La decisión del Parlamento Europeo de descartar la reintroducción de advertencias severas que presentaran el vino como un producto nocivo supone un mensaje relevante para el sector vitivinícola. No porque resuelva sus problemas estructurales, ni porque cierre el debate sobre alcohol y salud, sino porque evita que la comunicación institucional reduzca un producto de enorme dimensión económica, cultural y territorial como el vino a una consideración simplificada. Lo que supone un reconocimiento a su singularidad.
La decisión llega en un momento en el que el sector necesita argumentos para defender su posición, pero también soluciones para garantizar su futuro.
El arranque de la campaña 2026/27, con los primeros datos del Infovi del mes de agosto en la mano, dibuja una producción claramente adelantada, se elaboraron en un mes 10,61 millones de hectolitros, más del doble que un año antes. Y un mercado que sigue mostrando preocupantes signos de debilidad. Como así lo demuestra la caída del 9% de las salidas de vino y las exportaciones, que retrocedieron un 15,7%.
En este escenario, la posición de las instituciones europeas importa. Las decisiones políticas y regulatorias contribuyen a configurar la percepción pública del vino y pueden influir en su reputación comercial.
Defender el vino no significa negar los riesgos asociados al alcohol que contiene, sino reclamar un debate proporcionado, basado en la evidencia y capaz de compatibilizar la protección de la salud pública con el reconocimiento de una actividad productiva y papel social esencial para numerosas zonas rurales.
La Eurocámara ha despejado un obstáculo en el terreno de la comunicación institucional. Ahora corresponde al conjunto del sector aprovechar ese contexto para reforzar su posición y conseguir que su defensa se traduzca en futuro para el viñedo y rentabilidad para quienes lo mantienen vivo.
En este sentido, las diferentes Comunidades Autónomas y muchas de las Denominaciones de Origen están tomando iniciativas. Destaca la futura Estrategia del Viñedo y el Vino de Andalucía para 2028-2031. Las recientemente iniciadas por la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. El trabajo callado pero constante de Castilla y León o Galicia… Un sinfín de iniciativas, prácticamente una por Región, que persiguen lo mismo y lo intentan conseguir poniendo en valor lo que las diferencia de las demás.
¿Es esta una buena política?
Pues no lo sé, pero es la que hay. Dada la escasa capacidad que está demostrando el sector nacional y la parsimonia con la que el Ministerio está tratando este asunto, al menos es un paso.
Confiemos en que no acabe.
