Mientras España profundiza en el conocimiento de sus costes de producción y constata la enorme diversidad de su viñedo, Francia recurre nuevamente a medidas extraordinarias para retirar excedentes del mercado y reducir su potencial productivo. Dos caras de una misma realidad: la necesidad de adaptarse a un contexto de menor consumo y creciente incertidumbre.
El reciente estudio impulsado por la Organización Interprofesional del Vino de España confirma algo que el sector conoce desde hace años: no existe un único modelo de viticultura. Los costes de producción varían en función del territorio, las condiciones climáticas, los sistemas de cultivo, la mecanización y los rendimientos obtenidos. Heterogeneidad que constituye una de las grandes fortalezas de la viticultura española, pero obliga a evitar simplificaciones o recetas universales.
Sin embargo, conocer mejor la realidad productiva no resolverá por sí solo los desafíos estructurales que afronta el sector. Francia ofrece una señal inequívoca de la magnitud del problema. La reapertura de las ayudas para la destilación de crisis y la puesta en marcha de un programa de arranque de casi 28.000 hectáreas de viñedo reflejan que el descenso del consumo y el exceso de oferta ya no son fenómenos coyunturales, sino tendencias de fondo que exigen respuestas estratégicas.
El sector y, especialmente la viticultura, necesita datos, transparencia y herramientas de gestión, pero también decisiones políticas valientes. La adaptación al mercado no puede basarse únicamente en medidas de emergencia ni en ajustes temporales. Debe apoyarse en una visión a largo plazo que combine competitividad, sostenibilidad y valorización del origen.
La diversidad sigue siendo una fortaleza. Pero para que continúe siéndolo, el sector deberá transformar esa riqueza en una estrategia capaz de responder a una demanda que ya no es la de hace una década.
En este ámbito juega un papel fundamental la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027, especialmente lo que pudiera suceder con los fondos destinados a la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).
Perder de vista que el vino no es únicamente un producto agrícola, sino un activo económico, territorial y cultural de primer orden para la Unión Europea. Con un peso especialmente relevante en zonas rurales donde constituye una actividad esencial para la cohesión social y económica. Sería un error garrafal que la Comisión no debería cometer.
La futura PAC avanza hacia una mayor flexibilidad nacional y una reducción de recursos comunitarios, lo que podría fragmentar el mercado único y crear desigualdades entre productores de distintos Estados miembros. Resultando vital el mantenimiento de su dotación presupuestaria obligatoria y específica para el vino, blindada frente a posibles reasignaciones hacia otros sectores agrícolas.
Las recientemente aprobadas medidas del “Paquete Vino” no han tenido tiempo de aplicarse (menos de demostrar su eficacia) y el sector necesita estabilidad regulatoria para planificar inversiones a largo plazo.
La PAC debiera combinar simplificación administrativa con una sólida dimensión europea, garantizando recursos estables, reglas homogéneas y apoyo específico para asegurar el futuro del vino europeo en un contexto de creciente competencia global y desafíos climáticos.