La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del Reglamento marco 2026/471, por el que modifica determinadas normas de comercialización y medidas de apoyo sectorial en el sector vitivinícola, conocido como “Paquete Vino”, y que comportará la modificación del reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM), de los Planes Estratégicos de la PAC (ISV), así como del reglamento de descripción, presentación y etiquetado de productos vitivinícolas, pone punto y final a un largo proceso de negociación entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo cuyo objetivo es convertirse en una herramienta clave con la que el sector vitivinícola europeo pueda hacer frente a los numerosos y transcendentales desafíos que se le presentan.

Entre otros, los cambios en los hábitos de consumo y su descenso, la reducción de superficie y producción, así como hacer frente al reto climático. Buscando un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, mejorando la adaptación al cambio climático, simplificando y armonizando las prácticas de etiquetado, fomentando la innovación, ampliando la flexibilidad de plantación y estimulando las economías rurales.

Cambios legislativos que vienen a sumarse a los acuerdos comerciales recientemente firmados con India e Indonesia, así como con Mercosur, este último, que, según anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se aplicará “provisionalmente” una vez ratificado por el bloque de los países latinoamericanos.

La entrada en vigor del “Paquete Vino” se producirá el próximo 18 de marzo, salvo en dos cuestiones: una relativa a la Regla de minimis, que afecta a países con superficie inferior a 10.000 hectáreas y que será efectiva a partir del 19 de marzo de 2030; y otra, esta de mayor calado pues afecta a las denominaciones de la categoría de producto que se haya sometido en su totalidad o en parte a un tratamiento de desalcoholización, dando origen a los términos “sin alcohol”, “reducido en alcohol” y “producido por desalcoholización”; así como la excepción a la mención nutricional para aquellas exportaciones fuera de la Unión Europea que no las exijan. Cuya aplicación no se produciría hasta el 19 de septiembre de 2027.

En otro orden de cosas, destacar la activación, por parte del Ministerio, de la cosecha en verde, con una dotación presupuestaria de 1509 M€ y a aplicar en seis Comunidades Autónomas que son las que la han solicitado.

Una nutrida batería de acuerdos y legislación que desafía con resultar insuficientes, dada la magnitud de los problemas que los conflictos bélicos están ocasionando en la economía mundial. Y cuyos efectos en la microeconomía que afecta a las familias, todavía por cuantificar, amenazan con afectar gravemente al consumo.