Con la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado viernes 19 de julio del Real Decreto 548/2013, sobre la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo Nacional (PAN) al sector vitivinícola para el periodo 2014-18, se concretan aquellas actuaciones que serán objeto de ayuda y los importes para cada uno de los años, cuyo detalle podrán encontrar en las páginas interiores.

La inclusión de las inversiones destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los vinos ha sido recibida por el sector con gran alegría. La reestructuración y reconversión del viñedo, la eliminación de los subproductos contribuyendo a fomentar la protección medioambiental, junto con promoción en mercados de terceros países, complementan aquellas medidas que podrán ser objeto de apoyo.

Mención aparte merece el Pago Único, contemplado para el año 2014, pero cuyo futuro para los siguientes años fue decidido por la Conferencia Sectorial de Agricultura del pasado 24 y 25, y en la que se decidió que los 142,75 M€ que afectan a cerca de setecientas mil hectáreas, “saldrán” del sector para ir a engrosar el nuevo régimen de Pago Básico (RPB) a partir de 2015. En esta misma Conferencia también se decidió que no podrán incorporarse nuevas hectáreas, ni de frutas y hortalizas, pero tampoco de viñedo al RPB con el fin de no verse reducidas las ayudas que estaban recibiendo.

De esta manera se impide que aquellas medidas orientadas a mejorar la competitividad de nuestros vinos, puedan verse beneficiadas con mayores fondos.

Pero cuidado,que no acaban aquí los problemas; porque de otra de las cuestiones ante las que habrá que estar muy vigilante es la posibilidad de que las ayudas a la promoción permitan potenciar el consumo y el desarrollo de la marca, como ocurre actualmente con aquellos programas destinados a terceros países; o deban limitarse a informar y formar al consumidor sobre la necesidad de tener un consumo moderado e inteligente; tal y como ya era posible con la medida contemplada en los reglamentos horizontales y que, concretamente, es la que ha hecho posible la puesta en marcha de la campaña “Saber beber, saber vivir” en diferentes países de la Unión Europea, entre ellos, España.

Respecto a la cosecha 2013-14, de momento, se afronta con una debilidad notable en las cotizaciones de los vinos y unas estimaciones que nos llevarían a situarnos en el entono de los años 2003 y 2004, con cosechas que rozaron los cincuenta millones de hectolitros. Pero eso no son más que estimaciones, con más o menos fiabilidad, que todavía están por concretarse.

Aunque el procedimiento abierto por China contra las bodegas españolas, francesas y alemanas por medidas anti-subvención y anti-dumping sigue generando reacciones en el sector vitivinícola por lo inexplicable del asunto y los altos costes que tendrá para las bodegas hacerle frente; así como (lo que todavía es mucho peor), la obligación de poner a disposición de las autoridades chinas cuestiones tan sensibles como la estructura de coste que tiene cada bodega o su propia cadena de valor, el problema parece estar medianamente encauzado. Las empresas, eso sí, de manera independiente, están afrontándolo inscribiéndose como entidades colaboradoras y cumplimentando los interminables formularios en chino a los que están obligados.

Ahora el problema está en saber cuáles van a ser las repercusiones económicas que esto va a tener en nuestro mercado. Efectivamente, el volumen exportado por España a China, con ser el tercer país exportador, no deja de ser la mitad de lo que ha vendido Francia (setecientos mil hectolitros frente a millón y medio). La cuestión está en que una buena parte de ese vino que ha sido vendido en China como francés era español y que, desde que se abrió este conflicto, las exportaciones al gigante asiático se han paralizado. Con el consiguiente quebranto para aquellas bodegas españolas que encontraban en el país galo la posibilidad de ser salida a una parte importante de su producción.

Lo que no hace sino unirse a otros miedos como son los que parecen haberse apoderado de un mercado en el que a las bodegas les ha entrado un repentino interés por vaciar sus depósitos, con la consiguiente debilitación de los precios y las posibles consecuencias que ello pudiera tener sobre las cotizaciones de las uvas de la próxima cosecha.

Hasta el momento no hay quien se haya atrevido a tantear cuáles podrían ser las horquillas en las que se encontrarían los precios para las diferentes variedades y zonas, lo que no ha evitado que cierto temor se haya extendido entre los viticultores, que cada vez ven más posibilidades de ser los que acaben pagando los excesos en los precios de los vinos que se cometieron al inicio de esta campaña.

Uno de los factores que más van a pesar en este asunto será, sin duda, las existencias y las cotizaciones a las que sean vendidas las próximas partidas, pero no el único. Barajar estimaciones de cosecha que estarían en el entorno de los cuarenta y cinco millones de hectolitros, con una Francia e Italia con producciones también mayores y cercanas a sus necesidades, complica mucho las cosas y ponen a los viticultores a los pies de los caballos.

Sabemos lo que es el vino para nosotros, los países tradicionales; lo que representa en nuestra etnografía, medioambiental, económica y socialmente; pero ¿conocemos lo que es el vino para los nuevos consumidores? Incluso, ¿nos hemos planteado que los jóvenes pudieran ser unos “nuevos consumidores”? Y, si se trata de abordar nuevos mercados y nuevos consumidores, ¿lo estamos haciendo con el producto adecuado?

Muchos expertos dicen que ni el mensaje, ni el lenguaje, ni los medios utilizados son los adecuados. Que seguimos anclados en el pasado, transmitiendo ideas trasnochadas que no interesan a los jóvenes o que están muy alejadas de las aspiraciones de los nuevos países consumidores. Pero, ¿qué estamos haciendo para cambiar todo esto?

El Senado argentino aprobaba el pasado día 2 de julio una ley por la que declara al vino como bebida nacional, lo que le permitirá ser reconocido como alimento y ser identificado por la zona de elaboración.

En Francia la empresa Famille Haussmann acaba de lanzar al mercado un “vino con sabor a cola”, que bajo el nombre “Rouge Sucette” pretende liderar el auge de los vinos aromatizados en el país galo; donde pasaron de comercializar tres millones de botellas en 2011, a superar los 13 millones en 2012; y se espera volver a batir el récord en este año.

Chile incorpora la práctica enológica de la desalcoholización de los vinos y rebaja de los 11,5 grados mínimos que eran necesarios para que un vino pueda ser considerado e identificado como tal, hasta los 0,5º-11,4º para los “parcialmente desalcoholizados” y entre los 0º-0,4º para los “desalcoholizados”, además de permitir la elaboración de espumantes de una sola fermentación.

¿Y nosotros? ¿Qué hacemos los españoles?

A nivel legislativo, está bien claro que nada, puesto que las competencias están en mano de la Comisión Europea. Y a nivel nacional, pues prácticamente lo mismo, ya que si bien algunas empresas están apostando por salir al mercado y conocer los gustos de sus potenciales clientes, para ofrecerles lo que mejor puede adaptarse a sus gustos; la mayoría sigue pensando que lo único posible es seguir haciendo lo que considera “el mejor vino” y confiar en que un importador y distribuidor coincida con sus apreciaciones y se lo compre.

Quizá sea un tanto exagerado calificar lo sucedido durante esta campaña 2012-13 con los precios de los vinos como de histórico. Pero ni los valores alcanzados y que han superado con ámpliamente los seis euros por hectogrado para los vinos blancos; ni el hecho de que el tinto estuviera, prácticamente desde el inicio de la campaña por debajo del blanco; ni la verticalidad con la que subieron y posteriormente han bajado. Son cuestiones que deberíamos ignorar y admitir que hemos asistido en esta campaña a una situación que difícilmente volveremos a ver en los próximos años.

Deberíamos remontarnos a campañas anteriores, con producciones más o menos estabilizadas en el entorno de los cuarenta millones de hectolitros en España, pero también ligeramente reducidas con respecto a sus volúmenes habituales en Francia e Italia, para entender que las existencias con las iniciáramos esta vendimia fueran notablemente más cortas de lo habitual. O que las previsiones que se tuvieran para esta vendimia unánimes impresiones a la hora de calibrar el volumen como inferior a esa cosecha media a la que hacía referencia.

Menos existencias iniciales, con menos producción y un consumo “mundial” al alza, tuvieron como resultado lo que era de esperar: un alto nerviosismo en la producción que no veía más alternativa a la subida de los precios de las uvas para abastecerse de aquella cantidad de producción que le permitiera hacer frente previsiones.

Uvas al alza con incrementos que superaban el cincuenta por ciento, no tardaron en tener su traslación natural en los mostos y los vinos, dando lugar a otra situación curiosa (y es que este año hemos ido de “curiosidad” en “curiosidad”), que aquellos vinos tradicionalmente de menor precio fueran los que mayores aumentos tuvieron, en contra de los más valorizados que vieron como sus cotizaciones apenas sí crecían para compensar el incremento de los costes generales. Provocando que aquellas bodegas que tenían contratos firmados con grandes cadenas de distribución a precio fijado y que coinciden con aquellas que mayores inversiones han hecho en estos años atrás por abrirse un hueco en el mercado con su propia marca y crearse así un cierto valor añadido en su producto, fueran las que peor lo pasaran. Mientras los que basan su negocio en la comercialización de vinos a granel de bajo valor añadido fueran los que subiéndose a esa ola de altos precios, aprovecharan mejor el fuerte oleaje.

Pero todo esto había que pagarlo y para ello era necesario no solo vender los productos elaboradores, básico, sino que además había que encontrar la financiación necesaria para poder hacerlo. Y aquí ya comenzamos a comprobar que todo no iba a ser tan sencillo. Que las entidades de crédito españolas no andaban sobradas de capital con el que financiar a nuestras bodegas y que muchas operaciones deberían ser firmadas sin las suficientes garantías de retirada y plazo que asegurasen el cumplimiento de los contratos.

Y entre tanto llegó el invierno con intensas lluvias que paliaban la cruenta sequía que nos llevó a una cosecha tan corta. Y luego la primavera, en la que siguió lloviendo y empapando una tierra que daba muestras de saturación. Y con ellas, al fin, allá por el mes de abril, la publicación de las Declaraciones de Producción, con cuyos datos pudimos comprobar que las cosechas no habían sido tan cortas como se estimó, ni las previsiones de la cosecha 2013-14 nos permitirían olvidarnos de los excedentes y tener que volver a enfrentarnos a producciones por encima de las utilizaciones previsibles.

Y como si con todo esto no tuviéramos bastante llegaron los “chinos”, esos mismos que calificamos como los “salvadores” del sector porque son muchos y a poco que aumenten su consumo no habrá vino suficiente con el que aplacar su sed. Y decidieron que para una barrera (la que le pusimos a sus paneles solares), otra; y escogieron al sector vitivinícola. Por qué, pues seguramente porque los millones de euros que supone un sector y otro, son difícilmente comparables y por lo tanto achacables a una “represalia”, porque es un sector en alza en el que todos los países productores tienen sus ojos puestos, o porque en los países productores europeos la vitivinicultura tiene un peso social que va mucho más allá de lo que económicamente pueda representar y con muy poco valor pueda generar mucho desgaste político a sus dirigentes.

El caso es que a los casi cinco millones de hectolitros de exportaciones que llevamos perdidos desde que comenzó todo este asunto de los precios de las uvas, y los mostos, y los vinos, y… ahora nos enfrentamos a un sector que recupera su capacidad productiva, con mucha mayor fortaleza al ir entrando en producción miles de hectáreas reestructuradas que duplican y triplican rendimientos pasados y un mercado que nuestros altos precios han erosionado gravemente.

Hasta ahora, el asunto de China cabía la posibilidad de que se tratara de una mera rabieta ante la reacción de la Unión Europea, más exactamente por la presión ejercida por Alemania para aumentar las cargas a las placas solares provenientes del gigante asiático. Lamentablemente, desde el 1 de julio, esas amenazas se han convertido en una realidad con el anuncio a la Delegación de la Unión Europea del inicio oficial de las investigaciones anti-dumping y anti-subvención contra los vinos comunitarios.

Cuestión nada desdeñable. No tanto por lo que pueda suponer el volumen exportado por España a ese país asiático, que durante el pasado año fue de 691.974 hectolitros, apenas un 3,4% del total exportado, y que en los primeros cuatro meses de 2013 apenas si supera los ciento sesenta y dos mil hectolitros, con una caída sobre el mismo periodo del año anterior del 36,1%, según información publicada por La Semana Vitivinícola. Como por lo que pudiera representar en el conjunto de la Unión Europea, especialmente en países como Francia con un volumen exportado en 2012 de 1,4 millones de hectolitros o Italia con trescientos veinticinco mil hectolitros; de los que una buena parte de ese vino es de origen español.

Tampoco es poca cosa el esfuerzo administrativo y económico que esta batalla va a suponerle a las empresas y operadores que exportan, que deberán registrarse como partes interesadas y demostrar su voluntad de cooperar, cumplimentando y enviando una serie de formularios, en chino y contando con un representante legal. Sin olvidar los cuantiosos emolumentos que los despachos de abogados pasarán a las bodegas y operadores implicados. Medidas preventivas todas ellas ante la posibilidad de que acaben siendo condenadas y se les impongan tasas más elevadas. Iniciativa que ha comandado la FEV

Esto supone un torpedo en toda la línea de flotación del modelo vitivinícola europeo y al que la recién aprobada PAC ha dado su visto bueno para los próximos siete años. Cuestión que nos debería servir para hacernos reflexionar sobre posible planes 2020 y el modelo europeo al que deberemos ir en un mercado internacional cada vez más abierto.

Si podemos fiarnos del Gobierno y confiar en que cumplan, nuestras bodegas pueden respirar tranquilas, ya que los procedimientos de circulación de productos objeto de los impuestos especiales (II.EE.), con documento administrativo electrónico (e-DA) en el ámbito territorial interno, quedan aplazados al 1 de enero de 2014.

El  27 de junio, tres días antes de finalizara el plazo, colgaba en su su web un borrador de modificación del Real Decreto 1715/2012 por el que el que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige el señor Cristóbal Montoro, prorroga el plazo de entrada en vigor de los EMCS.

¿Generosidad de la Administración? No, más bien ineficacia. Ya que el retraso en la puesta en marcha del entorno informático ha dificultado la adaptación de las aplicaciones informáticas que deberían permitir cumplir con esta obligación.

Considerando las elevadas sanciones previstas en el RD 1715/2012 para el incumplimiento de la puesta en marcha del EMCS, hay miles de pequeñas bodegas españolas que veían llegar el 1 de julio sin haber tenido la posibilidad de adaptarse al cumplimiento de esta norma; y sin ninguna información sobre la prórroga de su entrada en vigor, con el consiguiente problema que les está suponiendo el tener que hacer las cosas mal y rápido.

Como si vender no fuera ya suficiente quebradero de cabeza para las bodegas, que no hay día que no despierten con algún sobresalto, como el que ahora afecta a las exportaciones de vino a Estados Unidos. Un mercado cuyas autoridades están rechazando algunos de nuestros vinos, alegando que contienen trazas de determinados plaguicidas no autorizados en EE.UU. Parece que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y está intentando encontrar una solución favorable, aprovechando las negociaciones abiertas en el marco del Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), que se inician el próximo 8 de julio, y que ha sido definido como el mayor acuerdo comercial bilateral de la historia entre EE.UU. y la UE.

Pacto en el que deberán ser abordadas reducciones arancelarias, tasas, medidas antidumping y compensatorias y las

 de salvaguardia; pero también temas más espinosos como el que hace referencia a la protección de las indicaciones geográficas

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