¿Y ahora qué?

Superada la primera tanda de elecciones, parece que las dudas sobre quiénes nos gobernarán los próximos cuatro años (o los que acaben resultando, porque lo de cumplir con la legislatura parece cosa del pasado) parecen haberse aclarado un poco más respecto a hace unas semanas.

Claro que, dado el escaso interés que han demostrado todos los partidos políticos y sus cabezas de lista por los asuntos agrarios, especialmente los relacionados con el sector vitivinícola, da casi lo mismo quién lo haga.

Entre que la mayoría de las competencias las tiene la Unión Europea, a la que por cierto, hay elecciones el 26 de mayo y donde visto lo que está sucediendo en los diferentes comicios con el triunfo de partidos antieuropeístas nos jugamos mucho más de lo que podamos imaginar con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el “Brexit” y la contribución de cada Estado miembro al presupuesto comunitario.

Que la cruzada contra el consumo de alcohol parece haberse convertido en bandera de todas las formaciones políticas, con pequeños detalles que apenas marcan diferencias.

O que aspirar a que se mime al sector vitivinícola y se apueste por la recuperación del consumo, soñando con un consumo moderado en el que la educación en el consumo del alcohol de nuestros jóvenes juegue un papel principal, como lo hacen con la sexualidad en las escuelas, es una entelequia.

Eso por no hablar de la despoblación de nuestro ámbito rural y la cantidad de soflamas que hemos tenido que aguantar en estas semanas de personajes que lo más cerca que han estado de una viña ha sido cuando se han bebido una copa de vino. Absolutamente ignorantes de cuál es el ridículo precio que perciben la mayoría de los viticultores por sus cosechas y dispuestos a seguir lanzando balones fuera, trasladando sus competencias a un sector que carece de medios con los que hacerlo con esa famosa frase de “haremos lo que el sector nos pida”.

No quiero un Estado intervencionista, ni que me impongan precios o me digan lo que tengo que pensar. Pero me gustaría que nuestros políticos tuviesen opinión sobre los temas que nos ocupan, en los que nos jugamos nuestro futuro. Acordarse de nosotros para recaudar impuestos con los que redistribuir la riqueza está genial. Pero ocuparse de saber cómo generamos esa riqueza y facilitar los medios con los que mejorar la competitividad y productividad, una obligación que parecen haber olvidado.

Podemos seguir apostando por aumentar nuestros rendimientos hasta límites insospechados, con el consumo de un bien tan escaso como necesario como es el agua. O podemos ser un poco más imaginativos y trabajar por un mayor valor de la producción que no obligue a nuestros viticultores a cuadruplicar la producción para que le sea rentable.

Para ello necesitamos políticas de Estado. No es posible hacerlo desde una bodega, ni desde una denominación de origen o región por potente que esta sea. Aquí estamos hablando de un problema sectorial que debe ser solucionado de una forma colectiva como país.

Muy posiblemente, y más después de haber pasado el examen que supone cualquier elección, estos temas pasarán al fondo de un cajón, de eso que “no le interesa a nadie”, hasta dentro de cuatro años en el que volvamos a reclamar de quienes ocupen la cabeza de lista en esos momentos, lo mismo que estamos haciendo ahora. Como sucedió hace cuatro, veinte o sesenta años. Porque por extraño que esto pueda parecernos desde que en el año ochenta y cuatro el Ministerio de Sanidad se opusiera a la realización de una campaña publicitaria sobre vinos, esto no ha ido más que de mal en peor, con profundos enfrentamientos entre sanidad, consumo y agricultura por utilizar el contenido alcohólico del vino como justificación campañas negativas para su consumo.

Para que no se vuelva a repetir

Según publicaba el Ministerio de Agricultura en su “Avance de superficies y producciones agrícolas” a 28 de febrero, la producción nacional de vino y mosto de la cosecha 2018 asciende a 50.244.900 hectolitros, lo que supone un 41,7% de aumento con respecto a la anterior, rompiendo la barrera psicológica de los cincuenta millones de hectolitros que ninguna declaración mensual del Infovi había hecho.

Producción que es consecuencia de la transformación de 6.297.700 toneladas de uva, lo que supone un aumento del 32% en cuanto a kilos con respecto al año anterior y un rendimiento del 79,78% en vinificación, con un aumento del 7,34%.

Estas cifras a mediados del mes de abril, a tres meses y medio de la nueva campaña, resultan, cuando menos, sorprendentes. Se hace necesaria una revisión de los procedimientos con los que trabaja el área de estadística del Ministerio. Ya que debería ser esta estimación la primera con la que comenzara a trabajar el sector antes de conocer los datos oficiales y concretos del Infovi, y no los últimos cuando ya se han realizado todas las declaraciones por parte de los viticultores.

Quizá si asumiésemos que para poder trabajar es necesario disponer de información actualizada y que los recursos del Ministerio deberían servirnos para ello, nos irían mejor las cosas. O quizá no, pero no sería porque los operadores no dispusieran de elementos que les ayudaran en su toma de decisiones.

Eso sí, al menos este retraso tiene una ventaja y es que nadie podrá señalar al Ministerio como responsable de haber generado una alarma en el comercio, ni ser responsable de descalabros en los precios o pérdidas de actividad comercial.

En otro orden de cosas, destacar que el MAPA ha elevado a consulta pública para alegaciones y sugerencias un proyecto de Real Decreto con el que modificar el RD 1363/2018 mediante “ajustes técnicos” para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo 2019-23 al Sector Vitivinícola con el que intenta evitar que se dejen sin ejecutar los fondos previstos. Durante el ejercicio FEAGA 2018 se dejaron sin gastar cerca de 50 M€, lo que representa un 14% de los asignados a nuestro país. Lo que es calificado por todos los colectivos implicados como “aberrante” y “totalmente inadmisible”. Además de suponer un alto riesgo de que Bruselas propusiera recortarlos en caso de que se repitiese esta situación.

Con ellos se pretende dotar a la normativa de una mayor flexibilidad, planteando modificaciones en aquellos artículos relacionados con la medida de promoción en mercados de terceros países de tal forma que se facilite su comprensión y verificación. Medida de reestructuración y reconversión ajustando los fondos asignados a las operaciones aprobadas y fondos ejecutados. Cosecha en verde y destilación de subproductos. Así como en las de inversión en las que incluir diversas precisiones para facilitar la utilización de aquellos fondos que se van liberando a lo largo del procedimiento.

Además de incidir sobre la ejecución proporcional de la garantía en el caso de que el beneficiario no ejecute todas las acciones que cubría la solicitud de ayuda. Así como suprimir el criterio de priorización de solicitantes vinculado al cumplimiento del Decálogo para la sostenibilidad integral.

También tiene previsto la ampliación del plazo hasta el 15 de mayo de para la presentación de las necesidades de financiación del ejercicio 2020 para la aplicación de las medidas del PASVE 2019-23.

Por otro lado, destacar la declaración conjunta China-UE en la que se incluye el lanzamiento de un estudio de viabilidad conjunta sobre el fortalecimiento de la cooperación en el sector de los vinos y espirituosos.

La cosecha mantiene sus expectativas

Tal y como era de esperar tras el tiempo primaveral del que hemos disfrutado en los meses de invierno, las heladas, nieves y granizos han hecho acto de presencia en la práctica totalidad de nuestro país, con especial incidencia en el tercio norte de la península. Hasta el momento y a tenor de la información de la que disponemos, no parece que hayan tenido consecuencias más allá de las puntuales para cada viticultor, pudiéndose concluir que, en términos generales, sus efectos han resultado beneficiosos para la viña. No obstante, todavía es mucho lo que falta por llover para que la cepa reciba la cantidad mínima necesaria para su desarrollo. Aunque tiempo y momentos en los que debería hacerlo quedan muchos.

En lo que se refiere al mercado podemos decir que la climatología tan adversa que hemos sufrido estos meses atrás, y que podía haber cuestionado llevar a buen término el potencial de producción de nuestro viñedo, no parece haber tenido su reflejo en la actividad mercantil. Donde a la caída de las cotizaciones publicadas en nuestra revista desde que se iniciara la vendimia, podríamos completarla con los datos facilitados por el Infovi referidos al mes de febrero en los que se refleja un aumento de las existencias en manos de la producción hasta los 51,6 millones de hectolitros a final del citado mes. Lo que dicho así pudiera no ser muy ilustrativo pero que puede resultar alarmante si lo comparamos con los 42,1 Mhl que se almacenaban a la misma fecha del pasado año.

Es verdad que resta mucho de campaña y, por lo consiguiente, la reversión de esta situación es posible, y si no, al menos paliarla. Aunque las elevadas cosechas de nuestros principales compradores lo hagan muy difícil.

Tampoco del consumo podemos esperar grandes cambios, ya que si bien no disponemos de información estadística concreta, la impresión de las diferentes partes que integran el sector es de un total estancamiento, con ligerísimas variaciones que resultan totalmente insignificantes en el conjunto del volumen. Hablar de consumir diez millones o diez millones y medio de hectolitros sobre una producción del 2018 de 44,1 Mhl de vino resulta, a todas luces, irrelevante.

La España vaciada

Antaño eran los partidos políticos los que, con sus líderes al frente, acudían a los pueblos a pedir el voto, a escuchar la demanda de sus gentes y asegurarles que desarrollarían políticas que los tuvieran en cuenta. El incumplimiento de esas promesas, elecciones tras elecciones, la fragmentación del voto, la aparición de nuevos partidos políticos, etc., es lo que ha acabado por llevar a esos pueblos que conforman la España despoblada, abandonada, ignorada a tomar la palabra y manifestarse por las calles de Madrid, donde se concentran los Ministerios, el Parlamento y todas las sedes de los partidos políticos, exigiéndoles que sean tenidas en cuenta sus necesidades y pongan fin a un despoblamiento que lleva camino de convertirse en un problema sin solución.

Muy posiblemente, porque así ha venido sucediendo, superadas las elecciones todo ese interés por conocer los problemas de nuestros agricultores, ganaderos y habitantes de nuestros pueblos, no sea más que un grato recuerdo de una infancia idealizada. La realidad de los despachos y la cuadratura de los presupuestos haga olvidar que existen extensas zonas de nuestra geografía cuyo sustento es la mejor herramienta de fijación de la población. Pero una parte de ese pueblo en el que reside la soberanía nacional se ha cansado de que le prometan y prometan hasta votar, y una vez votado no haya nada de lo prometido. Han tomado la iniciativa demandándoles soluciones a problemas concretos de educación, sanidad o herramientas básicas para el desarrollo de cualquier actividad empresarial como puedan ser carreteras o comunicaciones.

Desde el sector vitivinícola sabemos que necesitamos rentas dignas que hagan de nuestros viticultores verdaderos profesionales. Para ello hay que dotarles de medios y ayudas que les permitan vivir de sus viñedos, asegurándoles un futuro para sus hijos. Pagar la uva a los precios a los que se hace en la mayoría de nuestras comarcas no hace sino propiciar la actividad secundaria, basada en criterios sentimentales que permiten vender sus producciones a precios que si se tratara de una actividad principal y profesionalizada serían totalmente insostenibles.

Podemos entrar en discusiones bizantinas sobre si es imposible pagar la uva más cara siendo los precios a los que vendemos nuestros vinos los que son. Cuestionar si no venderíamos lo mismo subiéndolos veinte céntimos con los que generar esa riqueza en nuestro sector primario, siendo nosotros mismos los que nos estamos haciendo la competencia y generando una parte importante de ese problema de escaso valor de nuestra producción. Hasta plantearnos si deben ser nuestras administraciones, o el propio sector, quiénes con sus competencias, actuales o modificadas, dirijan ese cambio y diseñen la estrategia adecuada. Hasta confiar en que sea la naturaleza la que vaya poniendo solución a los problemas, con largos periodos de ausencia de lluvia como los que hemos vivido hasta hade apenas unos días y que han permitido la reactivación de la actividad comercial sin más futuro que el que lleve pareja la próxima cosecha.

En mi opinión, manifestaciones como las del pasado día 31 de marzo son convenientes y necesarias, pero sirven de muy poco si no vienen acompañadas de propuestas concretas sectoriales. Estoy cansado de escuchar esa lapidaria frase: “nosotros haremos lo que el sector quiera”. Faltaría más.      Deben ser viticultores, bodegueros, distribuidores y exportadores… los que ordenen el sector. No es cuestión de decirle a cada uno lo que debe hacer o no, sino definir las reglas bajo las que deberá hacerlo cada uno y establecer medidas que ayuden a regular los mercados con acciones temporales o definitivas.

Queremos mejorar los precios de nuestros vinos para que nuestros viticultores tengan una renta que permita desarrollar una actividad profesional. Pero nos olvidamos de que corremos el peligro de que para entonces hayamos perdido un gran patrimonio vitícola.