Un sector que exige libertad de competencia

Exigimos y reclamamos que el mercado sea libre, que la libre circulación de mercancías sea una realidad y que la libertad de competencia impere. Todo en aras de disfrutar de mejores condiciones sobre las que desarrollar nuestra actividad económica, con la esperanza de que el mercado reconozca la calidad y sea recompensada en su valor.

Y un buen ejemplo de que esta política comercial funciona podría ser lo sucedido con Canadá, país norteamericano con el que la Unión Europea, firmó hace un año, un Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido coloquialmente por sus siglas inglesas (CETA) y cuyos primeros resultados no pueden ser más esperanzadores. Nuestras exportaciones crecieron un 17,4% en volumen, alcanzado los treinta y siete millones de litros; y su valor lo hizo por encima del once por ciento superando los cien millones de euros.

La misma libertad y competencia que exigen las bodegas a la hora de fijar los precios a los que firman sus contratos con los viticultores para la compra de sus uvas y que es cuestionada por las organizaciones agrarias ante la gran similitud que existe entre las publicadas por los más importantes operadores. Pero que, al mismo tiempo, es esgrimida por estos sindicatos agrarios, para reclamar el cumplimiento de la normativa para la mejora de la cadena alimentaria que les obliga a conocer, antes de entregar su cosecha, el precio y vencimiento al que será pagada.

Exigencias que se han tornado en denuncias por parte de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Extremadura ante el organismo competente (la Agencia de la Información y Control Alimentario) por la supuesta ausencia del contrato. Llevando al citado organismo a anunciar la puesta en marcha de su programa anual de control e inspecciones.

Un sector que después del de frutas y hortalizas (1.321) y lácteo (712) ha sido el más inspeccionado (699) en lo que tiene de vida (desde enero 2014) el organismo; con veintiuna denuncias, de las que dos estaban relacionadas con la prohibición de “venta a pérdidas”; frente el centenar que acumula el lácteo, cuarenta y nueve de frutas y hortalizas y treinta y una de aceite y aceituna de mesa. El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos, no cumplir con el contenido mínimo, no contestar a los requerimientos, y las modificaciones unilaterales de los contratos son los motivos por los que se han incoado la mayor parte de los expedientes sancionadores. Recayendo la mitad de ellos en la distribución y el 43% en la industria alimentaria.

Datos de los que podría concluirse que está lejos de poder ser considerado un sector que incumple con sus obligaciones y al que hubiese que vigilar de cerca en aras de un mayor respeto por las normas existentes.

Lo que para nada quiere decir que haya que relajar su vigilancia y control sobre los contratos y su cumplimiento. Precios bajos y mercados excesivamente condicionados por las cotizaciones hacen que los contratos con los suministradores de la materia prima resulten especialmente sensibles a engaños motivados por posiciones dominantes que imponen condiciones de entrega contrarias a la ley. Perseguir estas prácticas, a quienes pudieran realizarlas y sancionar ejemplarmente es un acto de justicia. Tanto como no extender la creencia y propagar el bulo de que es una práctica habitual entre sus operadores. Ya que lejos de traernos efectos beneficiosos, su difusión solo hace que cuestionar nuestra honradez y seriedad en el trabajo. Además de ser mentira, como así lo demuestran los datos hechos públicos por la AICA desde su constitución.

Evolución sobre las vendimias

Septiembre va tocando su ocaso y las vendimias comienzan a ser una realidad generalizada en los caminos y lagares españoles.

A diferencia de lo que había venido sucediendo en los últimos años, en los que los adelantos sobre las fechas del anterior eran la tónica dominante, en esta ocasión las labores de vendimia han experimentado un retraso, con respecto al año precedente, que podríamos establecer (como valor medio) de entre dos y tres semanas. Lo que dicho así podría parecer mucho, pero que no hace sino devolver a las fechas “tradicionales” el momento de su recolección de la uva.

Vuelta a una normalidad que está siendo aprovechada por alguno para poner en tela de juicio todos esos comentarios que aludían a los efectos del cambio climático como responsable de esta anomalía. Aunque en nuestra opinión carezcan de fundamento tales valoraciones, ya que en este tema las conclusiones deben obtenerse tras el estudio de series históricas de un amplio periodo de años.

Sea como sea, el hecho es que no ha sido hasta finales de septiembre cuando la generalización de las vendimias ha llegado a España, y con ella la modificación de algunas de las estimaciones que sobre el volumen de cosecha se habían publicado. La más importante, sin duda alguna por el peso específico que tiene en el conjunto de la producción nacional, ha sido la realizada por las cooperativas de Castilla-La Mancha y que la eleva por encima de los veinticinco millones de hectolitros.

Lo que hace buena esa creencia de que cuando la cosecha apunta alta, acaba resultando más abultada de lo que se creía. Claro que, puestos a utilizar típicos tópicos de la vendimia, mejor haríamos si no proyectásemos lo que pueda suceder en esta región al resto de la producción nacional, y que dice que la cosecha de esta región viene a representar la mitad del total en España. Suposición que nos llevaría a una cosecha de cincuenta millones de hectolitros. Cifra muy bonita, pero extremadamente peligrosa y complicada a la que darle salida y que nos traería, previsiblemente, bajadas mucho más sustanciales en los precios de los vinos que las que estamos viviendo en los de las uvas y mostos.

De momento, todo lo que sabemos es que, salvo en aquellas zonas en los que existen contratos plurianuales por los que se fija el precio de la uva, o los pagados en aquellas comarcas y variedades donde las variaciones de producción han sido negativas o irrelevantes, las condiciones a las que están firmándose los contratos obligatorios entre bodega y viticultor están siéndolo a precios entre un catorce y un veinte por ciento inferiores a los del año pasado. Reducción que está por debajo de lo que se estima aumentará la cosecha pero que no satisface a nadie. A los viticultores porque consideran que son precios a los que es imposible mantener la rentabilidad del viñedo y a los bodegueros, porque supondrá costes de producción difícilmente defendibles en los mercados, especialmente internacionales que es donde se destinada el grueso de nuestra producción.

Y aunque no son pocas las voces que reclaman una ordenación de la producción, recomendando la desviación de partidas de uva a la elaboración de mostos, vinagres o vinos para la destilación; la falta de un plan concreto y la experiencia de otras campañas nos hacen ser muy reservados.

Las cosas no cambian

A la hora de redactar estas líneas, mediodía del miércoles, solo podemos decir que las votaciones para Director General de la OIV siguen como si nada hubiese pasado desde el mes de julio en el que tuvieron lugar, y debieron ser aplazadas ante el bloqueo existente. En el que el candidato español, Pau Roca, alcanzaba mayoría sobresaliente tanto en el número de votos 84,1 como de países 25, pero insuficiente para alcanzar la requerida de 92,1 y 24 respectivamente.

Como ya hemos denunciado en alguna ocasión, no se trata de un tema estrictamente personal, sobre cuál es el candidato, ni tan siquiera el país al que representa. Es un tema que va mucho más allá de estas cuestiones, un asunto que está poniendo en cuestión la primacía de los países tradicionalmente productores ante el modelo impuesto en los del Nuevo Mundo.

Y como sea cual sea el que acabe siendo el resultado, la vida seguirá y deberemos enfrentarnos a una nueva campaña, con una nueva cosecha y unos nuevos precios. Casi mejor va a ser dejar este asunto para cuando esté resuelto y ocuparnos de cuestiones mucho más cercanas a nuestras preocupaciones más inmediatas. Aunque estas puedan resultar mucho menos transcendentales para el sector, pero que nos preocupan mucho más en estos momentos.

De todo lo que ha sucedido esta semana con la publicación de las tablillas por parte de las principales bodegas manchegas, así como de los contratos transcendidos entre viticultores y bodegueros de otras zonas de España es muy posible que la primera conclusión que podamos sacar es que tampoco en este tema el tiempo transcurrido en la pasada campaña haya servido de mucho. La recuperación estimada de la cosecha a nivel europeo, no ha hecho sino devolvernos a cotizaciones en las uvas similares a las de la campaña 2016, y las de los mostos y vinos, tienen pinta de seguir el mismo camino.

Todas aquellas esperanzas de aprovechar las circunstancias de la pasada campaña para abrirnos un hueco en el mercado y aproximar el precio de nuestro elaborados a su valor, se han visto frustradas. Al menos en el corto plazo, pues yo creo que en fondo sí ha servido de algo y ha sido una buena base para seguir trabajando en ello. Aunque sea con la esperanza de verlo reflejado en las cotizaciones y tipología de vinos en un futuro a medio y largo plazo.

Prudencia extrema con los precios

Las vendimias, los constantes episodios tormentosos que están afectando gran parte de nuestra geografía, sus posibles consecuencias sobre la calidad y cantidad de la cosecha y los precios a los que acaben firmándose los contratos; o incluso las denuncias realizadas por las organizaciones agrarias sobre las entradas de uva que se están produciendo sin los obligados contratos que fijen plazo y precio, son los temas que verdaderamente ocupan a todos los operadores del sector.

Hasta el momento, todo lo que conocemos son rumores, con una opacidad bastante importante en la difusión de los precios a los que están entrando las uvas y que en la zona centro estarían en torno a los del año pasado o ligerísimamente por encima para algunas partidas seleccionadas.

Y es que, si en campañas anteriores las tablillas representaban un claro cartel anunciador, esta campaña está siendo aprovechada por las grandes bodegas para, acogiéndose a la obligatoriedad de los contratos que impone la Ley de la Cadena Alimentaria, obviarlas y demorar lo máximo posible la generalización que supone su publicación. Nadie quiere ser el primero, corriendo el riesgo de pisarse los dedos con unos precios que podrían ponerles en una situación muy delicada de cara a defender las cotizaciones de sus vinos y derivados a lo largo de la campaña.

Ninguna campaña es fácil, pero esta se presenta especialmente delicada ya que no sabemos muy bien cuál puede ser el comportamiento de nuestro mercado exterior, fundamental para nuestro sector, al que la recuperación de la producción a nivel mundial, el retorno a una cierta normalidad en los países de nuestro entorno y principales compradores; genera grandes dudas. Lo que no parece afectar a las pretensiones de los viticultores, expresada a través de sus organizaciones agrarias, y que son las de que aumenten las cotizaciones de las uvas entre un cinco y un diez por ciento respecto a las del año pasado; todo ello aludiendo a que las existencias han descendido este porcentaje.

Y no será porque no existan otros temas de gran importancia como pudieran ser las posibles modificaciones que se está planteando la Comisión Europea con el fin de simplificar el proceso de identificación de los vinos como “indicaciones geográficas” y que afectaría tanto a los vinos con I.G.P. como D.O.P. Según el anuncio realizado, los cambios que se realicen pasarán a clasificarse de dos maneras: las “enmiendas de la Unión”, las cuales cubrirán y se aplicarán solo a los cambios importantes en una I.G, como su nombre, su categorización, su vínculo con el área geográfica o cualquier cosa que restrinja la comercialización del producto; modificaciones que serán adoptadas a nivel de la UE. Y aquellas otras que denominan “enmiendas estándar”, que cubrirán todo lo demás, serán adoptadas a nivel nacional. Esto permitirá una definición más clara de las diferentes modificaciones y reducirá los plazos dedicados al proceso de registro.

Lo que pueda acabar pasando con nuestro candidato a la Dirección General de la OIV, Pau Roca, cuya votación tendrá lugar el próximo día 19 de septiembre en París y para lo que el ministro de Exterior, Josep Borrell, ha declarado su apoyo incondicional; tampoco es un tema baladí, pues en esta elección nos jugamos desempeñar un papel relevante en el mundo vitivinícola. Confiemos en que la labor desarrollada en estos tres meses dé sus frutos y ocupemos el puesto que merecemos.

Pero no acaban aquí las noticias ya que el Ministerio de Agricultura está preparando unos cambios en el RD de medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019/23, que afectarían a diversos aspectos relacionados con las condiciones de aplicación de las medidas de promoción, reestructuración de viñedo e inversiones; así como el adelanto en un mes de los plazos de tramitación.

Por una ordenación del sector

Con las vendimias como una realidad palpable ya en muchas regiones españolas, adquieren especial relevancias todos los asuntos relacionados con la “colocación” de la producción.

Somos el primer país del mundo por extensión de viñedo de uva de vinificación, hecho que nos conduce de manera irremediable a escalar posiciones en la producción de vino, mostos y derivados. Y nuestros datos de consumo mejoran tan lentamente y en unas circunstancias tan hostiles que la simple imaginación de alcanzar incrementos sustanciales resulta totalmente utópica.

Y aunque las exportaciones nos han ido solucionando el problema de los saldos generados entre producciones y utilizaciones, todo parece indicar que estamos cerca de nuestro techo en el exterior y que cada año será más complicado mantener los volúmenes exportados si queremos aumentar el valor.

¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución?

Sabemos que no existe una respuesta fácil a ninguna de estas dos preguntas y que cada bodega busca la forma de hacerlo que mejor se adapte a sus posibilidades y circunstancias. Pero esto no es suficiente para el conjunto del sector. Adoptar pues, medidas de índole regulador que permitan ordenar la producción en aras de una mejor competitividad se presenta cada vez más como una opción a tener en cuenta.

Castilla-La Mancha es consciente de que concentrando la mitad de toda la producción y viñedo de España es el “problema” del sector, pero que también puede ser la “solución” y en ello llevan trabajando sus administraciones. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en su Plan Estratégico del Vino, actualmente en periodo de alegaciones y en el que se contemplan diferentes medidas reguladoras, todas ellas encaminadas a mejorar el valor medio de la producción y la rentabilidad de todas las partes que la hacen posible: viticultores, bodegueros/cooperativas y comercializadores. Para ello la reducción de los excedentes desviando parte de la producción hacia otros productos que no sean estrictamente vino resulta una medida a tener en consideración seriamente.

Evolución de las vendimias

La mejor noticia que podríamos dar respecto a las vendimias en España es, precisamente, la falta de ellas. O, para ser más exactos, la ausencia de novedades destacables. Pues si bien la información que existe de las vendimias es mucha y muy variada, sus datos de estimaciones de producción y precios de las uvas, apenas aportan más novedad que la de mantener unas magníficas estimaciones de cosecha.

Las lluvias, especialmente tormentas acompañadas de aparato eléctrico están siendo habituales en el tercio norte y levantino y, aunque en algún caso, han ido de la mano de episodios de granizo, podríamos concluir que sus consecuencias sobre la vendimia apenas resultan reseñables a nivel global y sus efectos pudieran incluso suponer una buena noticia de cara a aumentar la producción.

Especialmente dado el retraso sobre las fechas de inicio de la vendimia respecto a las del año pasado, de entre diez y quince días, que se confirma. Curioso, por otro lado, la forma en la que desde mucha gente del sector se refieren a las fechas, asumiendo como “normales” las de años pasados y olvidando que entonces fueron calificadas como un adelanto sustancial sobre las que hasta entonces eran calificadas como tales.

De cualquier forma, lo más destacable sigue siendo lo sucedido con los precios de las uvas, o mejor dicho, lo no sucedido. Porque las grandes bodegas, a pesar de haber anunciado que harán grandes esfuerzos por mantener las cotizaciones de la pasada campaña, ninguna de ellas ha hecho públicos de manera oficial los precios y condiciones generales a los que adquirirán la uva de esta vendimia.

Posiblemente sea el próximo lunes día 10 cuando se conozca por parte de alguna de las grandes bodegas los precios con los que abren. Estaremos expectantes y les mantendremos informados.