Cuando nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, allá por el 1986, los países tradicionalmente productores de vino, con Francia e Italia a la cabeza, pensaban que podríamos desestabilizar el mercado con nuestros bajos precios y alto volumen de producción. Nos señalaban como una potencial amenaza a su dominio de los mercados y consiguieron establecer un “duro” periodo transitorio.

La llegada de los fondos europeos y la adaptación de nuestros productores (bodegueros y viticultores) a estas nuevas reglas de juego, con la claridad que proporciona la historia, podríamos decir que resultó beneficiosa para todos y que España, lejos de convertirse en una amenaza, se configuró como un “depósito pulmón” con el que regular disponibilidades. Permitiendo a Francia mantener su dominio y a Italia cambiar su mix de producto hacia otro de mayor valor. Y, aunque nosotros sigamos ocupando el furgón de cola en valor y comercialización, tampoco podemos olvidar lo que supuso de cara a la reestructuración y reconversión del viñedo o la modernización de nuestras bodegas.

Pensar que todas estas medidas pueden verse fuertemente afectadas por un cambio de modelo y una disminución drástica de los fondos es entendible que ocupe y preocupe al sector. Máxime cuando, la férrea intervención a la que ha estado sometido hace imposible imaginar un escenario diferente.

Haciendo que la situación geopolítica actual, la grave incidencia sobre las cosechas que está teniendo el cambio climático, el incremento de los costes de producción, la competencia de otras bebidas o las trabas arancelarias hagan saltar todas las alarmas ante anuncios de una reducción del 22% en los fondos destinados a la PAC 2028-34, que pudiera tener como consecuencia que las ayudas al sector, la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dejaran de ser obligatorias, sufrieran una disminución drástica de sus fondos y pasasen a ser voluntarias para los Estados Miembros. Aspecto este último que no preocupa de igual forma a todas las organizaciones, pues las hay que consideran que puede ser una forma válida para profundizar en la idea ya planteada en las anteriores reformas de la OCM vitivinícola, sobre la mejor utilización de los fondos en función de las necesidades de cada uno de los Estados Miembros. Pero que otros ven como una discriminación que no hará sino profundizar en la desigualdad entre Estados.

En este camino, fue elaborado por los Estados Miembros un documento conocido como “Paquete Vino” en el que el Grupo de Alto Nivel para la Política Vitivinícola planteaba una serie de medidas de apoyo al sector. Posteriormente adoptado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y que, muy probablemente, sea adoptado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en los próximos días puesto que las enmiendas de compromiso se encuentran negociadas por los diferentes grupos. Lo que supondrá su incorporación al informe del Parlamento Europeo.

Con ello, las tres instituciones: Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea, tendrían fijadas sus posiciones y permitirían que los próximos 18 y 21 de noviembre se llegara a un consenso en las reuniones técnicas programadas de las que saliera un documento de acuerdo definitivo a aprobar en la reunión del 4 de diciembre.

Un paso importante, aunque no suficiente, para garantizar que esas ayudas vayan a seguir existiendo.

Ni es nuevo, ni se va a solucionar en el corto plazo. Pero es cierto que, si queremos que se produzca el necesario relevo generacional y no seguir perdiendo miles de hectáreas (cientos de miles como puede llegar a ser el caso en apenas una década), habría que empezar a plantearse seriamente el nivel de precios a los que se compran las uvas (en general) en España.

Tema, vaya esto por delante, directamente relacionado con la revalorización de nuestros productos vitivinícolas, sin la cual es imposible que se produzca una mejora en las cotizaciones a nuestros viticultores.

Y es que llama sobrepoderosamente la atención el que hecho de que estemos hablando, con total seguridad, de una de las cosechas más cortas de la historia. Que se suma a otras tres que han estado luchando por disfrutar de este mal entendido protagonismo. Y que los precios de las uvas en origen, hayan sido tan bajos; hasta el punto de que no hayan llegado a cubrir los costes de producción, aunque según los contratos no haya sido así.

No recuerdo las décadas que llevo escuchando que el sector debe tener una redistribución de la riqueza, que los contratos con los viticultores debieran ser plurianuales en aras de una estabilidad en los costes de producción que garantizase al viticultor su rentabilidad y a la bodega la seguridad en sus salidas económicas. Sin que nada de todo esto se haya producido.

Y, mientras tanto, el sector deteriorándose, con numerosos viticultores abandonando sus viñedos, bodegas cerrando y nuestras exportaciones no consiguiendo mejorar su mix de producto y elevar la facturación. O nuestro consumo interno estabilizado en niveles notablemente inferiores a los del resto de países tradicionalmente vitivinícolas como es el nuestro.

Y, aunque es importante el tema y yo me declaro extremadamente preocupado, que nadie se lleve a engaño y piense que el “Paquete Vino” o el mantenimiento en la futura PAC 2028-34 de los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola van a solucionarnos este problema.

Bajo el paraguas de una falsa interpretación, siempre en mi humilde opinión, de lo que es regular el mercado o prohibición en la fijación de los precios; el sector vaga huérfano de dirección por el mercado, empobreciéndose y haciendo muy complicada su supervivencia.

Antes, esgrimíamos la falta de alternativa al cultivo de la viña como argumento de su mantenimiento. Hoy, parques fotovoltaicos, otros cultivos como pistacho o almendra, o incluso cosechas extraordinariamente inestables como consecuencia de varios años de pertinaz sequía, seguidas de lluvias abundantes, altas temperaturas durante largos periodos, o heladas más allá de las fechas que eran tradicionales, están agravando seriamente esta situación. Y seguimos sin tomárnoslo en serio.

Con una vendimia 2025 que podríamos dar por concluida y unos resultados de calidad calificados por la totalidad del sector como de extraordinarios, en gran medida debido a las altas temperaturas que han permitido mantener a raya hongos que ocasionen glucónicos indeseados. Pero también con una producción que podríamos definir como contenida y decepcionante, ante las expectativas que se tenían en la primera semana de agosto. Toda la atención se centra ahora en saber si vamos a ser capaces de trasladar esta situación al mercado y recuperar cotizaciones.

Las organizaciones agrarias y cooperativas apuestan claramente por ello justificándolas en reducciones de producción que rondan el veinte por ciento en aquellas zonas de mayor volumen: Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Así como un entorno internacional en el que la tónica general ha sido la misma que en España, mucha menor producción de la esperada.

Tampoco es desdeñable la gran calidad que presenta el fruto, que ha llegado a las bodegas con unos índices de sanidad, grado y acidez excelentes.

No se muestran tan elocuentes las bodegas que, a diferencia de otras campañas donde la especulación movía cotizaciones y animaba sus operaciones; en esta campaña se muestran contenidas ante un escenario internacional de incertidumbre y un consumo que no ha hecho sino mantener esa línea descendente iniciada hace ya varios años y a la que no parece encontrarle argumento para romper su tendencia e iniciar su recuperación.

Lo que está generando bastante cansancio y hartazgo en el sector bodeguero y, especialmente, en el viticultor.

Hablar de relevo generacional con efectos climatológicos de prolongadas olas de calor o lluvias torrenciales, que no hacen sino sumarse a las ya complicadas condiciones de cultivo que tienen nuestros viticultores. Que deben conformarse con precios que apenas cubren los costes de producción (lo contrario sería ilegal) dejando en niveles incomprensibles sus ratios de rentabilidad. Lo hacen verdaderamente complicado.

Un buen ejemplo de esta pérdida de quien esté interesado en seguir cultivando la viña, lo podemos encontrar en la evolución de la superficie de viñedo de vinificación y el potencial de producción vitícola que publica el Ministerio de Agricultura y que, en días pasado hizo con los datos de la campaña 2024/25, en los que se muestra que al final de la pasada campaña (31 de julio de 2025) la superficie bajó un 1,15% y en 10.525 ha para quedar en 903.170 hectáreas, mientras que el potencial de producción se redujo aún más, casi un 2,4% y en 22.493 hectáreas. Superficie que, en lo que llevamos de siglo, acumula un descenso de 221.263 ha.

Y, aunque es cierto que se ha producido un cambio en la composición del potencial vitícola, y la superficie de los derechos sin convertir a 31 de julio de 2025 no es un componente del potencial a tener en cuenta. Un 97,2% de todo el potencial vitícola español corresponde a superficie plantada de viñedo, con esas 903.170 hectáreas. Casi con total seguridad a final de esta campaña, el 31 de julio, tengamos que estar hablando de una superficie por debajo de las 900.000 hectáreas de viñedo en nuestro país.

Son éstas fechas en las que las vendimias acaparan toda la atención. Estimaciones más o menos solventes, pues los datos de los kilos de uva que se han vendimiado resultan bastante concretos, permitiendo realizar la planificación de una campaña, que empieza por concretar a cuánto de ese mosto se le va a paralizar su fermentación, bien para ser comercializado como tal o para ser vinificado más adelante.

Producto, el mosto, para el que el mercado presentaba grandes oportunidades y en el que nuestro país se sitúa como el primer productor mundial. Si bien, con oscilaciones importantes en función de según sea la cosecha.

No obstante, el coste que supone mantenerlo sin fermentar, el fuerte incremento de las existencias finales de campaña de este producto, 1.571.230 hl de mosto sin concentrar (+61,58%), con especial incidencia en los blancos, que aumentan un 65,26% con respecto al stock de la pasada campaña, cuando los tintos lo hacen un 49,64%. Los 100.074 hl de concentrado (-11,15%), 72.812 de rectificado (-12,33%) y 11.931 de mostos parcialmente fermentados (4,17%). Así como el descenso en las exportaciones que, a julio, últimos datos publicados, caían un 1,8% en volumen; han complicado mucho la apuesta por elaborar este producto y todo parece indicar que las cifras de este año serán notablemente inferiores a las de campañas anteriores.

Tampoco es nada desdeñable, aunque no sea este el lugar donde poder analizarlo, la campaña contra las bebidas azucaradas, muchas de ellas en las que se emplea el mosto en sus diferentes vertientes, que han emprendido las autoridades sanitarias.

Mención aparte merecen los datos que se desprenden del informe de actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del primer semestre de 2025, en el que se detalla que se impusieron 821 sanciones por incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, de las que 582 (71%) recayeron en el sector vitivinícola y de esas 579 la industria, copó 578 sanciones (la inmensa mayoría (506) por no inscribir los contratos en el registro (e-registro), y la otras se impuso al sector de la distribución mayorista por incumplimiento de los plazos de pago.

Siendo de destacar que sólo 13 lo fueron por no incorporar el precio en el contrato y 14 por incumplir los plazos. Cifras que a tener de lo que ha supuesto para un sector que no estaba acostumbrado a hacerlo y al que se le acusa de incumplir constantemente la Ley de la Cadena, no parecen muchos: por más que sería deseable que no hubiese ninguna sanción.

No es que el dato sea para lanzar cohetes, pero teniendo en cuenta lo que está cayendo, la evolución del consumo, con la subida de precios, sin olvidarnos del ambiente de pesimismo que reina en el sector, brinda algo de alegría. Mantener el consumo de vino en España en la franja comprendida entre los nueve millones novecientos mil y los nueve millones setecientos mil hectolitros podría considerarse un éxito.

Volumen insuficiente, sin ninguna duda, para un país tradicionalmente productor y el primero del mundo en superficie de cultivo, pero alentador si pensamos que llevamos situados en esos registros del consumo desde hace más de un año. Incluso mostrando una tímida tendencia alcista desde agosto del 22, cuando la economía se enfrentó a la inflación, con el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzando el 10,2% interanual y a la desaceleración del consumo de bienes debido a problemas en las cadenas de suministro globales; la invasión rusa de Ucrania y la variante Ómicron del COVID-19 que también impactaron en la economía en el primer trimestre.

Momento este de hace un año, que coincide con un cambio de tendencia en el tipo de vino consumido, con una clara recuperación de los tintos y rosados y una cierta flojedad en los blancos. Circunstancia que, si bien no se ve reflejada en las terrazas que siguen dominadas por los blancos, algunos incluso acompañados con hielo, lo que se conoce como el “Blanco París”. Ni en las cotizaciones de los vinos, que sólo en estas últimas semanas, los tintos parecen haber emprendido una senda alcista que no han sido capaces de seguir los blancos. Los datos del último Infovi así lo vienen reflejando.

Las estadísticas de evolución con tintos aumentado su consumo un 5,1% frente un descenso en blancos del 5,2%. O unas existencias de blancos que aumentan un 14,9% frente un descenso del 12,9% de los tintos, lo constatan.

A pesar de todo, la idea más generalizada sigue siendo la de un giro en el consumo hacia los vinos espumosos y blancos en detrimento de los tintos.

Otro dato que refleja bien la situación, en este caso de la viticultura, son las indemnizaciones a las que Agroseguro ha tenido que hacer frente hasta el 2 de octubre, y que ascienden a 60,8 millones de euros. Abonados en la campaña actual de uva de vino y que, según sus cálculos, representa casi el 90% de la estimación final de unos daños, que se situarán en cerca de 70 millones de euros durante 2025.

Los daños en el viñedo de Castilla-La Mancha concentraban un 42,4% de las indemnizaciones de la línea de uva de vino, con 25,8 millones de euros, seguido de La Rioja, con 12,9 millones (21,2%), Castilla y León, con 6,6 millones (10,9%), Comunidad Valenciana, con 4 millones (6,6%), Aragón, con 3,6 millones (5,9%), además de País Vasco (2,1 millones), Navarra (1,7 millones), Extremadura (1,3 millones) y otras CC.AA. (2,8 millones).

Una campaña accidentada, como así se refleja también las estimaciones de producción; que ha ocasionado una cosecha que se reitera históricamente baja y ha acabado sorprendiendo a todos por sus importantes diferencias con respecto a las estimaciones que se manejaban días antes de cortarse los primeros racimos.

Siempre es complicado hablar del sector vitivinícola y, aunque es cierto que, como todo buen sector agrícola, nos pasamos la vida lamentándonos y mirando hacia la Administración en busca de una ayuda que nos permita salir del atolladero que en cada momento nos encontremos; lo cierto es que parece que no corren buenos tiempos.

A los problemas habituales ligados al consumo, debemos añadirle el relacionado con el contenido alcohólico del vino y los efectos que está teniendo en nuestra clase política, empeñada en decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer, en lugar de abordar el tema de la educación.

Pero no son estos asuntos a los que me gustaría referirme en esta ocasión y sí al pesimismo reinante en el sector que está llevando a países como Alemania o Francia a solicitar a la Unión Europea medidas que redunden en solucionar la crisis de consumo.

Y, si bien los datos de consumo en España, estabilizados desde hace casi dos años (septiembre de 2023) en los 9,7 millones de hectolitros (20 litros per cápita). O los de exportación, donde, a pesar de la que está cayendo en el mundo con conflictos y situaciones “geopolíticas” (como les gusta referirse a nuestros gobernantes para no poner nombre y apellidos a todos los frentes bélicos abiertos); conseguimos mantenernos en la esfera de los tres mil millones de euros de facturación en vinos y tres mil quinientos en productos vitivinícolas; aunque caigamos ligeramente en volumen con algo más de diecinueve millones de hectolitros de vino y por encima de los veintisiete incluyendo el resto de productos vitivinícolas (mostos, vinos aromatizados y vinagre). Son datos que no debieran preocuparnos en exceso.

Lo cierto es que la sensación de crisis de consumo domina al sector y justifica que continuas cosechas históricamente bajas no eleven los precios de los vinos. Situación especialmente gravosa si tenemos en cuenta que han tenido que hacer frente, bodegueros y viticultores, a un aumento significativo de los costes de producción desde la pandemia.

Dándose la paradoja de que, en un escenario de cortas producciones, ya se empieza a hablar abiertamente de excesos en el potencial de producción y la necesidad de tomar medidas estructurales como pudiera ser un “plan comunitario de arranque de viñedo, similar al llevado a cabo entre 2009 y 2011” o la “adopción de medidas temporales de arranque en el sector vitivinícola, complementadas con medidas de apoyo ecológico en las zonas arrancadas”.

Dejando a un lado cuál vaya a ser la afección que sobre la cosecha acabe teniendo, sin duda importante, pero todavía por determinar y, sobre la que encontrarán una información mucho más amplia en la sección de Vendimias, el hecho es que el resultado no está siendo el que todos esperábamos (al menos al inicio de la recogida).

Sus cifras van a acabar estando muy lejos de las primeras previsiones y los efectos de esta reducción de producción en el reflejo que se supondría debería haber tenido en las cotizaciones, también.

Y aunque es entendible que todo esto esté generando cierto desánimo en el sector y un innegable sentimiento de “tristeza y desasosiego” que lo está impregnando todo; no deberíamos dejarnos llevar por el desánimo, cuando tenemos grandes oportunidades.

Sin duda, posibilidades que pasan directamente por mejorar nuestro mix de producto y dotar a nuestra producción de un mayor valor que poder redistribuir en toda la cadena, especialmente en nuestros viticultores. Que, como parte más débil, acaban siendo la cola de un látigo que los está expulsando y cuyas consecuencias, cuando queramos darnos cuenta, serán irreversibles.

Aunque tampoco nos podemos olvidar de los propios efectos que el cambio climático está teniendo en las cosechas. Que se están viendo mermadas año tras año. Cuando no es por una causa (sequía especialmente), lo es por otra, (mildiu y otras enfermedades criptogámicas, o plagas como la del mosquito verde). Por no hablar de ese extraño brote de filoxera, totalmente impensable y que está teniendo un comportamiento un tanto insólito al reflejarse en la hoja y no en la raíz.

Situaciones que acaban desesperándonos y obligándonos a tomar decisiones no siempre lo suficientemente meditadas y que acaban afectando constantemente al precio.

Vender más barato es posible que pueda servirnos para sacarnos de una situación puntual. Para hacer líquidas unas existencias que se nos han enquistado y conseguir una tesorería que las entidades financieras nos escatiman. Pero nunca nos ayudará a salir del atolladero y mirar hacia el futuro con la esperanza de salir fortalecidos.

Nos enfrentamos a un momento delicado para el sector. Se nos cuestiona por nuestro contenido alcohólico. Por las ayudas que recibimos de la Unión Europea. Por nuestra forma de comunicar y la falta de empatía con los nuevos consumidores. Por la fuerte rigidez que hemos demostrado en nuestra adaptación a los cambios sociales. Hasta incluso se nos cuestiona la capacidad de control y vigilancia que llevan cabo los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen en aras de una mayor competencia.

Pero se ignora que esta bebida, el Vino, viene acompañando a nuestra civilización desde hace más de ocho mil años y que lo va a seguir haciendo, sin ninguna duda. Aunque, es cierto que deberemos adaptarnos y tomar medidas.

Quizás, la primera de todas, tomar conciencia de colectividad y de que los problemas a los que nos enfrentamos exceden el de la competitividad de cada una de nuestras bodegas, o incluso países productores. Son cuestiones que exceden el ámbito de lo particular y que sólo pueden solucionarse con un enfoque global.

La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ceder parte de nuestros intereses por ese bien común?

A pesar de que para las organizaciones agrarias no siempre los precios de las uvas y mostos reflejan la situación real del sector y la evolución de los mercados se ve fuertemente condicionada por los desequilibrios que provoca un poder desigual entre sus operadores. Lo cierto es que esta impresión podríamos hacerla extensiva a cualquier mercado y producto. Una situación que podríamos calificar de histórica y que ni leyes, ni organizaciones, han conseguido evitar. Aunque sí (pero esto es una opinión muy personal) limar y permitir generar una conciencia colectiva que debiera servir de base para hacerlo posible.

Dicho esto, el hecho es que los precios de las uvas, mostos y vinos, no siempre consiguen ser espejo del equilibrio entre la oferta y la demanda.

O sí. Y aquí es donde deberíamos comenzar a plantearnos qué cuestiones, no siempre refrendadas por datos estadísticos concretos, juegan un papel transcendental.

Por ejemplo, los datos de producción, consumo y existencias no explican, en sí mismos, la idea generalizada de que el consumo de vino, en el mundo, y España no es una excepción, se haya desplazado masivamente de los tintos hacia los blancos. Pero aún así la sensación de que esto ha sucedido es un dogma de fe en el sector.

Según los datos del último Infovi de julio, con el que se pone fin a la campaña 2024/25; la producción de uva blanca creció un 19%, mientras que la tinta apenas lo hacía un 5,7%. Lo que podría ser consecuencia de haber habido una peor cosecha en variedades tintas que blancas. Pero resulta que la transformación en vino supuso un aumento de los blancos del 20% frente un descenso en los tintos del 1,6%. Lo que no deja ninguna duda: el “blanc de noirs” fue más habitual de lo que lo había venido siendo en nuestro país.

Los precios de los vinos reflejaron algo parecido, ya que, en las últimas cinco campañas, mientras el precio del vino blanco crecía un 37,16%, el tinto apenas lo hacía un 15,01%. Situación que se mantiene en esta campaña, puesto que los precios medios del blanco, alcanza una media de 50,94 €/hl, con un incremento interanual del 5,42% y un alza del 40,56% frente a la media quinquenal. Mientras que el tinto se sitúa en 45,28 €/hl, con un aumento del 3,37% respecto al mismo periodo del año anterior y del 13,81% en comparación con el promedio de cinco campañas.

Por el contrario, con datos del mismo Infovi, el consumo aparente de blanco disminuyó durante la pasada campaña un 7,8% frente el 6,0% que aumentó el de tintos y rosados.

Pero es que, si atendemos a las existencias, las de los tintos a granel, por aquello de obviar los vinos que se encuentran en periodos de crianza, caen un 14,8% y las de los blancos aumentan un 25,4%.

¿Responde esto a un cambio en el tipo de vino consumido?

Es algo sobre lo que tendremos que estar muy atentos, especialmente a la hora de planificar nuestras elaboraciones.

Es mucho lo que en estos momentos nos jugamos (nada menos que la producción con la que deberemos trabajar toda la campaña), como para no detenernos en la información de vendimia y analizar lo que está sucediendo con los precios a los que se están cerrando los primeros contratos y las estimaciones de producción que se están barajando.

Dicho lo cual, insistimos en la necesidad de poner en valor la provisionalidad de la información con la que estamos trabajando. Si siempre resulta importante resaltarlo ya que hablamos en potencial y no se puede concretar hasta que es pesado el remolque en la bodega y descargada en la tolva sus uvas. En esta ocasión, los efectos que la climatología ha tenido sobre la producción han ido, o eso parece, mucho más allá de lo que cualquiera pudiera haberse imaginado en el peor de los casos. Y la pérdida puede ser de tal magnitud como para hacer girar la cosecha, de una valoración positiva y optimista, tendente a recuperar la normalidad, tras la pérdida como consecuencia de la pertinaz sequía de los años anteriores; a sumarse a ese lamentable elenco de campañas de producción históricamente cortas.

Una intensa ola de calor que ha afectado a toda España, sin excepción, prolongándose durante 16 días (entre el 3 y el 18 de agosto) y calificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la más intensa registrada de la historia. Agravada por la quema en incendios de más de cuatrocientas mil hectáreas, más de dos mil cien de viñedo, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Y unos efectos sobre la producción que deberíamos calificar de históricos y que no hacían sino sumarse a los provocados por los granizos o los de una enfermedad criptogámica, perfectamente conocida y controlable, como es el mildiu. Pero que, en esta ocasión su estado larvado ha complicado mucho su tratamiento y acentuado, de manera muy significativa, los efectos sobre el estado de los racimos.

Aunque, quizás lo más preocupante lo podamos encontrar en las cotizaciones a las que están siendo comprometidas las uvas. Con incrementos exiguos, en aquellos casos en los que resulta vergonzosa su propia mención, dado lo bajos que son. O con reducciones que superan los dos dígitos de variación porcentual sobre los de la campaña pasada, en aquellos lugares y variedades para los que se contaba con cotizaciones interesantes.

Tampoco los datos de existencias, en niveles históricamente bajos, es que expliquen una situación que parece marcada por un pesimismo arraigado sobre el consumo y la incapacidad del sector para hacerle frente. Al menos en el corto plazo.

De momento, la herramienta con la que disponemos para hacerle frente a tendencias de mercado cambiantes, realidades geopolíticas que dificultan el acceso a mercados terceros y el cambio climático que genera incertidumbre en las cosechas; es el paquete de medidas, conocidas como “Paquete Vino”.

Que, presentadas por la Comisión Europea a finales de marzo y tras contar, en el mes de junio, con el acuerdo del Consejo de Europa. Sólo resta el acuerdo del Parlamento Europeo, donde se están discutiendo las enmiendas y estima pueda dar su aprobación antes de que acabe el año, para que puedan ser aplicables en la próxima campaña.

Esta situación va mucho más allá de producciones y efectos climáticos, antojándose necesarias medidas estructurales.

En un contexto de emergencia climática y calentamiento global, en el que el comportamiento de los incendios forestales ha evolucionado hacia una nueva tipología más agresiva, resulta prioritario la creación de sinergias con el sector agrario.

Así lo ha entendido la Comisión, quien señala que “con una gestión responsable, los viñedos pueden ayudar a reducir la propagación de incendios forestales y proteger los paisajes, las comunidades y el patrimonio de Europa”. Gracias a que actúan como cortafuegos siempre que el espacio entre hileras no esté cubierto de vegetación inflamable.

Un buen ejemplo, lamentablemente, lo podemos encontrar en nuestro país, en el que durante el mes de agosto se han quemado, según datos del sistema de información europeo de incendios forestales dependiente de Copernicus, 353.130 hectáreas de las que 2.198, según el balance provisional realizado por el Ministerio de Agricultura, lo ha sido de viñedo, especialmente en la zona de Monterrei y Valdeorras.

Efectivamente, no es la de actuar de cortafuegos la misión de un viñedo, como tampoco la de prevenir enfermedades, actuar de agente de fijación de población y redistribuidor de riqueza; ser atractivo turístico, fuente de energía o creador de masa vegetal con la que luchar contra la erosión. Pero estas y, otras muchas más, son algunas de las funciones que juega en nuestro ecosistema y a las que deberíamos darle el valor que tienen. Empezando por el propio sector que, en más ocasiones de las que serían deseables, las menosprecia centrándose sólo en su aspecto productivo.

Sin duda, reconocérselo es el primer paso y en este sentido debiéramos enmarcar el sello distintivo “Fire Wine” creado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con el que se certifica bodegas y productores comprometidos con la gestión de sus fincas para que actúen como “cortafuegos productivos” para que su esfuerzo y compromiso sea visible e identificable para el consumidor final.

En las próximas semanas vamos a tener la ocasión de conocer numerosas estimaciones de producción y precios a los que se van comprometiendo uvas y mostos de 2025/26. Comprobaremos con datos precisos como los efectos del calentamiento global, especialmente aquellos relacionados con la sequía, episodios de lluvias torrenciales, altos índices de humedad bajo los que desarrollarse enfermedades criptogámicas y olas de calor de 16 días, desde el 3 al 18 de agosto, la más intensa desde 1950; han afectado profundamente a la cosecha en su vertiente cuantitativa. Y cómo los precios obligan a radicalizar las estructuras productivas bien hacia aquellas con una alta diferenciación o aquellas otras de alta productividad.

Pero no perdamos la esperanza de que algún día sea posible reconocer, dentro de las ayudas sectoriales, esa labor medioambiental que juega el viñedo.