Hablar de la Unión Europea es siempre complicado: 27 países miembros, con intereses tan dispares entre unos y otros; y la siempre difícil lucha de equilibrios entre países del norte y sur, productores y no productores de vino, alineados contra cualquier bebida alcohólica con independencia de su acervo cultural… hacen muy complejo realizar cualquier vaticinio sobre la postura que se acabará adoptando. Especialmente cuando hablamos de fondos, de ahí la enorme importancia que tiene, nunca suficientemente bien ponderada, contar con los recursos de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV) que le otorgan estabilidad y seguridad a medio plazo.
Saber lo que pasará en el Consejo de Ministros de Agricultura de los días 26 y 27 abril, momento en el que comisario del ramo se ha comprometido a adoptar una solución sobre la concesión o no de fondos extraordinarios al sector con los que hacer frente a los graves efectos que la pandemia de Covid-19 está generando por el descenso en su consumo, se hace muy difícil.
Pero hay que reconocer que se antoja tremendamente difícil que vaya a suceder. La dotación específica al sector y los numerosos frentes y sectores igualmente afectados por esta situación tan extraordinaria y que no cuentan con un Plan de Apoyo específico, hacen muy improbable que así ocurra. Y, de hecho, aunque nadie, ni sector, ni Ministerio, se rinde en su empeño por conseguirlos, todos comienzan a asumir que lo mejor sería ir trabajando en diferentes escenarios en los que se contemplase la inexistencia de fondos europeos extraordinarios adicionales.
Dentro de esta impredecibilidad, la opción que cuenta con más posibilidades de resultar aprobada parece ser la de autorizar la Comisión a cada uno de los Estados Miembros el uso de la ficha financiera del periodo 2019-23 para que la utilicen como mejor consideren, mostrándose dispuesta a adelantar esos fondos para que puedan llevarse a término las medidas extraordinarias que cada Estado priorice.
No obstante, y con el objeto de tener una idea más clara de la envergadura del problema al que nos estamos enfrentando, convendría pensar que, según algunas estimaciones realizadas sería necesario retirar del mercado español entre siete y ocho millones de hectolitros y que, para que el precio medio fuera de 1,85 €/hgdo (precio al que actualmente están cotizando los blancos en Castilla-La Mancha -solo por tener una referencia-), estaríamos hablando de entre 155 y 177 millones de euros. Cantidad que se antoja, bajo cualquier escenario, del todo inasumible.
Y, todo ello, sin entrar en valoraciones de que pedimos lo que no estamos dispuestos a dar. Ya que el Gobierno de España, a diferencia de algunas Comunidades Autónomas, no ha dado ayudas, ha dejado al sector fuera del paquete de los 11.000 M€ y se trata de un producto no perecedero.
El problema del vino español es que muchas de sus Denominaciones de Origen no cumplen su obligación de garantizar vinos con `personalidad relacionada con el lugar de producción y esto pone la vinicultura española en ridículo.