De todo el paquete de medidas aprobado por el trílogo y que supondrá la base sobre la que aprobar los Planes Estratégicos donde está contemplada la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), es más que probable sea la de Promoción en Terceros Países, la medida que más interés haya despertado entre los operadores.
No ya por su cuantía, pues los 33,36 millones de euros pagados durante 2025, se encuentran muy lejos de los 66,67 destinados a la reestructuración y reconversión del viñedo, o los 56 que fueron destinados a subvencionar inversiones. Y sí por lo que supone de acción real frente la caída de consumo y la necesidad de buscar nuevos consumidores, incluso mejorar los resultados conseguidos, al ampliarse el plazo de ejecución de cinco a nueve años.
Todos coinciden en señalar que estamos frente una fuerte crisis de consumo a la que hay que hacer frente de manera urgente y eficaz.
La tendencia mundial de consumo está claramente orientada a la baja. Sus efectos están dejándose notar en todos los países del mundo y todas las zonas de producción, incluso las que habían permanecido relativamente ajenas a crisis anteriores. Y abordar el asunto de cómo llegar a los nuevos consumidores e incrementar la frecuencia de consumo en los ya existentes se ha convertido en asunto vital para muchos viticultores y bodegueros.
Aun así, llama poderosamente la atención el hecho de la fuerte inversión que sigue acaparando la medida de reestructuración. Manteniendo la cara, en unos niveles medios de más de sesenta y dos millones en los últimos nueve años, con pandemia y crisis económica por el medio.
Tampoco es baladí el tema de su distribución regional, con Castilla-La Mancha acaparando el 35,57% del total del pago de la ISV 2025, con 69.623.019,99 €; mientras que Castilla y León, ocupa el segundo lugar con 28.071.904,17 €, un 14,34% del total. En el extremo opuesto está, de entre las CC.AA. que han recibido pagos, Canarias, con sólo el 0,38% del total (Asturias y Cantabria no han recibido ni un solo euro). Aunque son Navarra (459 €/ha), Murcia (395 €/ha) y Baleares (384 €/ha) las que más ayuda han recibido por hectárea de superficie plantada. Y La Rioja (20 €/ha) y Canarias (87 €), las que menos.
También resulta bastante revelador las medidas en las que cada una de estas regiones han gastado su presupuesto. Ya que, de las cinco en las que pudieron hacerlo hay dos: promoción en terceros países e inversiones que tienen un espíritu más comercial; mientras que las otras tres: reconversión y reestructuración, destilación de subproductos y cosecha en verde, podríamos decir que se encuentran más enfocadas a orientar la producción y hacer frente a excedentes coyunturales.
Mientras Castilla-La Mancha (77,86%), Extremadura (70,16%) y Andalucía (59,71%) deben destinar a reconfigurar su estructura productiva la mayor parte de sus fondos; el resto opta por aquellas otras medias que miran más al mercado.
¿Hacia dónde van dirigidos esos planes de reestructuración y reconversión? Podría ser una pertinente pregunta. Pues, dependiendo de si lo están haciendo hacia la adaptación a variedades más adecuadas a los mercados, es una cosa. Pero si lo están haciendo, hacia el aumento de rendimientos, otra muy distinta. Y el histórico apunta hacia lo peor.