Si hay momentos en los que el sector necesita certezas, el actual es uno de ellos.
El valor bruto en origen de la producción de vino y mosto cayó un 8,9% en 2025, hasta los 1.255,6 millones de euros. Son 122,6 millones menos que en 2024. De ese valor, unos 686,07 millones de euros (54,6%) correspondió a vinos de mesa y mostos, un 6,5% y 47,82 millones menos que en 2024 y otros casi 569,5 millones (45,4%) a vinos de calidad, un 11,6% y 74,85 millones menos.
El precio del viñedo de uva de vinificación en 2025 descendió el 3,3% si se trata de cultivo en secano hasta situarse en 14.844 euros/hectárea y apenas creció un +0,3% en el caso del regadío hasta alcanzar los 17.790 euros/hectárea.
Y, bajo el halo de pesimismo e incertidumbre que envuelve al sector, desde la Unión Europea se cuestiona la financiación de las medidas de Intervención del Sector Vitivinícola ISV) y los ataques desde el ámbito de la salud reaparecen.
La negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2028-2034 constituye una prueba decisiva. Sobre el papel, la Intervención Sectorial del Vino (ISV) seguirá existiendo. Pero conservar el instrumento no garantiza disponer de los recursos necesarios para utilizarlo. Y ahí está la cuestión que merece una lectura menos complaciente de los acuerdos comunitarios: se mantiene la estructura, pero la financiación queda pendiente de decisiones políticas y presupuestarias que pueden alterar sustancialmente su eficacia.
El principio de cofinanciación introduce una incertidumbre adicional. La aportación pública podría depender, en parte, de los presupuestos nacionales y autonómicos, mientras el sector continuaría soportando el porcentaje restante de las inversiones. En España, eso ha significado, hasta ahora, un abandono casi absoluto. Si cada programa queda sometido a la incertidumbre presupuestaria nacional, la Política Agraria Común corre el riesgo de convertirse en una política de posibilidades desiguales.
Y, por si no fuera suficiente, resurge una ola de negacionismo de la mano de un equipo de investigadores canadienses y estadounidenses que en 2023 revisaron 107 estudios y llegaron a la conclusión de que en 86 de ellos se incluyeron a ex bebedores o bebedores ocasionales en el grupo de “abstemios”. Lo que condicionaba sus resultados y llegaba a la conclusión de que el consumo bajo o moderado no mostró una reducción significativa del riesgo de muerte por cualquier causa.
Y si bien, siempre hemos defendido que la defensa del consumo de vino no debe construirse sobre ninguna evidencia científica de sus efectos en la salud. No resulta aceptable cuestionar ni la independencia científica de los numerosos estudios realizados, ni sus resultados.
Desde la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) y la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) están trabajando, desde el máximo rigor científico, por contestar estas afirmaciones, reclamando una comunicación responsable y basada en la evidencia. Es una exigencia razonable, siempre que la responsabilidad no se confunda con la búsqueda selectiva de argumentos favorables. La credibilidad del sector depende de reconocer los límites del conocimiento, distinguir entre información científica y promoción comercial y evitar que cualquier matiz se interprete como una descalificación del producto.
