Aunque podríamos enumerar unos cuantos más elementos de primer orden de importancia, como el confinamiento de la población consecuencia de una pandemia mundial. “Conflictos geopolíticos”, un eufemismo para lo que siempre han sido, llanamente, guerras. U otras cuestiones derivadas del giro radical del “orden mundial” motivado por el incumplimiento discrecional de quien se cree el amo del mundo.

El caso es que ya nada es “como antes” y que esto está teniendo un claro reflejo en el consumo y nuestro sector.

Un sector vitivinícola que, ya de por sí, estaba sufriendo una importante revolución en su consumo, principalmente como consecuencia de un relevo generacional que cambios sociales truncaron. Así como importantes transformaciones en la propia estructura productiva (viñedo y bodegas), incentivadas por la misma necesidad de dotarse de herramientas con las que girar la mirada del sector al consumidor, pero que provocó efectos colaterales como pudiera ser el aumento desmesurado de una producción para la que no se había previsto su colocación.

Hasta la propia globalización, bajo la que se desarrolló el comercio de finales del siglo XX y la gran mayoría de lo que llevamos del XXI, se vio truncada, volviendo a los principios imperantes, de la primera mitad del pasado siglo, basados en el proteccionismo.

Bajo este entorno, ¿hay alguien que todavía piense que no es necesario revisar las políticas y estrategias definidas hace apenas cinco años?

Esgrimimos la valorización como tabla de salvación y objetivo por el que pasa el porvenir de nuestro futuro. Pero no sólo nosotros. Todos los productores del mundo lo están haciendo. También los de Champagne que son los que tienen un precio medio por sus vinos más alto del mundo (que no los ha librado de una profunda crisis).

Conscientes de esta situación la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y el Consejo de la UE del pasado día 23 adoptaba el Reglamento sobre un marco de modernización que haga al sector más competitivo, resiliente y orientado al futuro,

Mirando hacia los “nuevos consumidores” incluye los vinos con menor graduación alcohólica. Una desnaturalización de nuestros vinos, que persigue un producto “más frescos”, ligero y con menos alcohol, mucho menos alcohol; hasta nada de alcohol.

Y, muy posiblemente, estemos en lo correcto y de igual forma que cuando, en 2008, nos enfrentamos al arranque de trescientas mil hectáreas con la que nos amenazaban desde Bruselas, bajo el argumento de que destinar seis o siete millones de hectolitros para la obtención de alcohol vínico no se podía considerar una “utilización” sino la retirada de un producto para la que no había mercado; la elaboración de productos de “bajo contenido alcohólico” pueda ser una solución a los excedentes actuales.

Pero, cuidado, no vaya a ser que, cuando haya mercado para este tipo de producto, la consecuencia no vaya a ser que se incremente la producción de vinos de bajísima calidad y los rendimientos aumenten, puesto que lo contrario (elevada calidad y rendimientos controlados) no es fundamental para su nuevo destino bajo en (o sin) alcohol.

Dentro de pocas semanas, tendremos en nuestras manos los nuevos Reglamentos sobre los que se desarrollará la política vitivinícola europea de los próximos quince o veinte años.

Documentos que han sido elaborados sobre la base consensuada por todos los grandes productores mundiales (que son los europeos) y que con los que la Unión Europea aspira a dotar a sus operadores de herramientas con las que poner freno a una preocupante pérdida mundial de consumo. En muchas ocasiones motivada por cambios sociales y económicos propios, como pudiera ser la traslación del vino como alimento diario a la concepción de producto reemplazable. Pero que, en otras muchas ocasiones, lo son de índole general como aquellas que pudieran derivarse de la subida de los precios (inflación), la capacidad para endeudarse (tipos de interés), la distribución del gasto y peso del consumo, tanto en bienes como servicios; o el propio peso que tenga el número y gasto de los casi cien millones de turistas que nos visitan.

En los que se intentará reforzar el papel de las medidas con las que se ha construido la vitivinicultura del siglo XXI: reestructuración y reconversión, modernización de bodegas, promoción en terceros países… y otras nuevas como el desarrollo del enoturismo o la posibilidad de primar el abandono del viñedo.

Medida que no será nueva y que, como bien recordarán los viejos del lugar ya existió. Pero que se dará en unas condiciones especialmente delicadas y que están marcadas por la falta de relevo generacional, escasez de mano de obra cualificada, insuficiente rentabilidad y despoblación de áreas rurales.

Resulta tremendamente difícil justificar que ante esta situación no se apoye al viticultor con una pequeña ayuda sobre algo que, de una forma silenciosa pero contundente, ya está sucediendo. Sólo la necesidad de que transcurra el tiempo necesario para no tener que devolver las ayudas percibidas para la reestructuración o ver la posibilidad de valorizar el viñedo con la concesión administrativa que tiene, ha evitado que las cifras de la Encuesta sobre Superficie de Cultivos (Esyrce) no sea mucho más mala de lo que lo han sido los datos de 2025 y que nos sitúan por debajo de las novecientas noventa mil hectáreas de viñedo de uva de transformación.

Pero también habrá que considerar lo que supone ese viñedo como patrimonio vitícola y la imposibilidad de volver a recuperar esa producción, de esa calidad, en muchos años. Sin mencionar el efecto sobre la posible desertificación y éxodo rural. Difícil tesitura se le plantea al Ministerio, que deberá tomar posición y confiemos que vaya más allá de la mera cesión a las demandas de las Comunidades Autónomas y tenga una visión sectorial global y estratégica.

Consciente del delicado momento por el que está atravesando el sector vitivinícola, necesitado de apoyos que le devuelvan el ánimo; y de las oportunidades que pueden presentarse con la nueva OCM que surja del llamado “Paquete Vino” (tras su aprobación por parte del Parlamento Europeo el pasado día 10 ahora ya sólo resta la aprobación formal por parte del Consejo para la publicación de los reglamentos).

Sin tiempo que perder, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, mantenía el 29 de enero una reunión con los directores generales de las comunidades autónomas para tratar su aplicación, a fin de poder ponerlo en marcha en el más breve tiempo posible.

Entre las medidas contempladas, figura la del arranque de viñedo con fondos nacionales. Medida que la organización agraria Unión de Uniones califica de “medida social” e insiste en activar de manera urgente, a fin de poder hacer frente a la falta de relevo generacional a la que se enfrentan muchos viticultores, cuya rentabilidad está cuestionada por una crisis que califica de “estructural” en muchas zonas productoras.

Haber perdido en siete años, más de sesenta mil hectáreas de viñedo de uva de transformación, pasando de las 960.758 de 2018 a las 899.883 del 2025; así como el mantenimiento de esta tendencia para los próximos años, no parece suficiente. Y considera necesaria la dotación de esta ayuda que les permita no irse con las manos vacías. Aunque ello pudiera ocasionar un efecto llamada para algunos viticultores que dudan entre abandonar o no sus viñedos.

Y, mientras tanto, desde la misma Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) elevaban a consulta pública la propuesta de resolución por la que se fija el presupuesto de 16.535.998 euros para la puesta en marcha de la cosecha en verde para esta campaña.

Dado que esta medida no tiene asignado presupuesto anual de ejecución, su dotación sólo es posible detrayendo los fondos que se le dediquen de los 202,1 M€ que tenemos asignados para las medidas de la ISV.

Siete han sido las Comunidades Autónomas que han solicitado la vendimia en verde, cuya resolución deberá conocerse antes del 30 de abril de 2026, para ser ejecutada antes del 15 de julio de 2026.

Y es que (aunque es posible que nos suceda como el año anterior, cuando las olas de calor de finales de julio y mediados de agosto se llevaron por delante una parte importante de la cosecha) las abundantes lluvias caídas en toda la geografía española, junto con la recuperación del viñedo conseguida en las campañas anteriores, hacen vaticinar una abundante cosecha 2026 para la que, aparentemente, resultará muy difícil encontrar acomodo.

Y es que, mucho tienen que cambiar las cosas de aquí a agosto para que el consumo interno rompa la tendencia bajista iniciada el pasado año en el mes de julio. Pues, con datos del Infovi correspondientes a diciembre, se mantiene la pérdida y el consumo anual se sitúa en 9,36 Mhl, 24.236 hl (-0,26%) menos que en el dato del mes anterior (TAM noviembre) y casi cuatrocientos mil hectolitros en lo que llevamos de campaña. O que las exportaciones remonten el 3,0% que llevamos perdido entre enero y noviembre en valor y el 1,8% en volumen de vino.

Dentro de la cotidianidad con la que el sector está afrontando la situación delicada que se vive a nivel mundial, el primer paso para poner soluciones (y que, por desgracia, no siempre se ha dado) es la asunción de la situación y la voluntad de solventarla. Haciéndose más necesaria que nunca la alineación de las políticas públicas con las acciones de todos los integrantes del sector privado: organizaciones agrarias, bodegas y cooperativas, denominaciones de origen… y, claro está, la Interprofesional del Sector, que representa a todos.

En esta línea de actuaciones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno lanzará una campaña, junto al ICEX, en el marco de “Spain Nation Food”, para impulsar las ventas del vino español en los mercados con los que la Unión Europea ha cerrado acuerdos comerciales recientemente: India, Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) e Indonesia. Y que bien podrían extender a los cinco países de Asia central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), así como a Malasia, Tailandia, Singapur, Filipinas, Australia y la Unión de Emiratos Árabes. Un total de 16 países con los que la Unión Europea está negociando acuerdos de libre comercio.

Un área comercial con una relevancia, excepción hecha de Brasil y cuyo acuerdo con el Mercosur se encuentra temporalmente suspendido, es relativamente pequeña, pero que supone una gran oportunidad considerando la evolución que presenta en los últimos diez años.

El desarrollo de los acontecimientos ha puesto en cuestión alianzas hasta ahora inquebrantables, obligando a los países productores a buscar mercados alternativos.

El problema es que en esta búsqueda estamos todos y, al menos hasta ahora, los vinos españoles no se han caracterizado por ser los más avispados.

Tradicionalmente hemos llegado a los mercados cuando ya estaban saturados y sólo era posible introducir nuestros vinos a costa de desplazar a otros. En la mayoría de las ocasiones, a costa de bajos precios que repercutían en una reducida rentabilidad.

Ahora, las necesidades nos llevan a una situación que bien podría sernos más favorable y no debemos dejarla pasar.

El Ministerio de Agricultura ha sentado a los consejeros de Agricultura para explicarles las medidas que en marzo pudieran derivarse del denominado “Paquete Vino”.

Confiemos en que las explicaciones den paso a las acciones y ese apoyo nacional que plantean las ayudas no se quede sólo en Francia o Italia…