Hemos superado el primer asalto que supuso la reunión del Parlamento Europeo para discutir y votar la propuesta de resolución presentada por el Comité de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara, en la que se promovía la imposibilidad de realizar cualquier tipo de promoción del vino con fondos europeos; y en la que finalmente la Eurocámara ha acabado reconociendo “que no todo el consumo de alcohol tiene las mismas consecuencias, ya que depende en gran medida de los hábitos de consumo, y en particular de los productos que se consumen y de cómo se consumen…”, con un resultado que ha sido calificado por el sector como satisfactorio.

No es baladí, pues podía haber supuesto la exclusión del vino de cualquier campaña de promoción e información, pero hay que seguir ocupándonos del fondo de la cuestión: consumo interno y valorización del producto. Dos cuestiones que no difieren mucho de lo que ocuparía a cualquier productor de cualquier cosa, sino fuera porque la situación en el sector que nos ocupa es especialmente preocupante.

El consumo interno porque está en tasas de menos de veinte litros per cápita, lo que representa poco más de nueve millones de hectolitros sobre una producción media por encima de los cuarenta y cinco; para una población de unos cuarenta y cinco millones de habitantes a la que se suman más de sesenta millones de turistas al año. Y las razones que nos han llevado a esta situación son todavía discutidas y cuestionadas, sin acabar de encontrase la forma en la que recuperar niveles de consumo, ni se ponen en marcha las campañas concretas con las que conseguir esta importante meta.

La valorización del producto sigue siendo el principal objetivo de un sector en el que la viabilidad de muchas de sus explotaciones y bodegas es cuestionable; y en el que estas corren serio peligro de desaparecer, con el consiguiente quebranto económico, pero también social y medioambiental que supondría en muchos lugares de España.

Ser el país que más barato produce y a menor precio vende, podría definirse como un sello de productividad, pero lo bien cierto es que esta no existe si estamos hablando de actividades sin rentabilidad.

Hay quien piensa que con una mayor y actualizada información sobre la producción, existencias, exportaciones y precios a los que se está operando; las cosas podrían mejorar y permitir, a todos, un mayor control del mercado.

Para ello, el Magrama mantiene su apoyo a la Organización Interprofesional del Vino (OIVE) en su empeño por sacar adelante el Registro de Estatal de Operadores Vitivinícolas (REOVI) y un sistema de Información de Mercados del sector Vitivinícola (INFOVI) del que se encargaría la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y que vendría a sustituir las actuales declaraciones de producción y existencias, por otras declaraciones mensuales informatizadas, que permitirán la consulta por parte de las Comunidades Autónomas de sus datos en cualquier momento y su publicación en agosto, diciembre y abril, con los datos a 31 de julio, 30 de noviembre y 31 de marzo. Al tiempo que el sistema será puesto a disposición de la OIVE para que pueda poner en marcha la “extensión de norma”, que le permita financiar sus proyectos.

Aunque también los hay que consideran que solo desde la unión y generación de fortalezas empresariales es posible hacer frente a mercados globalizados que amenazan seriamente el ‘status quo’ de nuestro país como primera superficie, primer exportador y, muy posiblemente dentro de unos años, primer productor mundial.

Modelos de crecimiento basados en los bajos precios se han demostrado hasta ahora poco recomendables, ya que siempre habrá alguien que pueda llegar a hacerlo más barato que tú.

Como casi todo lo que tiene que ver con la política, especialmente la europea, las cosas nunca acaban saliendo del todo bien. Efectivamente, y por ello debemos felicitarnos, ya que era lo que más perjuicio podía suponer para un sector que requiere de grandes esfuerzos en comunicación, educación y difusión de la cultura vitivinícola; será posible seguir recibiendo fondos para las medidas de promoción, tanto las referidas a las de información sobre consumo moderado y el sistema de I.G.P. de nuestros vinos, como para las de terceros países.

Para ello ha sido necesario enmendar la propuesta de resolución presentada por el Comité de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara, que promovía la imposibilidad de realizar cualquier tipo de promoción con fondos europeos. Reconociendo “que no todo el consumo de alcohol tiene las mismas consecuencias, ya que depende en gran medida de los hábitos de consumo, y en particular de los productos que se consumen y de cómo se consumen…”.

Pero como nada puede ser perfecto, el Parlamento Europeo ha encargado a la Comisión que antes de finalizar 2016 realice una propuesta para que en el etiquetado de las bebidas alcohólicas se incluya información sobre su contenido calórico y el riesgo que plantea su consumo para las mujeres embarazadas y conductores.

Considerando que el primer defensor de un consumo moderado e inteligente es el propio sector, los inconvenientes que esto genera no van más allá de los estrictamente técnicos y estéticos. Pues teniendo en cuenta la cantidad de información que debe figurar en el etiquetado y los numerosos pictogramas que las bodegas pueden utilizar en la identificación de sus vinos (D.O.P., ecológico, huella de carbono, huella hídrica, reciclado, viticultura sostenible, certificación, alérgenos…) las etiquetas y contras deberán someterse a profundos cambios, y el consumidor entenderá todavía menos lo que le quieren decir.

Por más consciente que soy de ello, y orgulloso que me siento, no puedo más que preguntarme: ¿cuándo vamos a dejar de ser objeto de persecución por parte de las administraciones? Hasta la fecha, siempre que el sector se ha sentido amenazado en sus principios básicos, ha reaccionado bien e inteligentemente, y ha manejado los asuntos para evitar poner en riesgo su supervivencia. El problema es que cada vez son más, y en un periodo de tiempo más corto, las ocasiones en las que se exige de su reacción.

La próxima semana el Parlamento Europeo someterá a votación una resolución sobre el alcohol que supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo. Lo que, además, supondría su exclusión de cualquier fondo para la promoción de su consumo, por más moderadamente que desde el propio sector se esté haciendo. Situación denunciada por todos los implicados en el asunto, los que no han escatimado esfuerzos en realizar las labores propias de lobby en las instancias europeas, pero cuyos resultados no conoceremos hasta la próxima semana.

De una forma mucho más cercana nos enfrentamos a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, mediante la que se intenta homogeneizar el sistema de inspecciones y control a los alimentos en todas sus etapas, poniendo fin al maremágnum de procedimientos de control oficial y sancionador al que se enfrentan los operadores con diferentes normas en cada autonomía.

Comentar que el BOE del día 18 de abril publicaba el RD 288/2015 por el que se modifica el RD 1244/2008 que regula el potencial de producción vitícola y por el que se amplía hasta el 1 de junio el plazo de presentación de solicitudes para las transferencias de derechos de plantación, fijándose un plazo de seis meses el Magrama para resolver los expediente. De esta forma, el Ministerio se garantiza que para la entrada en funcionamiento del nuevo régimen de autorizaciones, el 1 de enero de 2016, ya estarán todos resueltos.

Y como si todo esto no fueran asuntos de suficiente calado por sí solos, como para ocuparnos con todas nuestras fuerzas, debemos repartirlas con aquellos otros dirigidos a producir, comercializar y vender los vinos, en un mercado completamente saturado y en el que todos son conscientes de que hay que hacer grandes esfuerzos por recuperar el mercado interior, pero pocos saben cómo hacerlo. Eso sí, todos coinciden en señalar que entre las principales razones que explicarían semejante brecha en el consumo de vino por parte de los jóvenes podríamos encontrar una presentación, lenguaje y un mensaje poco apropiados. Una tipología de producto, tamaño y envase no siempre adecuado a la actual sociedad española, donde los únicos hogares que crecen son los formados por uno o dos miembros. Y una información estadística sobre declaraciones de producción y existencias que apenas sirven de nada publicándose cuando se publican; y sirva de ejemplo que las declaraciones de producción de la campaña 2014/15 fueron publicadas por el FEGA a finales de la pasada semana.

La fuerza con la que el sector es capaz de reaccionar frente amenazas legislativas externas dista mucho de la que esgrime ante los problemas cotidianos, donde su reducido tamaño y, por ende, escasa capacidad económica, sigue lastrando acciones eficientes y reiterativas. Situación que se ve fuertemente agravada por su incapacidad para unirse y afrontar las actividades comerciales de manera conjunta. Lo que, sin duda, algún día cambiará, aunque solo sea por cuestiones económicas. La duda está en qué más tiene que suceder para que esto sea así.

Las alertas sanitarias siempre suponen un importante problema, sea cual sea su presentación o su mensaje. No en vano, son precisamente eso “una alerta” que nos avisa de los riesgos que tiene para nuestra salud el consumo de un determinado alimento o producto. E insisto en lo de “tiene”, ya que la alerta asevera sobre los efectos negativos. Hasta el momento podemos decir que es una batalla que el Vino lleva ganada, haciéndole frente a todos los ataques que desde la Dirección de Sanidad y Consumo ha recibido. Pero, ¿hasta cuándo podremos resistir?

A finales de este mes, entre el 27 y 30 de abril, el pleno de la Eurocámara someterá a votación una resolución sobre una nueva estrategia para el alcohol en la UE que afectaría no solo a la política de salud, sino a todas y a cada una de las políticas comunitarias de la Unión, como las dirigidas a la agricultura, consumidores, economía…; además de buscar alinearse con la Estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU) y supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo, así como su exclusión de cualquier fondo para la promoción para un consumo moderado.

Sin duda, un torpedo en toda la línea de flotación de un sector que ha hecho gala de una especial sensibilización frente al consumo abusivo de alcohol, que ha desarrollado campañas de formación e información dirigida defender y divulgar un consumo moderado y que ha aplicado reglas estrictas de autorregulación que deberían servir de ejemplo.

Otro de los grandes temas a debate en estos días es la transformación de los derechos de plantación en concesiones administrativas que entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de enero, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2030 y cuyos Reglamento de ejecución 2015/561 y Delegado 2015/560 acaban de ser publicados, previéndose para junio-julio la aprobación por parte del Magrama del correspondiente Real Decreto en el que establezca las condiciones concretas de su aplicación. Entre ellas, el mecanismo que ofrecerá a autonomías y Consejos Reguladores para desarrollar esa ampliación de la superficie de viñedo dentro de los límites del 1% máximo anual fijado.

Un sistema flexible que deberá permitir al sector ampliar gradualmente su producción y adaptarse a la eliminación del sistema de cuotas como le ha sucedido a la leche y le sucederá en el 2017 al azúcar.

Las alertas sanitarias siempre suponen un importante problema, sea cual sea su presentación o su mensaje. No en vano, son precisamente eso “una alerta” que nos avisa de los riesgos que tiene para nuestra salud el consumo de un determinado alimento o producto. E insisto en lo de “tiene”, ya que la alerta asevera sobre los efectos negativos. Hasta el momento podemos decir que es una batalla que el Vino lleva ganada, haciéndole frente a todos los ataques que desde la Dirección de Sanidad y Consumo ha recibido. Pero, ¿hasta cuándo podremos resistir?

A finales de este mes, entre el 27 y 30 de abril, el pleno de la Eurocámara someterá a votación una resolución sobre una nueva estrategia para el alcohol en la UE que afectaría no solo a la política de salud, sino a todas y a cada una de las políticas comunitarias de la Unión, como las dirigidas a la agricultura, consumidores, economía…; además de buscar alinearse con la Estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU) y supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo, así como su exclusión de cualquier fondo para la promoción para un consumo moderado.

Sin duda, un torpedo en toda la línea de flotación de un sector que ha hecho gala de una especial sensibilización frente al consumo abusivo de alcohol, que ha desarrollado campañas de formación e información dirigida defender y divulgar un consumo moderado y que ha aplicado reglas estrictas de autorregulación que deberían servir de ejemplo.

Otro de los grandes temas a debate en estos días es la transformación de los derechos de plantación en concesiones administrativas que entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de enero, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2030 y cuyos Reglamento de ejecución 2015/561 y Delegado 2015/560 acaban de ser publicados, previéndose para junio-julio la aprobación por parte del Magrama del correspondiente Real Decreto en el que establezca las condiciones concretas de su aplicación. Entre ellas, el mecanismo que ofrecerá a autonomías y Consejos Reguladores para desarrollar esa ampliación de la superficie de viñedo dentro de los límites del 1% máximo anual fijado.

Un sistema flexible que deberá permitir al sector ampliar gradualmente su producción y adaptarse a la eliminación del sistema de cuotas como le ha sucedido a la leche y le sucederá en el 2017 al azúcar.

Los datos del paro del mes de marzo han sido espectaculares, los mejores de la serie histórica, con más de ciento sesenta mil nuevos empleos y sesenta mil puestos de trabajo más. La bolsa está en máximos. La obra pública creció el pasado año más de un cuarenta por ciento… y por si nada de todo esto fuera suficiente, la deuda pública, que antes debíamos colocar con tasas de prima de riesgo propias de países en bancarrota, ahora nos la demandan a intereses negativos. Hasta el vino presenta en sus datos de exportación valores históricamente buenos, con crecimientos que rozan el veinticinco por ciento. Está claro que vivimos un momento económico de grandes oportunidades que deberemos saber aprovechar.

Por si eso fuera poco, nuestro calendario electoral está que arde, casi no hay un trimestre en que no vayamos a tener la oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. Momento de especial sensibilidad de los políticos que les acerca a los problemas más mundanos, mostrándose especialmente receptivos a unas demandas cuyos compromisos no siempre son cumplidos.

Aunque, en todo este parabién de situaciones, yo en echo en falta alguna relacionada con el aumento del consumo de vino en nuestro país. Es reiterativo, lo sé, pero es que este momento no se puede dejar escapar. Se da la práctica conjunción de todos los planetas para que tomemos medidas encaminadas a recuperar un consumo en el que llevamos muchas décadas conformándonos con que la pérdida sea poca de un año a otro.

Disponemos de suficiente información como para diseñar, y poner en marcha, campañas para informar y formar (única forma posible de atraer nuevos consumidores), y contamos con organizaciones cuya misión principal es esa. Hay políticos necesitados de mostrarse receptivos a nuevas ideas que les acerquen a los problemas de un sector con tan gran arraigo social. Existen serios y profundos estudios que nos orientan sobre lo que buscan estos nuevos consumidores, poniendo de manifiesto las grandes diferencias existentes con aquellos otros de consumo diario y en el hogar que hemos perdido.

¿Qué tiene que pasar entonces para que hagamos algo? ¿Esperar a que sean otros los que lo hagan por nosotros? Así creo que vamos mal. Hay que tomar la iniciativa. Transformarnos en ejemplo para otros productos agroalimentarios que lo llevan haciendo mucho mejor que nosotros con un futuro esperanzador.

Tenemos que tomar las riendas, porque los detractores de nuestro sector están ahí, amenazando con limitar o disminuir las campañas de promoción, señalando al vino como responsable de problemas sociales tan importantes como el alcoholismo entre los jóvenes, utilizándolo como moneda de cambio en las relaciones comerciales aumentando las accisas o eliminando las ayudas. Decir que el tiempo se nos acaba sería, sin duda, un tanto exagerado, pero afirmar que disfrutamos de un magnífico momento que no sabemos cuándo volveremos a disfrutar es una realidad incuestionable.

Abrir nuevos mercados es lento y muy costoso, valorizar el producto y alcanzar tasas de valor añadido aceptables solo está al alcance de unos pocos. Pero mejorar nuestro posicionamiento en los mercados locales, de proximidad, facilita mucho las cosas. Algunos expertos en mercados exteriores señalan la evolución del granel hacia el envasado como la única (o casi) vía de mejorar nuestro valor, poniendo como ejemplo a países con tanto peso en los mercados como Italia. Pero obvian, quizás porque es mucho más complicado de cuantificar, las razones cualitativas que nos han posicionado como primer país del mundo en extensión, producción y exportación; nuestro bajo consumo interno y la tipicidad de nuestros vinos, muchos de ellos elaborados para destilar o exportar con restituciones. Bajos rendimientos y bajos precios, no dan muchas alternativas. Romper este círculo es vital si queremos mejorar el valor de nuestros elaborados y para ello nada mejor que empezar por lo más cercano, lo que menos recursos requiere y que necesita menos explicaciones.

Tener una perspectiva alejada de lo que está sucediendo ayuda en muchas ocasiones a ver mejor los problemas y, especialmente, a tener un visión a largo plazo sobre lo que puede acabar sucediéndonos, mucho más enfocada. Aunque los del vino siempre nos hemos creído algo especiales. Hemos luchado, y conseguido hasta ahora, tener una legislación propia y una concepción de producto que va mucho más allá de sus estrictas características físicas, pero convendría no olvidar que cada vez son más los que están empeñados en que esto deje de ser así.

Ya sé que la leche tiene bien poco que ver con el vino, salvo que se trata de dos productos de los que conforman la Dieta Mediterránea. Aunque precisamente por eso, me ha llamado tanto la atención que la, tan polémica, cuota láctea, haya pasado a la historia desde el 1 de abril. Poniendo fin a un periodo de treinta años, en los que ha provocado graves problemas en un sector tan débil y que se caracteriza por una grandísima oferta y una escasa distribución. A partir de ahora imperará la ley de la oferta y la demanda, y los ganaderos deberán acomodarse a ella.

Por otro lado el recién nombrado presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no se cansa de repetir que una de sus máximas prioridades es la simplificación de la norma, la reducción de un acervo legal comunitario que complica mucho su interpretación y la aplicación de la libre circulación de personas y mercancías que preside la esencia de esta institución. Por no hablar de los graves problemas que tienen algunos gobernantes para explicar en sus respectivos países su aportación a las arcas de una Unión Europea, que en su opinión mantiene políticas económicas de una época pasada, basada en la subvención de la producción y que debería evolucionar hacia la libertad de mercado y la competitividad.

De momento, el sector del vino mantiene su propia OCM, la dotación a los Planes de Apoyo Nacional, Pagos Únicos y regula, de alguna manera, con los derechos o futuras autorizaciones administrativas, la producción. Al tiempo que anima sus operadores a adaptarse a los mercados, lo que les obliga a conocer mejor los mercados y salir fuera a vender.

En España, aún afectados por todas estas circunstancias, tenemos que afrontar un importante reto, que es la valorización de nuestros vinos. No solo hay que recuperar un consumo interno hundido, sino que, además, lo que vendemos fuera lo debemos hacer a un precio mucho más alto si queremos tener futuro.

No sé si la leche y el vino se parecen mucho. Hasta dónde pueden llegar sus similitudes y diferencias. Pero sí sé que las cosas están cambiando a marchas forzadas, que nada es lo que era y que el modelo económico de los próximos años se caracteriza por unos recursos financieros limitados. La reconversión del modelo productivo es imparable y, más tarde o más temprano, acabará afectando a nuestro sector en lo que hasta ahora ha sido su línea de flotación.

Visto lo sucedido en las últimas elecciones andaluzas, y considerando la sensibilidad con la que los partidos políticos deben afrontar el futuro a medio plazo, con un calendario electoral bastante apretado; convendría comenzar a poner un poco de orden en las prioridades del sector, a fin de poder demandarles a nuestros electos candidatos un compromiso concreto con la vitivinicultura.

Se me ocurre que podría ser un buen momento para dar el empujón final a la Interprofesional del Vino, que no termina de arrancar, haciendo realidad unos objetivos que, escasos y realistas, se están antojando complicados, dadas las grandes dificultades que están encontrado a la hora de dotarse con los recursos necesarios con los que disponer de una mínima infraestructura para poder empezar a trabajar por esas metas de transparencia, información, unas relaciones contractuales basadas en la determinación de unas recomendaciones mínimas en todos los contratos o en su homologación y la recuperación del consumo interno que propugnaban sus estatutos.

O que, tal y como parece, se ponga en marcha un nuevo sistema de declaraciones mensuales obligatorias que nos permitan conocer con exactitud la realidad de nuestras producciones y existencias, con las que poder tomar decisiones empresariales y definir estrategias encaminadas a poner en valor la producción mediante mecanismos de regulación que posibiliten ajustar la oferta a la demanda.

Incluso que la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol por Menores acabe por reconocer la diferenciación del vino del resto de bebidas alcohólicas, y sea considerado como un alimento de nuestra Dieta Mediterránea, y el propio sector pueda extender el código de autorregulación que lleva aplicando desde hace varios años con su campaña Wine in Moderation, permitiéndosele seguir apostando por la información y la formación, frente a la prohibición y la persecución.

Ellos, nuestros políticos, saben hacerlo. Y lo han demostrado recientemente con la aprobación, sin ningún voto en contra, del Proyecto de Ley sobre las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de ámbito territorial supraautonómico que afecta a Cava, Jumilla y Rioja en el sector vitivinícola. Con la que se persigue garantizar al consumidor una información adecuada y veraz, consolidando la separación entre los organismos de representación y gestión, frente los de control. Siendo el modelo de vino de pago calificado el gran damnificado de este acuerdo.

No obstante, tanto estas como aquellas otras denominaciones e indicaciones de calidad de ámbito autonómico tienen por delante un arduo trabajo en el que deberán hacer grandes ejercicios de autocrítica que acaben por concretar aspectos tan fundamentales como la propia definición de lo que es una indicación de calidad y lo que percibe y aspira a encontrar el consumidor cuando compra un producto amparado por alguno de estos sellos.

Diferenciar entre control y gestión es un paso importante en la garantía que se le ofrece al consumidor. Pero concretar la función que debe desempeñar un Consejo Regulador, como garante de unos parámetros comunes, con lo que ello representa de restricciones para sus bodegas, o elemento comercializador mediante el que acceder a los mercados de manera colectiva permitiendo aprovechar sinergias y recursos que puedan ser desarrollados por sus bodegas para la consolidación de sus marcas; es una definición en la que no todas las bodegas coinciden y sobre la que cada una de nuestras “labels” de calidad tienen una opinión diferente.

El Magrama parece haberse tomado en serio el tema de la necesidad de información estadística que desde el sector le demandan, la última a través de la recién creada Interprofesional (OIVE), al menos a tenor del borrador de Real Decreto por el que se creará el Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola (REOVI) y al que obligará a la presentación mensual de declaraciones de producción, entradas, salidas y existencias de vinos y mostos; mediante la creación de un Sistema de Información (INFOVI).

Dejando a un lado si su creación está más cerca del hecho de que hayan visto que sin esta información es imposible sacar adelante la Extensión de Norma con la que poder financiar la Interprofesional, o por la conciencia real de la necesidad que tienen los operadores del sector de contar con información actualizada de cuál es la situación del mercado; lo más importante es que avanzamos en el camino correcto. Aunque falte por ver cuál será la respuesta de las Comunidades Autónomas, entidades competentes en la tarea de recabar información y que la experiencia nos dice que no todas se han mostrado igual de diligentes. ¿Cabe la posibilidad de que el Ministerio se muestre firme en este tema? ¿Prevalecerán los intereses de la colectividad sobre los de unos pocos? ¿Cuál será la contraprestación que tendremos que pagar?

De momento, y según el borrador de proyecto presentado, a estos datos volcados informáticamente por los operadores, solo tendrán acceso el Magrama, las CC.AA. y cada uno de los operadores a sus propios datos. Lo que, en mi opinión, es bastante peligroso, ya que esta información nace más con un espíritu fiscalizador, que de utilidad y transparencia para el sector. No obstante, mejor no adelantemos acontecimientos. Confiemos en que esta información agregada pueda ser pública y consultada en la web del Ministerio o del organismo al que quede adscrita: FEGA o AICA.

Así, igual no tenemos que esperar hasta marzo para conocer las primeras declaraciones “provisionales” de producción de vinos y mostos de la campaña 2014/15 y llevarnos la sorpresa (si es que todavía podemos sorprendernos de algo) de que la cosecha ha sido de 43,4 millones de hectolitros, 38,2 de vino y 5,15 de mostos. Cifra muy alejada de aquellos 39,4 de la primera estimación de junio, pero incluso con una considerable diferencia sobre los 41,6 de la última estimación publicada por el Magrama y que se corresponde con la de noviembre.

Sin entrar en muchos detalles, que encontrarán en las páginas siguientes, parece que 26,56 millones de hectolitros vendidos en exportación es una cifra más que considerable que debería hacernos sentir muy felices. Con total independencia de si superaremos o no a Italia y logremos ocupar el primer puesto mundial. El mero hecho de vender más de dos veces y media lo que consumimos dentro de nuestras fronteras y recuperar, con creces, lo que perdimos el año anterior, es una excelente noticia.

Quizá mucho más de lo que en realidad representa; puesto que, sin quitarle ni un ápice de importancia al dato, deberíamos fijarnos también en lo sucedido con los precios, que han caído prácticamente en el mismo porcentaje en el que hemos incrementado nuestro volumen. Vamos que, hemos vendido un 25,5% más por prácticamente (-3,2%) el mismo importe. Pero nada de todo esto es nuevo, ¿o sí?

Sabíamos que las exportaciones, desde que bajamos los precios, iban como una moto (perdón por la expresión) y que Francia y Portugal habían vuelto a ver en España la bodega de la que abastecerse. Que Rusia también había vuelto a comprar en España, hasta que Estados Unidos comenzaba a dar síntomas de agotamiento con variaciones de un 0,6% en valor, pero una pérdida del 4,9% en volumen; eso sí, situándose a la cabeza de los países por precio unitario con 3,44 euros el litro.

Aquí la duda está en saber si seremos capaces de darle la vuelta a esta situación consiguiendo vender lo mismo e ir incrementando la facturación. Por lo visto hasta ahora, esto va a ser mucho más complicado de lo que desde algunas grandes bodegas nos cuentan. Tomando los datos de los últimos quince años, y aunque hemos llegado a los 1,44 y caído hasta el 1,00, el precio de 1,14 €/litro parece ser el que marca nuestras exportaciones de vinos. Con las salvedades propias que surgen de la gran diferencia existente entre el precio medio de los vinos con D.O.P. y envasados, que en 2014 fueron vendidos a 3,20 €/l; y el de los vinos sin indicación geográfica y a granel que fueron vendidos a 0,38 €/litro.

Y ahora, con estos datos en la mano podemos comenzar a discutir sobre las posibilidades que tenemos de cara a los próximos años. A valorar si lo sucedido en quince años es o no representativo de un sector que, a pesar de las cuantiosas inversiones de las que ha sido objeto, no parece que haya conseguido más (ni menos) que vender una mayor cantidad fuera de un mercado interior en el que cada vez se consume menos.

Claro que también podríamos centrarnos en los precios a los que se venden los vinos en el mercado interior (si los tuviésemos) y exterior y analizar si no es mucho más rentable vender fuera que dentro. O las posibilidades que presentan mercados muy concretos de cara a ir sustituyendo los vinos de menor precio por los de mayor valor añadido.

Incluso hasta podríamos llegar a plantearnos si lo que sucede con las exportaciones no es más que la única salida que le queda a un sector que abandonó su mercado más cercano y con el que le resulta muy complicado entenderse ahora.

Hasta los hay que consideran que del mismo modo que hay que ir tomando medidas para adaptarnos al cambio climático, habrá que ir asumiendo que hay que ir cambiando la mentalidad de subir más el precio por el de bajar más los costes de producción.

No sé, la verdad. Es posible que la solución no esté en una sola idea y que más bien sea el conjunto de todas ellas donde encuentre cada bodega, viticultor, zona de producción o tipo de vino, la solución. Pero a mí me parece que quince años son una buena muestra de tiempo como para pensar que las cosas vayan a cambiar a corto plazo.