Un buen momento que aprovechar

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Visto lo sucedido en las últimas elecciones andaluzas, y considerando la sensibilidad con la que los partidos políticos deben afrontar el futuro a medio plazo, con un calendario electoral bastante apretado; convendría comenzar a poner un poco de orden en las prioridades del sector, a fin de poder demandarles a nuestros electos candidatos un compromiso concreto con la vitivinicultura.

Se me ocurre que podría ser un buen momento para dar el empujón final a la Interprofesional del Vino, que no termina de arrancar, haciendo realidad unos objetivos que, escasos y realistas, se están antojando complicados, dadas las grandes dificultades que están encontrado a la hora de dotarse con los recursos necesarios con los que disponer de una mínima infraestructura para poder empezar a trabajar por esas metas de transparencia, información, unas relaciones contractuales basadas en la determinación de unas recomendaciones mínimas en todos los contratos o en su homologación y la recuperación del consumo interno que propugnaban sus estatutos.

O que, tal y como parece, se ponga en marcha un nuevo sistema de declaraciones mensuales obligatorias que nos permitan conocer con exactitud la realidad de nuestras producciones y existencias, con las que poder tomar decisiones empresariales y definir estrategias encaminadas a poner en valor la producción mediante mecanismos de regulación que posibiliten ajustar la oferta a la demanda.

Incluso que la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol por Menores acabe por reconocer la diferenciación del vino del resto de bebidas alcohólicas, y sea considerado como un alimento de nuestra Dieta Mediterránea, y el propio sector pueda extender el código de autorregulación que lleva aplicando desde hace varios años con su campaña Wine in Moderation, permitiéndosele seguir apostando por la información y la formación, frente a la prohibición y la persecución.

Ellos, nuestros políticos, saben hacerlo. Y lo han demostrado recientemente con la aprobación, sin ningún voto en contra, del Proyecto de Ley sobre las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de ámbito territorial supraautonómico que afecta a Cava, Jumilla y Rioja en el sector vitivinícola. Con la que se persigue garantizar al consumidor una información adecuada y veraz, consolidando la separación entre los organismos de representación y gestión, frente los de control. Siendo el modelo de vino de pago calificado el gran damnificado de este acuerdo.

No obstante, tanto estas como aquellas otras denominaciones e indicaciones de calidad de ámbito autonómico tienen por delante un arduo trabajo en el que deberán hacer grandes ejercicios de autocrítica que acaben por concretar aspectos tan fundamentales como la propia definición de lo que es una indicación de calidad y lo que percibe y aspira a encontrar el consumidor cuando compra un producto amparado por alguno de estos sellos.

Diferenciar entre control y gestión es un paso importante en la garantía que se le ofrece al consumidor. Pero concretar la función que debe desempeñar un Consejo Regulador, como garante de unos parámetros comunes, con lo que ello representa de restricciones para sus bodegas, o elemento comercializador mediante el que acceder a los mercados de manera colectiva permitiendo aprovechar sinergias y recursos que puedan ser desarrollados por sus bodegas para la consolidación de sus marcas; es una definición en la que no todas las bodegas coinciden y sobre la que cada una de nuestras “labels” de calidad tienen una opinión diferente.

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