Más pronto que tarde deberemos abordar el tema de la ordenación del sector de una forma seria, responsable y siendo conscientes de la importancia que ello representa para el futuro de nuestros viticultores y bodegueros. Mantener precios que no permiten obtener una renta digna, es inasumible por un sector que quiera tener una cierta proyección. Solo cuando la viticultura se desarrolla como actividad secundaria a la que se obtiene la renta vital es posible enfrentarnos a esta situación, pero ni es factible desarrollar un sector basándonos en esta estructura productiva, ni imaginable que el relevo generacional no lleve parejo una profesionalización del sector que acabe con estas aberraciones comerciales.

Para cuando esta situación se haya dado la vuelta, será imposible mantener los actuales precios de las uvas en una parte muy importante de nuestra producción, los vinos deberán ser exportados a precios muy encima de lo que lo estamos haciendo, viéndose mermada de manera muy importante nuestra competitividad, y la producción tendrá que ser ajustada de manera imperativa.

Esta reconversión industrial, para la que hemos gastado insultantes cantidades de fondos en la reestructuración y reconversión de nuestro viñedo, inversiones en bodegas y desarrollo de mercados; expulsará del mercado a la gente que no haya sido capaz de ajustarse y cuando esto llegue las protestas de las organizaciones agrarias clamarán por la intervención de las administraciones que hagan menos dolorosa la situación.

Y yo me pregunto: ¿y si este proceso ya estuviéramos viviéndolo?

Sin querer hacer comparaciones, siempre odiosas y poco acertadas, hace unos años cuando hablábamos de los peligros del cambio climático y sus posibles efectos sobre la agricultura concluíamos que la viticultura encontraría la forma de adaptarse a estos cambios y amoldarse a los nuevos episodios de calor y ausencia de agua. Pero olvidábamos, o pasábamos por alto, que estos efectos no son inmediatos, y que vendrían acompañados de alteraciones en los periodos de lluvias y ciclos de temperaturas.

Este año hemos vuelto a las fechas en las que “tradicionalmente” tenían lugar las vendimias. Lo que en un principio no debería sorprendernos, pero las características del fruto no están resultando las mismas con las que vendimiábamos en aquellos años. Haciéndonos recordar aquellos vaticinios que auguraban episodios de sequía más largos y lluvias torrenciales, llevándonos a situaciones cada vez más extremas.

La verdad es que me declaro totalmente incapacitado para ni siquiera imaginar a lo que nos estamos enfrentando y si se trata de episodios aislados o es algo más transcendente y son las consecuencias de un cambio al que deberemos acostumbrarnos haciéndole frente.

Pero de una manera muy similar, me pregunto si no deberíamos utilizar esta alerta del clima e ir un poco más deprisa en este otro tema de la ordenación del sector.

Esta campaña tiene pinta de que va a ser muy complicada. Los incrementos en la producción se sitúan en porcentajes muy superiores a los que se han pactado de bajada en las cotizaciones de las uvas. Los mostos están reflejando esta disonancia y están cerrándose operaciones con importantes caídas en sus precios, no sabiéndose muy bien dónde se encuentra el suelo de las mismas. Y, de la misma manera que los vinos exportados de bajo precio a granel fueron los que más beneficiados salieron de una situación internacional de baja cosecha, es previsible que en esta campaña sean los que peor parte se lleven, devolviéndonos a cotizaciones que creíamos superadas.

Quizá, lo sucedido con las lluvias torrenciales de esta semana en Mallorca, Cataluña o la Costa del Sol no sean más que episodios extraordinarios. Quizá la cosecha y la caída de los precios, también lo sea. Pero igual deberíamos plantearnos qué hacer.

El mercado es libre y sus operadores, desde el viticultor hasta el distribuidor, pasando por la bodega, tienen derecho a actuar de la mejor manera que consideren para defender sus intereses. Esa al menos es la teoría que todos exigimos. Aunque llegado el momento de ser la parte que sufre las consecuencias ya no estemos tan de acuerdo con esta libertad y lleguemos a exigir cierto grado de intervencionismo.

De esta manera, cada parte busca lo mejor para ella, alcanzando un punto de equilibrio en el que los intereses del conjunto pueden operar. Esa es la teoría del libre mercado y la forma en la se desarrollan económicamente las sociedades capitalistas.

Lo que provoca que no siempre valor y precio coincidan, generando distorsiones en su sintonía, que pueden llegar a resultar chirriantes e incluso inasumibles, poniendo en peligro la propia supervivencia de aquellas empresas que no alcanzan el nivel de competencia exigido.

En el sector vitivinícola sabemos bastante de esto. Nuestros viticultores se quejan de que los precios a los que son adquiridas sus uvas no permiten obtener una renta digna. Las bodegas, de que los precios a los que pueden vender sus elaborados no les dejan margen para incrementar sus costes de elaboración. Y los distribuidores, de que el consumidor no está dispuesto a pagar un mayor precio por unos productos que tiene catalogados como de “calidad muy aceptable y bajo precio”.

La forma de romper este círculo vicioso, yo la desconozco. A pesar de lo cual, y si me lo permiten, lo que sí creo es saber la forma en la que no se soluciona. Y es bajando y bajando los precios.

Muy posiblemente, como nos dicen los que “de verdad saben de esto”, necesitemos más bodegas que vendan vinos caros, más vinos de alto precio y mayores separaciones de productos, generando barreras muy claras y marcadas entre lo que serían las diferentes categorías de vinos. Contamos con ayudas para hacerlo, e incluso con bodegas que están empeñadas en llevarlo a cabo; hasta con administraciones involucradas que se suman a la idea de “ordenar por ley el sector”. Pero nada de todo esto es ni eficaz en el corto plazo, ni fácil. Requiere de una conciencia colectiva, de un plan estratégico y de unos actores líderes. Pero lo más importante, y lo que no parece que tengamos tanto, es consciencia de que si quiero que algo cambie, no puedo seguir haciendo lo mismo.

Campañas como la que iniciábamos el pasado uno de agosto con grandes ilusiones por la recuperación de la cosecha, tras años nefastos, pudieran ser un buen momento para hacerlo. O para agravar más la situación.

¿Qué queremos que sea? Y lo que todavía es mucho más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo?

Exigimos y reclamamos que el mercado sea libre, que la libre circulación de mercancías sea una realidad y que la libertad de competencia impere. Todo en aras de disfrutar de mejores condiciones sobre las que desarrollar nuestra actividad económica, con la esperanza de que el mercado reconozca la calidad y sea recompensada en su valor.

Y un buen ejemplo de que esta política comercial funciona podría ser lo sucedido con Canadá, país norteamericano con el que la Unión Europea, firmó hace un año, un Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido coloquialmente por sus siglas inglesas (CETA) y cuyos primeros resultados no pueden ser más esperanzadores. Nuestras exportaciones crecieron un 17,4% en volumen, alcanzado los treinta y siete millones de litros; y su valor lo hizo por encima del once por ciento superando los cien millones de euros.

La misma libertad y competencia que exigen las bodegas a la hora de fijar los precios a los que firman sus contratos con los viticultores para la compra de sus uvas y que es cuestionada por las organizaciones agrarias ante la gran similitud que existe entre las publicadas por los más importantes operadores. Pero que, al mismo tiempo, es esgrimida por estos sindicatos agrarios, para reclamar el cumplimiento de la normativa para la mejora de la cadena alimentaria que les obliga a conocer, antes de entregar su cosecha, el precio y vencimiento al que será pagada.

Exigencias que se han tornado en denuncias por parte de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Extremadura ante el organismo competente (la Agencia de la Información y Control Alimentario) por la supuesta ausencia del contrato. Llevando al citado organismo a anunciar la puesta en marcha de su programa anual de control e inspecciones.

Un sector que después del de frutas y hortalizas (1.321) y lácteo (712) ha sido el más inspeccionado (699) en lo que tiene de vida (desde enero 2014) el organismo; con veintiuna denuncias, de las que dos estaban relacionadas con la prohibición de “venta a pérdidas”; frente el centenar que acumula el lácteo, cuarenta y nueve de frutas y hortalizas y treinta y una de aceite y aceituna de mesa. El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos, no cumplir con el contenido mínimo, no contestar a los requerimientos, y las modificaciones unilaterales de los contratos son los motivos por los que se han incoado la mayor parte de los expedientes sancionadores. Recayendo la mitad de ellos en la distribución y el 43% en la industria alimentaria.

Datos de los que podría concluirse que está lejos de poder ser considerado un sector que incumple con sus obligaciones y al que hubiese que vigilar de cerca en aras de un mayor respeto por las normas existentes.

Lo que para nada quiere decir que haya que relajar su vigilancia y control sobre los contratos y su cumplimiento. Precios bajos y mercados excesivamente condicionados por las cotizaciones hacen que los contratos con los suministradores de la materia prima resulten especialmente sensibles a engaños motivados por posiciones dominantes que imponen condiciones de entrega contrarias a la ley. Perseguir estas prácticas, a quienes pudieran realizarlas y sancionar ejemplarmente es un acto de justicia. Tanto como no extender la creencia y propagar el bulo de que es una práctica habitual entre sus operadores. Ya que lejos de traernos efectos beneficiosos, su difusión solo hace que cuestionar nuestra honradez y seriedad en el trabajo. Además de ser mentira, como así lo demuestran los datos hechos públicos por la AICA desde su constitución.

A la hora de redactar estas líneas, mediodía del miércoles, solo podemos decir que las votaciones para Director General de la OIV siguen como si nada hubiese pasado desde el mes de julio en el que tuvieron lugar, y debieron ser aplazadas ante el bloqueo existente. En el que el candidato español, Pau Roca, alcanzaba mayoría sobresaliente tanto en el número de votos 84,1 como de países 25, pero insuficiente para alcanzar la requerida de 92,1 y 24 respectivamente.

Como ya hemos denunciado en alguna ocasión, no se trata de un tema estrictamente personal, sobre cuál es el candidato, ni tan siquiera el país al que representa. Es un tema que va mucho más allá de estas cuestiones, un asunto que está poniendo en cuestión la primacía de los países tradicionalmente productores ante el modelo impuesto en los del Nuevo Mundo.

Y como sea cual sea el que acabe siendo el resultado, la vida seguirá y deberemos enfrentarnos a una nueva campaña, con una nueva cosecha y unos nuevos precios. Casi mejor va a ser dejar este asunto para cuando esté resuelto y ocuparnos de cuestiones mucho más cercanas a nuestras preocupaciones más inmediatas. Aunque estas puedan resultar mucho menos transcendentales para el sector, pero que nos preocupan mucho más en estos momentos.

De todo lo que ha sucedido esta semana con la publicación de las tablillas por parte de las principales bodegas manchegas, así como de los contratos transcendidos entre viticultores y bodegueros de otras zonas de España es muy posible que la primera conclusión que podamos sacar es que tampoco en este tema el tiempo transcurrido en la pasada campaña haya servido de mucho. La recuperación estimada de la cosecha a nivel europeo, no ha hecho sino devolvernos a cotizaciones en las uvas similares a las de la campaña 2016, y las de los mostos y vinos, tienen pinta de seguir el mismo camino.

Todas aquellas esperanzas de aprovechar las circunstancias de la pasada campaña para abrirnos un hueco en el mercado y aproximar el precio de nuestro elaborados a su valor, se han visto frustradas. Al menos en el corto plazo, pues yo creo que en fondo sí ha servido de algo y ha sido una buena base para seguir trabajando en ello. Aunque sea con la esperanza de verlo reflejado en las cotizaciones y tipología de vinos en un futuro a medio y largo plazo.

Con las vendimias como una realidad palpable ya en muchas regiones españolas, adquieren especial relevancias todos los asuntos relacionados con la “colocación” de la producción.

Somos el primer país del mundo por extensión de viñedo de uva de vinificación, hecho que nos conduce de manera irremediable a escalar posiciones en la producción de vino, mostos y derivados. Y nuestros datos de consumo mejoran tan lentamente y en unas circunstancias tan hostiles que la simple imaginación de alcanzar incrementos sustanciales resulta totalmente utópica.

Y aunque las exportaciones nos han ido solucionando el problema de los saldos generados entre producciones y utilizaciones, todo parece indicar que estamos cerca de nuestro techo en el exterior y que cada año será más complicado mantener los volúmenes exportados si queremos aumentar el valor.

¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución?

Sabemos que no existe una respuesta fácil a ninguna de estas dos preguntas y que cada bodega busca la forma de hacerlo que mejor se adapte a sus posibilidades y circunstancias. Pero esto no es suficiente para el conjunto del sector. Adoptar pues, medidas de índole regulador que permitan ordenar la producción en aras de una mejor competitividad se presenta cada vez más como una opción a tener en cuenta.

Castilla-La Mancha es consciente de que concentrando la mitad de toda la producción y viñedo de España es el “problema” del sector, pero que también puede ser la “solución” y en ello llevan trabajando sus administraciones. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en su Plan Estratégico del Vino, actualmente en periodo de alegaciones y en el que se contemplan diferentes medidas reguladoras, todas ellas encaminadas a mejorar el valor medio de la producción y la rentabilidad de todas las partes que la hacen posible: viticultores, bodegueros/cooperativas y comercializadores. Para ello la reducción de los excedentes desviando parte de la producción hacia otros productos que no sean estrictamente vino resulta una medida a tener en consideración seriamente.