A la hora de redactar estas líneas, mediodía del miércoles, solo podemos decir que las votaciones para Director General de la OIV siguen como si nada hubiese pasado desde el mes de julio en el que tuvieron lugar, y debieron ser aplazadas ante el bloqueo existente. En el que el candidato español, Pau Roca, alcanzaba mayoría sobresaliente tanto en el número de votos 84,1 como de países 25, pero insuficiente para alcanzar la requerida de 92,1 y 24 respectivamente.

Como ya hemos denunciado en alguna ocasión, no se trata de un tema estrictamente personal, sobre cuál es el candidato, ni tan siquiera el país al que representa. Es un tema que va mucho más allá de estas cuestiones, un asunto que está poniendo en cuestión la primacía de los países tradicionalmente productores ante el modelo impuesto en los del Nuevo Mundo.

Y como sea cual sea el que acabe siendo el resultado, la vida seguirá y deberemos enfrentarnos a una nueva campaña, con una nueva cosecha y unos nuevos precios. Casi mejor va a ser dejar este asunto para cuando esté resuelto y ocuparnos de cuestiones mucho más cercanas a nuestras preocupaciones más inmediatas. Aunque estas puedan resultar mucho menos transcendentales para el sector, pero que nos preocupan mucho más en estos momentos.

De todo lo que ha sucedido esta semana con la publicación de las tablillas por parte de las principales bodegas manchegas, así como de los contratos transcendidos entre viticultores y bodegueros de otras zonas de España es muy posible que la primera conclusión que podamos sacar es que tampoco en este tema el tiempo transcurrido en la pasada campaña haya servido de mucho. La recuperación estimada de la cosecha a nivel europeo, no ha hecho sino devolvernos a cotizaciones en las uvas similares a las de la campaña 2016, y las de los mostos y vinos, tienen pinta de seguir el mismo camino.

Todas aquellas esperanzas de aprovechar las circunstancias de la pasada campaña para abrirnos un hueco en el mercado y aproximar el precio de nuestro elaborados a su valor, se han visto frustradas. Al menos en el corto plazo, pues yo creo que en fondo sí ha servido de algo y ha sido una buena base para seguir trabajando en ello. Aunque sea con la esperanza de verlo reflejado en las cotizaciones y tipología de vinos en un futuro a medio y largo plazo.

Con las vendimias como una realidad palpable ya en muchas regiones españolas, adquieren especial relevancias todos los asuntos relacionados con la “colocación” de la producción.

Somos el primer país del mundo por extensión de viñedo de uva de vinificación, hecho que nos conduce de manera irremediable a escalar posiciones en la producción de vino, mostos y derivados. Y nuestros datos de consumo mejoran tan lentamente y en unas circunstancias tan hostiles que la simple imaginación de alcanzar incrementos sustanciales resulta totalmente utópica.

Y aunque las exportaciones nos han ido solucionando el problema de los saldos generados entre producciones y utilizaciones, todo parece indicar que estamos cerca de nuestro techo en el exterior y que cada año será más complicado mantener los volúmenes exportados si queremos aumentar el valor.

¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución?

Sabemos que no existe una respuesta fácil a ninguna de estas dos preguntas y que cada bodega busca la forma de hacerlo que mejor se adapte a sus posibilidades y circunstancias. Pero esto no es suficiente para el conjunto del sector. Adoptar pues, medidas de índole regulador que permitan ordenar la producción en aras de una mejor competitividad se presenta cada vez más como una opción a tener en cuenta.

Castilla-La Mancha es consciente de que concentrando la mitad de toda la producción y viñedo de España es el “problema” del sector, pero que también puede ser la “solución” y en ello llevan trabajando sus administraciones. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en su Plan Estratégico del Vino, actualmente en periodo de alegaciones y en el que se contemplan diferentes medidas reguladoras, todas ellas encaminadas a mejorar el valor medio de la producción y la rentabilidad de todas las partes que la hacen posible: viticultores, bodegueros/cooperativas y comercializadores. Para ello la reducción de los excedentes desviando parte de la producción hacia otros productos que no sean estrictamente vino resulta una medida a tener en consideración seriamente.

Iniciamos el mes de septiembre y la atención del sector vitivinícola debe ir dirigida, obligatoriamente, hacia las vendimias. Asunto capital del que dependerá no solo la evolución de sus cotizaciones, tanto las referidas a las uvas, como mostos y vinos; sino la misma política empresarial que deberán desarrollar sus operadores de cara a establecer la estrategia de sus operaciones comerciales.

Y aunque ya llevamos, todos, muchas vendimias encima como para saber que cualquier previsión de la evolución del mercado no es más que ejercicios de imaginación, cuyo grado está mucho más cercano a los de los juegos de azar que la ciencia, nada de ello nos anima a no seguir haciéndolas y, jugando a las adivinanzas, intentar adelantarnos a lo que va a suceder.

Sabemos con un alto grado de certeza que el volumen de la cosecha va a ser muy superior a la anterior, prácticamente garantizado un veinte por ciento. Casi con la misma seguridad podríamos afirmar que los precios “sufrirán”, aunque en este sentido no podamos ser mucho más concretos, de momento, dado que no se han fijado prácticamente en ninguna bodega. E incluso podemos imaginar que la comercialización va a resultar mucho más complicada de lo que lo ha sido el pasado año como consecuencia de nuestra mayor oferta y la recuperación en las producciones de nuestros principales clientes: Francia e Italia.

Hasta la estabilidad que han demostrado las cotizaciones en origen de las escasas existencias podría resultarnos una pista válida para adivinar la horquilla posible sobre la que oscilarán las primeras partidas de mosto que se cierren. Pero todo esto no serían más especulaciones, que mejor dejar para la imaginación de cada uno.

Lo que sí sabemos es que nuestra producción está muy lejos de su potencial real. La fuerte reestructuración de nuestro viñedo hacia rendimientos que en muchos casos llegan a doblar los que tenían las parcelas que ocupan y la necesidad de obtener una rentabilidad que no somos capaces de alcanzar con los precios, nos obligan a plantearnos un escenario que va mucho más allá de los cuarenta y tres millones de hectolitros que estuviésemos manejando para este año.

Las grandes dificultades a las que nos enfrentamos de cara a la recuperación del consumo o la incorporación de nuevos consumidores, a pesar de los notables esfuerzos que se están realizando, dado lo complicado del asunto y lo lento que resulta obtener el resultado de esos esfuerzos; junto con la reducida capacidad del sector en contar con los recursos que serían necesarios para emprender campañas o las discrepancias que están mostrando algunas bodegas en los mecanismos establecidos hasta ahora con los que recabar esos fondos con los que poder llevarlas a cabo; es otro problema añadido a tener muy en consideración a la hora de intentar calibrar las posibles consecuencias que vayan a tener sobre el mercado las cifras de producción.

Y aunque excepciones las habrá, como no puede ser de otra manera, al menos la calidad podríamos decir que no solo no está en duda, sino que todo apunta a que resultará de unos niveles muy por encima de lo que podríamos definir como mínimo exigible.

Luego, si la producción estará por debajo de nuestro potencial, la calidad lo estará por encima de lo exigible y los precios no experimentarán cambios sustanciales, ¿de qué preocuparnos?

De momento vamos a contestarnos que de nada. Vamos a asumir que todo va a ir sobre lo previsto y según se vayan desarrollando los acontecimientos actualizando nuestra estrategia comercial y negociando con las grandes cadenas de distribución los acuerdos que nos hagan posible la colocación de la producción a precios más cercanos a su valor.

Posiblemente sea consecuencia de las vacaciones, periodo en el que mi mente debe haber quedado más ociosa que de costumbre, pero releyendo el magnífico extraordinario de estadísticas que publicamos antes de emprender este tiempo de descanso, no consigo evitar ponerme de los nervios ante tal falta de sensibilidad por parte del Ministerio de Agricultura en el trato que le da a este asunto. No es, ni tan siquiera, una cuestión de que resulten más o menos exactas, o que aborden asuntos de cierto calado, es que sencillamente no las publican o las que lo hacen son incompletas.

El mejor ejemplo de esta falta de interés por dotar al sector de una información adecuada (y para ello debe de cumplir con dos condiciones que son básicas: veracidad y actualidad); son las estadísticas que hacen referencia al consumo de vino en España.

En campañas como a la que nos enfrentamos, donde las previsiones apuntan hacia volúmenes muy superiores a los del año pasado y vaticinan serios problemas en la exportación; conocer los datos de consumo en nuestro mercado interno supone una información vital. Si además esa información fuera capaz de concretarnos lo que corresponde a hogar, horeca, venta directa y on line; y permitiera conocer cuánto de ese volumen lo han adquirido los millones y millones de turistas que nos visitan, a los que, dicho sea de paso, da gusto verlos en las terrazas de nuestros pueblos y ciudades con una botella de vino en la mesa disfrutando de la gastronomía, o simplemente del sol; ya sería perfecto.

Pero qué va. No solo esa información no está disponible, sino que la que lo está es tan imprecisa como inútil. Atreverse a publicar que en España apenas consumimos 4,847 millones de hectolitros de los 35,467 de vino y mosto elaborados según los avances, o los 31,835 de las declaraciones a treinta y uno de marzo en su “informe del consumo de alimentación en España 2017” (asumiendo que es un dato totalmente inexacto que se justifica por una “cuestión metodológica” al no incluirse el consumo de los turistas), es una muestra palpable de la falta de sensibilidad que se tiene con el sector.

Casi la misma que demostraron con las negociaciones imprescindibles que requiere la elección de un español al frente de la Dirección General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

En fin, superado este primer calentón que, sin duda achaco al haber dispuesto de tantos días para poder darle vueltas, confío en que las cosas mejoren y algún día tengamos la oportunidad de conocer cuál ha sido el verdadero efecto de todos los esfuerzos que se están realizando por aumentar el consumo de vino en España.

Tal y como era de esperar, la inauguración de la campaña 2018/19 el pasado día 1 de agosto, ha llegado acompañada de un sinfín de valoraciones de cosecha y estimaciones de volúmenes posibles. Y aunque todas son muy interesantes y merecen ser tomadas en consideración, la primera premisa que hay que tener muy en cuenta a la hora de considerar el peso de la información es su procedencia. La gran importancia que estas cifras pueden tener en los precios que se marquen para las uvas o sus efectos sobre la mayor o menor fluidez en la contratación de mostos; hacen que en muchas ocasiones estén un tanto dirigidas. Siempre dentro de un orden y respetando la orientación de la estimación, pero llevada hasta uno u otro extremo de la horquilla, atendiendo a los intereses de cada uno.

Sabemos con total seguridad que, salvo catástrofe impredecible, nos enfrentamos a una cosecha que se presenta entre diez y veinte días más tarde de lo que lo hizo la anterior; aunque es previsible que en las próximas semanas ese plazo se vaya acortando. Que la sanidad del fruto y su calidad son buenos, a pesar de los numerosos episodios de enfermedades criptogámicas, especialmente mildiu, a los que han tenido que hacer frente los viticultores. Y que el volumen será considerablemente superior, con porcentajes prácticamente garantizados por encima del veinte por ciento con respecto a la del año anterior y, muy posiblemente, por encima de esos valores.

Apreciaciones que podríamos considerarlas como afirmaciones categóricas en la gran mayoría de las regiones vitivinícolas españolas. Aunque, si quisiéramos concretar un poco más, podríamos incluso añadir una pequeña observación y señalar como excepción a aquellas comarcas en las que el año pasado no tuvieron tantos problemas, caso especialmente significativo de Galicia, donde el incremento con respecto a la pasada cosecha no está tan claro. Para el resto, en mayor o menor medida, estas tres características podrían resultar aplicables.

También podríamos asegurar que el nominal de las tablillas con las que se elaborarán los contratos obligatorios, será inferior. Pero aquí sería más fácil que nos encontráramos con excepciones motivadas por las características de las partidas, o el propio acuerdo plurianual firmado por bodegas y viticultores. Así es que tendremos que limitarnos a señalar que, de momento, la aspiración más generalizada por todos es la de mantener la renta y asegurar lo poco que con tanto esfuerzo se ha ido consiguiendo en la valorización de la producción vitícola. Todo lo que sea ir más allá no es más que pura especulación que responde más a “globos sonda” destinados a medir el alcance de la posición, que a situaciones precisas.

Coyuntura que, con las modificaciones naturales de cada mercado y país, podríamos hacer extensivas a Francia, Italia o Portugal, y que devolverán la cosecha de la Unión Europea a los niveles de las cosechas anteriores a la 2017, con cifras claramente por encima de los ciento sesenta y cinco millones de hectolitros, aproximándonos a los 168,522 Mhl que es la cosecha media de los últimos cinco años, 2012/13-2016/17.

Sobre las consecuencias que estos volúmenes pudieran acabar teniendo en los mercados y nuestras exportaciones, visto lo visto este año en el que la reducción de cosecha vaticinaba precios mucho mayores de a los que han acabado vendiéndose nuestros vinos, y oportunidades de negocio que iban mucho más allá de lo que han crecido las exportaciones de graneles; lo mejor será no hacer ninguna previsión. Al menos hasta conocer cuáles son los rangos de precio a los que se abre la vendimia, tanto en uvas como en mostos, y poder tantear el verdadero pulso del sector bodeguero.

A diferencia de lo sucedido en campañas anteriores, donde el adelanto sobre las fechas “tradicionales” era la nota más generalizada en la vendimia. Este año parece que volvemos sobre nuestros pasos y recuperamos las fechas que habían venido siendo las habituales. Con una evolución que puede considerarse más que correcta en la inmensa mayoría de las regiones y en las que las estimaciones, hasta ahora formuladas, señalan un claro aumento de la producción.

¿Hasta dónde puede llegar este aumento? Esa es la gran pregunta sobre la que nadie se atreve (o quiere) pronunciarse. El potencial de producción, con la incorporación de las campañas reestructuradas, es incuestionable que ha crecido de manera importante. Los cincuenta millones de hectolitros son una cosecha que está ahí y que en una campaña u otra acabaremos alcanzando sin más excepcionalidad que la propia de la naturaleza. Ahora bien, si será esta en la que nos tengamos que enfrentar a superar la barrera de los cincuenta o tendremos que esperar algún otro año es una cuestión sobre la que, de momento, no podemos concretar.

Los constantes episodios de lluvias, así como las continuadas granizadas, tampoco parecen que vayan a acabar teniendo un efecto muy importante en la cosecha. Ya que la calidad del fruto es muy buena y las hectáreas afectadas por la piedra, reducidas.

Y bajo este panorama, las bodegas van cerrando por vacaciones unos días y preparando sus instalaciones para días frenéticos y previsiblemente cargados de tensión, por un tema que sigue siendo una de las más importantes asignaturas que viticultores y productores tiene por resolver. Y que no es otra que la de dotarle de una cierta continuidad a la política de precios que asegure la estabilidad exigida por el consumidor, las fluctuaciones muy estrechas que impone la distribución y la subsistencia que demandan los viticultores.

Una proyección que, en cierto modo, tiene mucho que ver con el peso de nuestro país en el ámbito internacional vitivinícola y del que hemos tenido ocasión de comprobar su escaso nivel en los días pasados con varios episodios de naturaleza bien distinta.

El primero y más noticiado podría ser lo sucedido con Francia y nuestro rosado, asunto ante el que hemos tenido que salir a defendernos ¡como si fuéramos nosotros los acusados!, cuando en realidad lo que somos es las víctimas, al utilizarnos (nuestro vino) para beneficiarse otros engañando al consumidor.

Pero en mi opinión no ha sido el episodio más importante. Pues aunque mediáticamente es mucho menos relevante y así ha sido tratado por la prensa, en general, pero también la especializada. Lo sucedido en la OIV merece un comentario aparte. Ya que si bien las cifras de superficie, producción e incluso contribución a este organismo internacional, evidencian que España es una gran potencia mundial vitivinícola, su peso en esta organización podríamos calificarlo históricamente de “mediocre”, pero actualmente de “inadmisible”.

Actualmente contamos con un solo representante, Vicente Sotés, como vicepresidente, a menos de un año de ser relevado. Y los nombramientos que se están produciendo de cara al próximo mandato amenazan con dejarnos fuera de su estructura. Lo sucedido en las elecciones que tuvieron lugar a principios de este mes para elegir el nuevo director general, con Pau Roca, nuestro representante, es algo que resulta totalmente inaceptable. Y que va mucho más allá de personas, suponiendo un claro menosprecio a nuestra nación como país relevante en el ámbito vitivinícola. Tenemos hasta el 19 de septiembre. Fecha en la que se intentará desbloquear la situación actual en la que ninguno de los dos candidatos (España y Nueva Zelanda) hayan alcanzado los 2/3 de votos necesarios. Confiemos en nuestros Ministerios sepan ver la importancia del asunto y trabajen en ello como merecemos.

Si hay alguien que piense que los 198,08 millones de litros de vino que le llevamos enviando a Francia entre enero y abril, de los que 144,66 lo son sin D.O.P. y a granel. O los más de 643,92 con los que cerramos el 2017, con una clara mayoría de esa categoría de vinos sin D.O.P. y a granel (451,51), lo eran para ser embotellados en destino como vino español permitiendo que los consumidores identificaran claramente que se trata de vino envasado en Francia pero de origen español; o es que no conoce muy bien el funcionamiento de los mercados, o que su ingenuidad no tiene límite.

Como en el tema de los negocios la ingenuidad no existe y el buenismo acaba donde está en juego el primer céntimo. Los 0,42 €/litro del 2017 o los 0,59 de este primer cuatrimestre del 2018 no dejan mucho lugar a la duda sobre qué es lo que hacen con él y a qué lugares de venta van destinados principalmente.

Dicho esto, nada justifica que no se cumpla la ley. Y si la legislación europea obliga a que el vino envasado como “Vino de …” se trate de vino producido y envasado en ese país, y para aquellos vinos mezclados con los importados exista la leyenda de “Vino de la Comunidad Europea”; cualquier actividad que no cumpla con estas obligaciones es un fraude y un delito que debe perseguirse.

Y así lo han reclamado los sindicatos franceses que ven en nuestros vinos una preocupante amenaza, especialmente para aquellos productos de entrada de gama. Pero también las autoridades francesas que llevan realizando severos controles contra el “afrancesamiento” de los vinos importados, así como las españolas para las que supone una competencia desleal a nuestras bodegas que se ven gravemente perjudicadas en sus posibilidades de hacerse con un mercado para los que cuentan con el producto indicado.

Así pues, que nadie se engañe, pues todo lo sucedido con la comercialización de vinos rosados españoles como franceses no es más que el fraude de una bodega gala a la que habrá que sancionar con todo el peso de la Ley. Y que nuestros vinos, con estas prácticas, no son otra cosa que uno más, junto con los consumidores y distribuidores, de los engañados y perjudicados.