Es bastante habitual entre los españoles que cuando hablamos de futuro se nos llene la boca y siempre lo hagamos pensando en grandes proyectos de excelente calidad y buen precio. Pero la verdad es que, a la hora de ponerlos en marcha, la realidad es bien distinta. Las circunstancias en las que debemos operar, nuestros propios recursos, o incluso el tipo de cliente al que nos dirigimos no siempre responden a ese nivel de excelencia al que todos aspiramos.

Sabemos que en el tema de la comercialización tenemos una asignatura pendiente, de la que depende buena parte de nuestro futuro. Y no porque sea lo normal que suceda, sino porque el precio al que se están pagando las uvas es tan sumamente bajo que, especialmente si lo que pretendemos es un sector profesionalizado y que se pueda vivir dignamente de la viticultura, es indispensable e improrrogable aumentar los ingresos de nuestros viticultores. Para ello solo caben dos posibilidades, o aumentamos el multiplicador de la cantidad o el del precio, pero para que el resultado alcance el valor mínimo necesario, solo hay esas dos alternativas.

Hasta ahora, la solución políticamente correcta ha sido la de acusar a las bodegas de posición dominante en el mercado y señalarlas como culpables de los bajos precios a los que se paga la uva. Lo que resulta totalmente incuestionable. Ahora bien, ¿es posible que vendiendo el tipo de producto que venden y a los precios a los que lo hacen, haya margen para pagar más caras las uvas?

Los balances de resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística dicen que nuestras bodegas trabajan con unos márgenes muy ajustados, por lo que parece lógico pensar que confiar en el aumento del coste que supone el pago de la uva por parte de las bodegas, resulte bastante complicado, siempre hablando en general.

Luego habrá que mirar hacia el factor de la cantidad como alternativa a la consecución de la profesionalización del sector.

Aumentar los rendimientos se ha demostrado que resulta totalmente viable. Se ha desmontado la creencia que se tenía de que en las condiciones bajo las que se cultiva la viña en España era imposible alcanzar rendimientos de doce mil kilos con unos niveles de calidad aceptables. Sí, es posible. Para ello hay que reestructurar el viñedo hacia otras variedades, dotarlo de recursos hídricos y trabajarlo convenientemente. Y así lo hemos entendido, a tenor de las inversiones que se han producido en estos últimos diez años en reestructuración y reconversión de viñedo.

Ahora bien, ¿lo estamos haciendo en la dirección correcta?

Pues no lo sé. Principalmente porque cuando alguien se juega su propio patrimonio en poner en marcha una empresa, yo no me considero capacitado para cuestionarlo. Y por si esto no fuera suficiente razón, porque cada uno debe elegir el camino que debe emprender y, afortunadamente, en el sector vitivinícola no es todo lo mismo. Caben muchas posibilidades que pasan por explotaciones más o menos productivas.

Lo que ya no me parece tan comprensible es lo que se hace con nuestros impuestos, de donde se nutren los fondos con los que han pagado las ayudas al abandono de viñedo y los fondos para la reestructuración y reconversión de los viñedos. Pagar por abandonar la producción para luego, en más casos de los deseables, volver a hacerlo al mismo viticultor por replantar la misma variedad que fue arrancada, eso sí multiplicando por tres o cuatro su producción, no parece muy lógico. Allá cada uno y cada administración.

Eso sí, al menos que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando la campaña que viene, o la otra, o la de más allá, tengamos que estar hablando de los 50 Mhl como una producción ampliamente superada.

Uno de los temas que, sin duda, más ocupa y preocupa al sector vitivinícola español es conocer cuál es su verdadero potencial de producción. Sabemos que los derechos de plantación fueron sustituidos hace un año por concesiones administrativas que  están generando ciertos recelos entre las organizaciones agrarias, ya que consideran que su reparto no solo no está siendo equilibrado sino que viene a agrandar las diferencias entre unas zonas productores y otras.

Incluso hemos podido comprobar durante esta última vendimia, la desorientación existente en los grandes grupos bodegueros sobre cuál es el nivel de producción real en sus zonas de influencia. Cosa que hasta ahora resultaba inimaginable, dada la excelente información que manejaban.

Y como si todo esto no fuera suficiente, hemos tenido la ocasión de escuchar, y hacernos eco en estas páginas, de las advertencias que llegaban del propio sector avisándonos de lo que se avecinaba con la entrada en producción de las decenas de miles de hectáreas reestructuradas hacia variedades anteriormente arrancadas y reconvertidas hacia rendimientos que fácilmente triplicaban los anteriores.

Recientemente el Ministerio de Agricultura ha publicado los datos de su Encuesta de Viñedo correspondiente a 2015 y en ella, además de comprobar que la Airén se mantiene como la variedad más cultivada en España con 215.484,14 hectáreas (22,90%), seguida de la Tempranillo 201.051,39 (21,36%) y, muy de lejos, de la Garnacha, Bobal, Macabeo y Monastrell, se publica que existen 133.995,89 ha de viñedo con una edad entre los 3 y  los diez años, y 57.596,77 hectáreas con menos de 3 años, o lo que es lo mismo, que todavía no han empezado a producir.

Considerando que nadie (entiéndase la generalidad) de los que han plantado en estos últimos diez años lo ha hecho para mantener los bajos rendimientos de antaño y que en las nuevas plantaciones podríamos estar hablando de quince mil kilos por hectárea como una cifra aceptable para hacernos una idea de lo que se nos puede venir encima; baste multiplicar para saber que en los próximos años nuestro potencial de producción deberá estar entre cinco y siete millones de hectolitros por encima de los actuales niveles productivos.

¿Son muchos? ¿Pocos?

El tiempo lo dirá, pero al menos que cuando lleguen (que lo harán) no nos pillen con el pie cambiado, como parece habernos sucedido esta campaña con las estimaciones de cosecha que (todos) hemos manejado.

El año toca a su fin y parece que va siendo hora de hacer un repaso de lo que ha sido el 2016 para el sector vitivinícola español. Hablar del sector sin considerar el conjunto de la economía española sería incomprensible, ya que la propia concepción del vino como producto hedonista y social, alejado de valores ampliamente superados ligados a la alimentación, dificultaría mucho la comprensión de lo sucedido.

Disponer de una mayor cantidad de renta disponible gracias a datos macroeconómicos referidos a la tasa de inflación, paro, crecimiento económico, balanza comercial, tipos de cambio… que han hecho posible levantar la pesada losa de una crisis económica que amenazaba el consumo interno ha sido, sin duda, el primero de todos los argumentos que nos permiten mirar al futuro con una gran dosis de optimismo.

Y aunque de los escasos datos del consumo interno de los que disponemos no puede decirse que esta recuperación resulte muy notable, sí existen indicios suficientes que nos permiten albergar la esperanza de que pudiéramos haber entrado en una recuperación del consumo en el mercado nacional. Tampoco hace falta que se me alarmen, que somos bastante dados a ello. Cuando hablo de recuperación lo hago en términos moderados, de rotura de tendencia, muy lejos de crecimientos que vayan más allá del dos o tres por ciento.

La calidad, por parte, es un tema ampliamente superado para la mayoría de nuestras bodegas, ya que son muy pocas las que todavía hoy no han comprendido, y asimilado que, lejos de ser un factor diferenciador con el que abordar el mercado, la calidad es un requisito mínimo exigible a todo aquel que aspire a comercializar un vino. Calidad siempre ligada, lógicamente, al precio del producto, pero que en términos generales bien podríamos definir como aquel producto exento de cualquier defecto.

A pesar de ello, el excelente estado sanitario en el que han llegado las uvas a los lagares de las bodegas han propiciado que términos generales podamos decir que disponemos de una cosecha 2016 excelente, quizás algo más corta de grado de lo que sería lo normal, pero con parámetros que anuncian las máximas calificaciones en un gran número de nuestras denominaciones de origen.

Calidad que ha venido acompañada de cantidad. Pues si bien en las primeras semanas de vendimia las excelentes estimaciones de cosecha que se barajaban cuando la uva todavía no había llegado al envero y que apuntaban a que pudiéramos tener que enfrentarnos a una cosecha histórica se vinieron abajo, llegando a situarla por debajo de la del pasado año; los datos de las declaraciones realizadas en el INFOVI señalan que no solo esto no se ha producido, sino que incluso ha resultado superior, y aunque no es posible conocer con exactitud todavía de cuánto volumen estamos hablando, cuarenta y seis, incluso cuarenta y siete millones de hectolitros, podría ser una buena referencia sobre la que nuestras bodegas están planificando sus campañas.

La entrada en producción de un importante número de hectáreas, especialmente en Castilla-La Mancha pilló completamente descolocados a los mismos viticultores que se mostraron sorprendidos por la cantidad que finalmente llegaba a las bodegas.

Pero si imprescindible es recuperar el consumo interno para una rehabilitación del sector, lo que nos ha salvado (y seguirá haciéndolo) es el mercado exterior, donde la globalización del comercio vinícola juega a nuestro favor y en el que tenemos grandes posibilidades. Pequeños cambios en el mix de producto que nos permitan disfrutar de una pequeña parte del valor añadido de nuestros vinos serían suficientes para abordar la gran asignatura pendiente que tiene el sector y que se llama “precio de la uva”. Si queremos contar con un sector potente es ineludible aumentar sus precios y eso solo es posible hacerlo si vendemos más caro.

Así es que aquí va nuestro deseo para 2017.

Felices Fiestas.

Sabíamos, o al menos así lo intuíamos hasta ahora, que la producción y el consumo de vino en el mundo se estaban desplazando desde la “vieja Europa” hacia los “nuevos” países productores.

Eran muchos los expertos que ya en sus análisis de mercado nos avisaban de que mientras en Francia, Italia y España, donde se concentra alrededor del ochenta por ciento de la producción mundial, el consumo de vino disminuía de manera preocupante, eran otros países como Estados Unidos o plazas de Asia donde aumentaba.

Pues bien, ahora es la Unión Europea quien, a través de DG Agri ha presentado su informe: “EU Agricultural Outlook. Prospects for EU agricultural markets and income 2016-2026”, quien avala estas previsiones y advierte de que en el periodo analizado el consumo decrecerá en la UE a un ritmo del 0,5% anual, que la producción lo hará al 0,4%, las importaciones está previsto que crezcan al 1% y las exportaciones mantengan la tasa del 2,3% de crecimiento anualizado. Destacando que el consumo se polarizará, por una parte, hacia vinos relativamente simples y cada vez más frescos y dulces, también particularmente vinos espumosos, a precios bajos; y, por otra parte, un segmento más pequeño de vinos ‘premium’, en botella, a precios relativamente más altos. Advirtiendo que cada vez más tendrá lugar el embotellado en el mercado de destino, después de viajar de forma masiva a granel, para el grueso de los vinos de menor precio y mayor volumen.

¿Está preparado el sector vitivinícola español para esta evolución?

En un principio todo parece indicar que sí, que nuestras bodegas son conocedoras y conscientes de la situación ante la que se enfrentan y están tomando las medidas necesarias para adaptarse a estas circunstancias y mejorar sus oportunidades. Ahora bien, ¿mejoraremos nuestra competitividad?

Y aquí la impresión es que no todos piensan igual. Mientras los hay que consideran que España es un país tradicionalmente vitivinícola y que esa tradición le va a permitir adecuar sus estructuras productivas a los nuevos tiempos y sostener la tasa de crecimiento de sus exportaciones que le ha permitido soslayar el grave problema al que se enfrenta con su consumo interno. Los hay que opinan que no basta con vender mucho fuera, que para que el sector sea sostenible hay que mejorar la renta nuestros viticultores y para ello no solo hay que contar con explotaciones más competitivas, sino que por encima de eso está el subir el precio al que se les paga las uvas.

Afortunadamente, desde el sector ya se comienza a entender que los graneles no son los culpables de nuestros males. Y que la forma en que viajan nuestros vinos no es tanto la culpable de nuestros bajos precios, como el perfil de nuestros clientes y la escasa capacidad que tenemos de llegar hasta el consumidor final.

Muy posiblemente algo que nos servirá para medir esa evolución será la nueva nomenclatura combinada que crea la subpartida 2204.22 para identificar los vinos tranquilos comercializados en bag in box, en envases de capacidad comprendida entre dos y diez litros, así como una línea específica en la 2204.10 para el cava y otra para el prosecco italiano.

La gran calidad de nuestros vinos no está en duda. La imagen y el concepto que de ellos se tienen por parte de muchos mercados es una asignatura que todavía debemos superar.

La globalización de los mercados es una excelente oportunidad que deberemos aprovechar para cambiar ese mix de producto con el que mejorar nuestra competitividad y sostenibilidad que nos permitan salir reforzados de esta próxima década. Pero para tener éxito deberemos abordarla de manera conjunta y, muy posiblemente, regulando la producción.

Alegrarnos de que la “anunciada” subida de los Impuestos Especiales al vino se haya visto limitada a los productos intermedios (productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol., e inferior o igual a 22% vol.), manteniendo al resto de productos vitivinícolas con un impuesto cero, es algo que no deberíamos hacer por varias razones.       La primera bien podría ser porque se trata de vinos que comprenden prácticamente todos los generosos (excepto los elaborados en algunas indicaciones de origen) afectando muy especialmente a los de Jerez, vinos de licor, moscateles o vinos aromatizados. Los cuales no están atravesando uno de sus mejores momentos de consumo.

La segunda, porque el patrimonio vitivinícola español se encuentra altamente ligado a estos vinos, con escaso consumo (es verdad) pero excelente reputación. Y no parece muy normal que si estamos aludiendo (desde el sector) a que debemos mejorar sustancialmente la cultura vitivinícola de los consumidores (especialmente españoles) vayamos contra una de las piedras sobre la que se sustenta.

Y aunque esto no tenga mucho con ver con cargas impositivas y cultura, permítanme que les haga una pequeña observación. Cojan un palmarés de los concursos más prestigiados del mundo, el que quieran, y analicen quiénes ocupan los primeros puestos. Verán como son siempre los vinos generosos los que se alzan con los premios especiales. Son joyas, verdaderos baluartes de la enología y la tradición vitivinícola española. Deseo de los más refinados paladares que han dominado (pacíficamente, con la adquisición de sus bodegas) su producción y comercialización.

Aunque para nuestra Hacienda no hayan sido más que objeto de deseo impositivo con los que llenar sus arcas. Se estima, por el propio Ministerio, que el incremento del 5% del gravamen impositivo sobre los productos intermedios será de cincuenta millones de euros, cantidad ridículamente pequeña en el ajuste de ocho mil millones de euros que Bruselas exige al gobierno de España.

Y la tercera razón y última, en mi opinión la peor de todas: porque pone en evidencia que cuando los gobiernos quieren tomar medidas que no sean muy impopulares, el vino siempre es considerado como una bebida alcohólica y, en consecuencia, motivo de análisis. Hasta ahora nos hemos librado, excepto los productos intermedios, pero esto puede cambiar algún día y para ello tan solo será necesaria una orden ministerial que modifique el tipo impositivo.

Sabemos, o eso al menos creemos, que la cosecha de 2016 va a estar por encima de la del pasado año. También pensamos que la operatividad de esta campaña no va a tener grandes sobresaltos, como sí que hubiese ocurrido si no se hubieran dado las circunstancias sobre las que se desarrollaron las vendimias, y más que estas, la evolución de los precios de las uvas.

Incluso son muchos los que, con más o menos ímpetu, reclaman soluciones de cara a próximos años, en los que se producirán volúmenes todavía mayores que los de estas últimas campañas y sobre los que no existe una gran seguridad de saber cómo gestionarlos para que los precios no se derrumben.

Las previsiones de algunos estudios señalan que el futuro del vino español en el corto y medio plazo es muy bueno. Que somos uno de los principales países considerados por los mercados y que nuestras posibilidades de desarrollo siguen siendo notables.

¿Hasta dónde? Eso es mucho más complicado de determinar pero, de momento, quedémonos con esto, que ya es importante.

Todos coinciden en opinar que nuestro futuro inmediato pasa por aumentar el valor de nuestras exportaciones, o por ir un poco más ordenadamente. Todos sabemos que nuestro porvenir pasa necesariamente por el mercado exterior. Que la recuperación del mercado interior es una utopía, al menos a corto plazo y en volúmenes suficientes para colocar las producciones que manejaremos. Aun así, no todo está tan claro.

Aumentar el valor de nuestras ventas exteriores pasa por cambiar el mix del producto. Mantener vinos sin indicación de origen, ni varietal, ni marca,… que mayoritariamente sirven para que sean otros los que obtienen algún beneficio, no tiene futuro. El mercado por precio poco a poco se irá perdiendo, al igual que antes lo perdieron los franceses o, mucho más recientemente, los italianos. Si jugamos a ser los más baratos siempre habrá otro que pueda levantarnos el cliente. Y además tenemos un problema, pues eso requerirá una reestructuración y reconversión de nuestros viñedos mucho más profunda de las más de trescientas mil hectáreas ya afectadas. Eso requerirá también unos recursos hídricos de los que no disponemos y una sobreexplotación de la tierra que no es posible sin la utilización descontrolada de fertilizantes que dañen seriamente nuestra sostenibilidad.

Subir los precios de los vinos es necesario, por nuestro futuro. Pero subir el valor de la producción agrícola es imprescindible si queremos mantener nuestro viñedo.

En mi opinión, no es posible hacer una cosa sin la otra. Y aunque creo que somos muchos los que pensamos así, tengo mis serias dudas de que seamos capaces de ir de la mano, más allá de manifestaciones o medidas de presión atendiendo a la coyuntura de cada momento.

Reordenar la producción, planificar, definir parámetros de calidad mínimos exigibles para la elaboración de cada producto. Más que una alternativa a un libre comercio voraz en el que gane el que más pueda, es una exigencia de los que tienen alguna posibilidad de concentrar y representar a los diferentes colectivos. La ley de la selva no es buena para nadie y cuanto antes lo entendamos, asumamos y superemos, será mejor para todos.

En el anterior número de SeVi les advertía sobre la conveniencia de estar muy atentos a los posibles movimientos del Ejecutivo en el tema impositivo, ya que se me antojaba más que probable que el vino fue objeto de deseo del Sr. Montoro y pretendiese modificar el tipo impositivo actual del 0%.

Hoy, dos semanas después y sin el techo de gasto (primer paso en el proceso de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado) aprobado, las declaraciones del titular de la cartera de Hacienda y Función Pública, de quien depende su elaboración, no pueden ser más preocupantes: “No subiré los principales impuestos, pero habrá que modificar los pequeños, como son los impuestos especiales”

¿Se está refiriendo solo a los de los hidrocarburos, o los del alcohol también serán considerados como un impuesto menor y será modificado su tipo impositivo? Eso es algo que, de momento, no podemos aventurar. Pero, ¡qué miedo me da!

No solo porque tenga el firme convencimiento de que está siendo una opción muy tenida en cuenta por el gabinete del ministro, sino porque el propio sector de bebidas alcohólicas, coincidentes en esta apreciación se ha apresurado a encargar un informe a Analistas Financieros Internacionales a fin de analizar las posibles repercusiones que un cambio en la actual política fiscal podría tener sobre la actividad económica y la recaudación fiscal.

Sus conclusiones, hechas públicas el lunes pasado (disponibles en nuestra web) no pueden ser más tajantes. Su mantenimiento representaría que la contribución fiscal en la cadena de valor del sector, considerando las previsiones de crecimiento (2014-2017), se incrementaría en 1.718 M€, el VAB 3.488 M€ y los empleos generados en 64.061. Un incremento de la fiscalidad del 10% en el impuesto especial y elevación del IVA al general (21%) en Hostelería provocaría un traslado del consumo del canal Horeca al de Hogar, una pérdida en la actividad económica (VAB) del 9,2% (3.660 M€), 52.734 puestos de trabajo (7,1% de los actuales) y una pérdida fiscal neta de 46 M€.

Con total independencia de lo que puedan depararnos los acontecimientos de las próximas semanas, está bastante claro que sobre el sector vitivinícola español pende una amenazante Espada de Damocles. La posibilidad de modificar el tipo impositivo que afecta al vino tendría consecuencias calamitosas sobre un consumo que ya tiene bastante con “lo suyo” como para tener encima que hacer frente a una subida de impuestos que resulta totalmente inasumible por parte de la industria. Su traslación al consumidor repercutiría en los ya preocupantes niveles de consumo y acabarían afectando a su cadena de valor, en la que el sector primario, especialmente, reclama insistentemente la necesidad de aumentar los precios a los que vende su producción, sin más conclusión de los expertos que eso no será posible en tanto en cuanto no consigamos vender con mayor valor nuestros vinos.

No obstante, seamos positivos y tomemos lo que de bueno tiene esta situación, y una de las más destacadas cosas buenas que está teniendo es la poner de acuerdo a diferentes colectivos: cerveceros, bodegueros y elaboradores de bebidas espirituosas y sidras han sido capaces de adelantarse a los acontecimientos, dotándose de un documento independiente y riguroso que les permita disponer de argumentos concretos y contrastados sobre las consecuencias que una modificación de la tributación podría tener sobre las arcas públicas.

Luego vendrán consideraciones de índole política y populistas que distan mucho del razonamiento y la lógica. Pero, al menos, no podremos decir que no hemos ido preparados para contestar las propuestas del Ministerio.

Confiemos en que el trabajo de lobby que tiene que desarrollarse tenga éxito y dentro de unas semanas hablemos de este asunto como un mal sueño propio de alarmistas que solo ven fantasmas donde no los hay.

Ni Infovi, ni Interprofesional, ni nada de nada. Está bien claro que el sector vitivinícola español está condenado a “tocar de oído” en la interpretación de la obra “Planificación de la campaña”. Ya que, si bien la misión del Infovi no es la de realizar previsiones de cosecha, más bien todo lo contrario, constatar evidencias, cuantificando el volumen exacto que hay en las bodegas; se tenía la esperanza de que, con la publicación mensual de las estadísticas, se tuviera una herramienta eficaz con la que concretar los volúmenes y poder establecer una estrategia comercial para la campaña que evitase la especulación.

El papel de estimación que no realizaba el Infovi, el Mapama también ha dejado de ejercerlo, dado que en sus avances mensuales de producción y superficie ha dejado de publicar la estimación de vino y mosto y se limita a dar la de uva de vinificación. Cuestión no baladí ya que, lo que en principio podría ser más o menos equiparable realizando la correspondiente transformación en función de los rendimientos, estos cambian de campaña a campaña. La Interprofesional (OIVE) también ha pasado de puntilla, y eso que en los primeros días de septiembre tuvo lugar una reunión entre Ministerio y OIVE para analizar precisamente este tema e intentar tener una idea mucho más exacta de la cosecha que la que ha existido en años anteriores.

Las cifras demuestran que todo esto ha servido, relativamente, para poco. Primero porque aquellas estimaciones de una cosecha histórica basadas principalmente en la entrada en producción de nuevas plantaciones, fueron superadas por aquellas otras que, al amparo de la sequía y la fuerte ola de calor, apuntaban hacia producciones inferiores a las del pasado año. Segundo, porque el resto de los países productores no son muy diferentes a nosotros, y también ellos han acabado sucumbiendo a esta moda de estimar menos cosecha de la que han acabado teniendo. Y tercero, porque, al igual que en otras campañas, las cotizaciones han surfeado la vendimia en la cresta de la ola y la calma puede llevarlas a niveles más por debajo de los previstos.

Al menos siempre nos quedará el consuelo de confiar en el extraordinario potencial de nuestros vinos y la excelente calidad de la cosecha.

Han sido necesarios más de diez meses para no cambiar nada. O al menos bien poco. De hecho, en el Ministerio que nos atañe, salvo la incorporación de la Pesca en su nombre, pasando de Magrama a Mapama, todo lo demás, incluida su titular, Isabel García Tejerina, sigue siendo lo mismo.

Y casi mejor que así sea. Ya que, al margen de opiniones personales sobre el partido que debe gobernar, o la persona más indicada para ocupar el puesto de titular de esa cartera, pende sobre todos nosotros una peligrosa “espada de Damocles” que se llama 5.500 M€ con los que la Comisión Europea nos obliga a ajustar nuestros presupuestos y que, amén de subidas de tipos en las retenciones de las grandes sociedades, algún ajuste más habrá que hacer para cumplir con la CE.

¿Se verá afectada la agricultura, alimentación, pesca y medio ambiente en este recorte de gasto?       Contestar ahora mismo se hace bastante complicado, especialmente porque creo que ni tan siquiera ellos mismos (presidente y ministros del área económica) lo saben. Pero, por si acaso, convendría estar atentos. No vaya a ser que nos pase como en muchas ocasiones, que cuando nos queramos dar cuenta sea ya demasiado tarde.

En un principio y considerando las escasas competencias que nos quedan en estos temas, el primer impulso nos lleva a pensar que no debiera ser un ministerio muy afectado por cualquier recorte que pudiera producirse en el gasto. Pero, si consideramos que cada vez son más las medidas que requieren de una cofinanciación y que la tendencia en la Unión Europea es ir reduciendo su presupuesto en la Política Agraria. O que las legislaciones nacionales parecen estar recuperando protagonismo, ante una tendencia de simplificar lo máximo posible la legislación europea. O la propia demanda existente en algunos pesos pesados de la Unión, partidarios de dotar de mayor autonomía a los Estados Miembros con la que permitirles hacer frente a todos estos movimientos rupturistas y antisistema que están surgiendo en prácticamente todos los países de la Unión (con el mejor ejemplo posible en el “Brexit”), convendría estar atentos.

Si, además, tenemos en cuenta que el tema del vino es abordado por algunos políticos como un producto alcohólico, nocivo para la salud y causante de un grave problema entre nuestros jóvenes llamado alcoholismo de fin de semana (Elena Salgado y su propuesta cuando estaba al frente del Ministerio de Sanidad, es un buen ejemplo de esta casta de políticos simplistas y con soluciones populistas a los problemas importantes), convendría estar atentos.

Pero, si todo esto no es suficiente motivo para reforzar los esfuerzos por defender el Vino y su labor educacional en los jóvenes, o su papel vertebrador de la sociedad en muchos pueblos de España. Incluso su importancia en nuestra balanza de pagos, siendo un sector netamente, casi exclusivamente, exportador. Hay otro asunto que nos debería hacer estar más atentos todavía. Y es la posibilidad de que se imponga un tipo impositivo al vino diferente del que actualmente disfruta y que, como bien saben, es cero. Esa posibilidad existe desde el mismo momento en que se le fijó.

Y cuando los gastos sociales adquieren un notable protagonismo en las negociaciones que mantienen los partidos políticos que pueden dar sustento al Gobierno y permitirle aprobar los Presupuestos Generales de Estado para 2017, imposibilitando la subida de los impuestos más impopulares como son el del Valor Añadido (IVA) o el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los de segundo nivel, especialmente los indirectos como son los de los hidrocarburos o especiales, adquieren un peligroso protagonismo por el que convendría estar atentos.