Si la pasada semana conocíamos el dato de existencias a final de campaña, en estos días el Ministerio ha hecho suya una estimación de producción para la cosecha 20/21, situándola en 37,5 millones de hectolitros. Resaltar que esta valoración está referida solo a vino y que, si tenemos en cuenta la producción de mosto que históricamente venimos teniendo y que podría rondar entre los cuatro millones y los cinco, esta cifra se aproximaría mucho a las previsiones que se barajan desde todas las organizaciones; incluso la que nosotros mismos elaboramos y que diariamente vamos actualizando con los datos de un gran número de bodegas que generosamente colaboran facilitándonos sus previsiones y datos finales de vendimia.

Esta cantidad, que junto a los 34,6 Mhl con los que iniciábamos la campaña nos darían unas disponibilidades de 72,1 Mhl, supondrá apenas un 1,84% y 1,3 millones de hectolitros más a la de hace un año. Cantidad que, de ninguna manera explicaría la caída tan brusca de las cotizaciones de uvas y mostos que estamos viviendo en prácticamente todas las zonas productoras españolas. Especialmente si tenemos en cuenta que al situarse esta cifra por encima de los 70,2 Mhl, disponibilidad media de los últimos cinco años, sería posible la aplicación de la medida para elevar la prestación vínica del 10 al 15% el alcohol que deben contener los subproductos. Con lo que, si tenemos en cuenta la circunstancias de que este año la uva presenta alrededor de medio grado menos que el año pasado, podríamos encontrarnos que, si el Ministerio acaba aprobando dicha medida (cosa que sabremos en los próximos días), estuviéramos hablando de unas disponibilidades inferiores a las de la campaña pasada.

Con estos datos se hace muy difícil comprender, al menos desde el lado de la producción, lo que está sucediendo en el mercado, donde las operaciones apenas son un tímido recuerdo de lo de otras campañas y los precios, acorde a estos volúmenes, se reducen de forma considerable sin más esperanza de que encuentren en las cotizaciones de hoy el suelo sobre las que aguantar y no hacer más grave el problema.

Y es que, está bastante claro que el problema no viene desde esa parte de la ecuación, sino de la que corresponde a la demanda. Un colectivo que, sometido a una situación totalmente nueva, desconoce qué pueda suceder en el futuro más inmediato, con una peligrosa espada de Damocles sobre sus cabezas que amenaza con la imposición de nuevas medidas que restrinjan los movimientos de las personas y repercuta sobre unas cuentas de resultados que difícilmente aguantarían un pequeño soplido

Pretender que el sector por sí mismo sea capaz de salir de esta situación que, por otro lado, es mundial, es una entelequia en toda regla, ya que excede amplísimamente la capacidad de cualquier sector, por grande y potente que este fuera. Lo que, además, no es el caso. Y, aunque la teoría económica diga que cuanto más pequeñas las empresas, mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios, esto también tiene un límite que podríamos situar en el umbral de la propia supervivencia y al que parecen estar acercándose muchos viticultores y bodegueros de forma peligrosa.

Aguantar y confiar en que el consumo se recupere antes de que sea demasiado tarde para una parte importante de nuestro sector resulta imprescindible. Y aunque es lícito pensar en que las administraciones tienen el deber de velar por los intereses del tejido productivo que representan las bodegas y el medioambiente en el que encontraríamos a los viticultores, no parece que los recursos con los que hacerlo vayan a ser suficientes, como así lo corroboran los 91,579 millones de euros gastados en las medidas extraordinarias aprobadas el pasado mes de junio. Las que, sin duda, ayudaron a paliar la situación, pero se quedaron muy lejos de solucionarla.

Hace un año nos planteábamos cuáles podrían acabar resultando las disponibilidades a las que se enfrentaría el sector, especialmente ante unas previsiones de cosecha corta y unas existencias que se presumían algo más elevadas que años anteriores. Combinación que acabó dejando las disponibilidades con las que afrontar la campaña en unos niveles más que aceptables, como así lo han ido demostrando las cotizaciones con una cierta estabilidad y una marcha de las exportaciones también bastante “normal”.

Como todos sabemos, esta normalidad se vio truncada de manera repentina por el confinamiento de la población a nivel mundial y la paralización, prácticamente total de un sector de básico en el consumo de vino, como es la restauración y hostelería.

Sus efectos inmediatos se dejaron ver en forma de caídas de ventas para la inmensa mayoría de bodegas, que miraban recelosas a las grandes superficies pero que se mostraban totalmente incapacitadas para compensar la enorme sangría que sufrían. Situación que, tras el levantamiento del confinamiento, se pensó mejoraría rápidamente con una recuperación inmediata de la situación “pre-pandemia”. Craso error que no solo se demostró equivocado en su vaticinio de la velocidad con la que se recuperaría ese consumo, sino que incluso se hizo patente el peor de los temores y es que el consumo fuera del hogar tardará mucho tiempo en recobrar, tanto sus hábitos de consumo, como niveles de venta de vinos.

Hoy, a pesar de trabajar con un escenario de menos existencias iniciales 34,6 millones de hectolitros de vino frente los 37,1 del año anterior y algo más de dos millones de mosto y una cosecha que, aunque superior a la del pasado año, difícilmente alcanzará los cuarenta y dos millones de hectolitros, arrojando unas disponibilidades que apenas difieren de las que el año pasado daban tranquilidad al sector; los importantes temores sobre las consecuencias que pudiera acabar teniendo en el consumo mundial la pandemia hacen que las bodegas se muestren extraordinariamente cautas en sus compromisos. Lo que les lleva a comprar lo justo y pagar por ello (uvas y mostos) precios muy por debajo de los del pasado año.

Lo que, en boca de todos los expertos, resulta tremendamente peligroso para un sector tan expuesto al mercado exterior y cuyas consecuencias pudieran resultar catastróficas para muchas de nuestras bodegas y viticultores que denuncian que siguen sin solucionar una baja productividad que les lleva a costes de producción por encima de los precios a los que se muestran dispuestos a comprarles sus uvas y mostos.

Todos los años, llegado el momento de fijar los precios de la uva, nos enfrentamos a noticias que nos hablan de las protestas que los viticultores, a través de las organizaciones agrarias, convocan a las puertas de las principales bodegas españolas, especialmente en la primera región productora de nuestro país, pero no lo única. Una de las pocas oportunidades que tienen para intentar hacer oír sus voces, denunciando precios ruinosos que sitúan por debajo del umbral de sus propios costes de producción.

Cuando esta situación se produce de vez en cuando, podríamos considerar que entra dentro de lo normal, y que el mercado, en su teórico ajuste de la oferta y la demanda, ha determinado que de los actores implicados el que debe soportar la peor parte del acuerdo en esa ocasión ha sido el viticultor.

Cuando esta situación se convierte en endémica, repitiéndose año tras año, la circunstancia de que sean los agricultores los que se vean abocados a abandonar los cultivos, ante la certeza de tener que vender a pérdidas por resultar insuficientes, los precios que perciben por sus producciones; ya no se puede achacar al mercado. Es un asunto mucho más complejo que está relacionado con la competitividad. Entrando en juego costes que van mucho más allá de los estrictamente cuantificables, aquellos que bajo el epígrafe de intangibles referiríamos a la calidad, prestigio, reconocimiento, aspectos medioambientales…, incluso sociales.

Complicando sobremanera el asunto. Pues si, para unos no es rentable cultivar la viña a esos precios, para otros no es posible repercutir costes superiores en el producto porque son, directamente, expulsados del mercado.

¿Significa esto que deban ser los viticultores los que soporten todo el peso de nuestra falta de competitividad? Por supuesto que no. Al contrario, deberían ser los que, de alguna manera, tuvieran asegurada su continuidad, puesto que de ellos depende una parte muy importante de nuestra propia supervivencia. Son los guardianes de nuestro medioambiente y con su trabajo mantienen una cubierta vegetal sin cuya existencia estaríamos hablando de grandes eriales, donde sería prácticamente la fijación de ningún tipo de población.

Asumiendo esta situación como un hecho, llegamos, de manera irremediable a la otra gran cuestión: ¿quién paga todo esto? ¿El sector con sus Planes de Apoyo, destinando una parte de sus fondos a la ayuda medioambiental? ¿El Estado con sus impuestos directos sobre el medioambiente, o indirectos en sus Presupuestos Generales del Estado?

Fuera cual fuera la solución adoptada, tampoco convendría perder de vista que los costes de producción (de la uva, pero también del vino) deben ser acordes a los que disfrutan nuestros competidores. Y, en el caso de que no lo fueran, habría que plantearse medidas que nos condujeran a serlo en un futuro lo más inmediato posible.

Pensar en ayudas que salgan en auxilio de nuestro sector es un grave error. Situaciones como la que actualmente estamos viviendo, con graves problemas económicos que obligan a reducir presupuestos destinados a la PAC y aseguran que, de alguna manera el sector vitivinícola se verá afectado, es una realidad que debería incentivar a todos en la búsqueda de esa competitividad.

Como también reflexionar sobre si los cerca de mil trescientos millones de euros que gastaremos en reestructurar nuestro viñedo en 2023, buscaban mejorar la calidad de nuestros vinos, acercarnos a lo que demandan los mercados… o lo que hacían no era otra cosa que dotar a nuestras explotaciones del tamaño necesario para hacer de su actividad una profesión sustentada en la rentabilidad y precios competitivos.

Cuanto antes asumamos como irremediable que lo que nos depara el futuro inmediato vendrá repleto de malas noticias, al menos en el horizonte de los seis o nueve meses; antes tomaremos medidas y comenzaremos a trabajar por aprovechar las oportunidades que se nos presenten.

Con un panorama dantesco que, lejos de normalizarse, cada vez está viéndose más enrarecido por una evolución de la pandemia que nuestros responsables políticos no acertaron a ver, o no quisieron decirnos; el sector, cuanto más unido mejor, debe tomar medidas y abordar el problema con acciones que minimicen las graves consecuencias que está teniendo en las cuentas de resultados de las empresas vinculas al sector vitivinícola la fuerte reducción de la actividad hotelera y restauradora.

Pensar en compensar con la venta online, directa o la alimentación todo lo perdido en el canal Horeca es totalmente imposible. Pero es que, pensar en que la situación volverá a ser la de antes del 13 de marzo en el plazo de dos años, por más vacuna que exista, es un engaño que no nos conducirá a nada más que a tomar medidas equivocadas y hacer más grave el problema de lo que ya lo es.

Tal y como han ido evolucionando las cosas en estos meses que llevamos tras el confinamiento, todo hace prever que la vuelta a los colegios y la recuperación de la actividad industrial tras las vacaciones estivales, agravarán la situación y será necesario volver a adoptar medidas mucho más contundentes de las que actualmente están en vigor. Muy posiblemente no nos enfrentemos a ningún estado de alarma nacional, ni a confinamientos generales, o cierres de la actividad. Muy posiblemente todo tenga un cariz mucho más contenido y prudente.

Las cifras macroeconómicas nos sitúan como el país del mundo más afectado, dada nuestra gran exposición al sector turístico y comportamiento social. Pero lo que no recogen estas cifras es el miedo que en la población está generando toda esta incertidumbre económica y nuestra capacidad para hacerle frente. Tampoco pinta mejor el futuro para el turismo, ya que recuperar la cifra de ochenta y cinco millones de turistas que nos visitaron en 2019 va a ser cuestión de mucho más que tiempo.

O las exportaciones que, con los datos del primer semestre, ya podemos concretar las fuertes caídas, con especial incidencia en las categorías de menor valor como son los vinos sin indicación de calidad, ni variedad (-17,7%) y, principales compradores: Italia (-17,2%), Francia (-13,1%), Portugal (13,9%), o los casos de Estados Unidos y China con reducciones del 12,5 y 26,7 por ciento, respectivamente.

En condiciones normales, a estas alturas, toda nuestra atención debería estar focalizada en conocer, con el máximo detalle posible, las diferentes estimaciones de producción que están manejando los operadores sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional. Y estaríamos calibrando, en función de ellas, las posibilidades de nuestros mostos y vinos, para poder planificar la campaña y establecer si aumentar precios o, por el contrario, asumir una rebaja en los mismos. Aunque ella llevara aparejadas las consabidas protestas de los viticultores ante la imposibilidad de poder soportar, otro año más, precios para las uvas que consideran se encuentran por debajo de los propios costes de producción.

Discrepancias que apenas se dan cuando nos referimos al otro gran parámetro, la calidad. Que, en términos generales, calificaríamos de muy bueno. Aunque no haya estado la campaña exenta de las dificultades propias de una climatología caprichosa y cambiante, con ciclos más cortos que ha ocasionado un adelanto generalizado de entre siete y diez días con respecto al año anterior. O la proliferación de brotes de enfermedades criptogámicas, especialmente mildiu, en prácticamente todas las regiones. Adversidades superadas exitosamente gracias al buen hacer de nuestros excelsos viticultores.

Pero es que este año 2020 es de todo menos normal. ¿O no?

Porque cada vez tengo más la impresión de que este virus ha venido para quedarse y formar parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. Haciendo necesario asumir que, si bien los diferentes grados de virulencia y expansión dependerán en buena medida de nuestra capacidad de controlarlo, nuestra incapacidad para erradicarlo en el medio plazo, al igual que ya sucede con la gripe o el Sars, resulta palmaria.

Esto ha supuesto un cambio de escenario en el que se desarrolla el comercio mundial y sus consecuencias pueden ser mucho más profundas de lo inicialmente previsto.

Vamos a suponer, siendo muy optimistas que debamos restringir durante varios trimestres, hasta que llegue la vacuna, nuestras reuniones sociales, no ya solo las referidas al ámbito extradoméstico sino incluso también las que tengan lugar en nuestros hogares. Ello tendrá un efecto negativo sobre el consumo mundial de vino. Su reducción nos obligará a plantearnos diferentes escenarios posibles, en función de cuales sean las características de nuestros elaborados, sus precios, canales de distribución, incluso imagen país que tengamos, etc. Y aunque a algunos este cambio les pudiera resultar muy beneficioso, sin duda habrá otros que acabarán viéndose obligados a desaparecer y su producción absorbida en parte por los supervivientes y otra definitivamente eliminada.

Mientras conseguimos adaptarnos a esta “nueva normalidad” el sector, al igual que todos, va a sufrir y la iniciativa sobre cómo queremos abordarla, qué queremos ser, en qué etapas y con qué herramientas conseguirlo (lo que viene a ser un Plan Estratégico) debería preocuparnos mucho más de lo que, aparentemente lo está haciendo.

Ni la Unión Europea, ni el MAPA saldrán en nuestro auxilio, más allá de pequeñas actuaciones puntuales como destilaciones, vendimia en verde o inmovilizaciones. Claramente muy convenientes, pero totalmente insuficientes y que deberán ser financiadas con unos fondos sectoriales que originalmente estaban pensados para abordar medidas estructurales como reconversión o reestructuración de viñedo, inversiones o promoción.

Entender que la respuesta debe surgir y desarrollarse por el propio sector se plantea como un primer paso que va mucho más allá de volúmenes y precios de una campaña que, por otra parte, presenta un gran número de interrogantes sobre su evolución ante un panorama mundial nunca antes dado.

Realizar una estimación de cosecha nunca es fácil. Hacerlo en los primeros compases, cuando poquísimas zonas han comenzado, y lo han hecho con sus variedades minoritarias, lo hace todavía más complicado. Pero, podríamos decir que, junto con las tormentas típicas de verano, olas de calor o episodios de granizo; agentes todos posibles y probables, son condiciones sobre las que se puede comenzar a trabajar en la elaboración de una horquilla en la que situar los millones de hectolitros que elaborarán nuestras bodegas en la vendimia 2020. Cosa bien diferente es la repercusión que sobre la misma vaya a tener la medida de cosecha en verde aprobada por el Ministerio y cuya dotación de diez millones de euros debe servir para restar la producción de casi mil novecientas hectáreas. Circunstancia a la que nadie hace referencia específicamente y, por consiguiente, deberemos asumir que se encuentra ya descontada en la estimación publicada.

Una de las más esperadas, es la de las Cooperativas Agro-alimentarias de España, la cual hacía pública su primera estimación de cosecha el pasado jueves, cifrándola entre los 43 y los 44 millones de hectolitros. Castilla-La Mancha es la que mejores perspectivas presenta gracias a la ausencia de heladas y lluvias al inicio de la brotación con un incremento que podría superar el 25% respecto al año pasado; y las que peor lo han pasado: Cataluña y Extremadura, donde las altas temperaturas y enfermedades criptogámicas como mildiu y oídio pueden provocar una reducción muy marcada sobre lo cosechado en 2019.

Y es que la presencia de estos hongos está llevando a maltraer a nuestros viticultores, pues si, en la mayoría de los años pasan sin pena ni gloria, ya que los fungicidas presentan una buena eficacia para luchar contra ellos. Cada cierto tiempo, se convierten en un verdadero quebradero de cabeza, por su resistencia o los constantes episodios de lluvias, que arrastran los tratamientos anteriores. Lo que, a diferencia de la piedra, cuyo grado de incidencia en el conjunto de la cosecha es apenas relevante, acaba afectando a grandes extensiones de viñedo y su incidencia sobre el volumen de la cosecha y su calidad puede llegar a ser importante.

Circunstancia esta que ha llevado a la organización agraria Unión de Uniones, a solicitar a Agroseguro y Enesa la inclusión de este riego en los asegurables en toda España. Puesto que los viticultores de Galicia, Castilla y León, Cataluña y La Rioja, se ven fuertemente perjudicados en campañas como estas al no tener la posibilidad de asegurarlo.

Pero, como era de esperar, no solo la climatología y la lucha contra las enfermedades y patologías, a las que, a las anteriormente mencionadas, hay que añadir: polilla, o botrytis como más importantes, puede dar al traste con estas previsiones. En esta campaña, hay que añadir un nuevo agente que tiene forma de virus y está dispuesto a cambiarnos la vida y la forma de trabajar.

Como los protocolos que en todas la regiones y ayuntamientos se han impuesto para las condiciones de estancia y trabajo de los miles de temporeros que llegan a nuestro país para la vendimia. A las frecuentes revisiones de la inspección de trabajo, este año se les unirán las propias de las condiciones sanitarias y medidas adoptadas para evitar los focos de rebrote.

Se les exigirán análisis PCR, vigilarán las condiciones de habitabilidad, e incluso se les facilitarán albergues en algunas localidades. Se intentarán minimizar los riesgos de contagio conformando “cuadrillas burbujas” que estén compuestas por pocos miembros, estables y, a ser posible, de la misma unidad de convivencia

Pero todo esto va a tener un coste que, todavía hoy, está por ver quién lo va a soportar. Confiemos que, por el bien de todos, no sea el precio de la uva.