Consecuencia de la reforma de la PAC, el pasado Consejo de Ministros del 24 de enero, modificaba el Real Decreto 1338/2018 por el que regula el potencial de producción vitícola. En él se concreta el criterio de prioridad para las explotaciones vitícolas, indica los requisitos que se van a solicitar para comprobar su cumplimiento y los ajusta para tenerlos en cuenta solo en la superficie de viñedo y no en el total de la explotación.
Al criterio de prioridad de las nuevas plantaciones medianas, se añade una excepcionalidad para el establecimiento de colecciones de variedades de vid, se autoriza la transferencia de las autorizaciones para el caso de disolución de una explotación compartida y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas. Aplicándose con efecto retroactivo a las solicitudes presentadas desde el 15 de enero de este año.
Otra de las consecuencias, esta mucho peor, recibida por los viticultores de la nueva PAC es la intención de la Comisión Europea de proponer un objetivo de reducción, que podría llegar al 60%, en el uso de fitosanitarios.
Desde el sector productor, encabezado por las cooperativas vitivinícolas de los tres principales países elaboradores europeos (Francia, Italia y España) no han tardado en reaccionar y han solicitado al Parlamento Europeo que, antes de tomar ninguna decisión al respecto, evalúe las consecuencias que ello podría tener sobre el sector y su competitividad ante la falta de alternativas claras.
Si importante es hablar de sostenibilidad medioambiental, no se pueden olvidar las otras dos grandes patas sobre las que se sustenta, que son la económica y social. No vaya a ser que, en un futuro no muy lejano, se encuentren con que no son necesarias medidas de reducción al haber obligado al abandono de la producción, la despoblación de las comarcas rurales, el empobrecimiento de los pueblos y el deterioro medioambiental.
En un entorno en el que algunos productores amenazan con el abandono de viñedos en zonas emblemáticas de Francia, o solicitan la aplicación de medidas excepcionales de mercado que ayuden a sostener los precios gracias a la retirada de una parte de la producción, bien vía destilación para esta campaña o incluso yendo un paso más allá, de cara a la siguiente con la puesta en marcha de la vendimia en verde. Donde los precios percibidos por los viticultores están siendo ruinosos, inferiores incluso a los propios costes de producción en algunos casos, según denuncian algunas organizaciones agrarias… Este anuncio de la Comisión ha sido percibido como un jarro de agua fría que, no por previsible, deja de resultar inconveniente y puede suponer la puntilla para algunos viticultores.
En noviembre 2022 ha caído la facturación de la exportación un 1’8% con respecto al mismo mes del año anterior, rompiendo una racha positiva de 20 meses en la que solo marzo 22 presentó datos negativos. Manteniéndose la tendencia descendente en el volumen se situaba en el 2’1% en el dato mensual. En tasa interanual (TAM) esta caída del volumen se acentúa y llega al -9’6%, aunque el valor sigue en positivo (+3’1%) y se queda en 2.977’8 M€ solo en vino.
Los vinos tranquilos con I.G.P. a granel son los que más pierden en noviembre (-62’8%) y los tranquilos con D.O.P. envasados ceden un -21’0% de su volumen. Destacando la caída del -35’7% de los mostos en un mes especialmente importante para este producto.
