Bajo el lema “Marida mejor tu vida con vino”, la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) pone en marcha una campaña informativa y de promoción con la que se pretende rejuvenecer la imagen del vino entre los consumidores y normalizar su consumo cotidiano.

Desde luego no es algo que a los lectores de SeVi les pueda sorprender, ya que hemos ido siguiendo el asunto desde el primer día con sumo interés. Y sí congratular, por ver hecha realidad una aspiración que desde el sector se lleva años demandando y que no acababa de concretarse.

Para ello ha sido necesaria la creación de una Interprofesional que fuera capaz de dotarse de una extensión de norma (contribución obligatoria de las bodegas) con la que nutrirse de fondos para llevarla a cabo. La constitución de una estructura mínima capaz de gestionar los recursos y coordinar los trabajos. La realización de un estudio de mercado que pusiera en evidencia aquellas fortalezas de las que debiera valerse para hacer frente a sus debilidades. Y la contratación de una agencia de convirtiese todo eso en un mensaje que comunicar en los diferentes medios al consumidor de la calle.

Todas y cada una de estas etapas han estado repletas de problemas a los que ha habido que ir dándole solución con más voluntad que recursos. Sin ningún género de dudas, no satisfará a todos, pero (y en mi opinión lo más importante) el martes 14 será presentada por la Ministra Isabel García Tejerina una campaña dirigida a recuperar el consumo cotidiano de vino en nuestro país.

Todos, aficionados y detractores somos conscientes del gran “glamour” que envuelve al vino, el enorme interés que despierta y lo interesante que resulta el tema en cualquier conversación. Pero también hemos podido comprobar de qué manera su consumo se ha complicado sobremanera en los últimos lustros, dotándolo de un boato instigado desde el propio sector que, claramente, se nos ha ido de las manos.

Convertir un producto alimenticio en un artículo de lujo tiene consecuencias muy importantes en su propia concepción. Transmitirlo adecuadamente, con un mensaje coherente, en los medios adecuados y empleando un lenguaje asequible, no es fácil, ni podríamos decir que se ha conseguido por muchas bodegas e instituciones responsables de que así hubiese sido.

Bajo el paraguas de la tradición hemos confundido a nuestros clientes, dando por sentados unos conocimientos de los que carecían, insistiéndoles en evidenciar sus deficiencias.

Y cuando se ha utilizado su imagen, lo ha sido para alertar de los graves perjuicios que sobre la salud o el tráfico tiene un consumo inapropiado.

Vencer todo esto no va a resultar una tarea ni fácil ni rápida. Va a requerir tiempo y mucha perseverancia. Pero, por primera vez, el sector dispone de una organización transversal de la que valerse y de unos fondos con los que dar sus primeros pasos.

Llegarán los malos momentos en los que quienes dudan de estas organizaciones colectivas dispongan de datos con los que justificar sus posiciones. Habrá que estar preparados para perseverar en la creencia de que solo desde la colectividad será posible recuperar el consumo de vino en España y dotarlo de un mayor valor añadido.

La escasez de una cosecha a nivel mundial que ha elevado los precios a niveles inimaginables podría parecer que no es el mejor escenario para aspirar a aumentar el consumo de un producto en clara tendencia alcista de precios. Pero si tenemos en cuenta los bajos precios de nuestros vinos, así como la escasa repercusión que sobre el precio de la botella representa el coste del líquido, puede incluso que el momento resulte favorable.

Tenemos una gran oportunidad para dar un gran salto cualitativo y la vamos a aprovechar.

Si queremos defender y proteger el patrimonio cultural y económico que representan las Indicaciones Geográficas de Calidad, estas hay que adaptarlas a los nuevos mercados, plataformas de comercio y registros. Resulta bastante fácil de imaginar que todo ello ha cambiado mucho en los últimos años, y todavía lo hará más en los venideros, por lo que su adaptación se hace imprescindible si queremos que puedan seguir desempeñando el papel para el que fueron creadas.

Conscientes de todo ello, el pasado 12 de octubre, con ocasión de la reunión del G7 de Agricultura en Bérgamo firmaron un documento estratégico con el objetivo de valorizar las I.G.s de ámbito agrícola, medioambiental y comercial, definiendo los instrumentos para luchar contra los fraudes, los planes para una producción sostenible y el impulso a las negociaciones para la tutela legal de las I.G.s.

Documento que se ha denominado “Declaración de Bérgamo” y cuyos cuatro puntos aluden, básicamente a: 1.- Creación de un sistema multilareal de protección; 2.- Mejoramiento en la transparencia de la “Internet governance” para una eficaz protección como propiedad intelectual, 3.- Profundización de las investigaciones y estudios respecto al aporte positivo de las I.G.s en la sostenibilidad económica, medioambiental y cambio climático; y 4.- Incremento de los recursos financieros para la cooperación internacional destinados al fortalecimiento de las I.G.s.

Ya en ámbito mucho más local pero no menos importante, los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen vitivinícolas, agrupadas en la CECRV se reunían en Asamblea el pasado día 27 de octubre para solicitar una mayor simplificación administrativa en la comercialización de sus vinos. Denunciando que en algunas ocasiones los trámites burocráticos con el mismo fin, deben ser cumplimentados hasta tres y cuatro veces ante administraciones diferentes.

Conscientes de la evolución preocupante que están teniendo los precios del vino y las alarmantes consecuencias que pudiera tener sobre nuestro débil consumo y transcendentales exportaciones, apuestan por aprovechar la coyuntura para acercar a su valor real los vinos de calidad aumentándoles el precio. Pero siempre bajo el estricto criterio de un posicionamiento correcto en los nichos de mercado.

Hace escasamente unas semanas, la sectorial vitivinícola de Asaja Castilla-La Mancha sorprendía, o no tanto, solicitándole al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de esta Comunidad, Francisco Martínez Arroyo, la puesta en marcha de un observatorio del vino en la región. Los argumentos utilizados: “dotar al sector de transparencia y que proporcione información veraz sobre producción, precios, tendencias de los mercados, así como otros temas vinculados a la actividad y la industria vitivinícola”.

Loable iniciativa que debiera revertir sobre un mercado en el que la evolución de sus cotizaciones da la impresión de carecer de una estrategia profesional a medio y largo plazo que permita a sus vinos ser algo más que la bodega de la que abastecerse aquellos que sí disfrutan de valor añadido en sus productos.

El problema está en que no alcanzo a entender dónde está la ventaja de trocear la eficacia de un organismo tan eficaz como pudiera ser la de un Observatorio Español del Mercado del Vino. Como no sean motivaciones de índole político, que en los últimos tiempos están otorgándole a los sentimientos regionalistas un protagonismo que no siempre resulta bien entendido.

Para ser justos, he de reconocer que pertenezco, desde hace varios años, al Patronato del Observatorio Español del Mercado del Vino en calidad de “patrono experto”, y esto podría llevarme a no ser muy ecuánime en mis valoraciones. No obstante, algunos de los más destacados miembros de la organización agraria comparten mesa, por lo que deduzco que las razones que les han llevado a tomar esta iniciativa van mucho más allá del desconocimiento de cuál es su verdadero funcionamiento y las iniciativas emprendidas en las que suelen justificarse propuestas de este estilo cuando se desconoce el funcionamiento interno de una organización.

Posiblemente un observatorio en la región que concentra el cincuenta por ciento de la superficie y producción nacional, y que es reiteradamente señalada por sus propios operadores como la responsable de los “problemas” a los que debe hacer frente el sector vitivinícola nacional; sea una buena idea, dada la cercanía a la Administración que tiene en sus manos controlar la puesta en marchas las medidas procedentes del Programa de Apoyo al Sector (PASVE).

Pero, al menos, permítanme que cuestione tal eficiencia sobre unas medidas procedentes de la Unión Europea, en las que es el Estado Miembro el responsable de su desarrollo y el que debe dar cuenta sobre su aplicación y cumplimiento.

La globalización de los mercados es uno de los mayores retos a los que el sector vitivinícola debe enfrentarse en los próximos tiempos. Una gran oportunidad que debiera hacernos salir de la mediocridad a la que están sometido nuestros graneles y permitirnos abordar los mercados con nombre y apellido en nuestros vinos, que nos ayuden a generar marca y obtener valor añadido. Para ello es necesario disponer de una información actualizada, veraz e independiente de lo que sucede a nivel mundial. Lo que requiere grandes recursos, que deben ser complementados con sinergias procedentes de organizaciones más centradas en ámbitos profesionales, geográficos o de tipología de productos.

Dividir nunca me ha parecido una buena estrategia para el desarrollo. Como tampoco le he encontrado mucho sentido a lo de dedicar dinero público a hacer algo que ya están haciendo otros, en lugar de intentar mejorarlo y adaptarlo a tus necesidades.

Pero seguro que Asaja Castilla-La Mancha y la Consejería tienen argumentos mucho más sólidos que los míos para llevarlo a cabo, si es que al final lo hacen. Solo espero que lo expliquen muy bien, tanto como para que los demás lo entendamos, y que tengan mucho éxito. Porque en su triunfo está el de todos.

Las organizaciones agrarias y empresariales analizan la campaña, estudian sus producciones y valoran sus calidades. Llegando a la conclusión de que este año se debe producir una revalorización de los precios. Como si la ley de la oferta y la demanda, o el principio máximo que debe presidir cualquier entidad mercantil de maximizar el beneficio, no tuvieran nada que ver en esta batalla de precios en la que se ha convertido, desde el primer momento, la campaña vitivinícola 2017/18.

Disponer a nivel mundial de una cosecha, corta, muy corta; como consecuencias de inclemencias climáticas (cuyas consecuencias sobre la producción van más allá de la campaña en la que acaecen) es algo que preocupa mucho a quienes saben de lo que hablan. Sin duda, mucho que a aquellos que apenas ven más allá de la inmediatez y la oportunidad de sacarse de encima su producción a un precio que dobla aquel con el que se inició la campaña pasada.

Pasar de hablar de potenciales de producción por encima claramente de los cuarenta y ocho millones de hectolitros, para el caso de España, a hacerlo de una cosecha que apenas alcance los treinta y seis, según nuestras estimaciones (porque hay organizaciones que en sus círculos privados barajan cantidades de hasta dos millones menos); es un cambio muy importante. Como tomarse a la ligera si las circunstancias que nos han traído hasta aquí lo han hecho de forma circunstancial o es algo que cada vez se repetirá con mayor frecuencia.

Y aunque la lógica nos debería llevar a pensar en que en el término medio está la virtud, es decir, que reduciremos el potencial de producción pero produciremos mucho más de lo que hemos obtenido esta campaña; la posibilidad de que la planta se vea afectada en su fisiología es una amenaza muy seria como para pasar por ella ligeramente.

La cuestión está en discernir a quién corresponde analizar la situación e intentar arrojar luz sobre el asunto.

Son innumerables las ocasiones en las que desde estas mismas páginas nos hemos referido a la necesidad de recuperar el consumo de vino en España. Y no ya tanto por el hecho de qué hacer con nuestros cincuenta millones de hectolitros que potencialmente tenemos, sino más bien por el peso cultural que en nuestra sociedad tiene.

Vender el vino (o cuántos productos y subproductos podamos obtener de las uvas) lo haremos de una manera u otra. Conseguiremos mejor precio y unas rentabilidades que nos permitan considerar al viñedo como un patrimonio familiar o simplemente un cultivo sostenido en el recuerdo de nuestros ascendientes. Pero lo haremos.

Necesitaremos depósitos y barricas donde almacenar lo no vendido en una cosecha para darle salida en la siguiente. O, por el contrario, habrá que acortar los periodos de crianza con el fin de atender la demanda. Pero acabaremos dándoles salida.

Nuestras afamadas zonas productoras seguirán abriéndose un hueco cada vez mayor en el mercado internacional avalado en la calidad y reconocimiento de sus vinos.

De igual manera, los grandes y cualificados empresarios vitivinícolas encontrarán la forma de hacer de sus bodegas rentables negocios con dividendos suculentos que hagan interesante su inversión.

Y hasta es posible que siga formando parte de nuestro acervo popular y familiar su presencia en los momentos extraordinarios de celebración.

Al fin y al cabo no podemos olvidar que nada, ni nadie, obliga a un viticultor a serlo, ni a una bodega a mantener su actividad. Si unos y otros lo hacen es porque existen razones que así lo recomiendan.

El problema está en que si esas razones están muy alejadas de las económicas de rentabilidad y sostenibilidad, las cosas se complican mucho y hacen muy difícil que su supervivencia se sostenga en el tiempo.

Sabemos, porque estamos cansados de oírlo, e incluso comprobarlo en algún otro sector, que las tradiciones están muy bien y conforman y un patrimonio cultural a proteger, pero que suponen un coste económico muy alto que los ciudadanos no están dispuestos a asumir de manera individualizada.

Cuando se produjo la modificación de la OCM vitivinícola y se establecieron los planes de apoyo al sector nacionales ya denunciamos que si se quería mantener el viñedo en algunas zonas que no eran rentables por una cuestión medioambiental, sería necesario establecer una ayuda para ello.

Ahora, o desde hace ya varios lustros, pero de forma mucho más evidente ahora con la entrada en funcionamiento de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y su extensión de norma que hace obligatoria su contribución; el sector debe tomar medidas y definir lo que quiere que sea su futuro.

Realizar campañas de recuperación de consumo basadas en no sé qué conclusiones de un estudio, que cualquiera de los que estamos familiarizados con este sector podríamos elaborar en sus líneas generales, es necesario y recomendable. Hacerlo desde la planificación de lo que queremos ser en un horizonte de cinco, diez y veinte años, una necesidad a la que nadie parece prestarle mucha atención.

La falta de organización y planificación genera desorden e ineficacia, ausencia de sinergias y desigualdades entre los agentes implicados. En este sector vitivinícola sabemos muy bien de lo que hablamos porque lo llevamos sufriendo desde hace décadas, con precios ridículamente bajos que hacen imposible retribuciones sostenibles en el sector primario.

La pregunta es si estamos dispuestos a buscar una solución o volvemos a plantear un parche a esta situación.

Ciento cuarenta y cinco millones de hectolitros, con una más que probable revisión a la baja en las próximas semanas, es la cosecha estimada por la DG Agri de la Comisión Europea para la campaña vitivinícola 2017/18. Esto supondría un 14,4% menos de vino y mosto que la anterior, lo que representa poco más de veinticuatro millones de hectolitros menos que los 169.495 obtenidos en la campaña 2016/17.

No es este un sector muy dado a alarmarse fácilmente. Precios que suben y bajan con demasiada facilidad en función de la posición mantenida por unos pocos operadores, que sin apenas movimiento de vino son capaces de alterarlas, nos han demostrado históricamente que es posible. Y aunque la gran mayoría se suben a este carro, más en la esperanza de saber bajarse en el último momento aprovechado todo el rango de subida que hayan sido capaces de reflejar sus cotizaciones; que convencidos de que se traten de cotizaciones reales y sostenibles en el tiempo. Hoy es prácticamente imposible acercarse al mercado a por algo que no sean partidas muy específicas de cualidades muy concretas y por las que, en estas o cualquier otras circunstancias, se estaría dispuesto a pagar precios que nada tienen que ver con los pretendidos por la producción.

Luego también están aquellos que conscientes de la perentoriedad de la situación buscan aprovecharla, y con pretensiones un poco más razonables buscan darle salida a la producción en pocas semanas, garantizándose el cobro y la retirada del producto y aprovechándola para fidelizar clientes. Naturalmente son muchos menos que los que están convencidos del poder dominante que tienen sobre el mercado y que aspiran a doblar los precios de la pasada campaña. Pero los hay, y es importante destacar que cada vez más.

También está ayudando mucho a que haya quien esté dispuesto a quitarse de en medio cuanto antes dándole salida a la cosecha de manera inmediata, el hecho de que los grandes distribuidores no se cansen de advertir que sus negocios no admiten subidas como las pretendidas y que la situación actual que están viviendo les obligará a buscar políticas imaginativas en precios y productos.

Antes de entrar en temas más áridos convendría pasearnos por las vendimias y, cuando menos, comentar que conforme se van actualizando las estimaciones, estas no hacen sino corregirse a la baja. Correcciones que generan cierta preocupación en un sector que contempla con estupor la evolución de unas cotizaciones que sitúan a los elaborados españoles muy alejados de los valores hasta ahora operativos. Hasta tal punto estas pretensiones pueden tener consecuencias calamitosas para nuestro mercado, que algunas organizaciones han optado por reservarse sus actualizaciones de cosecha para uso interno y renunciar a hacer públicas cifras que incentiven estas posiciones.

Y es que a la menor cantidad de racimos que se están encontrando las bodegas, hay que añadirle una reducción importante en los rendimientos de un fruto poco desarrollado.

Aquí la duda está en saber hasta dónde podemos llegar con nuestras pretensiones en precio. Sabemos que nuestras necesidades interiores no sobrepasan los diez millones de hectolitros para consumo interno, que el mercado de mosto con tres millones podría pasar la campaña, y que nuestro mercado exterior va a reaccionar de manera inversamente proporcional a como lo hagan sus cotizaciones, de tal forma que aumentos del veinte por ciento en precio supongan una pérdida de volumen del mismo porcentaje. O así al menos ha sucedido en los últimos años.

Treinta y cinco millones de hectolitros, cifra por la que van nuestras estimaciones, son más de nueve millones menos que el año pasado. El aumento de nuestras existencias iniciales en 2.847.507 hl no parece suficiente para compensar semejante pérdida de cosecha, aunque su desglose nos debiera poner en alerta ante la evolución de los varietales, categoría que ha aumentado un 33,31% su stock con respecto a las cifras del año anterior.

Confiamos en que las pérdidas que también están sufriendo franceses (-18%) e italianos (-26,1%) les obliguen a tener que aceptar precios mucho más elevados de lo que han pagado en estos últimos años. Aunque olvidemos la principal razón por la que nos compran: nuestros bajos precios. Y desdeñemos la posibilidad de que a las cotizaciones pretendidas no sean viables sus importaciones, ya que los segmentos de mercado a los que van destinadas no los pueden soportar.

Pasamos por alto la gran oportunidad que se nos presenta de hacernos con un hueco en el mercado con marcas propias a precios con los que franceses e italianos no van a poder competir y parece que lo único que nos interesa es el camino fácil de la venta de un vino anónimo sin más valor añadido que la reducción de cosecha a nivel mundial.

Una verdadera lástima para un país que ha destinado 877,3 M€ en el periodo 2009-16 a la reestructuración de su viñedo. Claro que si tenemos en cuenta que esos a los que mayoritariamente les vendemos nuestros vinos baratos le han dedicado 1.327,85 M€ en el caso de Italia y 993,6 M€ Francia a la misma medida y ni un solo euro de sus presupuestos PNA al Pago Único; cuando en España nos hemos gastado 1.161,5 M€ (un 36% de nuestro presupuesto); a lo mejor podemos entender mejor que nuestra política cortoplacista sigue muy alejada de criterios de estabilidad, renta y valor añadido.

Nos lamentamos de haber perdido consumo, de que nuestros jóvenes no se interesen por el mundo del vino, de que cada vez la brecha entre de edad entre los consumidores frecuentes se haga más grande. Pero, ¿qué hacemos por solucionarlo?

Nos lamentamos, hacemos actos de contrición, juramos en arameo viendo nuestros precios. Pero, aparte de iniciativas individuales de gran mérito, no hacemos nada por solucionarlo.

Tenemos una gran oportunidad y todo parece indicar que volveremos a dejarla pasar.

Decir que en estos momentos toda la atención del sector se encuentra dirigida a las vendimias y sus consecuencias sobre los precios de uvas, mostos y vinos, sería tanto como no decir nada. Parece lógico que en los primeros compases de la campaña, viticultores y bodegueros establezcan sus estrategias y organicen sus equipos de cara cumplir con esos objetivos marcados.

En esta especie de ecuación que marca las estrategias, las existencias con las que partimos juegan un papel preponderante, ya que son un punto de partida que no solo se sumará a lo que podamos obtener, sino que condicionará esos primeros meses que van hasta que se encuentran disponibles los nuevos mostos y vinos.

Pues bien, este pasado lunes 18 de septiembre, el Mapama reunía al sector para informarle sobre los datos del Infovi correspondientes al mes de julio (último de la campaña 2016/17) y concretarle que las existencias ascendían (a 31 de julio de 2017) a 33.533.021 hectolitros entre vinos y mostos, lo que representa un 9,21% más sobre la cantidad con la que se inició la anterior campaña. De estos, 21.577.507 lo son de vino (+9,81%) y 1.654.320 (-1,11%) de mosto sin concentrar y concentrados. Destacando los vinos varietales y mostos parcialmente fermentados que representan volúmenes un 33,31% y un 434,24% respectivamente mayores.

Pero no nos entretengamos mucho más en cifras, que pueden encontrar en La Semana Vitivinícola con un gran detalle. Aquí la pregunta que surge es si esos 2.847.378 hectolitros que disponemos de más vino serán suficientes para hacer frente a la reducción de cosecha que vamos a tener.

Las estimaciones señalan que los treinta y cinco millones de hectolitros pudieran ser una cifra sobre la que oscile la cantidad de vinos y mostos de la campaña 2017/18. No en vano las que nosotros realizamos, y vamos actualizando diariamente en nuestra web, nos arrojan una horquilla entre los treinta y seis y treinta y siete millones de hectolitros, y bajando. Lo que supone que esos tres millones de más en los stocks están muy lejos de poder compensar la pérdida de nueve millones de hectolitros que pudiéramos acabar teniendo respecto a la campaña anterior.

Así se explica lo que está sucediendo con los precios de las uvas, que marcan niveles claramente superiores a los del pasado año, con pretensiones por parte de los bodegueros por sus mostos que prácticamente doblan las del inicio de la anterior campaña.

¿Son sostenibles esas pretensiones? ¿Resultan competitivos nuestros elaborados?

Esas son las cuestiones que cada bodega deberá plantearse a la hora de definir su estrategia.

Hablar del sector vitivinícola y no hacerlo del volumen de cosecha que las diferentes organizaciones y profesionales manejamos es prácticamente imposible. Es más, incluso podríamos decir que resulta carente de toda actualidad informativa, si consideramos las importantes consecuencias que ya está teniendo en los mercados, especialmente en sus cotizaciones, que se están viendo fuertemente alteradas como resultado de lo sucedido con las vendimias en España, pero también en Francia e Italia, dos de nuestros principales países compradores y que se están viendo con importantes reducciones de cosecha.

Y aunque hablar de su vertiente cualitativa pudiera parecer un aspecto relevante, lo bien cierto es que, porque así lo señalan los datos analíticos u organolépticos, nadie cuestiona la calidad de los mostos y vinos que van produciéndose fruto de esta cosecha. Muy posiblemente por la ausencia de enfermedades que afecten al estado sanitario que presenta la uva en el momento de su descarga en la tolva de la bodega.

Lo que sí preocupa mucho es lo que puede acabar sucediendo con los precios, en clara escalada alcista desde que se iniciara la vendimia, y a la que nadie se atreve a ponerle límite. Todos son conscientes de que esto no puede llegar a ser una cuestión transcendental con consecuencias de las que, no muy tarde, debamos estar arrepintiéndonos. Pero, de momento, nadie parece querer saber de esas posibles consecuencias y todos aspiran a aprovechar la ocasión de una reducción muy considerable de la oferta existente en el mercado mundial para, así, hacer valer la ley de la oferta y la demanda.

De cualquier forma, una circunstancia que nos ayudará mucho, o al menos en eso confiamos, a ser prudentes en nuestras aspiraciones (y no matar la gran oportunidad que se nos presenta de elevar el precio medio de nuestros vinos y andar en el camino que toda la colectividad vitivinícola española se ha marcado, aunque no hayan sido capaces de concretar y reflejar negro sobre blanco cómo hacerlo y las diferentes fases y acciones por las que hay que pasar hasta conseguirlo) serán los datos mensuales que a través del Infovi dispondrá el sector de las ventas y existencias. Información con la que hasta ahora era imposible conocer su evolución, ya que no se disponían de datos de campañas anteriores, y que a partir de ahora, aunque, eso sí, con una demora de dos meses (en septiembre conoceremos los referentes al mes de julio), nos permitirán saber si las pretensiones de nuestros operadores están muy por encima de lo dispuesto a pagar por los posibles compradores y nuestras existencias no disminuyen al ritmo en el que deberían hacerlo o, por el contrario, somos capaces de aunar volúmenes y precios para que en el mercado exterior sigamos colocando dos veces y media lo que consumimos interiormente.

Por extraño que pueda parecer, nuestro objetivo a medio y largo plazo no puede ser el mantener ese nivel de exportaciones. Ser la bodega de la que se abastecen nuestros competidores directos, y a los que les estamos haciendo el juego con nuestros graneles, tiene un futuro tan negro como cierto. Nuestro objetivo tiene que seguir siendo colocar nuestros vinos, debidamente envasados, con nuestra marca y origen español, en los mercados internacionales.

Campañas como esta 2017/18 debieran ser una excelente oportunidad para intentar desplazar de los lineales de las grandes cadenas de distribución mundiales a nuestra competencia, con productos de calidad y precios más competitivos de los que serán capaces de hacerlos ellos. Para ello solo tenemos que definir muy bien nuestro objetivo, actuar en consecuencia y no lamentarnos cuando las cifras de exportación de graneles de bajo precio bajen, más de lo que nuestros vinos envasados o a granel con indicación de origen crezcan. El mercado es una carrera de fondo que ganan los que más resisten.

Asumiendo, porque así lo siento y creo que puedo erigirme en representante del colectivo vitivinícola español en este asunto, que el tema del consumo abusivo de alcohol entre los jóvenes es un asunto muy preocupante, sobre el que todos los que lo componemos este sector, de una u otra manera, nos sentimos implicados en su lucha. La clase política española confía en hacer frente a esta lacra mediante la publicación de una Ley antes de noviembre con la que prohibirles su acceso al alcohol. Ofreciendo como toda solución una mayor coordinación entre las distintas administraciones: ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que se les dotaría de las herramientas necesarias para que pudieran desarrollar y aplicar la Ley.

Planteamiento que tampoco difiere mucho del sostenido por el Comité Europeo de las Regiones, quien emitió un dictamen sobre “La necesidad y la vía hacia una estrategia de la UE sobre cuestiones relacionadas con el alcohol” en el que incide sobre la conveniencia de definir, con criterios científicos los términos de consumo “excesivo”, “nocivo” y “abusivo”.

En ninguno de los dos casos se hace la más mínima referencia a la educación, la formación y concienciación. Parece que en una sociedad abierta, dialogante, alfabetizada como la nuestra, los principios de la libre circulación de personas y mercancías, que marcan políticas económicas y sociales de cientos de millones de personas, funcionan en cualquier ámbito, menos en el de la educación en el consumo de alcohol.

Destacan las repercusiones sociales y económicas que tiene el consumo excesivo de alcohol sobre la sociedad, poniendo en relieve que el bienestar y la salud de los ciudadanos europeos deben pasar por delante de los “intereses económicos” de un sector que da trabajo a cerca de seis millones de personas en toda su cadena de producción y atrae a la industria turística. Incluso llegan a reconocer que en materia de comercialización se recurre a la autorregulación, pero esta no es suficiente para proteger a colectivos concretos de embarazadas, niños y jóvenes.

El consumo de vino ha evolucionado, al igual que la sociedad española de estos últimos cincuenta años. La educación que los niños y jóvenes recibían en sus hogares, con la presencia del vino como ingrediente de la Dieta Mediterránea, ha desaparecido. Y todo lo que se les ocurre a nuestros legisladores son medidas de carácter restrictivo y coercitivo para solucionarlo.

Claro que como nos descuidemos nos añaden también las fiscales para solucionar el problema.