Durante demasiado tiempo, la respuesta a los excedentes ha sido la misma: mirar al cielo, calcular la cosecha, pedir medidas de crisis y esperar que algún mecanismo público amortigüe las consecuencias. Pero el mercado no funciona a golpe de vendimia ni de subvención. Si el consumidor bebe menos, si determinados vinos pierden atractivo y si las exportaciones retroceden, seguir produciendo como si nada hubiera cambiado es, sencillamente, irresponsable.

Los números son contundentes. España ha exportado en el primer semestre del año 157,1 millones de litros menos que en el mismo periodo de 2025 y ha perdido 118,2 millones de euros de facturación. Y en casa tampoco hay refugio: el consumo ha caído un 7,2%, hasta 9,05 millones de hectolitros. El consumidor español bebe menos y, además, cambia sus preferencias. Los tintos y rosados se desploman un 12,9%, mientras los blancos apenas crecen un 1,2%.

La pregunta no debería ser cuánto vino podemos producir, sino qué vino podemos vender, a quién y con qué margen. Porque una cosecha extraordinaria puede ser una excelente noticia agronómica y una pésima noticia económica. De nada sirve presumir de calidad si después la uva se paga a precios que no permiten vivir al viticultor. El campo no necesita únicamente buenas cosechas: necesita que esas cosechas sean rentables.

El viticultor no puede seguir siendo el pagano de todas las contradicciones del sistema. No puede soportar el coste de una oferta sobredimensionada mientras bodegas, organizaciones y administraciones siguen aplazando decisiones que llevan años siendo evidentes.

Tampoco sirve convertir el arranque de viñedo en la única respuesta. Arrancar puede ser necesario, pero es el reconocimiento final de un fracaso, no una estrategia de futuro. Si se llega continuamente al punto de tener que retirar producción porque no existe demanda suficiente, habrá que preguntarse antes por qué se ha producido de espaldas al mercado.

Los varietales avanzan y también lo hace el bag-in-box. Eso demuestra que el consumidor no ha desaparecido: ha cambiado. El problema es que una parte de la industria continúa intentando venderle el vino que tiene, en lugar de producir y presentarle el vino que quiere comprar.

El exterior tampoco puede utilizarse como excusa. Brasil, por ejemplo, incrementó sus importaciones de vino un 9,1% en volumen durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, las ventas españolas allí cayeron un 8,6%. El mercado crece, pero España pierde posiciones.

El problema no es que el mundo haya dejado de beber vino. El problema es que no necesariamente quiere beber el vino que España insiste en ofrecerle.

Ha llegado la hora de dejar de confundir hectolitros con éxito. Una industria que produce mucho y gana poco no es una industria fuerte; es una industria atrapada en su propio modelo.

Seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes ya no es resistencia. Es negarse a reconocer un problema que nos está matando.

Los datos de exportación del vino español durante el primer semestre del año deberían obligarnos a algo más que a constatar una nueva caída. España ha vendido menos vino, bastante menos en volumen y aunque el precio medio haya aumentado un 9%, hasta 1,58 euros por litro, ese incremento no consigue compensar la pérdida de facturación. Son 118,2 millones de euros y 157,1 millones de litros que han desaparecido respecto al mismo periodo de 2025.

No estamos, por tanto, ante un simple ajuste estadístico. La perspectiva interanual confirma que el problema tiene recorrido: las exportaciones se sitúan en 1.750,5 millones de litros, un 8,7% menos, quedando por debajo de los 1.800 millones por tercer mes consecutivo. Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar una cifra tan baja.

Lo más preocupante es que el retroceso afecta precisamente a categorías y mercados que deberían actuar como pilares de nuestra oferta exterior. Los vinos con D.O.P. envasados pierden un 9,4% en valor y un 13% en volumen, mientras Estados Unidos reduce con fuerza sus compras y Reino Unido, pese a convertirse en el principal mercado en valor para los vinos envasados españoles, también registra descensos.

Y, sin embargo, aparecen algunas señales que convendría mirar con mucha más atención. Los varietales crecen en valor y volumen y el Bag-in-box avanza igualmente incluso en un escenario internacional adverso. No son excepciones anecdóticas: son indicios de hacia dónde puede estar desplazándose una parte de la demanda.

La cuestión, entonces, no debería limitarse a cuánto vino somos capaces de producir, sino a cuánto somos capaces de vender, a qué precio y bajo qué formatos. Porque, mientras las exportaciones españolas retroceden, la Unión Europea mantiene un superávit comercial vitivinícola de 7.173 millones de euros. El mercado existe; lo que está cambiando es la forma de competir en él.

La nueva vendimia llega, además, con un mercado tensionado y con productores que reclaman medidas de ajuste como la destilación de crisis y el arranque de viñedos. Francia y Alemania ya han obtenido apoyo comunitario para afrontar situaciones similares.

Quizá haya llegado el momento de asumir que producir más para vender menos no es una estrategia. Es simplemente aplazar el problema.

No se puede reclamar al viticultor que asuma exclusivamente una estructura productiva que el mercado ya no absorbe. Tampoco basta con celebrar que sube el precio medio cuando la facturación cae y el volumen se desploma.

El vino español necesita menos autocomplacencia y más estrategia. Menos obsesión por producir y más obsesión por vender. Menos discursos sobre liderazgo y más decisiones sobre rentabilidad.

Porque si seguimos confundiendo tamaño con fortaleza, llegará un momento en que descubriremos, demasiado tarde, que ser el mayor viñedo de Europa no sirve de mucho si cada vez hay menos compradores dispuestos a pagar por nuestros vinos.

No hace tanto tiempo, la llegada de la vendimia era el momento más importante de la campaña. Concentraba buena parte de las expectativas del sector vitivinícola. Las existencias que permanecían en bodega, las previsiones de cosecha, la evolución de los precios y la calidad de la uva eran las referencias con las que viticultores y bodegas trataban de anticipar el desarrollo de un nuevo ejercicio vitivinícola. Las tablillas situadas a la entrada de las bodegas simbolizaban aquel momento de encuentro (y, en ocasiones, de tensión) entre la oferta y la demanda. Más tarde llegaron los contratos, la regulación y una mayor formalización de las relaciones comerciales. Pero la incertidumbre, lejos de desaparecer, ha cambiado de naturaleza.

Durante décadas, el volumen estimado de la cosecha fue uno de los principales factores de referencia. La previsión de una producción abundante presionaba los precios; una vendimia corta, en cambio, abría expectativas de recuperación. El equilibrio, con todos sus defectos, respondía a una lógica relativamente reconocible. Hoy, sin embargo, esa relación parece haber perdido buena parte de su capacidad explicativa.

El problema ya no es únicamente cuánto vino habrá disponible. El verdadero interrogante es cuánto vino será capaz de absorber el mercado. Cuando el consumo mundial muestra signos de debilidad y las exportaciones, fundamentales para el modelo vitivinícola español, se enfrentan a una mayor competencia y a una demanda más incierta, cualquier volumen de cosecha puede ser percibido como excesivo. Poniendo en jaque un modelo basado en la exportación y bajo valor añadido que se hace cada vez más insostenible.

Esta es, probablemente, una de las grandes paradojas del momento actual. El sector ha dedicado décadas a mejorar la información disponible, a conocer con mayor precisión las estimaciones de producción y las existencias, y a dotarse de instrumentos que permitan planificar mejor cada campaña. Sin embargo, disponer de más datos no garantiza disponer de soluciones cuando el problema se encuentra al otro lado de la cadena: en el consumo.

A ello se suma la creciente complejidad de producir uva. El cambio climático ha convertido la gestión del agua, la elección del momento de vendimia y el seguimiento de la maduración en decisiones cada vez más determinantes. Cada parcela responde de manera distinta según el suelo, la edad de las cepas, el material vegetal y el manejo agronómico. La viticultura ha tenido que aprender a trabajar con una realidad mucho menos uniforme.

Como si esto fuera poco, los viticultores afrontan costes crecientes y una mayor incertidumbre, mientras las bodegas deben ajustar sus compras, sus elaboraciones y su presencia en unos mercados en transformación.

Por eso, la vendimia de 2026 debería servir para algo más que volver a discutir sobre millones de hectolitros. La cuestión de fondo es qué modelo de sector se quiere construir para los próximos años. Producir mejor seguirá siendo necesario, pero ya no será suficiente. Será preciso vender mejor, conocer mejor al consumidor y encontrar nuevas formas de aportar valor a una producción que no puede competir indefinidamente solo en volumen o en precio.

Las vendimias se escriben en plural, pero el desafío del mercado es común. Y cuanto antes se asuma que el futuro del vino dependerá tanto de la capacidad para conquistar consumidores como de la capacidad para producir buenas uvas, antes empezará el sector a responder a la verdadera pregunta que plantea esta nueva vendimia.

Tradicionalmente, llegadas estas fechas, el sector del vino ha vivido pendiente de una pregunta: ¿cómo será la próxima vendimia? La respuesta condicionaba precios, estrategias comerciales y expectativas; incluso antes de que fueran cortados los primeros racimos. Sin embargo, algo parece haber cambiado. Este año, la incertidumbre ya no reside únicamente en el volumen de uva que llegará a las bodegas, sino en la capacidad del mercado para absorber esta nueva cosecha.

Nadie parece dispuesto a comprar antes de tiempo cuando la oferta es abundante y la presión sobre los precios continúa aumentando. Trasladar los costes de almacenaje y el riesgo de excedentes se ha convertido en la tónica habitual para todas aquellas producciones que no reúnan unas características que las hagan especiales.

Paradójicamente, el clima introduce un elemento de incertidumbre que, en otras circunstancias, habría tensionado los mercados. Las olas de calor, la sequía o el riesgo de incendios dificultan anticipar la producción final en España, Francia o Italia. Incluso algunas organizaciones han preferido renunciar a publicar estimaciones de cosecha, ante la imposibilidad de ofrecer cifras con un mínimo grado de fiabilidad. O esa es la excusa perfecta, porque mucho me temo que, detrás de esta falta de estimación, lo que se esconde es la voluntad de no querer influir sobre un mercado que ya está lo suficientemente debilitado como para barajar posibles cosechas que resultarían excedentarias.

La caída de las exportaciones durante el mes de mayo, últimos datos publicados, con un 18,5% menos de vino en volumen y un 8,9% menos en valor, resulta preocupante. No obstante, no es este descenso el que más inquieta. Su comportamiento responde, en buena medida, a la naturaleza de un mercado extremadamente sensible a la coyuntura y a los precios. La verdadera señal de alarma se encuentra en la categoría de los vinos con denominación de origen; los que redujeron un 13% su volumen y un 9,2% el valor.

Y es que, durante los últimos lustros, el sector vitivinícola español asumió que el camino para escapar de la guerra de precios pasaba por vender menos litros y de más valor. La apuesta por los vinos con denominación de origen, como referentes de diferenciación y calidad; los convertía en valores sobre los que debía sustentarse el sector. Sin embargo, los últimos datos de exportación, porque aquí disponemos de datos sobre valor, cosa que no tenemos en el mercado interior, nos obligan a preguntarnos si esa estrategia está empezando a mostrar síntomas de agotamiento.

En el mercado interior la reducción del consumo alcanza tanto a la alimentación como a la hostelería y se intensifica en ese denominado “tercer canal”, cada vez más relevante y, al mismo tiempo, menos conocido. Pero sobre el que parecíamos depositar gran parte de nuestras esperanzas de transitar hacia esos cambios en los hábitos de consumo marcados por la conceptualización del vino como elemento hedonista.

El vino ha demostrado históricamente una enorme capacidad para reinventarse. Pero esa adaptación exige aceptar que algunos indicadores que durante años marcaron el pulso del negocio han dejado de explicar, por sí solos, la realidad. Hoy, más que la cosecha, lo que determinará el futuro del sector será su capacidad para comprender un mercado distinto y actuar en consecuencia.

Si algo llama la atención, es la prudencia con la que todas las organizaciones están abordando los datos estadísticos. No ya sólo de cuestiones futuribles, sino incluso de la interpretación de lo que ha venido sucediendo y las consecuencias que, con base en ello, pudieran derivarse para el futuro inmediato.

Y si debo reconocer que el tema estadístico me supone una verdadera fijación, por lo que de importante para la toma de decisiones supone. He de admitir que, en esta ocasión, aun habiendo cosas que reprochar, no ha sido el Ministerio de Agricultura a quien más haya que hacerlo.

Que se le puede, pues los datos publicados de consumo no sólo siguen siendo parciales, al abordar solamente el aspecto doméstico, sino que, además, presentan una demora de ocho meses. No me he equivocado: ocho meses, son los que distan la información de noviembre con el mes de julio en el que nos encontramos.

¿Razones que les han llevado a esta pésima calidad en una información ya de por sí totalmente insuficiente para tomarle el pulso a un sector que está en coma y que demanda urgentemente medidas que lo reanimen y devuelvan el pulso necesario para evitar la sangría que a modo de hectáreas sin recolectar, reducción del consumo, pérdida de mercados exteriores, falta de relevo generacional, anuncio de rescisión de contratos de compra de uva para esta próxima campaña, precios de los vinos… y un largo etcétera venimos sufriendo?

Pues no las sé: falta de medios, indiferencia, pésimos resultados que mejor no publicar para no generar más alarma… Pero lo único cierto es que elaborar un único número extraordinario de SeVi como este, dedicado a las estadísticas sectoriales, cada año resulta más y más complicado.

Los datos del informe de actividad del FEGA, en el que se desglosa la distribución por comunidades autónomas de cada una de las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola, tampoco habían sido publicados cuando se cerraron estas páginas.

Los últimos datos disponibles del informe de comercialización de las denominaciones de origen, corresponden a la campaña 23/24.

Pero, como comentaba, no sólo el Ministerio es el que parece haber tomado la decisión de no publicar la información.

El Ministerio de Agricultura francés, ante la incertidumbre provocada por las olas de calor, todo hace prever que no publicará su estimación oficial de vendimia a primeros de agosto, que estaba prevista para el día 7 de dicho mes.

Mismos argumentos que los utilizados por la Sectorial del Vino de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, quien anunció que no realizará previsiones iniciales de vendimia.

Y todo ello en un ambiente altamente enrarecido en el que, a los rumores habituales sobre la comunicación de algunas bodegas a sus proveedores habituales de uva de no estar interesados este año en comprarles sus uvas, se suma el de unos costes de producción al alza y la práctica seguridad de precios más bajos en muchas de nuestras regiones.

Y es que, si este sector siempre ha sido complicado, la caída mundial del consumo está oscureciendo mucho la gestión de unas bodegas que deben restructurarse y adecuar sus volúmenes, tipología y destinos; pero que no saben muy bien cómo.

Bajo el argumento de que existen otras medidas (reestructuración y reconversión, junto con la de inversiones) que carecen del presupuesto necesario; diez comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid; lideradas por La Rioja; consiguieron que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 7 de julio tumbara el acuerdo adoptado en marzo de incrementar del cincuenta al sesenta por ciento la financiación de los planes de promoción en terceros países.

Esta rebaja, que supone algo más de nueve millones de euros, queda ahora pendiente de una propuesta ministerial sobre cómo se van a repartir entre el resto de medidas contempladas en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).

La reacción de la Federación Española del Vino (FEV) no se ha hecho esperar y ha puesto de manifiesto su desacuerdo al considerarlo un “error estratégico en un momento especialmente delicado para las bodegas españolas”, añadiendo que, además, “va en contra de lo aprobado por el Parlamento Europeo en el ‘Paquete Vino’ y, por tanto, de los deseos de la Comisión Europea y el Consejo”.

La organización incide en su especial preocupación por que estos recursos acaben destinados a medidas como el arranque de viñedo o la reducción del potencial productivo. En lugar de apoyar aquellas “que impulsen la creación de valor, la internacionalización, la innovación y el crecimiento de la demanda”.

De momento, hay que destacar, que la medida del abandono voluntario del viñedo, recientemente aprobada en el “Paquete Vino”, sigue sin contar con los fondos nacionales (no procedentes de la ISV). Así como que esta es una reclamación a la que, cada vez más organizaciones agrarias se están sumando ante el planteamiento de que esta pérdida de superficie ya es una realidad que va a seguir produciéndose y que es necesaria una “compensación” a esos viticultores que han soportado durante las últimas cosechas pérdidas continuadas de renta. Con precios por debajo de los costes de producción (aunque legalmente esto no sea posible y los contratos se hayan firmado situándolos por debajo del precio de venta).

Desde el firme convencimiento de que esta “vuelta atrás” en el porcentaje de ayuda a la medida de promoción en terceros países no va a hacer que el deterioro de nuestro potencial de producción (superficie) se vea más o menos aumentado. Pero totalmente consciente de que ninguno de estos planes ha evitado que el sector se encuentre sumergido en una situación de caída del consumo a nivel mundial, de difícil solución a corto plazo y consecuencias estructurales a las que habrá que hacer frente con medidas igualmente estructurales.

Nos enfrentamos a un cambio profundo en la configuración del sector que requeriría de algo más de consenso del que estamos disfrutando.

Los datos provisionales del Infovi correspondientes a mayo vuelven a poner el foco sobre la debilidad de la demanda. Las cifras reflejan una nueva caída en las salidas al mercado interior, situando el consumo aparente a un paso de caer por debajo de la barrera psicológica de los nueve millones de hectolitros (9,05 Mhl en el interanual a mayo), sólo perforada en el peor momento de la pandemia, cuando nos situamos en 8,81 Mhl.

En mayo se destilaron 31.710 hectolitros, un 23,8% menos que un año antes, mientras que el acumulado de campaña registra una caída cercana al 55%, equivalente a 545.000 hectolitros. La vinagrería constituye la única nota relativamente positiva del mes, con un incremento interanual del 26%, aunque en el conjunto de la campaña también acumula un descenso próximo al 15%.

A 31 de mayo, el stock vitivinícola ascendía a 36,25 millones de hectolitros, un 6,85% menos que un mes antes, de los cuales 33,22 millones correspondían a vino. Lo que lejos de poder atribuirse a una mejora de las ventas, encuentra su verdadera razón de ser en una producción muy inferior a la de campañas precedentes. Con poco más de 28,3 millones de hectolitros elaborados, la cosecha 2025/26 se sitúa entre las más reducidas de los últimos años.

De hecho, la evolución de las existencias de tinto y rosado continúa corrigiendo el fuerte excedente acumulado en campañas anteriores y cierran mayo con 15,43 millones de hectolitros, cerca de dos millones menos que un año antes. En cambio, el vino blanco a granel mantiene un volumen elevado, con algo más de 11,6 millones de hectolitros, superior al registrado en la campaña precedente, aunque su crecimiento es menos acusado que entonces debido, precisamente, a la menor producción.

El comportamiento de las exportaciones resulta especialmente significativo. Teniendo en cuenta los datos interanuales a abril 2026 (doce meses comprendidos entre mayo 2025 y abril 2026), las exportaciones españolas de vino redujeron su facturación un -4,6%, hasta los 2.823,2 millones de euros y redujeron un -6,5% el volumen exportado, hasta los 1.786,6 millones de litros, cayendo por debajo de la barrera de los 1.800 millones de litros. En términos absolutos, fueron -135,6 millones de euros y -124,4 millones de litros menos los exportados respecto al interanual a abril 2025.

Una tendencia que se ha venido consolidando durante prácticamente toda la campaña y que explica buena parte de la incertidumbre con la que, a dos meses del cierre de 2025/26, las incógnitas ya no se limiten al balance final de existencias.

La evolución de la próxima cosecha, condicionada por las altas temperaturas, el estrés hídrico y la incertidumbre meteorológica, volverá a marcar la disponibilidad de vino. Sin embargo, el verdadero desafío seguirá siendo otro: recuperar el consumo. Porque, más allá del tamaño de la vendimia, la clave será la capacidad del mercado para absorber la producción, que determinará el equilibrio del sector y, especialmente, el precio de las uvas.

Llevamos demasiados meses y disponemos de suficiente información para poder asegurar que el sector vitivinícola se enfrenta a un problema que va mucho más allá de cosechas o descensos de los intercambios provocados por circunstancias excepcionales; por más importantes que estas pudieran ser, como conflictos bélicos o la vuelta a políticas proteccionistas. Y, aun asumiendo que nos enfrentamos a cambios de gran calado que requerirían acciones contundentes, seguimos sin tomar medidas.

Asumimos que este ajuste supondrá la salida de muchos viticultores que, ante la imposibilidad de desarrollar una actividad con una rentabilidad mínima que asegure su supervivencia, o desalentados por la falta de relevo ante semejantes perspectivas de futuro, decidan abandonar su cultivo.

Según la Esyrce, la media de superficie de viñedo en la década 2015-2025 fue 953.863 hectáreas; el año 2024 se contabilizaban 927.115 ha y en 2025, con cifras provisionales, 905.099 hectáreas de viñedo total. Es decir, con respecto al pasado año, el área de cultivo descendió casi un 2,4% y en 21.914 hectáreas, mientras que la correspondiente a superficie de uva de transformación bajó en un 2,36% y en 21.502 ha, situándose en 889.470, confirmando la ruptura del suelo de las 900.000 hectáreas después de varios años.

Y, aun así, no sabemos muy bien si por la imposibilidad de contar con recursos económicos con los que llevarla a cabo, por falta de voluntad ante el miedo que el efecto llamada pudiera tener sobre aquellos viticultores que dudan entre seguir o abandonar definitivamente… El caso es que pasan los meses sin que el Ministerio utilice la herramienta que ha puesto a su disposición el “Paquete Vino” y termine por dotar el abandono definitivo de un viñedo que, con ayudas o sin ellas, va a ser (es) una realidad.

Las cifras de las exportaciones españolas de vino durante el primer cuatrimestre de 2026, con caídas del 18,1% en volumen y del 8,3% en valor, confirman que el sector atraviesa un periodo de ajuste, marcado por la debilidad de la demanda internacional y, especialmente, por el desplome de las ventas de vino a granel.

Pero es que los datos interanuales, aun siendo algo menos malos, siguen siendo muy preocupantes. Facturar 2.823,2 millones de euros (-4,6%) y exportar 1.786,6 millones de litros (-6,5%); supone una reducción en 135,6 millones de euros y 124,4 millones de litros respecto al interanual anterior y rompe la barrera de los 1.800 millones de litros.

Siendo el vino a granel el que registra un comportamiento más negativo del conjunto exportador durante el primer cuatrimestre, con una caída del -18% en valor y un -25,8% en volumen, hasta 168,1 millones de euros y 304,9 millones de litros. El vino sin indicación, el de mayor peso, desciende un -30% en volumen y un -20,7% en valor.

No menos preocupante resulta lo que sucede con los vinos con D.O.P. envasados, que presentan el mayor peso específico y registran caídas del -7,8% en valor y del -11,1% en volumen, hasta 353 millones de euros y 65,8 millones de litros.

Sin embargo, entre los datos también emerge un mensaje esperanzador: el precio medio de exportación ha aumentado un 12%, alcanzando los 1,57 euros por litro.

Mientras España profundiza en el conocimiento de sus costes de producción y constata la enorme diversidad de su viñedo, Francia recurre nuevamente a medidas extraordinarias para retirar excedentes del mercado y reducir su potencial productivo. Dos caras de una misma realidad: la necesidad de adaptarse a un contexto de menor consumo y creciente incertidumbre.

El reciente estudio impulsado por la Organización Interprofesional del Vino de España confirma algo que el sector conoce desde hace años: no existe un único modelo de viticultura. Los costes de producción varían en función del territorio, las condiciones climáticas, los sistemas de cultivo, la mecanización y los rendimientos obtenidos. Heterogeneidad que constituye una de las grandes fortalezas de la viticultura española, pero obliga a evitar simplificaciones o recetas universales.

Sin embargo, conocer mejor la realidad productiva no resolverá por sí solo los desafíos estructurales que afronta el sector. Francia ofrece una señal inequívoca de la magnitud del problema. La reapertura de las ayudas para la destilación de crisis y la puesta en marcha de un programa de arranque de casi 28.000 hectáreas de viñedo reflejan que el descenso del consumo y el exceso de oferta ya no son fenómenos coyunturales, sino tendencias de fondo que exigen respuestas estratégicas.

El sector y, especialmente la viticultura, necesita datos, transparencia y herramientas de gestión, pero también decisiones políticas valientes. La adaptación al mercado no puede basarse únicamente en medidas de emergencia ni en ajustes temporales. Debe apoyarse en una visión a largo plazo que combine competitividad, sostenibilidad y valorización del origen.

La diversidad sigue siendo una fortaleza. Pero para que continúe siéndolo, el sector deberá transformar esa riqueza en una estrategia capaz de responder a una demanda que ya no es la de hace una década.

En este ámbito juega un papel fundamental la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027, especialmente lo que pudiera suceder con los fondos destinados a la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).

Perder de vista que el vino no es únicamente un producto agrícola, sino un activo económico, territorial y cultural de primer orden para la Unión Europea. Con un peso especialmente relevante en zonas rurales donde constituye una actividad esencial para la cohesión social y económica. Sería un error garrafal que la Comisión no debería cometer.

La futura PAC avanza hacia una mayor flexibilidad nacional y una reducción de recursos comunitarios, lo que podría fragmentar el mercado único y crear desigualdades entre productores de distintos Estados miembros. Resultando vital el mantenimiento de su dotación presupuestaria obligatoria y específica para el vino, blindada frente a posibles reasignaciones hacia otros sectores agrícolas.

Las recientemente aprobadas medidas del “Paquete Vino” no han tenido tiempo de aplicarse (menos de demostrar su eficacia) y el sector necesita estabilidad regulatoria para planificar inversiones a largo plazo.

La PAC debiera combinar simplificación administrativa con una sólida dimensión europea, garantizando recursos estables, reglas homogéneas y apoyo específico para asegurar el futuro del vino europeo en un contexto de creciente competencia global y desafíos climáticos.

Crisis, ajuste, reestructuración, deterioro del mercado… Diferentes formas de definir la situación y, especialmente, la preocupación que inunda a un sector que reclama medidas urgentes al Ministerio, que van mucho más allá de vendimias en verde o ajustes en la cosecha.

La adaptación ya no es una opción, sino una necesidad. Quienes sepan innovar, diversificar mercados y apostar por la calidad estarán mejor preparados para afrontar un futuro que, aunque incierto, también ofrece grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Sería un error contemplar este escenario únicamente desde una perspectiva pesimista. Las dificultades actuales también representan una oportunidad para modernizar el sector. Muchas bodegas están apostando por el enoturismo, la digitalización, los vinos ecológicos, parcialmente desalcoholizados, combinados con vino… y la comercialización de productos de mayor valor añadido. Estas estrategias pueden ayudar a diferenciar la oferta española en un mercado global cada vez más competitivo.

Conviene valorar como positivo el compromiso del Ministerio de Agricultura de garantizar la continuidad de las ayudas de la Intervención Sectorial Vitivinícola más allá de 2027. En un momento de incertidumbre para el sector, ofrecer seguridad jurídica a viticultores y bodegas resulta imprescindible para planificar inversiones y afrontar los retos que se presentan en los próximos años.

Sin embargo, debemos analizar esta decisión con cierta cautela. El Gobierno garantiza que las ayudas seguirán existiendo después de 2028, pero todavía no puede asegurar que mantengan la misma dotación económica. Este aspecto es fundamental. La continuidad de una herramienta de apoyo pierde parte de su valor si no se conoce con qué recursos contará para responder a las necesidades reales del sector.

Tampoco habla de su compromiso económico de cara a medidas como el plan de arranque voluntario, fuertemente demandado por las organizaciones agrarias, que ya alertan sobre los síntomas de agotamiento que ha mostrado en estos últimos años, vaticinando un escenario de pérdidas para los viticultores y precios por los suelos.

Las medidas incluidas en el denominado “Paquete Vino” de la Unión Europea representan una oportunidad. La flexibilización de determinadas normas, el apoyo a la promoción exterior y las ayudas destinadas a la adaptación al cambio climático pueden contribuir a mejorar la competitividad del sector. No obstante, su éxito dependerá de una aplicación eficaz y de una financiación suficiente.

El futuro del vino español exige compromisos concretos, recursos adecuados y una estrategia a largo plazo. Las promesas son importantes, pero los resultados lo son mucho más.