho más allá del mosto o el vino; es otra de las cuestiones que más pronto que tarde tendrá que comenzar a plantearse la Interprofesional del sector vitivinícola español. Ya que coincidirán conmigo en que no es lo mismo cultivar un viñedo cuya producción va destinada a la uva de mesa, que a la vinificación. Pero que tampoco es lo mismo destinar la uva a mosto que a vino. Como no es lo mismo un viñedo para producir un vino para destilar, que uno para colmar las exigencias de los más exquisitos consumidores. Ni las variedades son las mismas, ni los sistemas de cultivo, ni los rendimientos, ni la vinificación, ni nada de nada. Por lo tanto, cuidado cuando hablemos de “normalidad”, porque esta es muy distinta según el destino de la producción.

¿Cuarenta y dos millones de hectolitros son muchos? Pues ni mucho, ni poco. Porque atendiendo al consumo de nuestro mercado interno es cuatro veces lo que necesitamos, y considerando nuestro mercado exterior, un poco menos del doble. Así es que será mucho o poco en función de la capacidad que tengamos de mantener nuestras exportaciones y recuperar nuestro consumo, pero sobre todo, de las necesidades que tengan nuestros principales compradores: Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido o Italia, por citar los cinco primeros clientes de nuestro vino y que representan dos tercios de nuestras exportaciones; entre los que se encuentran los principales productores mundiales y cuyo destino no parece que sea el consumo de sus habitantes, sino más bien la reexpedición a otros destinos con sus marcas propias.

Durante la pasada campaña hemos tenido ocasión de reiterarnos en lo que ya sabíamos. Que el mercado exterior es muy rígido y que solo reacciona ante un cambio sustancial de los precios. Que está muy saturado y que para poder vender hay que quitar a alguien antes. Que la calidad es importante, pero que cuando se baja el precio parece no importar tanto. Que somos capaces de elaborar los mejores vinos, pero también de hacer brebajes con los que sonrojarnos. O que la figura del papá Estado, que venga a sacarnos del apuro cuando nos metemos irresponsablemente en él, ha desaparecido y cada vez nos encontramos más en un libre mercado en el que solo vale ser competitivo.

¿Pero somos conscientes de dónde queremos ir, qué producir, cuánto, a qué precio, en cuántas hectáreas, con qué rendimientos, de qué variedades…? Quizá cuando a todas estas y muchas más preguntas se les haya dado respuesta estemos en condiciones de hablar de “normalidad”. Hasta entonces, permítanme que cuestione todas las valoraciones que lo argumentan para valorar sus estimaciones.

Si hace una semana nos lamentábamos de que el sector no contara con ninguna estimación de cosecha de los organismos u organizaciones profesionales, hoy podemos decir que el Magrama ha hecho pública la suya, correspondiente al mes de junio. En la que cifra la próxima cosecha en 39.443.160 hectolitros.

Bueno, no es mala cosa. Al menos ya sabemos por dónde estima el Ministerio la cosecha, y aunque la fecha a la que está referida (junio) está muy expuesta a posibles cambios de gran consideración, tenemos una estimación oficial con la que comenzar a trabajar y que cada uno pueda, con sus ajustes, planificar la campaña.

Los acontecimientos del pasado año, con remolques aguantando largas colas a pleno sol hasta que la bodega o cooperativa tenía la posibilidad de darle entrada a su fruto, han obligado a tomar medidas que eviten se pueda repetir tales circunstancias.

Efectivamente, ni la cantidad es la misma, ni a las bodegas parece que les vaya a pillar por sorpresa la llegada masiva procedente de las hectáreas de viñedo vendimiadas a máquina. Pero, incluso así, prácticamente todas han establecido protocolos más o menos rigurosos por los que los viticultores deberán comunicar con la suficiente antelación el volumen que tienen previsto entregar y cuándo.

Norma que se une a la ampliación de la capacidad elaboradora que muchas bodegas y cooperativas han llevado a cabo a lo largo de este año y que va más allá de la misma producción, afectando a parámetros cuantitativos, como el de rendimientos, pero también a inversiones en equipos analíticos que diferencien cualitativamente el fruto y favorezcan la vinificación por separado dependiendo de las calidades.

Ahora habrá que confiar en que no solo esto sea lo que hayamos aprendido, sino que también tengamos la suficiente frialdad para estudiar lo que ha pasado con los mercados, cómo han reaccionado los precios a los diferentes volúmenes de vino ofertados y cómo se han comportado las exportaciones en volumen y valor.

Con más o menos fortuna, parece que la cosecha del “siglo” la vamos colocando, que aquella medida extraordinaria de retirada de un volumen considerable de cosecha del mercado ha dejado de ser necesaria en cuanto se estableció el procedimiento por el que se llevaría a cabo. Incluso se ha conseguido que el sector cuente con una organización interprofesional que permita abordar la recuperación del consumo en el mercado interno, incluso quién sabe, si la posible elaboración de un plan que establezca producciones y utilizaciones acorde a una estrategia común encaminada a valorizar nuestros productos generando marca.

Igual nos estamos haciendo mayores y hemos acabado entendiendo que no estamos solos y que los mercados son extraordinariamente permeables como para andar por ahí a pecho descubierto.

La publicación de las primeras tablillas (ver información de vendimias), hecha por Vinartis y Félix Solís en Valdepeñas recoge una cotización diferente entre aquellas uvas con más de trece grados y menos; así como una rebaja sustancial con respecto a las del pasado año.

De una u otra manera nuestros principales rivales en la producción vinícola mundial: Francia e Italia, han dado a conocer sus estimaciones de producción para la campaña 2014-15.
Francia, la que mejor funciona, lo hacía el 25 de julio con la primera estimación oficial de su Ministerio de Agricultura (Agreste) que elaborada por el Servicio de Estadística y Prospectiva la cifraba en 46,4 millones de hectolitros; recuperándose así de las pérdidas de las dos últimas campañas y volviendo a sus producciones medias. Italia lo ha hecho a través de la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) el pasado 11 de agosto, y aunque no es capaz de concretar una cifra, sí señala que será inferior a la del pasado año y estará luchando “codo con codo” con Francia por el primer puesto mundial en cuanto a producción.
¿Y España?
Pues España de momento sigue callada y esperando a no se sabe muy bien qué, para publicar su primera estimación.
Hay organizaciones agrarias que llevan ya bastante tiempo aventurándose a decir que la cosecha será muy inferior a la del pasado año que califican de “excepcionalmente alta”; pero no marcan una horquilla, ni una cifra de referencia.
El Magrama, por supuesto, sigue callado, como si cuando fuera a publicar su estimación a 30 de junio quisiera que esa cifra se ajustara bastante a lo que luego reflejarán las declaraciones de producción; y obviando que esta cifra, generalmente, dista mucho, muchísimo, de la realidad.
Por supuesto, de las organizaciones profesionales como los enólogos, o de las empresariales y cooperativas, no hablamos. Porque tampoco ellos han podido, o querido, pronunciarse al respecto.
Eso sí, la advertencia de que ante cualquier indicio de que ha existido un pacto en la fijación de los precios de las uvas, serán denunciadas las bodegas ante la Comisión Nacional de la Competencia, no se ha hecho esperar.
Tenemos experiencias bastante cercanas como para no olvidar que es fundamental tener una idea de cuál es la producción para poder planificar la campaña adecuadamente, que lo contrario lo único que provoca son acuerdos que luego se hacen muy difíciles de cumplir y alteraciones en los mercados que nos llevan a dientes de sierra tan profundos que el mercado es incapaz de digerir, con consecuencias nefasta en nuestras exportaciones, principal vía de colocación de una producción que llega a quintuplicar las necesidades de su consumo interno.
La destilación obligatoria sigue pendiente de un hilo, más político que económico, como consecuencia de una cosecha que nadie fue capaz de prever; y ahora en la primera ocasión que tenemos volvemos a demostrar nuestra incapacidad para conocer a lo que nos enfrentamos.
Tradicionalmente hemos elaborado los vinos de espaldas a los mercados, lo que habitualmente veníamos haciendo, ignorando cambios sociales o económicos. Nuestras bodegas han sufrido en primera persona, y traslado a los viticultores en forma de bajadas sustanciales de precios, que los vinos hay que salir a venderlos, que se ha acabado eso de que venían a comprarnos, y que cuando lo hacen es para hundirnos con precios ruinosos.
Pero seguimos sin contar con la información mínima para desarrollar cualquier actividad como la que requiere un mercado tan excedentario y sometido a unas exportaciones por precio, como el nuestro.
¿A quién favorece esto? ¿Por qué no se toman medidas? Eso es algo que confío en que algún día podamos contestar.

Constituida la Interprofesional del Vino de España (OIVE), solo podemos felicitarnos y confiar en que se ponga a andar de inmediato. Son muchos los temas que afectan al sector vitivinícola español en su conjunto y la unión puede resultar muy beneficiosa para todos.

El mero hecho de que uno de los principales objetivos de los socios fundadores (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas y FEV) haya sido, desde las primeras reuniones que mantuvieron, la urgencia de centrarse en la recuperación del consumo en España dice mucho de estas organizaciones profesionales y de las posibilidades de que acaben obteniendo algún resultado positivo que contribuya a mejorar la cadena de valor del sector en nuestro país.

La Interprofesional no lo va a solucionar todo, lo sabemos y no lo deberíamos olvidar cuando vengan mal dadas, pero puede ayudar mucho a asumir, de una vez por todas, una estrategia común, objetivos y medidas concretas que vayan en esta dirección.

Sus objetivos podrían haber sido otros, los socios fundadores y representados con voz y voto, también. Pero son los que son y, ahora lo único que resta es ponerse a trabajar y pedir de sus miembros la suficiente generosidad en la consideración de aquellas cuestiones que surjan de una Comisión Consultiva compuesta por las Denominaciones de Origen, y elaboradores de alcoholes, mostos y vinagres; que deberían tener mucho que decir de cara a establecer una verdadera planificación de la producción. Aspirar a eliminar excedentes y recuperar el consumo interno está muy bien, pero es utópico en estos momentos. Organizar la producción para establecer criterios de producción, calidad y precio diferentes según su utilización, una posibilidad que se me antoja necesaria para eliminar posibles tensiones en el mercado que creen tiranteces que pongan en peligro su futuro o, en el mejor de los casos, dificulte la consecución de sus objetivos; es una misión complicada y que requerirá de una cierta estabilidad para poder ser abordada, pero que no deberían perder de vista.

Incorporar la vendimia en verde al proyecto de RD del Programa Nacional de Apoyo 2014-18 está muy bien y resulta incomprensible que no lo haya estado hasta ahora. Pero su aplicación será previa solicitud justificada de una o varias comunidades autónomas para el caso de que se produzcan desequilibrios de mercado, y eso antes del quince de mayo, fecha en la que finaliza el plazo para la solicitud de aplicación de la medida. Lo que requiere un preciso conocimiento del que, hasta ahora, en la elaboración de previsiones de cosecha, no ha hecho gala ni el sector, ni las administraciones. Así como una mínima planificación por parte del conjunto del sector de lo que se necesita.

Luego, sí a la vendimia en verde, como también sí a la reestructuración y reconversión del viñedo; pero con algo más de eficiencia de la que hemos demostrado hasta ahora con la aplicación de los millones y millones de euros que hemos recibido para adaptar nuestra producción al mercado (principal objetivo de los PNA) y que, hasta el momento, tan solo ha servido para aumentar rendimientos y perder cierta personalidad en nuestros vinos con la plantación de unas pocas variedades que, básicamente, solo han servido para crear excedentes. Cuestión que pretende corregirse con la introducción de limitaciones en los rendimientos.

Estas medidas vendrán a unirse a otras como la posibilidad de financiar la replantación de viñedos en caso de arranque obligatorio producido por motivos sanitarios o fitosanitarios. La nueva de innovación con ayudas a las inversiones en intangibles; promoción en países terceros para la que no se permitirá que haya ningún beneficiario con más de un tres por ciento del presupuesto previsto para esta medida; eliminación de subproductos e inversiones.

Ya sabemos que no es lo mismo predicar que dar trigo. Que este sector es muy proclive a alzar la voz cuando tiene un problema, pero muy poco dispuesto a alcanzar acuerdos sectoriales que permitan una planificación. Incluso que los políticos son como veletas que están sometidos a vientos de direcciones muy distintas y que tienen la meritoria habilidad de encontrar razones para desdecirse con la misma facilidad que las encontraron para defender su argumento inicial.

Dejando a un lado la imagen que podamos dar en el exterior (que no es una cuestión baladí, pero ahora mismo hay cuestiones que me parecen más importantes), el sector vuelve a dar muestras de una completa desorientación y roza el cachondeo.

Sabemos que la celeridad con la que son conocidas y publicadas (vamos a pensar que no son retenidas) las estadísticas del Magrama no es precisamente una cuestión de la que poder sentirse orgullosos. Por lo que una vez presentado el borrador de Real Decreto que incluía la destilación obligatoria y que debía ser aprobado inmediatamente, esgrimir como todo argumento para justificar su retraso que la medida no será aplicable al menos hasta septiembre “cuando se conozcan los datos exactos del vino que hay realmente almacenado” parece una excusa bastante peregrina que servirá para dejar morir en el olvido la medida.

Y dejando a un lado opiniones sobre si esta media era adecuada, si afectaba a quienes realmente debía dirigirse; si debía haberse adoptado antes de que hubieran caído los precios hasta los niveles que lo ha hecho. Incluso si su anuncio para lo único que ha servido ha sido para que las cotizaciones bajen todavía más ante la urgencia de las bodegas de dar salida a un vino cuya contabilidad en sus instalaciones supondría un importante coste añadido. Lo único realmente incuestionable es que el Magrama ha vuelto a poner en evidencia la debilidad política en la que se encuentra como consecuencia del marco territorial de nuestro país.

Bueno, de eso, y de una inocencia no sé si admisible. Ya que no creerán que una medida que iba dirigida “exclusivamente” a una región: Castilla-La Mancha y especialmente a un colectivo: las cooperativas, aunque también a importantes bodegas con un notable peso; iba a pasar inadvertida y asumida sin más razonamiento que la asunción de una situación de la que no se sienten ellos solos responsables.

Claro que visto lo visto no sé qué es peor, si la sensación de ninguneo al que se ha visto expuesto el Magrama. O la posibilidad de que en el “otro gran asunto” que afecta al sector: la interprofesional, cuya constitución también ¿era, es? inmediata, se produzca algo parecido cuando llegue el momento de concretar el reparto de los asientos y la contribución de cada uno.

Hace apenas una semana nos felicitábamos por la gran madurez que estaba mostrando el sector en dos asuntos de vital transcendencia para su futuro a corto y medio plazo y que, al fin y al cabo, debían suponer dos herramientas básicas con las que ir posicionándolo en el camino de la competitividad en la que la nueva reglamentación comunitaria lo ha situado.

La eliminación de cualquier medida de intervención y la adecuación de las empresas que conforman el sector a un mercado altamente competitivo, y en el que la calidad ha pasado de ser una cualidad, a convertirse en un requisito mínimo con el que poder acceder a vender tus elaborados con el suficiente valor añadido para hacer rentable el negocio; nos ha llevado, no sin reiteradas llamadas de atención por parte de los organismos comunitarios, a darnos cuenta de que ya no contamos con puertas a las que llamar para que nos resuelvan nuestros problemas. Y que solo nosotros deberemos implantarnos aquellas organizaciones y medidas con las que organizar un sector claramente distanciado de un mercado y unos consumidores que han evolucionado y con los que no hemos sabido ir al unísono.

Esta histórica campaña de producción alarmante y en la que se han vinificado partidas que no deberían haber entrado a bodega (ahora ya lo podemos decir porque ha sido el propio sector productor quien así lo ha reconocido) parecía que podía suponer el punto y final a un periodo de comodidad e inmovilismo por parte de un sector que ha demostrado ser incapaz de entenderse, amén de tener muy pocas ganas de intentarlo. La creación de una interprofesional que, aprendiendo del pasado, se constituyese con la intención de suponer un primer paso para comenzar a trabajar. O la misma disposición del sector productor a asumir la retirada de esa producción que no debía haberse obtenido, a través de una destilación obligatoria, haciéndose incluso cargo de su coste. Hacían pensar en un sector maduro, responsable y dispuesto a mirar al futuro, consciente de una realidad legislativa y económica que se impone a marchas forzadas.

La responsabilidad de sus dirigentes y la realidad que han impuesto los mercados nos permiten pensar que entre todos, sea posible encontrar la forma de superar las últimas declaraciones rechazando la destilación obligatoria a la que se habían comprometido las cooperativas; o el rechazo a la constitución de la interprofesional por parte de algún colectivo que se ha considerado menospreciado, como los Consejos Reguladores.

Primero porque es necesario que estas medidas se adopten bajo el firme convencimiento de que el sector debe afrontar su futuro unido y con la suficiente inteligencia para saber que entre todos debe buscarse la forma de darle colocación a una producción, que hoy resulta poco acomodada al mercado. Y segundo, y más importante, porque mientras nosotros sigamos sin contar con un sector planificado en el que consigamos hacer rentable esa hectárea para mosto, alcohol o vinagre, con aquella otra destinada a embotellar vinos de cuarenta o cincuenta euros; estaremos perdiendo oportunidades de negocio y facilitándole la tarea a nuestros competidores.

Al final, el mercado con sus consumidores va a acabar imponiéndose y marcará las reglas del juego. Nosotros, ante esta situación, podemos permanecer de brazos cruzados lamentándonos de que los precios se derrumban o que nuestros vinos no son lo suficientemente valorados. O podemos ponernos a trabajar, primero reconociendo una realidad, segundo estudiando los medios con los que disponemos para atajar las debilidades y asentar las fortalezas, y tercero llevándolo a cabo con la mirada en el medio y largo plazo, pero con objetivos a corto fácilmente identificables y de sencilla valoración que vayan aportándonos confianza y permitiendo creernos que somos capaces de estar juntos más allá de momentos puntuales.

Superada la primera embestida de la destilación, cuyas reacciones todavía se siguen sucediendo, y todo apunta que así seguirá siendo conforme se vayan conociendo los términos concretos bajo los que se vaya a desarrollar, es interesante centrar la mirada en aquellos otros puntos del acuerdo alcanzado que, sin concretar mucho tampoco, suponen un verdadero paso adelante del sector hacia la unidad y la posibilidad (todavía muy lejana) de contar con un Plan de Desarrollo que ponga cierta cordura a situaciones de precios y producción que no tienen sentido.

Sabemos que la cosecha 2013/14 ha sido históricamente alta, la más voluminosa nunca antes alcanzada en nuestro país. También sabemos que esta situación de volúmenes elevados tiene su origen, en buena medida, en la reestructuración a la que se ha sometido nuestro viñedo, con el arranque de hectáreas poco productivas y la sustitución por plantaciones de altísimos rendimientos. Y aunque en la concreción de cuánto de esta producción está en el viñedo y cuánto en la climatología puede haber discrepancias, todos coinciden en que cosechas de cuarenta y cinco millones de hectolitros están garantizadas, y picos por encima de los cincuenta y cinco también.

Y ahora, sabiendo todo esto, y considerando que el mercado es rápido en sus reacciones a los precios, pero extremadamente laborioso en su conquista, convendría preguntarse qué es lo que vamos a hacer en sucesivas campañas, cuando los excedentes vuelvan a agobiar nuestra capacidad de elaboración y almacenamiento.

Como decíamos, la medida de destilación nace con la intención de quedarse, de convertirse en una herramienta con la que regular los mercados y suavizar los profundos dientes de sierra de sus cotizaciones. Pero ni esto sería suficiente para solventar el grave problema que tienen nuestras bodegas con los precios a los que venden sus elaborados, especialmente fuera de nuestras fronteras. Ni, y también hay que decirlo, sería justo. Ya que vale que en esta campaña se hayan cometido errores de bulto, tales como vinificar uvas que no cumplían con los requisitos mínimos para poder hacerlo. Vale que vengamos de una campaña en la que la escasez de producción llevó los precios muy por encima de su verdadero valor. O que nuestros operadores no tengan visión de futuro y prefieran la especulación a la estabilidad y fidelización. Pero algo hay que hacer.

Entre otras muchas cosas porque no se puede estar regulando constantemente el mercado, porque los precios no pueden sostenerse artificialmente, porque la producción de cincuenta y cinco millones de hectolitros seguiría siendo una producción baja para las cerca de millón de hectáreas con las que contamos. Y porque el sector tiene que empezar a definirse y elegir el camino que quiere tomar. Y para eso es necesaria la estabilidad, pero también la seguridad jurídica que me garantice que mi negocio es viable.

Vamos a suponer que mi negocio está en la elaboración de mosto, o de vinagre, o incluso de vino para destilar. La calidad no es el primer parámetro que debe cumplir mi producción, y su producción es perfectamente compatible con altísimos rendimientos. Mi producción no va al mercado vinícola, ¿por qué tengo que ser yo, precisamente, el que más perjudicado se vea por destilaciones obligatorias que persiguen retirar del mercado producciones que son competitivas y no tienen problemas de precios o saturaciones?

Conocidos los términos en los que se ha aprobado la destilación con fines industriales (bioetanol), mediante la cual serán retirados del mercado un volumen de hectólitros suficiente (máximo 4 millones) para mejorar y estabilizar su funcionamiento, solo cabe felicitarnos y confiar en que la medida, y su calendario de aplicación, den los resultados esperados.

De las características de la medida, su puesta en funcionamiento y aquellas otras actuaciones que contempla el acuerdo que ha alcanzado el sector y el Ministerio, y de la que encontrarán bastante detalle en nuestro medio, lo primero que se puede decir es que se trata de una retirada del mercado de una producción que nunca debería haber llegado a él. No por una cuestión de que la producción esté muy por encima de nuestras actuales posibilidades de colocación, que también, sino porque, claramente, su calidad no resulta aceptable.

El estado en el que llegaron las uvas a las tolvas y su vinificación debería servirnos para aprender y tomar buena nota de que: ni todo vale, ni se puede trabajar sin tomar decisiones, por dolorosas que resulten para algunos. Entre otras cosas, porque ahora pagarán justos por pecadores, y viticultores que llevaron uvas sanas a las cooperativas se verán perjudicados por aquellos a los que no deberían haberles dejado descargar.

Cuatro millones de hectolitros no se pueden considerar ni una cantidad que vaya a permitir al mercado recuperar cotizaciones, sobre una cosecha de casi cincuenta y cuatro. Ni sabemos si al final llegará a esa cantidad, ya que su cifra final dependerá de dos parámetros cuantitativos: rendimiento y existencias, pero ninguno cualitativo y que es donde reside una parte muy importante del problema.

Esos vinos y mostos que nunca debieron elaborarse en Castilla-La Mancha, muy posiblemente la única región que se verá afectada, son los que están empujando con fuerza las cotizaciones a la baja, los que están perjudicando la calidad de nuestros elaborados (vinos y mostos) y los que han conseguido que bodegas y cooperativas estén dispuestos a correr con el coste de desprenderse de una cantidad de producción por la que no solo no van a percibir nada, sino que, además, les va a costar pagar la diferencia que haya entre el precio al que esté el bioetanol en su momento y el coste que tenga la destilación.

Pero su instrumentación puede tener algunas otras repercusiones, tales como la venta a cualquier precio (más bajos todavía de los existentes) con tal de que las declaraciones de producción se sitúen por debajo de los márgenes fijados. O que los depósitos sigan sin poder usarse para dar cabida a la nueva cosecha, porque todavía no hayan sido entregados para su quema cuando comience la vendimia. O incluso que productores que de manera individual han contribuido claramente a esta situación, se vean excluidos por razón de la región en la que se encuentran.

Aún con todo, hay que reconocer que se ha adoptado un acuerdo que dice mucho de la corresponsabilidad del sector, que supone un paso adelante muy grande en la consecución de acuerdos que doten de un verdadero sector vitivinícola a nuestro país que permita recuperar el consumo interno, ganar cuota de mercado en el exterior, y elevar el precio de nuestros elaborados.