La primera impresión con la que debemos abrir esta edición no puede ser otra que la de satisfacción por la elección de Pau Roca para asumir la Dirección General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Asiento que ocupará por primera vez en la historia un español y en cuyo proceso electoral se han evidenciado posiciones que iban más allá de lo estrictamente personal sobre la idoneidad de uno u otro candidato, poniendo de manifiesto dos posturas muy diferentes de concebir el sector vitivinícola mundial y a cuya armonización deberá dedicar una buena parte de sus esfuerzos el nuevo director general.

Felicidades pues al director general de la OIV in pectore y mucha suerte en esta etapa que confiemos resulte fructífera para el sector vitivinícola y ayude a consolidar el crecimiento del consumo en los nuevos mercados y recuperar una pequeña parte de lo perdido en los tradicionales.

Centrándonos en la actualidad más inmediata debemos decir que los datos publicados por el FEGA relacionados con el Programa Nacional de Apoyo (PASVE) del ejercicio 2018 (16 octubre 2017 a 15 octubre 2018) no pueden ser más lamentables. Pues si admisible podría resultar que no se gastaran todos los fondos asignados en un ejercicio; difícilmente es comprensible en un país en el que el valor de sus productos se sitúa a la cola de todos los grandes países productores y en el que campañas como la 2017/18 han evidenciado la incapacidad de aprovechar las oportunidades que ofrecen las oscilaciones de las cosechas.

Dejar de gastar en la destilación de subproductos 14,92 M€ de los 31,8 presupuestados podría tener una explicación en el descenso de la cosecha. Pero dejar de hacerlo en el resto de medidas: promoción en terceros países 11,86 de 54 M€, reestructuración de viñedo 10’94 de 74,26 ó 11,22 de 50,26 en inversiones; resulta totalmente incomprensible para un sector que precisamente tiene en la adaptación de la producción a la demanda del mercado su asignatura pendiente.

Analizar las causas que nos han llevado a perder esta importante oportunidad: cofinanciación, trabas administrativas en la gestión o control del gasto… debiera ser un ejercicio de reflexión por parte del sector y las administraciones de cara a que en el nuevo periodo iniciado 2019-2023 no volviera a suceder. Es un lujo que, sencillamente, no nos podemos permitir.

A partir del próximo 1 de agosto, fecha en la que debería entrar en vigor la renovación de la extensión de norma que afecta al sector vitivinícola, la cuota de 0,065 €/hl a la que se ven obligados los vinos a granel pasará a ser de 0,052 €/hl. Mientras que para los envasados la nueva cuota por hectolitro será de 0,18 euros frente los 0,23 actuales que se pagan por hectolitro. Un “descuento” del veinte por ciento que es posible, según palabras de la propia Interprofesional del Vino de España (OIVE), gracias a “la experiencia de estos casi tres años de Extensión de Norma y un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema”.

Rebaja que, con total seguridad, no dejará satisfecho a nadie, ya que los detractores de la norma seguirán mostrándose contrarios a tener que sufragar una organización con la que no están de acuerdo, ni en sus planteamientos, ni funcionamiento; mientras que sus defensores tendrán la oportunidad de objetar la inoportunidad de reducir recursos en un momento en el que resulta tan importante recuperar consumo en España y el efecto negativo que puede llegar a tener sobre la continuidad de las campañas tan exitosas que se han desarrollado.

Claro que como fuese cual hubiese sido el acuerdo alcanzado habría tenido sus defensores y detractores, conseguir uno en el que la mayoría de los sujetos pasivos de la Extensión de Norma se encuentren satisfechos, aunque sea cediendo parte de los fondos pero alargando el periodo de vigencia de tres a cinco años; es una buena opción.

Los objetivos para esta nueva Extensión de Norma seguirán siendo los mismos que los de la actual: la promoción del consumo de vino en el mercado interior, con especial foco en la moderación y en fomentar este compromiso entre los operadores; la investigación, desarrollo e innovación; la mejora del funcionamiento de la cadena de valor, habiéndose adoptado modelos de contrato de compra-venta de uva para vinificación y vino que están en trámite de homologación; el refuerzo de la información sectorial y el apoyo al binomio vino y salud. A los que sumar facilitar el acceso del vino a mercados exteriores con la eliminación de barreras comerciales; la lucha y mitigación de los efectos del cambio climático; el fomento de la calidad de las producciones y el diseño de una estrategia sectorial.

Para ello se incidirá en un mejor conocimiento del sector y sus consumidores, a fin de aprovechar sus fortalezas haciendo frente a sus debilidades. De tal forma que le otorguen estabilidad al sector ante fluctuaciones de la producción, así como incrementar el valor añadido de sus productos.

Objetivos que, en campañas como estas, ponen de relieve su importancia, ya que si durante la cosecha anterior tuvimos la oportunidad de comprobar cómo una reducción de la cosecha a nivel mundial no ha sido posible aprovecharla por nuestros operadores para mejorar el posicionamiento de nuestros vinos en los mercados internacionales más allá de aquellas categorías de bajo precio y escaso valor añadido. En la actual, con una recuperación generalizada de la producción, los precios no han dejado de dar señales de debilidad desde que se iniciara la vendimia, con grandes temores sobre lo que pueda acabar sucediendo en los próximos meses. No ya tanto porque los precios de nuestros productos vitivinícolas vayan a variar mucho con respecto los de la campaña 2017/18 en aquellas categorías de mayor valor, para las que los comentarios más o menos unánimes son de estabilidad o ligerísimos ajustes; como para los de escaso valor unitario, que serán los que deban luchar por encontrar acomodo en escenarios internacionales, sin más posibilidades que las de soportar recortes que confían no vayan más allá de aquellas cotizaciones con las que se operó en la campaña 2016/17.

Es pronto todavía para conocer, ni tan siquiera intuir con cierto grado de acierto, lo que puede suceder esta campaña, donde la recuperación generalizada de la producción y el estancamiento del consumo están condicionando de cierta manera el desarrollo de su actividad comercial.

La opinión más generalizada es que las cosas no pintan bien. La presión de los distribuidores por negociar a la baja las tarifas que a duras penas consiguieron aumentar el pasado año, está alarmando a los bodegueros, especialmente a los grandes operadores para los que es completamente imposible desarrollar su negocio sin la colaboración con estas empresas. Hasta el momento se ha conseguido frenar un descenso muy acusado, pero la presión continúa siendo muy fuerte y las posibilidades de acabar teniendo que ceder, muy altas.

Tampoco ayudan mucho las perspectivas de nuestro mercado exterior, claramente en descenso y sobre el que pesan muchas dudas sobre cuál será su capacidad para mantener operaciones cuando los volúmenes de producción propia se han recuperado claramente en esos países destino y sus necesidades de abastecerse de fuera han menguado considerablemente.

Y mientras todo esto sucede el sector productor sigue divagando sobre si tomar medidas que afecten al mercado, o dejar que él mismo se regule y busque su equilibrio. Destilaciones e inmovilizaciones han acaparado el protagonismo de las reuniones que sector y administraciones están manteniendo en estos días, con resultados muy desiguales según comunidades autónomas y operadores. Descartada la propuesta realizada al principio de la vendimia de autorizar un enriquecimiento con mosto concentrado o concentrado rectificado que hubiera supuesto la puesta en el mercado de un volumen estimado entre tres y cuatro millones de hectolitros, que ahora deberán encontrar colocación en utilización diferente a la de vino para consumo; hay que tomar la decisión de si intervenir o no, y no es una decisión fácil.

Si se opta por no hacer nada y las cotizaciones se desploman, las acusaciones de inacción que se verterán sobre las administraciones regionales serán numerosas en un periodo electoral (donde estas decisiones se pagan con los votos). Si, por el contrario, se interviene sus repercusiones inmediatas serán menores, pero caben muchas posibilidades de que llegado el momento de tener que levantar las inmovilizaciones nos enfrentemos a un panorama de una cosecha normalizada, en el entorno de los cincuenta y cinco millones de hectolitros. Lo que podría agravar más aún la situación.

Una decisión difícil en la que mucho nos tememos que no solo lo mejor para el sector será tenido en consideración.

La pasada semana apuntábamos por encima el grave problema al que se enfrenta el modelo vitivinícola, especialmente el nuestro, con estructuras productivas e intereses que difícilmente pueden considerarse homogéneos y que, en cambio, son presentados de manera conjunta a la hora de analizar el presente y futuro de todo un país.

En mi opinión, uno de los primeros aspectos a tener en consideración al abordar este asunto es el del agua y su disponibilidad. Posiblemente sea porque vengo de una zona donde es un bien preciado y debemos “mendigar”, como si no fuera un bien básico y primario, su trasvase de otras comunidades autónomas. Pero sin entrar es cuestiones de índole política y el uso que hacen los partidos políticos regionales de este tema; al menos podremos coincidir en señalar que se trata de un asunto de vital importancia, y que está llamado a serlo todavía más en el futuro, conforme vayan sucediéndose los efectos provocados por el cambio climático.

Si asumimos este escenario como una base válida desde la que estructurar nuestra producción; no parece muy lógico que un país en el que el rendimiento medio estaba en los cuatro mil, cinco mil kilos por hectárea, tenga explotaciones que superan ampliamente los treinta mil. Porque una cosa sí es incuestionable, y es que, para producir, el agua es un bien imprescindible.

A pesar de que algunas de estas explotaciones superintensivas hayan nacido con el objeto de producciones muy concretas, cuyo destino está completamente alejado de la elaboración de vino para su consumo. Incluso en este caso, acaban restando la posibilidad a otras producciones de esta utilización.

Pero vamos a considerar que estamos en un mercado abierto, donde cada empresa es libre de jugarse su dinero y apostar por un modelo de producción propio. No parece muy razonable que a la hora de defender los intereses de un colectivo, en general, estas empresas totalmente alejadas de la generalidad deban ser tenidas en consideración y las soluciones sectoriales adoptadas en función de ellas.

Intuimos, porque saber no sabemos nada hasta que sucede, que el futuro del sector va por otro camino que el de la superproducción. Buscamos calidad y diferenciación que nos proporcionen valor. Estamos dispuestos a aportar una cantidad de la facturación en aras de conseguir este objetivo y en cambio no hacemos nada por poner coto a este aumento desmesurado de rendimientos.

Hasta ahora, los datos que hablan del consumo en España no han mejorado mucho. Todavía es pronto para que las campañas y los empeños que se están haciendo, den sus resultados. Se financian estudios para conocer cuáles son los costes de producción y, en consecuencia, conocer el precio mínimo al que vender una producción que debe otorgar a nuestros viticultores una renta digna. Hasta llegamos a sorprendernos de que quienes tienen herramientas con las que hacerlo, protejan la producción limitando rendimientos y prohibiendo nuevas plantaciones.

En cambio no nos sorprende encontrarnos con cosechas que rozan los cincuenta millones de hectolitros, todavía por debajo de otras históricas como la del 2013, precios de las uvas que descienden, ante la imposibilidad de vender nuestros elaborados en un mercado saturado y reducciones altamente preocupantes en la actividad comercial de nuestras bodegas, ante la presencia testimonial de operadores extranjeros.

Abordar los problemas de una forma simple es posible que sea la única salida. Pero hacerlo considerando que en España tenemos un solo modelo productivo y que en el análisis de las soluciones no deben tenerse en cuenta diferentes escenarios cada uno con sus intereses supone un riesgo que no tengo muy claro que nos podamos permitir.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura referidos al valor bruto de la producción vitivinícola española del 2017 la sitúan en 1.561,1 millones de euros, frente los 1.182,4 M€ de la del 2016, lo que representa un crecimiento de algo más del treinta y dos por ciento. Un excelente dato que encuentra su principal explicación en el descenso de la producción al que se vio abocado el sector a nivel mundial, y de forma muy especial la Unión Europea, donde apenas se alcanzaron los ciento cincuenta y cinco millones de hectolitros frente los ciento setenta y cinco del año anterior.

Situación que, en términos generales, y siendo conscientes de que no son extrapolables a otras campañas, ni los datos pueden ser considerados de manera individualizada por países ya que el comercio exterior desempeña un papel transcendental en todo este asunto; debería hacernos reflexionar sobre dónde se encuentra el verdadero valor de la producción. Y yendo un poco más allá, cuál sería la estrategia que España, como país, y todas sus regiones, como núcleos de producción con características muy variopintas, deberíamos adoptar de cara a establecer una planificación común.

Claro que también los hay que consideran que eso de tener una estrategia común es imposible sin antes adoptar medidas dirigidas a alcanzar una cierta armonización que atiendan los diferentes modelos productivos. Tema que deberemos abordar con cierta responsabilidad y coherencia, ya que no resulta muy entendible que nos estemos lamentando de precios ruinosos y estemos con  superproducciones que difícilmente encuentran acomodo en el mercado sin una rebaja de precios hasta niveles insostenibles por aquellos que están fuera de esos rendimientos.

Complicado, sin duda, el asunto. Pero que más tarde o más temprano deberemos abordar ante el peligro de que se hagan insostenibles los modelos tradicionales del sector vitivinícola de nuestro país.

Si tenemos en consideración nuestra cuota de mercado en el sudeste asiático, que apenas representa el 2,5%, podríamos llegar a la falsa conclusión de que el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Vietnam, o el recientemente firmado con Singapur, resulta insignificante para nuestros intereses.

Si en lugar de centrarnos en la actualidad somos capaces de ir un poco más allá y considerar que no será hasta dentro de siete años cuando haya finalizado ese periodo transitorio que se ha establecido, o que ambos países son una entrada estratégica para toda la zona de esa parte del mundo; deberíamos congratularnos de la noticia y confiar en que nuestras bodegas dirijan una parte del esfuerzo al desarrollo de estos mercados.

Sabemos, o al menos eso es lo que nos dicen todos los estudios que se han publicado, que el aumento del consumo mundial de vino es un objetivo muy complicado, que sus tasas de crecimiento apenas podríamos a apenas unos pocos millones de hectolitros. Pero también sabemos que llevamos muchos años constatando una traslación desde los países tradicionalmente productores y consumidores, hacia aquellos que no lo son. Lo que debería señalar a esa parte del mundo como un objetivo prioritario.

Es mucha la tarea de formación que hay que hacer en estos países dada su escaso conocimiento del vino. Otros países productores como Francia e Italia nos vuelven a llevar la delantera, lo que es un inconveniente más a la hora de que nuestras bodegas desarrollen su trabajo. Pero se abre una gran oportunidad que no debemos dejar pasar.

Exportamos más de dos veces y media lo que consumimos en nuestro país. Realizamos campañas encaminadas hacia la recuperación de ese consumo. Somos conscientes de que esto, ni es tarea de un día, ni barata. Dos grandes inconvenientes para un sector que debe hacer frente a notables desequilibrios, campaña tras campaña, entre oferta y demanda. Pero si no empezamos y perseveramos en esta tarea, nunca lo conseguiremos.

Dentro de escasamente un mes tendrá lugar la tercera intentona para la elección del nuevo Director General de la OIV en Uruguay, situación inédita y que, en mi opinión, va mucho más allá de una manifiesta necesidad de modificación de los sistemas de elección que ese organismo internacional mantiene. Y es que está poniéndose de manifiesto un claro enfrentamiento entre los dos modelos vitivinícolas imperantes. Poniendo en relieve que lo de la comercialización de vino en el mundo, hasta hace unos años prácticamente un reducto exclusivo de los países europeos; ya no lo es. Y lo que todavía resulta más interesante, los nuevos productores no están dispuestos a que lo siga siendo, ni a que impongan sus reglas de juego.

Hasta ahora, con sus naturales reticencias, Europa era la que iba imponiendo esas normas sobre las que se desarrollaba la producción y comercialización en el sector vitivinícola. Hoy, aquellos productores abogan por una mayor apertura de los mercados, mayor liberalización y un cambio de cierta profundidad en las reglas que lo deben regular.

La elección de un candidato u otro va mucho más allá de cuestiones personalistas o países de procedencia. Ambos representan un modelo y una concepción del sector vitivinícola que nos incumbe.

A España se le presenta un panorama muy interesante en los próximos años, al mantenimiento de una actividad exportadora y la recuperación de su consumo se le presenta un invitado inesperado que es el lobby de aquellos países que reclaman mayor cuota de protagonismo, y debemos luchar por no ser la que cedamos esa pequeña parte de la que disfrutamos. Contar con un español en un puesto internacional de esa importancia puede sernos de gran ayuda.

Cuando el Ministerio de Agricultura, auspiciado por el propio sector, decidió comenzar con la publicación de los datos del Infovi, muchos pensamos que era una excelente noticia de cara a mejorar la información y transparencia que debía imperar en un sector que aspiraba a profesionalizarse, mejorando la imagen y precio de sus elaborados.

Decir que esta información no ha servido, sería faltar gravemente a la verdad, porque conocer, aunque sea con mes y medio de retraso, los datos de producción y existencias, ha sido una información fundamental y de gran utilidad para nuestras bodegas. Y eso que desde el julio del 2016 en el que empezaron a elaborarse no nos hemos tenido que enfrentar a ninguna cosecha de gran volumen.

Situación bien diferente a la que nos enfrentamos este año, en el que las previsiones de cosecha (siendo importante resaltar lo de previsiones), sitúan el volumen en el entorno de los cuarenta y ocho millones de hectolitros, han generado una reducción de gran magnitud en el volumen de la comercialización, y eso a pesar de los precios han descendido de forma brusca en aras de encontrar un acomodo en el mercado que no ha llegado.

Del mismo modo que el año pasado, con una cosecha muy corta y una situación internacional de falta de producto, disponer de información fidedigna, era fundamental para establecer la estrategia comercial que cada bodega quisiera desarrollar. Cuando las variaciones son hacia el exceso de producción, con descensos en los precios, la situación adquiere tintes dramáticos, generando un gran alboroto y haciendo, más necesaria que nunca, esa información actualizada de la situación. Conocer con mes y medio de retraso los datos reales de producción y movimientos, podríamos considerar que es un período aceptable; esperarnos a tener que disponer de los datos sin contar con una previsión seria e independiente; inaceptable.

Todos los países a los que les vendemos una buena parte de nuestra cosecha, cuentan con estimaciones más o menos oficiales, algunos, como el caso de Italia, con dos: Ismea y enólogos (Assoenologi); nosotros a lo que más aspiramos es a conocer la de las cooperativas y regionalmente las de alguna organización agraria. ¿Dónde está esa agilidad, concreción y cercanía de nuestro sistema autonómico?

El Ministerio alega que sus competencias están transferidas, las Comunidades que no cuentan con recursos con los que hacerlo, y el sector teniendo que trabajar sin más información que la ofrecida por medios de comunicación como el nuestro, que con gran esfuerzo venimos elaborando nuestra propia previsión dos veces por semana y sirve para incluso que, en alguna ocasión, nos hayan culpado de querer manipular el mercado. Como si tuviéramos algún interés en que el precio suba o baje, cuando no vendemos ni compramos un solo litro de vino o kilo de uva.

Conocer los datos es muy importante, y el Infovi ha supuesto un gran paso hacia delante, pero utilizarlo como excusa para dejar de elaborar avances de producción mensuales, estadísticas de consumo, etc. solo pone en evidencia el escaso peso de este sector.

Más pronto que tarde deberemos abordar el tema de la ordenación del sector de una forma seria, responsable y siendo conscientes de la importancia que ello representa para el futuro de nuestros viticultores y bodegueros. Mantener precios que no permiten obtener una renta digna, es inasumible por un sector que quiera tener una cierta proyección. Solo cuando la viticultura se desarrolla como actividad secundaria a la que se obtiene la renta vital es posible enfrentarnos a esta situación, pero ni es factible desarrollar un sector basándonos en esta estructura productiva, ni imaginable que el relevo generacional no lleve parejo una profesionalización del sector que acabe con estas aberraciones comerciales.

Para cuando esta situación se haya dado la vuelta, será imposible mantener los actuales precios de las uvas en una parte muy importante de nuestra producción, los vinos deberán ser exportados a precios muy encima de lo que lo estamos haciendo, viéndose mermada de manera muy importante nuestra competitividad, y la producción tendrá que ser ajustada de manera imperativa.

Esta reconversión industrial, para la que hemos gastado insultantes cantidades de fondos en la reestructuración y reconversión de nuestro viñedo, inversiones en bodegas y desarrollo de mercados; expulsará del mercado a la gente que no haya sido capaz de ajustarse y cuando esto llegue las protestas de las organizaciones agrarias clamarán por la intervención de las administraciones que hagan menos dolorosa la situación.

Y yo me pregunto: ¿y si este proceso ya estuviéramos viviéndolo?

Sin querer hacer comparaciones, siempre odiosas y poco acertadas, hace unos años cuando hablábamos de los peligros del cambio climático y sus posibles efectos sobre la agricultura concluíamos que la viticultura encontraría la forma de adaptarse a estos cambios y amoldarse a los nuevos episodios de calor y ausencia de agua. Pero olvidábamos, o pasábamos por alto, que estos efectos no son inmediatos, y que vendrían acompañados de alteraciones en los periodos de lluvias y ciclos de temperaturas.

Este año hemos vuelto a las fechas en las que “tradicionalmente” tenían lugar las vendimias. Lo que en un principio no debería sorprendernos, pero las características del fruto no están resultando las mismas con las que vendimiábamos en aquellos años. Haciéndonos recordar aquellos vaticinios que auguraban episodios de sequía más largos y lluvias torrenciales, llevándonos a situaciones cada vez más extremas.

La verdad es que me declaro totalmente incapacitado para ni siquiera imaginar a lo que nos estamos enfrentando y si se trata de episodios aislados o es algo más transcendente y son las consecuencias de un cambio al que deberemos acostumbrarnos haciéndole frente.

Pero de una manera muy similar, me pregunto si no deberíamos utilizar esta alerta del clima e ir un poco más deprisa en este otro tema de la ordenación del sector.

Esta campaña tiene pinta de que va a ser muy complicada. Los incrementos en la producción se sitúan en porcentajes muy superiores a los que se han pactado de bajada en las cotizaciones de las uvas. Los mostos están reflejando esta disonancia y están cerrándose operaciones con importantes caídas en sus precios, no sabiéndose muy bien dónde se encuentra el suelo de las mismas. Y, de la misma manera que los vinos exportados de bajo precio a granel fueron los que más beneficiados salieron de una situación internacional de baja cosecha, es previsible que en esta campaña sean los que peor parte se lleven, devolviéndonos a cotizaciones que creíamos superadas.

Quizá, lo sucedido con las lluvias torrenciales de esta semana en Mallorca, Cataluña o la Costa del Sol no sean más que episodios extraordinarios. Quizá la cosecha y la caída de los precios, también lo sea. Pero igual deberíamos plantearnos qué hacer.

El mercado es libre y sus operadores, desde el viticultor hasta el distribuidor, pasando por la bodega, tienen derecho a actuar de la mejor manera que consideren para defender sus intereses. Esa al menos es la teoría que todos exigimos. Aunque llegado el momento de ser la parte que sufre las consecuencias ya no estemos tan de acuerdo con esta libertad y lleguemos a exigir cierto grado de intervencionismo.

De esta manera, cada parte busca lo mejor para ella, alcanzando un punto de equilibrio en el que los intereses del conjunto pueden operar. Esa es la teoría del libre mercado y la forma en la se desarrollan económicamente las sociedades capitalistas.

Lo que provoca que no siempre valor y precio coincidan, generando distorsiones en su sintonía, que pueden llegar a resultar chirriantes e incluso inasumibles, poniendo en peligro la propia supervivencia de aquellas empresas que no alcanzan el nivel de competencia exigido.

En el sector vitivinícola sabemos bastante de esto. Nuestros viticultores se quejan de que los precios a los que son adquiridas sus uvas no permiten obtener una renta digna. Las bodegas, de que los precios a los que pueden vender sus elaborados no les dejan margen para incrementar sus costes de elaboración. Y los distribuidores, de que el consumidor no está dispuesto a pagar un mayor precio por unos productos que tiene catalogados como de “calidad muy aceptable y bajo precio”.

La forma de romper este círculo vicioso, yo la desconozco. A pesar de lo cual, y si me lo permiten, lo que sí creo es saber la forma en la que no se soluciona. Y es bajando y bajando los precios.

Muy posiblemente, como nos dicen los que “de verdad saben de esto”, necesitemos más bodegas que vendan vinos caros, más vinos de alto precio y mayores separaciones de productos, generando barreras muy claras y marcadas entre lo que serían las diferentes categorías de vinos. Contamos con ayudas para hacerlo, e incluso con bodegas que están empeñadas en llevarlo a cabo; hasta con administraciones involucradas que se suman a la idea de “ordenar por ley el sector”. Pero nada de todo esto es ni eficaz en el corto plazo, ni fácil. Requiere de una conciencia colectiva, de un plan estratégico y de unos actores líderes. Pero lo más importante, y lo que no parece que tengamos tanto, es consciencia de que si quiero que algo cambie, no puedo seguir haciendo lo mismo.

Campañas como la que iniciábamos el pasado uno de agosto con grandes ilusiones por la recuperación de la cosecha, tras años nefastos, pudieran ser un buen momento para hacerlo. O para agravar más la situación.

¿Qué queremos que sea? Y lo que todavía es mucho más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo?

Exigimos y reclamamos que el mercado sea libre, que la libre circulación de mercancías sea una realidad y que la libertad de competencia impere. Todo en aras de disfrutar de mejores condiciones sobre las que desarrollar nuestra actividad económica, con la esperanza de que el mercado reconozca la calidad y sea recompensada en su valor.

Y un buen ejemplo de que esta política comercial funciona podría ser lo sucedido con Canadá, país norteamericano con el que la Unión Europea, firmó hace un año, un Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido coloquialmente por sus siglas inglesas (CETA) y cuyos primeros resultados no pueden ser más esperanzadores. Nuestras exportaciones crecieron un 17,4% en volumen, alcanzado los treinta y siete millones de litros; y su valor lo hizo por encima del once por ciento superando los cien millones de euros.

La misma libertad y competencia que exigen las bodegas a la hora de fijar los precios a los que firman sus contratos con los viticultores para la compra de sus uvas y que es cuestionada por las organizaciones agrarias ante la gran similitud que existe entre las publicadas por los más importantes operadores. Pero que, al mismo tiempo, es esgrimida por estos sindicatos agrarios, para reclamar el cumplimiento de la normativa para la mejora de la cadena alimentaria que les obliga a conocer, antes de entregar su cosecha, el precio y vencimiento al que será pagada.

Exigencias que se han tornado en denuncias por parte de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Extremadura ante el organismo competente (la Agencia de la Información y Control Alimentario) por la supuesta ausencia del contrato. Llevando al citado organismo a anunciar la puesta en marcha de su programa anual de control e inspecciones.

Un sector que después del de frutas y hortalizas (1.321) y lácteo (712) ha sido el más inspeccionado (699) en lo que tiene de vida (desde enero 2014) el organismo; con veintiuna denuncias, de las que dos estaban relacionadas con la prohibición de “venta a pérdidas”; frente el centenar que acumula el lácteo, cuarenta y nueve de frutas y hortalizas y treinta y una de aceite y aceituna de mesa. El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos, no cumplir con el contenido mínimo, no contestar a los requerimientos, y las modificaciones unilaterales de los contratos son los motivos por los que se han incoado la mayor parte de los expedientes sancionadores. Recayendo la mitad de ellos en la distribución y el 43% en la industria alimentaria.

Datos de los que podría concluirse que está lejos de poder ser considerado un sector que incumple con sus obligaciones y al que hubiese que vigilar de cerca en aras de un mayor respeto por las normas existentes.

Lo que para nada quiere decir que haya que relajar su vigilancia y control sobre los contratos y su cumplimiento. Precios bajos y mercados excesivamente condicionados por las cotizaciones hacen que los contratos con los suministradores de la materia prima resulten especialmente sensibles a engaños motivados por posiciones dominantes que imponen condiciones de entrega contrarias a la ley. Perseguir estas prácticas, a quienes pudieran realizarlas y sancionar ejemplarmente es un acto de justicia. Tanto como no extender la creencia y propagar el bulo de que es una práctica habitual entre sus operadores. Ya que lejos de traernos efectos beneficiosos, su difusión solo hace que cuestionar nuestra honradez y seriedad en el trabajo. Además de ser mentira, como así lo demuestran los datos hechos públicos por la AICA desde su constitución.